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La obligatoriedad de la enseñanza en la primera mitad del siglo XIX

El mandato de la obligatoriedad de la enseñanza primaria en la legislación va acompañado de normas de acompañamiento y preceptos administrativos encaminados a asegurar el cumplimiento de la misma. Obligatoriedad y gratuidad son los ejes sobre los que gira la legislación que ha venido produciéndose desde el inicio del siglo XIX. Es precisamente la necesidad de hacer efectiva la asistencia escolar la que obliga a medidas coercitivas de todo tipo para asegurar la colaboración de los titulares de la patria potestad en el empeño de universalizar la educación primaria.

Un estudio publicado por cervantesvirtual.com analiza en su segunda parte la legislación escolar española y extranjera comparadas. De este estudio he extraído datos de interés que abundan en la importancia que el desarrollo legislativo de todo el siglo XIX ha tenido en cuanto a la extensión de la obligatoriedad de la enseñanza a toda la población y la implantación gradual de la gratuidad, pero todo ello sin dejar a un lado la posibilidad de que esta obligatoriedad se conjugue con la posibilidad de que sean los padres o tutores quienes asuman esta función personalmente.

La enseñanza obligatoria que así se establece desde la Constitución de Cadiz en 1812, tiene en este texto legal la consideración de mera declaración de principios con poco apoyo legal y financiero que permita que ésta sea una realidad inmediata. En los años que van desde la Constitución hasta la Ley Moyano en 1857, se suceden varias normas de importancia como son el Informe Quintana en 1813, el Reglamento de Instrucción Pública de 1821 y el Plan del Duque de Rivas de 1836, pero ninguno de ellos incide en las medidas a tomar para asegurar la obligatoriedad de la enseñanza como lo hizo La Ley de Instrucción Primaria de 21 de julio de 1838. Este texto centra entre sus puntos clave además de la formación de los maestros, y la dotación de medios de enseñanza, la obligación de los padres respecto de la asistencia de sus hijos a la escuela. Así en su art. 26 recomienda implantar los medios para “estimular a los padres y tutores al cumplimiento de este deber importante (procurar a a sus hijos o pupilos la instrucción elemental)”, que en todos los supuestos puede cumplirse bien asegurando la asistencia de los menores a una escuela pública, o bien ocupándose personalmente de desarrollar esa función en el hogar o establecimiento particular. En este mismo sentido el art. 7 de la Ley Moyano que exige que “los padres o tutores se encarguen de enviar a las escuelas públicas a sus hijos y pupilos desde la de edad de 6 años hasta la de nueve, a no ser que les proporcionen suficientemente esta clase de instrucción en sus casa o en establecimiento particular.”

Para asegurarse del cumplimiento de la obligación se establecía un sistema de sanciones que comenzaba por la propia Ley Moyano en su art. 8º a cuyo tenor:“Los que no cumplieren con este deber habiendo escuela en el pueblo o a distancia tal que puedan los niños concurrir a ella cómodamente, serán amonestados y compelidos por la autoridad, y castigados en su caso con la multa de 2 hasta 20 reales”.
Además de esta provisión se recogía en el Código Penal la sanción correspondiente al delito de abandono redactado en estos términos:
Art. 603 del Código penal: “Serán castigados con la pena de cinco a quince días de arresto y reprensión:
5º Los padres de familia que abandonen a sus hijos, no procurándoles la educación que requiera su clases y sus facultades permitan
6º Los tutores, curadores o encargados de un menor de quince años que desobedecieren los preceptos sobre instrucción primaria obligatoria o abandonasen el cuidado de su persona”.

Aún así no es hasta el Decreto de 23 de febrero de 1883 en el que se contiene un régimen de sanciones específico para castigar el incumplimiento del deber de los padres de procurar la enseñanza obligatoria a sus hijos. Es este decreto se establecen unas Disposiciones Generales de Ejecución que hacen referencia en algunos de sus extremos a la enseñanza doméstica:

Art. 10: Todo funcionario público, tanto del Estado como de la Provincia o del Municipio, cuyo sueldo no exceda de 1.500 pesetas anuales, está obligado a acreditar ante los jefes inmediatos que ha dado o da a sus hijos mayores de seis años, en escuela pública o privada, o en enseñanza doméstica, la instrucción que determina la ley.

