Respuesta al caso práctico de la Facultad de Derecho (II)

Esta es la respuesta que a mi se me ocurre al caso práctico tal y como está planteado en clave jurídica.

RESOLUCIÓN DEL CASO PRÁCTICO SOBRE ABSENTISMO ESCOLAR Y OBJECION A LA ESCOLARIZACIÓN

El trabajo que he realizado se basa en el análisis de este caso práctico propuesto  recogido en el libro que coordina Adoración Castro Jover y titulado  El Derecho a la Libertad de Conciencia en la Praxis jurisprudencial, Servicio de Publicaciones de la UPNA, Pamplona, 2005, en concreto en la sección  Casos prácticos. 2. Libertad de Conciencia y Sistema educativo.

Los tres casos que se presentan en el enunciado aunque en apariencia diferentes entre sí, pueden clasificarse en dos categorías.

De un lado, el primer supuesto que hace referencia a los niños  y niñas que no acuden a la escuela en situación de exclusión social, integraría lo que constituye un caso de absentismo escolar al uso, para el que está pensada la normativa de protección al menor, tanto a nivel estatal como autonómico. La actitud de los padres de dejación de sus obligaciones con respecto a sus hijos e hijas  y el daño que esto supone para su desarrollo, podría incluso ser considera un ilícito tipificado en el art. 226 del Código penal.[1]

Podría añadirse la circunstancia de que estos padres vulneraran asimismo las obligaciones impuestas a los titulares de la patria potestad sancionadas por el art. 154 del Código civil[2], y lo establecido en las leyes de protección al menor, tanto a nivel estatal como autonómico, que prevén como un indicio de situación de riesgo del menor el encontrarse en situación de desescolarización, aunque no distingue la situación de absentismo escolar por abandono de los padres, de otras situaciones derivadas de la objeción a la escolarización como decisión consciente de los padres.

De otro lado, podríamos unificar los otros dos supuestos en una única categoría, ya que en ellos  no estamos ante supuestos de abandono o desamparo de menores, como en el primer supuesto, sino ante una objeción consciente a la escolarización obligatoria. Estas  familias por razones muy distintas en ambos casos han realizado la misma opción, que es la educar por sí mismos sin delegar esa función al Estado.

Derechos fundamentales que están en juego

En cuanto a los derechos fundamentales en juego, podríamos analizarlos por separado en atención a los distintos titulares de los mismos. Con respecto a los menores, es evidente el derecho que a éstos asiste a ser educados como establece el  art. 27 1 de la Constitución. Este derecho es recogido  de modo similar en Tratados Internacionales, y más en concreto en el art. 2 del Protocolo al Convenio para la Protección de Derechos Humanos suscrito en 1952 en París y ratificado por el Plenipotenciario de España en 1978[3]. Por otro lado, se recoge constitucionalmente el derecho de los padres a elegir la educación moral y religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones [4]. Sin embargo existen también diferencias entre estos dos casos. De hecho ALE[5] y su antecesor CSE[6], declaran taxativamente su desafección de cualquier movimiento religioso[7].

Por ello debemos diferenciar nítidamente ambos supuestos. El primero de los casos presentados, el del NMR (Nuevo Movimiento Religioso) La Familia, o Niños de Dios, responden a una objeción basada en motivos religiosos. En la taxonomia de motivos que presenta Mitchell[8], respondería a la descripción de los “Celestiales”. Mitchell Stevens en su libro “Kingdom of Children: Culture and Controversy in the Homeschooling Movement” (2001), analiza los motivos para educar en familia siguiendo la primera clasificación binaria de Van Galen (1991), aquella que dividía las familias que educaban en el hogar en dos tipos: los Ideólogos y los Pedagogos. Mitchell se inclina por la taxonomía binaria pero redenomina ambas categorías. Así define los motivos que llevan a las familias a educar en casa como “Celestiales” y “Terrenales”. Las familias incluidas en la categoría de celestiales expresan motivaciones que tienen que ver con la ideología, la religión y una manera de entender la vida, así como la fidelidad a principios pedagógicos de corte ideológico. Por el contrario, la categoría de los terrenales actúan por motivos puntuales y específicos ligados a una situación concreta y otros motivos específicamente pedagógicos, aunque no de corte ideológico. El primer supuesto sería común en Estados Unidos, ya que allí son mayoritarios los supuestos en los que la objeción al sistema escolar público se basa en la ideología, que en aquel país se refiere casi siempre a la religión. En cambio, en el supuesto segundo de los mencionados, la familia que pertenece a ALE, la motivación sería más pedagógica, y se correspondería con la segunda clasificación de la taxonomía de Mitchell incluida en la categoría de los “terrenales”.

