La propuesta legislativa de John Holt

GWSEl boletín Growing Without Schooling en su número 30, correspondiente a enero? de 1983 publica la siguiente PROPUESTA LEGISLATIVA, redactada por John Holt y que  él mismo contextualiza y justifica en este artículo.

John Holt: Hasta este momento los homeschoolers no han demandado una política activa por parte de los órganos legislativos del estado, y la razón es evidente: si las normas que tenemos, tal y como están permiten la práctica del homeschool, aunque de modo precario, ¿para qué remover la situación? Sobre todo, teniendo en cuenta, como dice Egon Tausch que las organizaciones que representan a los colectivos relacionados con la educación tienen mucho más poder económico y de presión que la de los colectivos de homeschoolers.   ¿Por qué vamos pensar que podemos  salir ganando en una pugna tan desigual?.  En su lugar, hemos luchado por tratar de evitar que se aprueben leyes que dificulten o imposibiliten la práctica del homeschool con bastante éxito.

Por una serie de razones, creo llegado el momento de que al menos en algunos estados tomemos una postura más activa. A pesar de que la imprecisión de las leyes de educación posibilita la práctica del homeschool de un modo u otro en todos los estados, nuestra posición es aún vulnerable. Nos enfrentamos a la posibilidad de que una sola sentencia de un Tribunal, o , como ocurre en algunos estados, una decisión del Fiscal General , interprete la ley en un sentido que restrinja las posibilidades que disfrutamos en este momento.  Por supuesto, es mejor leyes de educación imprecisas que permitan el homeschool, que leyes claras y taxativas que lo hagan imposible en la práctica, pero lo ideal sería leyes que reconozcan  expresamente y sin ambigüedades que los padres pueden, sin restricciones ni interferencias enseñar en casa a sus propios hijos e hijas.    Hasta hace poco yo opinaba que había tan pocas posibilidades de conseguir que se apruebe una ley de ese estilo, que no merecía la pena el esfuerzo. Hay ya no estoy tan seguro.

Todos estos pensamientos se agolpaban en mi mente, cuando, no hace mucho, recibí una llamada de algunos homeschoolers de un estado del medio oeste, en el que aún casi no hay familias que eduquen en casa. La persona que me llamó me expresaba que un político prominente de la zona había mostrado interés en introducir una ley pro-homeschool, y lo que es aún más llamativo y prometedor, que el Gobernador le había comunicado que aprobaba la idea de tal norma y que la sancionaría. ¿Qué podían hacer a continuación? ¿Qué clase de ley propondrían para su aprobación?.

Ante este requerimiento, me centré  en la idea de diseñar el tipo de norma que a nosotros nos gustaría tener en aplicación. Para cuando terminé el borrador acabé convencido, y continúo estándolo hoy en día, de que ese proyecto de  norma  nos vendría muy bien en cantidad de cuestiones.  Por supuesto, no podemos pretender que ningún legislativo apruebe una ley  exactamente como está en este borrador,  pero una de las cosas que los grupos de presión hacen habitualmente es redactar normas, bajo la premisa de que es más fácil conseguir lo que se pretende en la formulación definitiva,  si se ha redactado previamente el proyecto. Es mejor ofrecer  a los legisladores la ley redactada que trabajar sobre una página en blanco.

La propuesta de ley tiene otras ventajas. Hemos sostenido  a menudo, y lo seguiremos haciendo, que es una buena idea que las familias que educan en casa se pongan en contacto con sus representantes políticos. Si esos encuentros son cordiales, es posible que la reacción del político sea “¿Qué puedo hacer por vosotros?”. Pedirle que impida que se aprueben leyes en contra del homeschool es una respuesta mediocre, más que nada porque ese tipo de ley no proclama que  sea esa su finalidad. Una respuesta mucho más contundente es decir “Esta es la ley que algún día quisiéramos ver en vigor en este país. Cualquier cosa que usted pueda hacer con la finalidad de que esta ley sea aprobada algún día nos será de gran ayuda”.  A partir de ahí, lo que ese político en concreto esté dispuesto a hacer en favor de la propuesta a él le corresponde decidir, pero nosotros por lo menos tendremos una  propuesta específica que defender.

Ya que mucha gente opina que es más práctico hablar de normas  reales que de ideas, tener diseñado un proyecto de ley nos ayudará a publicitar nuestra situación, es algo que podemos debatir con gente que está en el sistema escolar. Podemos decirles” Esta ley no va en absoluto en detrimento de las escuelas, ¿Cómo podemos colaborar para que pueda ser aprobada?” Una propuesta de este tipo tiene muchas más posibilidades de conducir a debates exitosos  que las típicas discusiones sobre si el homeschool es bueno o no.