De esto se deduce que la enseñanza doméstica ha contado en todo el desarrollo legislativo del siglo XIX exactamente el mismo valor legal que el que pudiera derivarse de la educación pública o privada de cualquier tipo.



El Decreto-Ley de 29 de Julio de 1874

La Ley de 1857 no es la única que en este período recoge la enseñanza doméstica, en los términos que recoge su art. 156, según el cual es la que “hayan adquirido (los que soliciten ser admitidos al examen de ingreso para la segunda enseñanza) en casa de sus padres, tutores o encargados de su educación, aun cuando no la hubieren recibido de maestro con título”. También el Decreto-Ley de 29 de Julio de 1874 la define de este modo:

Art. 8ª. Se entiende por enseñanza doméstica la que reciben los alumnos en la casa donde habitan, no siendo de pensión.
Se considerará casa de pensión, aquella donde vivan más de cuatro alumnos que no tengan parentesco entre sí ni con el cabeza de la familia.
La enseñanza doméstica no está sujeta a Inspección oficial”.

El poyecto de Alonso Martinez de 1855

Un artículo de la REVISTA DE DERECHO DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA (Estudi General) titulado “Influencia del modelo de relación Iglesia-Estado en la Ley de Instrucción de 1857″ de Yolanda García Ruiz analiza, entre otras cuestiones, la obligatoriedad de la instrucción primaria elemental. Según esta autora, “La obligatoriedad de la instrucción primaria elemental que, como se ha señalado, constituye una novedad en la legislación educativa liberal, no es fruto del liberalismo moderado. El maltrecho proyecto de ley de 1855, elaborado por Alonso Martínez y de claro talante progresista, es el que introduce por primera vez en la política educativa del siglo XIX la obligatoriedad de la enseñanza primaria. Así lo pone de manifiesto el artículo 5º de dicho proyecto cuando establece que:

“La primera enseñanza es obligatoria para todos los españoles.

Los padres y tutores enviarán a las escuelas públicas a sus hijos y pupilos desde la edad de los seis años hasta la de nueve, sin perjuicio de hacerlo también antes y después, si lo creyeran necesario, o que le proporcione suficientemente esta clase de educación en su casa o en establecimientos particulares. Los que no cumplieren este deber esencial, habiendo escuela en el pueblo o a distancia tal que puedan los niños concurrir cómodamente, serán amonestados y compelidos por la autoridad, y castigados en su caso con arreglo a las disposiciones del Código Penal

De hecho esta previsión de obligatoriedad fue recogida en el mismo sentido en la Ley Moyano de 1957, a pesar de ser éstos liberales moderados.
Es interesante destacar que en este momento del desarrollo legislativo sobre el tema de la educación, no se ha producido aún la identificación educación obligatoria (aquí definida como enseñanza), con la escolarización obligatoria. y añade “Proporcione suficientemente esta clase de educación”, obviamente se refiere a que la educación obligatoria puede impartirse desde el hogar.
No son pocos los textos legales de esta época que regulan alternativamente la posibilidad de compatibilizar los tres modelos educativos que funcionaban en aquel momento: la educación pública, la educación privada, o particular, y la que se proporcionaba en el hogar. Cualquiera de ellos cumplía con el mandato que exigía la obligatoriedad de la enseñanza en los tramos de edad que regula en cada momento.