Según la taxonomía de familias en atención a los motivos que les lleva a optar por este tipo de educación,  los motivos que les impulsan a desescolarizar en el primer supuesto sería el de los ideólogos, con un componente de protectores, ya que estas colectividades desescolarizan a los menores a su cargo para evitar su “contagio” en una sociedad con la que no comparten sus valores, como son  aquellos modos de vida que consideran consumistas, el abuso de la televisión, la importancia excesiva, en su opinión, del dinero y la competitividad que se impone en las relaciones sociales. En el caso de los miembros de ALE, el segundo supuesto, pertenecerían en esa taxonomía al grupo de los pedagogos, que no incorporan a sus hijos al sistema educativo por tener una pobre opinión del mismo. Creen que lo pueden hacer mejor, que su educación se adaptará a las necesidades y al ritmo de los menores, que no se basará en la memorística y la copia, sino en el desarrollo de la creatividad, la individualidad y el instinto de descubrir e investigar. De hecho estas familias defienden un sistema educativo que se adapta a las previsiones de la LOE incluso más acertadamente que el propio sistema escolar. La educación en familia individualizada, implica la finalidad de “El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor”, de modo más ajustado al tenor de la norma que el propio sistema escolar.

En todos los supuestos en los que se ha perseguido este tipo de desescolarización a través de la vía penal, se ha producido el sobreseimiento y archivo de las actuaciones basado en que los menores educados en familia demuestran una madurez y adquisición de conocimientos semejante a cualquier otro menor de su edad, a demás de que en todos los casos estas familias han podido demostrar que los menores tienen satisfechas todas sus necesidades, tanto físicas como psicológicas, y que en ningún caso se encuentran en situación de desamparo. No olvidemos que en la jurisprudencia imperante, la desescolarización es un simple indicio de que el menor se podría encontrar en una situación de riesgo, pero que hace falta, además demostrar una segunda condición cual es la situación de daño producido al menor por la situación en que se encuentra.

Analizando los casos de intervención de la Administración sobre familias que han optado conscientemente por objetar a la escolarización obligatoria y en su lugar, educar en casa, las razones que han conducido al archivo de la actuaciones se basan en que los menores no se encuentran en situación de carencia con respecto a sus necesidades físicas o psicológicas.

1.  Galicia

FUNDAMENTOS JURÍDICOS recogidos en un Auto del Juez de Instrucción.

UNICO: De lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 641-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

Razonamientos:  “Están excluidos del tipo penal todos aquellos casos en los cuales el menor recibe la correspondiente formación, aunque la educación se produce en el mismo ámbito familiar.”

2. Aragón a 4 de abril de 2008

FUNDAMENTOS JURÍDICOS  recogidos en un Decreto de Fiscalía

Los hechos no son constitutivos de delito penal, en cuanto la menor está realizando la educación académica, aunque sea fuera de las vías convencionales, ya que se considera que el delito se comete si el menor no recibe la educación académica, no si no acude a las clases del o IES correspondiente

3. Pais Vasco a 7 de julio de 2008

FUNDAMENTOS JURÍDICOS contenidos en un Decreto de la Fiscalía

SEGUNDO:

Del resultado de las pruebas practicadas se deduce que los hechos descritos no son constitutivos de infracción penal alguna. El hecho de educar a los propios hijos en casa no está regulado legalmente si bien tampoco existe ninguna figura penal que sancione tal conducta. Por tanto la no asistencia a un centro educativo oficial contraviene normas de carácter administrativo, pero no penal.