He aquí el proyecto de ley para la educación en casa, junto con algunos  breve comentarios, esperamos vuestras opiniones y propuestas, el uso que hacéis de él y las respuestas que recibáis.

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PROPUESTA PARA UNA LEGISLACION SOBRE LA EDUCACIÓN EN CASA

I.  El propósito de la legislación sobre la educación en casa de este Estado es dotar de pleno apoyo y ayuda a aquellos padres y familias que, por la razón que fuera, quieren enseñar a sus hijos en casa, o en otros lugares similares, por medios que demuestren ser útiles y apropiados. La normativa que en este Estado regule el sistema escolar en ningún caso podrá (1) impedir, coartar o restringir de modo ilegítimo el derecho e los padres y familias a educar a sus hijos, (2) dar al Estado a a la administración o al sistema escolar el derecho a imponer sobre los que se educan en casa o de modo privado en otro lugar, un programa, curriculum o métodos de instrucción y evaluación.
II.    Tampoco podrá aprobarse  normativa alguna que  impida a las escuelas el derecho a (1) inscribir a los alumnos educados en casa para que puedan así tomar parte en programas de Educación Especial o Educación a Distancia  o cualquier otro modo en que se denominen, (2)  a recibir por estos alumnos las subvenciones o ayudas que por alumno les correspondan para costear la educación en general y el mantenimiento de las infraestructuras escolares.
III.    Tampoco podrá probarse  normativa alguna que  impida a los niños y niñas que se educan en casa el derecho a utilizar, dentro del horario escolar, y bajo restricciones lógicas, los recursos, el personal, las infraestructuras, los edificios escolares, las  clases, las actividades y las  facilidades de estos centros en el momento y del modo que precisen  (por ejemplo,  utilizando la biblioteca, talleres o laboratorios, inscribiéndose  en unas clases en concreto, cantar en el coro, tocar en la orquesta o banda, tomar parte en deportes, etc…), o si así lo requieren, recibir de los centros escolares los textos y otros materiales curriculares que las escuelas habitualmente facilitan a sus alumnos y alumnas.
IV.    El estado o la administración responsable de educación tendrá el derecho de exigir a aquellos padres o familias que opten por educar a sus hijos e hijas en casa que sometan a examen y aprobación, bien de la escuela, de la autoridad educativa o de una persona designada para ello, un plan de educación por escrito que especifique las materias objeto de estudio y los materiales con los que se pretende enseñar o presentar al niño o niña, cómo se procederá a enseñarle o cómo se va a ayudar al niño o niña a que aprenda, y cómo se espera poder observar y evaluar su aprendizaje.
V.    Al evaluar este aprendizaje los padres y las escuelas, aunque no estén obligados a ello, pueden utilizar tests o pruebas objetivas, ya sean pruebas estandar o comercializadas, de las que se utilizan habitualmente en los centros escolares.  Pero otro modo de evaluación aceptable sería la descripción diaria o semanal de las actividades y tareas que desarrolla el niño o niña, incluyendo, si fuera posible, muestras de dicho trabajo, o ejercicios escritos del niño o niña en respuesta a preguntas o temas que el propio menor quiera desarrollar, así como tareas desarrolladas para otras escuelas por correspondencia.
VI.  Si el estado o el sistema escolar local no aprueban el plan de educación en casa sometido por la familia, deberán motivar por escrito las razones por las que no lo aprueban, y además los cambios que se deberán introducir en el plan, de modo que si éstos fueran implementados el plan podría ser aprobado.  En cuanto a las desavenencias que pudieran surgir sobre la calidad del plan presentado, el estado y el sistema escolar reconocerán a los padres o familias plenas garantías en un proceso justo. De manera que puedan acceder a un proceso en el que se planteen las objeciones a su plan por parte de las autoridades educativas y las alegaciones que en su defensa plantee la familia. Tendrán derecho a ser representados por un consejo o persona de su confianza, tendrán derecho a examinar a los testigos presentados en su contra, y a presentar expertos que testifiquen a su favor.
VII.    En todos los supuestos en los que la autoridad educativa local haya rechazado la aprobación de un plan de educación, y antes de que se abra un proceso en condiciones la familia tendrá derecho a recurrir contra esa decisión ante la administración.
VIII.    En los supuestos de desacuerdos o disputas, el peso de la prueba recaerá sobre el estado o el propio sistema educativo quienes tendrán que demostrar que el plan sometido a examen por los padres o familias es inadecuado. Deberán probar por los medios que consideren oportunos que los requisitos de tiempo, lugar, personal educativo, curriculum, método evaluación etc. que desean imponer sobre los padres o la familias son absolutamente necesarios, ya que está fuera de toda duda de que hay una absoluta probabilidad de que sin tales requisitos los niños recibirán una educación significativamente inferior a la que reciben la mayoría de los niños que acuden al sistema escolar público.
IX.   En tales supuestos de desacuerdos y disputas, el estado o la administración educativa local competente, no presentará cargos de abandono ni desamparo de los menores, ni siquiera amenazará con presentar tales cargos para forzar a los padres a aceptar aquello que les pretendan imponer.

