La STS 1669/1994

Creo que es interesante realizar un recorrido por esta sentencia para destacar aquellos aspectos que afectan más directamente a la objeción a la escolarización obligatoria.
Extraeré esos párrafos que han sido además mencionados en otras sentencias y destacados en procedimientos penales que afectaban a la tipificación del abandono. De hecho esta sentencia corresponde a la Sección Penal del Tribunal Supremo, y resuelve el recurso de casación que planteó el ministerio Fiscal contra una sentencia de la Audiencia provincial de Barcelona que dictó sentencia absolutoria que afectó a Lucas H.B. y nueve más de los delitos de estafa, lesiones, fundación de centro de Enseñanza ilegal y Asociación ilícita de que venían siendo acusados.
“Nuestra Constitución ha colocado la libertad en el pórtico que da entrada a todo el catálogo de derechos y deberes fundamentales y considera el libre desarrollo de la personalidad como el sustento y fundamento del orden político y de la paz social. En la consecución de este objetivo juega un papel trascendental la formación educativa y cultural del individuo. En una sociedad democrática impera el principio de libertad de enseñanza pero es posible, sin vulnerar su extensión, marcar unas pautas orientadoras que constituyen objetivos y metas de carácter programático que no siempre tienen una plasmación específica en la realidad. La educación se debe orientar hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y a formar a los ciudadanos en modelos de tolerancia y de convivencia. Este sistema tiene su cauce en el seno de una sociedad plural en la que también existen otros valores como la libertad ideológica y de conciencia que permiten a los padres elegir la formación religiosa y moral que esté más acorde con sus convicciones.
Proclamar la superioridad de un sistema educativo sobre otro nos lleva necesariamente a valernos de juicios de valor basados en presupuestos psicológicos, sociológicos, culturales y morales que abren un debate siempre inacabado que en todo caso, debe mantenerse en el plano científico sin olvidar sus ribetes de neto contenido político.
El ser humano tiene una gran capacidad de libertad que le faculta para elegir el camino que estime más adecuado para su formación permitiéndole ser convencional o apartarse de las reglas estatuidas, pero el niño es un ser inerte que recibe de los padres y de su entorno todo género de temores, complejos y frustraciones. Trasladar estos factores al campo del Derecho Penal es una tarea difícil y casi siempre insegura. Los jueces no pueden entrar en el santuario de las creencias personales, salvo cuando los comportamientos externos que tienen su origen en una determinada ideología incidan negativamente sobre bienes jurídicos protegidos.
En el marco de las relaciones paternofiliales existe una posibilidad intervencionista por parte del derecho que permite adoptar decisiones correctoras de una relación personal indeseable y perjudicial para los intereses del niño, pero el derecho penal sigue siendo la última línea de actuación y sólo está justificada cuando existe un daño efectivo y real.
Más adelante la sentencia se adentra en el análisis de la elección educativa efectuada por las personas encausadas por el delito de fundación de centro de Enseñanza ilegal. El TS ante la sentencia de la Audiencia, y tras valorar los hechos probados afirma que
“Las previsiones del legislador en materia educativa se mueven entre la libertad de enseñanza y el derecho de los padres para que los hijos reciban formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones y la libertad de creación de centros docentes. En este terreno se crea un amplio marco que permite variadas opciones educativas, si bien hay una frontera que el legislador considera insuperable: toda tarea educativa se debe desarrollar dentro del respeto a los principios constitucionales. Las técnicas educativas y los modelos pedagógicos pueden ser diversos pero en ningún caso sobrepasar las líneas, necesariamente inmodificables, de los valores constitucionales.
Y, finalmente, la parte que es más alusiva a la ausencia de reproche penal de las conductas objeto de casación:
“El derecho fundamental a la educación compromete a los poderes públicos en la tarea de colaborar y ayudar a su efectiva realización pero no se interfiere necesariamente en el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, sin que las vías establecidas por el Estado sean exclusivas o excluyentes, de manera que no cabe descartar los modelos educativos basados en la enseñanza en el propio domicilio siempre que se satisfaga con ella la necesaria formación de los menores.
La familia es un ámbito de relación que puede contribuir a la formación integral de la persona, si bien, limita la posibilidad de interrelaciones personales y sociales necesarias en una sociedad abierta y competitiva. En este punto se puede discrepar de la elección efectuada por los padres de los menores y no es descartable la intervención del Ministerio Fiscal o de cualquier pariente ante el Juez para evitar consecuencia perjudiciales para el menor, pero el ámbito apropiado para ejercitar esta acción protectora es el marcado por el ordenamiento civil.
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Acerca de madalen

Profesora de Derecho Civil de la EHU-UPV

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