El texto del defensor del Pueblo Andaluz sobre el homeschool

El texto suscrito por el Defensor del Pueblo Andaluz en 2005, el Sr. José Chamizo de la Rubia nos ofrece una buena ocasión para reflexionar sobre este fenómeno desde el punto de vista legal. En su momento hice referencia a un texto más reducido del informe anual del Defensor del Pueblo Andaluz correspondiente a 2005. pero en esta ocasión es el texto al completo.

“A este respecto, vamos a dedicar nuestra atención en el presente año a una cuestión que, aunque pueda parecer extraña a la realidad de nuestro sistema educativo y afectar tan sólo a colectivos muy minoritarios de la comunidad educativa, creemos que presenta rasgos de especial interés y podría llegar a convertirse en una cuestión de relevancia social y educativa en un futuro no muy lejano. nos referimos al creciente fenómeno social y educativo de las familias que optan por modelos no tradicionales o informales para la educación de sus hijos entre los que cada vez parece tener más predicamento el colectivo de los denominados “homeschoolers”, partidarios de educar a los hijos en el seno del hogar familiar, con el fin de alejarlos de un sistema educativo formal cuyos valores, principios y métodos entienden equivocados, perjudiciales o contradictorios con sus propios valores y creencias.”

El texto del Parlamento es interesante porque refleja el funcionamiento de la propia Administración ante los supuestos objeto de denuncia a los que se refiere del defensor del Pueblo.  Los casos fueron sido tramitados, en un principio, como supuestos de absentismo escolar y situación de abandono de los menores debido al incumplimiento de sus de las obligaciones derivadas del ejercicio de la patria potestad. Tras la denuncia, se comprueba en base a los informes de los expertos y peritos que no se producen en la realidad  ninguna de las circunstancias que dieron base a la denuncia, ni el absentismo ni el abandono. Veamos la secuencia de los acontecimientos, desde el momento en que se sustancia la queja de los servicios sociales:

En los dos supuestos analizados por esta Institución durante el pasado año, nos encontramos con varias familias denunciadas por incumplimiento de los deberes inherentes al ejercicio de la patria potestad, por haber optado por educar a sus hijos fuera del sistema educativo formal. las denuncias fueron inicialmente tramitadas conforme a los protocolos establecidos para los supuestos de absentismo escolar. No obstante, los informes emitidos por los profesionales que entrevistaron a padres y menores ponían de manifiesto que los chicos estaban siendo instruídos por sus propias familias -dos de los progenitores eran profesionales de la docencia- y no presentaban indicios de encontrarse desasistidos o estar en situación de riesgo. De hecho presentaban un nivel educativo y un grado de socialización y relación con otros menores que podían pararngonarse con los de otros chicos de  su misma edad.

A la vista de estos informes, y dada la persistente negativa de los padres a escolarizar a sus hijos en centros docentes, tanto la Administración Educativa como la Entidad de protección de Menores optaron por una cierta inhibición en el asunto, que se vio bruscamente alterada al decidir el Ministerio Fiscal denunciar judicialmente la situación de estos menores.

…Si un menor tiene garantizadas la educación, la formación y la socialiación, aunque no se hayan seguido los cauces educativos formales, podemos decir que se ha dado cumplimiento a la  esencia del mandato contenido en el art- 27 de la carta magna y que, por tanto, ese menor ha podido ejercer adecuadamente su derecho a la educación.

… `Pretender que nuestro país o nuestro sistema educativo van a permanecer ajenos a esas nuevas realidades sociales, nos parece un ejercicio de ingenuidad que no nos conduce a nada positivo. Si observamos a los países de nuestro entorno y vislumbramos el futuro con una cierta perspectiva, nos daremos cuenta de que no podemos seguir apostando por un único modelo educativo, concebido como algo exclusivo y excluyente que condena sin paliativos a la ilegalidad o incluso criminaliza a todo aquel que opta por modelos educativos alternativos.

En nuestra opinión es necesario abrir un debate social, especialmente en el seno de la comunidad educativa, en el que se analicen las nuevas realidades sociales y educativas y se vayan perfilando las claves para una nueva legislación que habrá de buscar cómo conjugar el derechos de las familias a decidir libremente el tipo de educación que quieren para sus hijos, con el deber de los poderes público de garantizan que cualquier modelo educativo que se elija respete íntegramente el derecho fundamental de los menores a acceder a una educación que tenga por objeto el pleno desarrollo de su personalidad u el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.”

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