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[John Holt:]  Esta es la legislación que propongo, si se aprobara  (1) clarificará más allá de toda duda legal el estatus jurídico de la educación en casa, (2) despejará la mayoría de la objeciones planteadas desde el sistema educativo,  (3) implementará legislativamente la mayoría de los principios que ya se han establecido por sentencia en distintos procedimientos judiciales, (4) protegerá los derechos constitucionales de los padres y familias que educan en casa, (5) establecerá por ley un modelo muy beneficioso de cooperación entre el sistema escolar y las familias que educan en casa, que ya existe en algunos distritos escolares y que nos gustaría que estuviese en vigor en todos y (6) liberará al sistema judicial del peso de tanto litigio que este contencioso  está planteando.

La sección I establece claramente la determinación del legislador de respetar la educación en casa, de modo que no tienen por qué plantearse dudas por parte del sistema escolar,  de los servicios sociales de la administración o de los Tribunales de justicia. La sección I, 2) implementa lo que el Tribunal Supremo de USA estableció hace ya sesenta años en el los casos  Pierce v. Society of Sisters y  Farrington v. Tokushige.

La sección  II es un aspecto esencial de esta legislación, ya que si se pone en vigor, las escuelas no tienen por qué temer que el incremento de la educación en casa vaya en detrimento de sus propias fuentes de financiación.

La sección III establece por ley un principio básico según el cual los ciudadanos y ciudadanas que mantienen con sus  impuestos  el sistema escolar deberían estar autorizados para utilizarlo en las condiciones en las que satisface sus intereses. Nada en la ley, la lógica o la equidad respalda  la idea de que los niños y niñas deban estar todo el tiempo en la escuela, o nada en absoluto. Esta sección se disipa   los temores que esgrime el sistema escolar sobre la adecuada  “socialización” de los niños y niñas que se educan en casa. Los menores que puedan ir a la escuela, tanto como quieran sin duda satisfarán sus necesidades de una  vida social satisfactoria.

La sección IV protege a ambos, menores y estado, de la posibilidad de que padres incompetentes o negligentes pueden echar a perder e incluso perjudicar a sus hijos e hijas. Estos padres no cumplirían con los requisitos de esta sección y la mayoría seguramente ni lo intentaría.

Teniendo en cuenta que la mayoría de los pedagogos hoy en día no confía en la eficacia de los tests estandarizados, la sección V permite la utilización de otros métodos de evaluación, algunos de ellos ya en práctica hoy en día.

La sección VI sólo especifica lo que se ha establecido en innumerables casos ante los Tribunales.

La sección VII pone en marcha un procedimiento que ya se está implementando en algunos estados que reduce la posibilidad de sobrecarga de los tribunales, con cuestiones que tienen mejor respuesta ante la propia administración.

La sección VIII simplemente se refiere al principio de presunción de inocencia y de la carga de la prueba que se mantiene  habitualmente ante los Tribunales.

La sección IX, de nuevo, sólo repite lo que ya se ha establecido en el sistema judicial.

Sería muy positivo que pudiéramos informar al público que esta propuesta de legislación responde a las objeciones más serias y graves de la mayoría de los educadores ante el homechool, y teniendo en cuenta que el sistema escolar no tiene nada que temer, no hay razón por la que educadores de todo tipo no puedan respaldar esta propuesta. De hecho,  queremos conseguir todo el apoyo que podamos por su parte. Esta ley puede significar el inicio de  un  período de beneficiosa cooperación ente las escuelas y los homeschoolers, con la que todos ganamos.

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Acerca de madalen

Profesora de Derecho Civil de la EHU-UPV

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