No ha quedado acreditado de una forma clara que los menores puedan resultar gravemente perjudicados en un futuro en su formación educativa. Ni que tal perjuicio de existir se esté realizando de una forma dolosa por parte de sus padres. Mas bien parece que éstos por diversas razones entre ellas algunas de tipo práctico han decidido educar a sus hijos mediante un sistema no tradicional. Pero ello no implica automáticamente que estén dejando de cumplir los deberes inherentes a la patria potestad. Sino que los están ejerciendo de una forma no reglada.

Por ello entiendo que tal conducta no tiene encuadre en el artículo 226 del C.P. que es el precepto por el que en principio se incoaron estas diligencias de investigación. y que lo procedente es acordar el archivo de etas diligencias.

4. Islas Canarias a 8 de julio de 2008

En este caso es la propia Fiscalía la que tras las Diligencias de Investigación emite un informe solicitando el sobreseimiento libre y archivo de la causa al Juzgado, que accede en un AUTO del juzgado de Instrucción en el que recogen estos razonamientos:

“.. por no existir datos da los que se desprenden que los imputados hayan incumplido sus obligaciones familiares respecto de sus hijos menores, ya que los mismos están recibiendo atención y educación adecuadas, aunque no se ajusten a los modelos ordinarios implantados socialmente. Los menores reciben formación por lo que no puede incardinarse la conducta de los padres en tipo penal alguno.”

5. Andalucía a 30 de diciembre de 2008

La Fiscalía solicita al Juzgado que dicte un Auto acordando el sobreseimiento provisional por no haber quedado suficientemente acreditad la comisión del delito de abandono de familia.

“.. pues no hay omisión de la obligación educativa de los padres para con su hijo, como se desprende de la documentación aportada y del informe del médico forense, sino una opción por un sistema educativo alternativo al tradicional-obligatorio, sin que el hecho de no matricular a un hijo en los centros públicos o concertados de la enseñanza obligatoria sea constitutivo de delito si ello no supone una omisión o negligencia en el cumplimiento de la obligación de los padres de procurar la educación de sus hijos (art. 154. del Código Civil) como ocurre en este caso.”

Sin embargo en este caso la Fiscalía solicita el traslado de las actuación a la delegación provincial de Educación a efectos de la imposición de la sanción correspondiente, ya que se afirma que los hechos pueden ser constitutivos de una infracción administrativa.

La definición del derecho a la educación está recogida en las leyes orgánicas que regulan el derecho a la educación: En el caso de la LOE, el art. 2 recoge cuales son los fines de la institución educativa[9]. A la vez que la LODE en su art. 2 recogía semejantes fines como el contenido de la actividad educativa[10].

El derecho y el deber recogidos en el art. 27 apartados 1 y 4 respectivamente de la Constitución responden a sujetos distintos y titularidades distintas  El derecho de los padres a decidir la educación  religiosa y moral de sus hijos que sea más acorde a sus convicciones tiene las limitaciones que señala la propia ley como contenido del propio derecho a la educación. Los padres podrán realizar esta función de educar a sus hijos sin delegar esa función en el Estado si cumplen con los mínimos que garanticen la capacidad de esos menores para poder adaptarse a la sociedad en un futuro.

Todas las Comunidades Autónomas han legislado sobre la protección al menor, y lo han hecho de modo que recogen el absentismo escolar y la dejación de los padres de sus obligación con respecto a la educación de sus hijos. Ninguna de estas normas prevé esa situación como excepción a la regla general del desamparo por causa de desescolarización, absentismo escolar o falta de asistencia regular a un centro docente, pero indirectamente afecta al homeschool desde el momento en que éste se asimile al absentismo escolar.

