Las apreciaciones del Juez Columna

El Mundo publicó este artículo el 29 de marzo de 1995.

¿PUEDEN LOS PADRES NEGARSE A LLEVAR A SU HIJO A LA ESCUELA?

Aunque la ley declara la educación como obligatoria, algunos jueces y fiscales dudan que no llevar a los niños al «cole» entrañe responsabilidad penal, mientras la Administración educativa considera que los padres podrían ser sancionados e, incluso, perder la patria potestad sobre sus hijos. LIZ PERALES

La educación en casa, o a cargo de tutores contratados al efecto, fue en épocas pasadas atributo de familias nobles y ricas. Por ello, durante los últimos siglos, el derecho de todos a una educación ha sido esgrimido por los sectores progresistas como una de las conquistas necesarias para acabar con las desigualdades sociales.En España hay que remontarse al último tercio del pasado siglo para encontrar en la Ley Moyano el primer texto legal que recoge el derecho a la educación como un asunto que compete al Estado. Hoy, cuando parece garantizada gracias a su gratuidad la escolarización de toda la población, lo que algunos se plantean es si la escuela es el mejor método de aprendizaje para sus hijos y si es el Estado, o quien lo haga con su autorización, el único que puede educarles. Al contrario que en otros países como Estados Unidos en el que se calcula que 300.000 familias educan a sus hijos en casa, en nuestro país los tribunales no conocen todavía ningún caso de objeción al sistema escolar.

La Fiscalía de Menores de Zaragoza tiene conocimiento de familias gitanas que discrepan sobre la conveniencia de matricular a sus hijos en los centros por la amenaza que supone a la transmisión de los valores que defienden. Y parece lógico pensar que el aumento de población inmigrante en nuestro país contribuirá a plantear el debate.

Existe cierta jurisprudencia sobre familias que viven situaciones de marginación social y que han sido sancionadas por los tribunales de menores por no llevar a sus hijos a la escuela.

Pero se trata de casos en los que no se discute la objeción al sistema escolar, sino el absentismo escolar de los niños por el descuido de sus padres. En todos los casos los jueces lo que han condenado ha sido el incumplimiento por parte de los padres «de los deberes de asistencia inherentes a la patria potestad» que sanciona el artículo 584 del Código Penal; es decir, los deberes de procurarles asistencia material, afectiva y educativa.

La primera condena por no escolarizar a menores a su cargo fue en 1993. Una juez de Málaga sancionó a diez padres a pagar multas que oscilaban entre 25.000 y 75.000 pesetas, además de arrestarles en su domicilio durante una semana.

El pasado año, el juez de menores de la Audiencia Provincial de Almería, Luis Columna, condenó a arresto domiciliario a casi 150 padres por permitir el absentismo escolar de sus hijos. Y más recientemente, diez familias de Zaragoza de un barrio marginal fueron condenadas por el mismo motivo.

La objeción al sistema

En España, la Constitución, la Ley del Menor y la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), establecen «que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita». Es decir, de los 6 a los 14 años, edad que ha sido ampliada hasta los 16 años con la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). Sin embargo, la objeción al sistema escolar no está tipificada penalmente ni hay establecido ningún procedimiento administrativo para sancionar a los padres que incumplan la ley.

El Ministerio de Educación, cuando tiene conocimiento de algún caso de absentismo escolar, a través de los directores de centros o de los asistentes sociales, interviene, en primer lugar, presionando a los padres para que cambien de actitud. Si no prospera su actuación, los denuncia ante los tribunales. Pero como señala la Fiscalía de Menores de Zaragoza «los poderes públicos no han arbitrado de forma clara la obligatoriedad de la enseñanza».

Luis Columna, el mismo juez que condenó a 150 padres por absentismo escolar, tras advertir que ante un conflicto de objeción a la escuela habría que estudiar caso por caso, duda que «exista responsabilidad penal ante un caso de este tipo, ya que los padres no hacen dejadez de sus obligaciones con los hijos, sino todo lo contrario, velan por ellos al plantearse cuál es el mejor método educativo que les conviene». Y afirma que desde su punto de vista «no habría motivos para retirarles la patria potestad a unos padres así».

Sin embargo, para la subdirectora de Regimen Jurídico del Ministerio de Educación, María Dolores Molina, «los padres no pueden negarse a escolarizar a sus hijos en un centro docente, ya que el derecho a la educación se entiende en nuestra legislación como un deber y, por tanto, podría ser sancionado». Molina califica de «actividad ilegal» el intentar educar a los hijos uno mismo o con un profesor particular en casa, como antaño se hacía.

«La normativa exige que todos los centros en los que se imparte la educación obligatoria sean autorizados por el Ministerio de Educación y Ciencia y si alguien quiere optar por escolarizar a su hijo en casa debería convertir su domicilio en centro y solicitar nuestra autorización».

A su juicio, es bastante difícil evadir el sistema educativo en nuestro país. Y más teniendo en cuenta que no está permitido examinar a los escolares en convocatoria libre. Molina considera que si a un menor se le priva entonces de obtener el título de escolarización, que luego le permitiría proseguir sus estudios universitarios, el padre no le está procurando la educación adecuada y, por tanto, no cumpliría con los deberes de la patria potestad.

Rescato este artículo que publicó El Mundo en 1995 porque en ocasiones se lee la prensa como si fuera un “déjà vu”. A excepción del artículo del Código Penal que se menciona, el art. 584 que era el que regulaba “los deberes de asistencia inherentes a la patria potestad” -que ya está derogado ya que otro artículo ocupa su lugar, el 226 CP- el resto de la situación podría haber sido redactada en la actualidad.

Es este el artículo en el que aparecen las declaraciones del juez Luis Columna que han sido reproducidas en multitud de ocasiones a aposteriori: El juez duda que “exista responsabilidad penal ante un caso de este tipo, ya que los padres no hacen dejadez de sus obligaciones con los hijos, sino todo lo contrario, velan por ellos al plantearse cual es el mejor método educativo que les conviene”.

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Acerca de madalen

Profesora de Derecho Civil de la EHU-UPV

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