La STC 260/1994 de 3 de octubre

Repasando el complejo judicial derivado de la intervención de la Generalitat de Catalunya sobre la Comunidad de los Niños de Dios, un complejo judicial que incluye, sólo en el ámbito civil, en primer lugar la declaración de desamparo por parte de la Dirección General de Atención a la Infancia de 23 de julio de 1990. En segundo lugar los autos del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona desestimando la oposición de los padres al desamparo de 6 de noviembre de 1991.
A continuación, los autos de la Audiencia Provincial de Barcelona de 21 de mayo de 1992, que dejan sin efecto la declaración de desamparo del Tribunal de Primera Instancia.
A éstos les sigue la interposición de recursos de amparo al Tribunal Constitucional por parte de la Generalitat contra los autos de la Audiencia Provincial que anulaban la declaración de desamparo y obligaban a la Generalitat a reponer a los niños bajo la guarda y custodia de sus padres, recurso que culmina con la sentencia de este Tribunal Constitucional de 3 de octubre de 1994, más de cuatro años después de la intervención de la Administración.
Y aquí me paro un momento para destacar cómo el Tribunal Constitucional define los autos dictados por el Magistrado Adolfo Oubiña de la Audiencia Provincial de Barcelona:

A juicio de la Sala, a pesar de que la patria potestad debe ejercerse en beneficio de los hijos y de acuerdo con su personalidad, determinar qué debe entenderse por una cláusula tan ambigua es algo que sólo puede precisarse caso a caso y respetando también el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones (art. 27.3 CE); en su opinión no existía prueba suficiente de que la comunidad “Niños de Dios” fuera una secta, y estimó que las enseñanzas recibidas por los menores se impartían sin descuidar las consideradas como básicas y obligatorias, “escolaridad libre según el ordenamiento jurídico de algunos de los países de origen de los niños, y, en definitiva, no distinta de la que se da en los colegios regidos por religiosos en nuestro país”. se señala, por último, que se ha impuesto el confinamiento en España a un grupo de niños extranjeros, “rompiendo la natural armonía paterno-filial dando intervención preponderante en la misma al Estado”, y que, en definitiva, debía “prevalecer la libertad de culto de los padres y el derecho a elegir la educación de sus hijos”.

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