El modo en el que se hace frente a la regulación es variado, aunque consistente y semejante en sus consecuencias. En primer lugar todas las leyes autonómicas recogen la figura del desamparo y establecen como consecuencia al mismo la posibilidad de asunción por parte de la Comunidad Autónoma de la tutela del menor.

En segundo lugar establecen algunas de ellas una obligación general de puesta de conocimiento de las autoridades autonómicas o agentes sociales de éstas de los casos de abandono que se detecten, obligación que se incrementa para aquellas personas que por razón de su trabajo tengan conocimiento de estos supuestos.

Por último establecen un régimen de sanciones económicas, que va de leve a muy grave y que recaerán sobre aquellos que en el ejercicio de la patria potestad descuiden los deberes inherentes a ella. Entre estos deberes estaría la gestión de un puesto escolar para el menor y el asegurarse de la asistencia continua del menor al centro escolar

En lo que respecta a las situaciones de riesgo y desamparo, ambas son constitutivas de la categoría más amplia de desprotección social pero inciden con un distinto nivel de gravedad. Esta doctrina es en la que se basa la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia (sección 4ª) de 5/2002, de 3 de enero. En ella el Tribunal recoge las sentencias del Tribunal Constitucional, 25 de mayo de 1992 y de la Audiencia Provincial de Sevilla de 23 de noviembre de 1999 respectivamente. Según esta sentencia, la definición legal de la situación de desamparo contempla dos aspectos:

1. Una omisión o ejercicio inadecuado por parte de los padres o tutores de sus deberes de protección.

2. Un resultado: que el menor quede privado de la necesaria asistencia moral o material. De este modo continúa la sentencia, la existencia de la situación de desamparo obliga a una constatación del estado del menor, es decir, el lado pasivo de la relación guardador-guardado, pues de lo que se trata, a la hora de determinar si existe o no situación legal de desamparo es de comprobar la situación real y actual del menor al momento de la intervención de la Administración, verificando si aquel tiene cubiertos o no los bienes materiales y morales fundamentales exigidos por la ley, cualquiera que sea quien se los proporcione, porque el precepto no trata de regular y sancionar el ejercicio de deberes inherentes de la patria potestad, ni siquiera los inherentes a la guarda del menor, sino la situación en que sen encuentra éste.

La sentencia tiene su interés ya que en algunas de las normativas autonómicas de protección de menores que he revisado se incluye la desescolarización o la inasistencia regular al centro escolar como motivo de desamparo, sin embargo esa apreciación no es automática, según esta sentencia y habría que acudir a comprobar en cada caso la situación particular y actual del menor al momento de la intervención de la administración competente para comprobar si esa desescolarización o inasistencia al centro escolar, conlleva como resultado que el menor quede privado de las necesaria asistencia moral o material. Situación que raramente se suele dar en los casos de homeschool o educación en casa como consecuencia del ejercicio de la objeción a la escolarización obligatoria.

Se trata de un caso de guarda y acogimiento de menores por razón de desamparo. El Tribunal de Instancia había dictado un auto con fecha 5 de marzo de 2001 según el cual rechazaba la oposición de los abuelos de la menor a la orden foral 980/2000 de 2-2-2000 dictada por la Diputación del Señorío de Bizkaia, departamento de Acción Social que asumía la tutela de la menor Fátima F.S. Los abuelos recurren contra dicho auto ante la AP de Vizcaya situación de desamparo, debido a que la niña se encuentra bajo el cuidado de los abuelos, presentando el aspecto general de una niña sana y bien cuidada. Razones por las que la Audiencia revoca el auto del Juzgado de Primera  Instancia, dejando sin efecto la Orden Foral y obligando a que la menor sea restituida al cuidado de sus abuelos, situación anterior en la que se encontraba.

