Voto particular del Juez Terje Wold a la sentencia del TEDH sobre el "Caso relativo al régimen lingüístico de la enseñanza en Bélgica" de 1968

El Juez Terje Wold, en su voto particular a la sentencia de la “Cuestión Lingüística en Bélgica” dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, argumenta su discrepancia con el resto del Tribunal, en referencia a la interpretación que éste realiza del art. 2 del Protocolo Adicional al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales de París de 1952.
Artículo que regula así el derecho a la instrucción:
“A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas”.

Que el derecho a la educación se conciba como derecho de elección se encuentra apoyado fuertemente también en los trabajos preparatorios. El derecho a la educación estaba desde el principio enumerado como uno de los tres derechos familiares (trabajos preparatorios sobre el artículo 2 del Protocolo, pág. 5, documento CDH 67, 2) y definido como “el derecho de los padres de elegir el tipo de enseñanza que debe ser dada a sus hijos”. Y a través de la totalidad de los trabajos preparatorios, en numerosos momentos, el derecho a la educación es mencionado -por todos aquellos que tomaron parte en su elaboración- como un derecho de elección para los padres que debe ser garantizado en una libertad fundamental.

Los trabajos preparatorios muestran también claramente que no estaba en el ánimo de nadie que el artículo 2 pudiese establecer el derecho a una prestación positiva del Estado. Por el contrario, la intención básica era proteger al individuo contra las interferencias del Estado. Es esto, a mi juicio, lo que hay que tomar en consideración cuando se interpreta el artículo 2. No debemos olvidar que Europa, en el momento en que se adoptó el Convenio, acababa de pasar años de supresión de la libertad de aquellos pueblos donde los Gobiernos emplearon todo tipo de medios y presiones para masificar a la juventud, especialmente a través de las escuelas y organizaciones juveniles. Era, por tanto, una finalidad importante del Convenio que esto no se repitiese y que el derecho de educación fuese protegido. En los trabajos preparatorios se pone frecuentemente el acento en este aspecto.

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Acerca de madalen

Profesora de Derecho Civil de la EHU-UPV

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