La libertad de enseñanza en la Constitución

La Constitución consagra en el primer párrafo de su artículo 27 la libertad de enseñanza. Tradicionalmente se ha interpretado el contenido de esta libertad como la posibilidad para las familias de elegir una educación pública o privada para sus hijos, incluyendo entre las posibilidades de ésta última la de elegir una educación privada religiosa de distinto signo. Con ocasión de la aprobación del art. 27 de la Constitución que consagra uno de los aspectos más problemáticos del consenso puesto en marcha con esa finalidad, dos interpretaciones de la realidad educativa opuestas trajeron como consecuencia que el artículo sea complejo y difícil en su aplicación e interpretación.

El artículo 27 CE es un complejo conjunto de pesos y medidas que pueden calibrarse en uno u otro sentido para favorecer uno de los dos conceptos de la pluralidad educativa en el Estado Español. De un parte, la visión conservadora de la educación, ligada a la iglesia católica y a su inmensa red de centros de enseñanza, que entiende la pluralidad como la posibilidad de mantener centros educativos fuera de la red pública escolar, mientras que, de otra, la visión de la izquierda que entendía la pluralidad, no en la variedad de oferta del sistema sino en la posibilidad de garantizar  la  pluralidad ideológica dentro del propio centro. En otras palabras, las dos posturas  enfrentadas son, de un lado la que defiende el pluralismo de centros en la sociedad, de signo católico y tradicional, y la que defiende el pluralismo ideológico dentro del centro, propia de los partidos de izquierda (Ribes Suriol).Los sectores de izquierda mantenían el viejo proyecto de una escuela pública universal y gratuita, mientras que el conservador defendía los centros privados y, en particular, la secular posición privilegiada de la Iglesia católica (Martinez de Pisón).

En cuanto a la libertad de enseñanza sancionada en el art. 27 1 de la Constitución, el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciando en cuanto a la extensión con la que se debe interpretar este precepto y el alcance de la libertad instaurada con la Constitución y por ello las interpretaciones varían con la realidad social y el contexto legislativo en cada momento.

Actualmente va en aumento el colectivo de personas y de familias que arguyen que esa libertad de enseñanza se ha interpretado de modo estricto, en beneficio de la pretensión del Estado de establecerse como el único garante del contenido de la enseñanza, bien sea a través de los centros instaurados por el Estado, bien se a través de los centros a los que el Estado concede autorización para impartir enseñanza no universitaria.

La libertad de creación de centros docentes consagrada en el artículo 27.6 de la Constitución Española y concretada en el artículo 21 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE), necesariamente, ha de coordinarse con el deber de la Administración de asegurar que los centros docentes reúnen los requisitos mínimos establecidos con carácter general, así como otras garantías que la citada Ley Orgánica establece en relación con los titulares de dichos centros.

A este respecto y en desarrollo del artículo 14 de la LODE, se dictó el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas de régimen general no universitarias. Ahora es necesario regular el procedimiento que debe seguirse para garantizar que los centros privados, cuya apertura se solicita, reúnen tales requisitos y, por tanto, pueden ser autorizados, a tenor de lo dispuesto en el artículo 23 de la LODE.

Por su parte, Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones de Centros docentes privados, para impartir enseñanzas de régimen general no universitarias, concreta los requisitos que han de cumplir los centros privados para obtener la autorización correspondiente para impartir enseñanzas no universitarias. Solicitad que irá acompañada de la siguiente documentación:

Documentación a presentar

En virtud de que la solicitud se refiera a la autorización o a la modificación de la autorización de un centro docente privado, y en este caso, en función de la naturaleza de dicha modificación, la documentación a adjuntar a cada modelo de solicitud será la siguiente:

Autorización

- Documento acreditativo de la existencia de la persona física o jurídica que ostenta la titularidad del centro (ejemplo: DNI, escrito de constitución de la sociedad, etc..).

- Documento acreditativo de que la titularidad del centro dispone del uso de los locales en los que se ubicará el mismo (ejemplo: contrato de arrendamiento, escrito de compraventa, etc..).

- 2 juegos de planos de planta, a escala 1:50 ó 1:100, de todas las instalaciones del centro, con indicación del uso, destino y dimensión de cada espacio.

- 2 juegos de planos, a escala 1:50 ó 1:100, de sección y alzado.

- 2 planos de situación del recinto escolar.

- Justificación de haber liquidado la tasa, según modelo 030.