Los titulares de estos derechos fundamentales son tres, el Estado, los padres y los propios menores desescolarizados, que sin duda son titulares del derecho a ser educados, aunque se discute si lo es el derecho a ser escolarizado[11]. El interés del Estado es educar para la ciudadanía, y conseguir que todas las personas se integren de modo adecuado en la sociedad, y eso se consigue de manera eficaz a través de una educación controlada por el propio Estado, por su parte,  el interés del menor es ser educado para la autonomía y ninguno de los dos coincide necesariamente con el interés de los padres. El interés de los padres es doble, existe un interés  propio, de una parte, a constituir la familia también a través de la educación en base a aquellos valores en los que creen y quieren que toda la familia comparta, y el interés en que sus hijos puedan adquirir una independencia a través de la educación, de otro. Según el art. 27.3 de la Constitución los padres tienen derecho a elegir la educación moral y religiosa más conforme a sus convicciones, pero el homeschool no puede convertirse en el ejercicio de la autoridad absoluta de los padres sobre los hijos, ya que éstos no son de su propiedad. El interés del menor es crecer y ser educado en valores, que no son necesariamente los de sus padres, y por ello, en ciertos casos puede ocurrir que la educación en familia sea la menos adecuada para conseguir la realización de ese derecho de los menores. Y ahí debe situarse precisamente el límite que debe imponerse desde el Estado sobre la educación en familias, en aquellos supuestos en los que no se cumpla el contenido del derecho a la educación de los menores en valores que les doten de autonomía y capacidad para integrasen en una sociedad de la que van a ser ciudadanos.

En cuanto a la exclusividad del Estado para proporcionar educación para los menores ha sido analizada en la sentencia del tribunal Supremo de 1994 producida como consecuencia del recurso de amparo plateado por las familias de los menores pertenecientes a la colectividad los Niños de Dios y que fueron objeto de intervención por parte de la Generalitat de Catalunya en 1991.  El complejo judicial derivado de la intervención de la Generalitat de Catalunya sobre la Comunidad de los Niños de Dios,  incluye pronunciamientos derivados de los ámbitos civil administrativo y penal.  En lo que respecta al ámbito administrativo, tiene  lugar la declaración de desamparo por parte de la Dirección General de Atención a la Infancia de 23 de julio de 1990. En segundo lugar , ya dentro del ámbito civil judicial los autos del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona desestimando la oposición de los padres al desamparo de 6 de noviembre de 1991. A continuación, los autos de la Audiencia Provincial de Barcelona de 21 de mayo de 1992, que dejan sin efecto la declaración de desamparo del Tribunal de Primera Instancia.

A éstos les sigue la interposición de recursos de amparo al Tribunal Constitucional por parte de la Generalitat contra los autos de la Audiencia Provincial que anulaban la declaración de desamparo y obligaban a la Generalitat a reponer a los niños bajo la guarda y custodia de sus padres, recurso que culmina con la sentencia de este Tribunal Constitucional de 3 de octubre de 1994, más de cuatro años después de la intervención de la Administración. En cuanto al pronunciamiento del Tribunal Constitucional a pesar de que la patria potestad debe ejercerse en beneficio de los hijos y de acuerdo con su personalidad, determinar qué debe entenderse por una cláusula tan ambigua es algo que sólo puede precisarse caso a caso y respetando también el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones (art. 27.3 CE); en su opinión no existía prueba suficiente de que la comunidad “Niños de Dios” fuera una secta, y estimó que las enseñanzas recibidas por los menores se impartían sin descuidar las consideradas como básicas y obligatorias, “escolaridad libre según el ordenamiento jurídico de algunos de los países de origen de los niños, y, en definitiva, no distinta de la que se da en los colegios regidos por religiosos en nuestro país”. Se señala, por último, que se ha impuesto el confinamiento en España a un grupo de niños extranjeros, “rompiendo la natural armonía paterno-filial dando intervención preponderante en la misma al Estado”, y que, en definitiva, debía “prevalecer la libertad de culto de los padres y el derecho a elegir la educación de sus hijos”.

