La Sentencia de la Audiencia provincial de Málaga de 6 de junio de 2005

Paso a reproducir la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que reconduce los términos de la cuestión básica de la educación en casa al lenguaje jurídico:
“Considerando que, centrados los términos del debate, es obvio que el objeto del recurso es determinar si las clases que los padres dan a sus hijos en el seno de la familia bastan para cumplir el mandato constitucional, sin necesidad ni obligación de hacer uso de centros autorizados y homologados, sean públicos o privados, o si la enseñanza de los progenitores ha de completar o ser completada por una enseñanza oficial, teniendo en cuenta que a la edad de los menores debe ser gratuita y debe ser obligatoria la llamada enseñanza básica. En este punto entiende la Sala que niega la parte apelante que haya existido violación del derecho a la educación, y que los padres tienen el derecho a impartirla como crean más conveniente, constando en autos opiniones de profesionales que ven suficiente y decorosa la enseñanza que imparten a sus hijos los apelantes. Y no comparte la Sala tales razonamientos al entender integrada en el concepto básico de educación la escolarización, no sólo por los beneficios que en los menores puede producir mientras se desarrolla, sino también por los beneficios futuros en orden al aprendizaje futuro en el marco de grados y titulaciones. Consta en las actuaciones que los niños no estaban escolarizados (a salvo, claro está, que por tal se entienda la formación dentro de la propia casa o comuna) y no es eso lo mínimo que la Sociedad actual permite dentro del progreso alcanzado en materia social”.

Por tanto, el punto de partido de la sentencia es el criterio de insuficiencia de la educación en el hogar, como justificativo del cumplimiento, por parte de los padres, del mandato constitucional. Sin embargo la justificación de la negativa de la Sala a admitir los razonamientos de los padres, es si esta enseñanza llega al mínimo de lo que la sociedad actual exige, “dentro del progreso alcanzado en materia social”.
El razonamiento no es del todo objetivo, ya que en ningún momento la Sala acude a algún documento o norma en la que se describa el contenido de ese mínimo, y a donde alcanza en cuanto a esfuerzo de los enseñantes. Y tampoco justifica por qué la institución escolar, per se alcanza ya ese mínimo, simplemente por ser institución escolar, sin más análisis sobre el tipo de enseñanza que ofrecen. Además, insisto, la base del razonamiento es lo que “la sociedad actual exige, dentro del progreso alcanzado en materia social”. Si acudimos al listado de países que permiten e incluso impulsan la educación en el hogar, no se encuentran precisamente aquellos que cuentan con un grado de desarrollo en materia social inferior al del Estado Español, antes al contrario, son países que cuentan con un estado de bienestar más asentado que el español, y en los que este desarrollo no es óbice para que regulen esta alternativa a la educación oficial reglada con criterios de igualdad de oportunidades.

La sentencia se centra posteriormente en el análisis del problema de

”  determinar si el derecho a la educación consiste en la “total libertad de los padres para orientar (a los hijos) hacia las convicciones morales, religiosas o filosóficas que crean más adecuadas a su formación intelectual y somática……… o, si dicho derecho consiste esencialmente en el derecho del niño a ser escolarizado con la consiguiente obligación de los poderes públicos de procurar dicha escolarización, incluso obligatoriamente, si ello fuera del todo punto necesario. Según D. Vicente Gimeno Sendra, en el Voto particular formulado a la Sentencia del Alto Tribunal 260/1994, de fecha 3 de octubre, esta Sala cree que el repetido artículo 27.1 contempla el segundo de los citados derechos, cuyo único titular originario es el niño aun cuando, en circunstancias normales, los padres hayan de ejercitarlo a través de representación.”

Es interesante destacar que el tribunal ha tomado como base a sus razonamientos aquellos del Magistrado del Tribunal Constitucional Gimeno Sendra, que con ocasión de aquella sentencia de ese Tribunal redactó voto particular en contra de la tesis general defendida por el resto de los Magistrados, que considera que no se ha vulnerado el derecho de los menores De hecho el Tribunal no entró a discernir en qué pudiera consistir el derecho a la educación, tan sólo este magistrado en su voto particular, según su parecer decide que el contenido de ese derecho es de titularidad originaria de los niños, pero no es éste el contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional, en cuanto al fallo como tal. El tribunal Constitucional no entró a dilucidar el contenido de el derecho a la educación, ya que consideró que los autos de la Audiencia Provincial de Barcelona que restituían a los padres de los menores en el pleno ejercicio de la patria potestad de la que habían sido privados, no vulneran el derecho a la educación, ni han impedido la escolarización de los menores -único supuesto en el que tal derecho podría entenderse conculcado-.

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2 pensamientos en “La Sentencia de la Audiencia provincial de Málaga de 6 de junio de 2005

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