La obligatoriedad de la enseñanza en la primera mitad del siglo XIX

El mandato de la obligatoriedad de la enseñanza primaria en la legislación va acompañado de normas de acompañamiento y preceptos administrativos encaminados a asegurar el cumplimiento de la misma. Obligatoriedad y gratuidad son los ejes sobre los que gira la legislación que ha venido produciéndose desde el inicio del siglo XIX. Es precisamente la necesidad de hacer efectiva la asistencia escolar la que obliga a medidas coercitivas de todo tipo para asegurar la colaboración de los titulares de la patria potestad en el empeño de universalizar la educación primaria.

Un estudio publicado por cervantesvirtual.com analiza en su segunda parte la legislación escolar española y extranjera comparadas. De este estudio he extraído datos de interés que abundan en la importancia que el desarrollo legislativo de todo el siglo XIX ha tenido en cuanto a la extensión de la obligatoriedad de la enseñanza a toda la población y la implantación gradual de la gratuidad, pero todo ello sin dejar a un lado la posibilidad de que esta obligatoriedad se conjugue con la posibilidad de que sean los padres o tutores quienes asuman esta función personalmente.

La enseñanza obligatoria que así se establece desde la Constitución de Cadiz en 1812, tiene en este texto legal la consideración de mera declaración de principios con poco apoyo legal y financiero que permita que ésta sea una realidad inmediata. En los años que van desde la Constitución hasta la Ley Moyano en 1857, se suceden varias normas de importancia como son el Informe Quintana en 1813, el Reglamento de Instrucción Pública de 1821 y el Plan del Duque de Rivas de 1836, pero ninguno de ellos incide en las medidas a tomar para asegurar la obligatoriedad de la enseñanza como lo hizo La Ley de Instrucción Primaria de 21 de julio de 1838. Este texto centra entre sus puntos clave además de la formación de los maestros, y la dotación de medios de enseñanza, la obligación de los padres respecto de la asistencia de sus hijos a la escuela. Así en su art. 26 recomienda implantar los medios para “estimular a los padres y tutores al cumplimiento de este deber importante (procurar a a sus hijos o pupilos la instrucción elemental)”, que en todos los supuestos puede cumplirse bien asegurando la asistencia de los menores a una escuela pública, o bien ocupándose personalmente de desarrollar esa función en el hogar o establecimiento particular. En este mismo sentido el art. 7 de la Ley Moyano que exige que “los padres o tutores se encarguen de enviar a las escuelas públicas a sus hijos y pupilos desde la de edad de 6 años hasta la de nueve, a no ser que les proporcionen suficientemente esta clase de instrucción en sus casa o en establecimiento particular.”

Para asegurarse del cumplimiento de la obligación se establecía un sistema de sanciones que comenzaba por la propia Ley Moyano en su art. 8º a cuyo tenor:“Los que no cumplieren con este deber habiendo escuela en el pueblo o a distancia tal que puedan los niños concurrir a ella cómodamente, serán amonestados y compelidos por la autoridad, y castigados en su caso con la multa de 2 hasta 20 reales”.
Además de esta provisión se recogía en el Código Penal la sanción correspondiente al delito de abandono redactado en estos términos:
Art. 603 del Código penal: “Serán castigados con la pena de cinco a quince días de arresto y reprensión:
5º Los padres de familia que abandonen a sus hijos, no procurándoles la educación que requiera su clases y sus facultades permitan
6º Los tutores, curadores o encargados de un menor de quince años que desobedecieren los preceptos sobre instrucción primaria obligatoria o abandonasen el cuidado de su persona”.

Aún así no es hasta el Decreto de 23 de febrero de 1883 en el que se contiene un régimen de sanciones específico para castigar el incumplimiento del deber de los padres de procurar la enseñanza obligatoria a sus hijos. Es este decreto se establecen unas Disposiciones Generales de Ejecución que hacen referencia en algunos de sus extremos a la enseñanza doméstica:

Art. 10: Todo funcionario público, tanto del Estado como de la Provincia o del Municipio, cuyo sueldo no exceda de 1.500 pesetas anuales, está obligado a acreditar ante los jefes inmediatos que ha dado o da a sus hijos mayores de seis años, en escuela pública o privada, o en enseñanza doméstica, la instrucción que determina la ley.

De esto se deduce que la enseñanza doméstica ha contado en todo el desarrollo legislativo del siglo XIX exactamente el mismo valor legal que el que pudiera derivarse de la educación pública o privada de cualquier tipo.



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