La enseñanza doméstica en la Ley de Instrucción Pública de 1857

EL TILULO III de la Ley se dedica a la denominada Enseñanza doméstica en el contexto de la segunda enseñanza en estos términos:
Art. 156: Serán admitidos a los exámenes de ingreso para la segunda enseñanza los que hayan adquirido la primera en casa de sus padres, tutores o encargados de su educación, aun cuando no la hubieren recibido d Maestro con título.Art. 157: También podrán estudiar los alumnos el primer período de la segunda enseñanza en casa de sus padres, tutores o encargados de su educación, bajo las condiciones siguientes:

Primera: Que tengan la edad señalada en el art. 17 (haber cumplido nueve años de edad)

Segunda: Que se matriculen en el Instituto local o provincial respectivo, para lo cual deberán ser aprobados en un examen general de primera enseñanza y satisfacer la mitad de los derechos de matrícula.

Tercera: Que estudien bajo la dirección de profesor debidamente autorizado.

Cuarta: Que sufran los exámenes anuales de curso en el instituto donde estuvieren matriculados.

Además del uso de la expresión “que sufran los exámenes2 en un contexto en el que hoy en día posiblemente redactaríamos “Que superen los exámenes…”, creemos que la situación de estos alumnos es la que en su tiempo se calificaba como de alumnos “libres”, que cursaban los estudios en el hogar, en un centro no oficial, o con algún maestro o maestra como particular, y que al final del curso acudían a realizar los exámenes correspondientes “por libre”.


La Ley de Instrucción Pública de 1857

La Ley de bases de 17 de julio de 1857, autoriza al Gobierno para formar y promulgar un a ley de Instrucción Pública.
Esta ley de Bases reconoce expresamente en su art. 1 ap. 3 la educación en el hogar doméstico en estos términos:
“Artículo 1 Se autoriza al Gobierno para formar y promulgar una ley de Instrucción Pública, con arreglo a las siguientes bases:

…….3ª La primera enseñanza podrá adquirirse en las escuelas públicas y privadas de primeras letras y en el hogar doméstico.
La ley determinará las condiciones con que han de ser admitidos a los otros períodos de la enseñanza los que hayan recibido en sus casas la primera. La segunda enseñanza se dará en los establecimientos públicos y privados. La ley determinará qué partes o materias de este período de instrucción pueden cursarse en el hogar doméstico, y con qué formalidades adquirirán carácter académico.
La enseñanza superior sólo se dará en establecimientos públicos.
Son establecimientos públicos de enseñanza aquellos cuyos jefes y profesores son nombrados por el Gobierno y sus delegados”.

La ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, que desarrolla la citada ley de Bases, dedica uno de sus títulos a la que denomina enseñanza doméstica. Es el TITULO III de la SECCION SEGUNDA: De los establecimientos de enseñanza.

De este modo el hogar doméstico se consolida como establecimiento de enseñanza.
Además en la SECCION PRIMERA: de los estudios, recoge esta modalidad de enseñanza en su Art. 7º, a cuyo tenor: “La primera enseñanza elemental es obligatoria para todos los españoles. Los padres o tutores o encargados enviarán a las escuelas públicas a sus hijos y pupilos desde la edad de seis años hasta la de nueve; a no ser que les proporcionen sufucientemente esta clase de instrucción en sus casas o en establecimiento particular.”
Art. 8º. Los que no cumplieren con este deber, habiendo escuela en el pueblo o a distancia tal que puedan los niños concurrir a ella cómodamente, serán amonestados y compelidos por la Autoridad y castigados en su caso con multa de 2 hasta 20 reales”.

En el TITULO II de esta SECCION PRIMERA, y que dedica a la denominada segunda enseñanza, preve en su art. 17 lo siguiente: “Para principiar los estudios generales de la segunda enseñanza se necesita haber cumplido nueve años de edad y ser aprobado en un examen general de las materias que abraza la primera enseñanza elemental completa.
Art. 18: Para pasar a los estudios de aplicación correspondientes a la segunda enseñanza se requiere haber cumplido diez años y ser aprobado en un examen general de las materias que comprende la primera enseñanza superior”.
Estos artículos recogen el denominado primer período de la segunda enseñanza, que podrá impartirse en el hogar.