- Declaración o manifestación de que los titulares o poseedores de, al menos, el 20% del capital social de la entidad titular no incurren en ninguna de las causas de incompatibilidad recogidas en el Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones de centros docentes privados para impartir enseñanzas de régimen general no universitarias.

Con la única de excepción de la regulación para centros extranjeros  Real Decreto 806/1993, de 28 de mayo, sobre el régimen de centros docentes extranjeros en España.

De este modo es la LODE la que estableció el sistema de autorización y Registro de los centros Docentes una vez que hubieran cumplido los requisitos para que recayera la citada autorización.

No se prevé pues ninguna otra posibilidad de activar la libertad de enseñanza recogida en la Constitución, y ese es precisamente el aspecto en el que no coinciden el legislador y los tribunales. Porque si bien el legislador ha identificado desde 1990 con ocasión de la publicación de la LOGSE, la educación y la escolarización, y de momento ninguna de las leyes orgánicas que desarrollan el derecho a la educación y la libertad de enseñanza del art. 27 de la Constitución han sido declaradas anti constitucionales por el tribunal Constitucional, la Administración se ve obligada a ejecutar lo que establecen las sucesivas leyes de educación aprobadas desde la entrada en vigor de la Constitución. Sin embargo, como decíamos, los tribunales no vienen interpretando necesariamente que la educación equivale a educación, ni que el derecho a la educación se deba cumplir exclusivamente a través del sistema escolar oficialmente establecido, sea éste público o privado, ya que el Tribunal Supremo, en la única oportunidad que ha tenido de enfrentarse directamente a esta oposición escolarización/educación, ha sancionado que la educación proporcionada por el Estado no puede ser exclusiva ni excluyente  y que existen otros medios para garantizar el acceso a la educación de los menores.

El único requisito que podría exigirse a ese cumplimiento   debiera ser lo que se identificara en cada momento como el contenido del derecho a la educación:

Art 2 LODE

  1. El pleno desarrollo de la personalidad del alumno.
  2. La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, de la igualdad entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.
  3. La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos.
  4. La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.
  5. La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España.
  6. La preparación para participar activamente en la vida social y cultural.
  7. La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos y para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos y no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

La Jurisprudencia ha venido marcando un camino distinto, mas fiel al texto de la Constitución que a las sucesivas leyes educativas que desde distintos posicionamientos ideológicos venían a interpretar el derecho a al educación. La LOGSE y la LOCE representaban dos modelos ideológicamente opuestos.

De un lado la LOGSE contó con un amplio consenso de los partidos de izquierda y los nacionalistas, mientras que la LOCE  fue apoyada casi en exclusiva por el Partido Popular.

Por último, en cuanto a la aprobación de la LOE, el Congreso de los Diputados dio su apoyo al proyecto de Ley Orgánica de Educación con 184 votos a favor (PSOE, CiU, ERC, PNV, ICV, CC y EA), 134 en contra (PP) y 7 abstenciones (IU, BNG, Chunta y Nafarroa Bai).

En este contexto se mueve la educación en casa en palabras de Ana María Redondo

“Puede afirmarse que el “homeschooling” es una práctica al margen de la ley, en algunos casos perseguida y en otros tolerada, sin que existan reglas generales para su aceptación o rechazo, ni requisitos, ni controles sobre su ejercicio”.

La LOE no procedió a recoger la regularización de esta objeción al sistema escolar y por ello la situación de indecisión y hasta cierto punto de indefensión continúa. La razón de la fata de regularización está en la dimensión de la comunidad que opta por este modo de educar a sus hijos e hijas, mientras se siga manteniendo en números reducidos, no se va a visualizar como un problema y por ello el Estado no va a acudir a regular lo que en principio no es un problema. El efecto disuasorio que puede tener para muchos la intervención de la Administración sobre unos pocos está manteniendo, de facto,  el número de familias en una dimensión poco alarmante. Otra cuestión sería si se extendiera el modelo a  un mayor número de familias al tiempo que se produjeran casos flagrantes  de inadecuación del modelo de la educación familiar a unos parámetros mínimamente aceptables o de familias que se encuentren con dificultades de proporcionar a los menores a su cargo  lo que se podría considerar un buen ejercicio de este derecho derivado de la patria potestad. Esta situación ya se previó hace tiempo en uno de los debates producidos en el seno de la red de apoyo Crecer sin escuela. El debate tuvo lugar antes de la constitución de Ale,  que precisamente  se promovió para hacer frente al problema que el vacío legal estaba provocando en muchas familias. En aquella ocasión Xavi Bosch, aconsejaba que no se diera conocer en exceso la opción ya que la garantía de su éxito residía precisamente en que estuviera  al alcance de un número reducido de familias.

