SAP Granada 132/1996


En esta sentencia, aunque el resultado final es la desestimación del recurso de apelación contra una sentencia del Juzgado de Menores de Granada que condena a los padres de un menor a quince días de arresto menor por retirarla del centro educativo en el que hasta entonces se encontraba escolarizada impulsado por los condenados,aún así, en el Fundamento de Derecho SEXTO se hacen entre otras las siguientes precisiones jurídicas, haciéndose eco de los fundamentos jurídicos que recoge la Sentencia del tribunal supremo de 30 de octubre de 1994.

“En el marco de las relaciones paterno-filiales
existe una posibilidad intervencionista por parte del derecho que permite adoptar decisiones correctoras de una relación personal indeseable y perjudicial para los intereses del niño, pero el derecho penal sigue siendo la última línea de actuación y sólo está justificado cuando existe un daño efectivo y real; una conducta moralmente rechazable y éticamente desaconsejable merece, sin duda, un reproche social, pero el castigo penal sólo está justificado cuando las conductas inciden directamente sobre bienes jurídicos específicamente tutelados, previa su tipificación delictiva; las previsiones del legislador en materia educativa se mueven entre la libertad de enseñanza y el derecho de los padres para que los hijos reciban formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones y la libertad de crear centros docentes; en este terreno se crea un amplio marco que permite variadas opciones educativas, si bien hay una frontera que el legislador considera insuperable: toda tarea educativa se debe desarrollar dentro del respeto a los principios constitucionales; de forma que las técnicas educativas y los modelos pedagógicos pueden ser diversos, pero en ningún caso sobrepasar las líneas, necesariamente inmodificables de los valores constitucionales, sin que las vías establecidas por el estado, sean exclusivas o excluyentes, de manera que no cabe descartar los modelos educativos basados en la enseñanza en el propio domicilio siempre que se satisfaga con ella la necesaria formación de los menores; y de lo anterior se desprende que los padres pueden escoger el modelo educativo que tengan por conveniente, pero si éste no es adecuado para el menor, será el ámbito civil donde el Ministerio Fiscal podrá ejercitar esa acción protectora, pues en este caso aquéllos han procurado una enseñanza a sus hijos, acertada o desacertada, pero que hace que su conducta escape a la órbita del derecho penal”

Esta sentencia viene a corroborar la tesis de la Ana María Redondo, en el sentido de que la teoría del desamparo tipifica una conducta de los padres que por indolencia privan a sus hijos de la formación necesaria para incorporarlos en condiciones a una sociedad moderna y competitiva, mientras que la situación de aquellos que optan por la enseñanza en el hogar, muy lejos de la conducta tipificada, que incorpora ese ingrediente de falta de atención por el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la patria potestad, muestran una preocupación hasta cierto punto superior a la de los progenitores en general, y deciden asumir en solitario y con todas las consecuencias la gran responsabilidad de educar por sí mismos a sus hijos e hijas.
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