Siempre hemos creído que las personas tienen lo que se merecen o necesitan, en este sentido si existen familias que necesitan conocer que existe la posibilidad de educar a sus hijos en casa les llegará esa información por los cauces que existen hoy. Podemos incrementarlos, pero sin dedicarle mucho esfuerzo porque puede llegar a personas que no merezcan tanto esa vía educando a sus hijos inconscientemente o por otros intereses distintos a los de mejorar la educación de sus hijos.

Como todo error en un comportamiento acarrea efectos secundarios negativos, divulgar “a lo grande” CSE puede perjudicar a los que están en esa línea de manera consciente y responsable. Si se detectara, con el paso de los años, una familia con hijos no escolarizados con deficiencias graves en su educación y formación causaría un daño irreparable al resto de familias. Como mínimo y sin ser nada grave el sistema impondría medidas de control o forzaría a matricular a los hijos en empresas educativas.(Crecer sin escuela, Diálogos en la web, p. 31. Boletín nº 10, primavera 2002).

La postura de los tribunales viene marcada por la propia vía por la que se accede a las consecuencia de la intervención. La consideración del delito de abandono está fuera de lugar para estos casos en los que más que abandono existe un exceso de celo por parte de los titulares de la patria potestad al asumir en exclusiva y sin mediación el proceso educativo de sus hijos, y esa visión ha sido ratificada por la sentencia del Tribunal Supremo, ya citada. La aplicación de la vía civil implica la retirada de la patria potestad que parece desmesurada también por la misma razón, ya que estas medidas están diseñadas y previstas para los supuestos de riesgo de los menores por desatención de los titulares de la patria potestad, tanto de sus necesidades físicas como emocionales. Por ello, la ausencia de definición de las vías que recojan la educación fuera de los cauces reconocidos por el Estado, no implica la posibilidad de aplicación de las medidas  previstas para los supuestos de incumplimeint0 de los deberes de la patria potestad.

Ante esta situación se hace necesario un procedimiento que ponga en marcha algún tipo de reconocimiento que regule que fuera de las vías previstas por el Estado también pueda haberse dado o estarse dando cumplimiento al derecho a la educación de los menores, conjugando con la libertad de enseñanza de los padres, y el derecho del Estado a exigir que esos menores están siendo educados dentro de los parámetros que  exigen las leyes de educación, para que puedan incorporarse a la sociedad como ciudadanos responsables y respetuosos con los principios que la sociedad se da en cada momento. Además de que se cumpla el derecho de los menores a recibir una educación que les prepare para su futuro profesional. Veamos cuales son las exigencias mínimas que establece la LOE:

El sistema educativo español se orientará a la consecución de los siguientes fines:

  1. El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.
  2. La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.
  3. La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.
  4. La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.
  5. La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.
  6. El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.
  7. La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad.
  8. La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte.
  9. La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.
  10. La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en una o más lenguas extranjeras.
  11. La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.

Estos principios ya formulados en la LODE encuentran una formulación más amplia en  la vigente LOE.

Una vez expresados los principios generales que deben inspirar el modelo educativo, la LOE pasa a analizar las áreas de conocimiento y capacidad que deberán ir adquiriendo los alumnos y alumnas en cada etapa, y parecería lógico suponer que si se reconociera en plenitud la libertad de enseñanza de los padres, estos deberán garantizar que se se están impartiendo los mínimos que exige la LOE y evaluar de algún modo la adquisición de las capacidades indicadas en cada una de las áreas previstas.

Bibliografía:

Alvaro Marchesi, “Ideología educativa y pacto escolar”, Cuadernos de pedagogía,338, 83.

Jose Luis Martínez Lopez-Muñiz, “La educación en la Constitución española. Derechos fundamentales y libertades públicas en materia de enseñanza”, Persona y Derecho, 6 (1979) p. 215.

Martinez de Pisón, “La libertad de conciencia en la Constitución española”, REDUR, nº 2, 2004.

Ana Isabel Ribes Suriol, “El derecho de los padres a la formación religiosa y moral de sus hijos: sentido y alcance”, Revista de Derecho Universitat de Valencia, nº1, 2002.

Raul Canosa Usera, “Sinopsis del artículo 27. Constitución Española”. Congreso de los Diputados.

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