El Alto Tribunal, en su sentencia[12] declara con contundencia el principio en el que, a partir de ese momento se sostiene el derecho a educar en familia:

“El derecho fundamental a la educación compromete a los poderes públicos en la tarea de colaborar y ayudar a su efectiva realización pero no se interfiere necesariamente en el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, sin que las vías establecidas por el Estado sean exclusivas o excluyentes, de manera que no cabe descartar los modelos educativos basados en la enseñanza en el propio domicilio siempre que se satisfaga con ella la necesaria formación de los menores”.

En cuanto a si nos encontramos ante una objeción al sistema educativo oficial, la respuesta debe ser afirmativa, estas familias objetan la inclusión forzosa del menor en un sistema al consideran, bien indoctrinador, en los supuestos de objeción ideológica o incompetente y dañino para el desarrollo armonioso del menor, en el caso de la objeción de motivos de tipo pedagógico.

La respuesta podría venir del análisis de otros regímenes jurídicos en los que se recoge esta opción educativa. El sistema es la inclusión de la opción en la propia legislación de educación, previéndose la posibilidad de cumplir con el precepto constitucional de educar a los menores dentro del sistema escolar, o por “otros medios”, como, por ejemplo establece la regulación anglosajona. No debemos olvidar que la constitución establece la educación obligatoria, pero educación no es sinónimo de escolarización. Como proclama en su página web la organización “Education Otherwise”[13] de Gran Bretaña, la educación es una obligación, la escolarización, no.


[1] Artículo 226. 1. El que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses.
[2] El artículo 154 del Código civil es taxativo al respecto:
Los hijos no emancipados están bajo la potestad de los padres. La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a su integridad física y psicológica. Esta potestad comprende los siguientes deberes y facultades:
1.º Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral.
2.º Representarlos y administrar sus bienes.
[3] Protocolo Adicional al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (París, 20 de marzo de 1952)Artículo 2. Derecho a la instrucción.
A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción.
El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas.
[4] El artículo 27.3 de la Constitución Española, sanciona que “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”
[5] Asociación para la Libre Educación (Es la asociación que desde 2002 recoge a la mayoría de las familias que educan en casa)
[6] Crecer Sin Escuela, la red de apoyo antecesora de ALE que de modo informal, sin constituirse como persona jurídica ponía en contacto a las familias que educaban en casa desde 1993, hasta su desaparición en 2005.
[7] En CSE compartimos cualquiera de estas razones a excepción de las meramente religiosas, tanto por nuestro carácter no confesional, como por pensar que más allá de transmitir determinados valores a los chavales, el papel principal de los adultos es facilitar su aprendizaje según los siguientes fundamentos.
[8] Stevens, Mitchell L., Kingdom of Children, Princeton University Press, 2001.
[9] Según el artículo 2. de la LOE. Son los Fines del sistema educativo
1. El sistema educativo español se orientará a la consecución de los siguientes fines:
a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.
b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.
c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.
d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.
e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.
f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.
g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad.
h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte.
i) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.
j) La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en una o más lenguas extranjeras.
k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.
[10] Artículo Segundo. LODE La actividad educativa, orientada por los principios y declaraciones de la Constitución, tendrá, en los centros docentes a que se refiere la presente Ley, los siguientes fines:
  1. El pleno desarrollo de la personalidad del alumno.
  2. La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, de la igualdad entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.
  3. La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos.
  4. La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.
  5. La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España.
  6. La preparación para participar activamente en la vida social y cultural.
  7. La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos y para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos y no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
[11] MONK,D. (2003) ‘Home Education: A Human Right?’ Evaluation and Research in Education, Vol. 17, No.2&3, pp. 157-166.
[12] STS num. 1669/1994 (Sala de lo Penal) de 30 de octubre .
El TS declara no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuesto por el Mº Fiscal contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona que absolvió a estas familias de los delitos de estafa, lesiones, fundación de Centro de enseñanza ilegal y asociación ilícita de que venían siendo acusados.
[13] Education Otherwise toma el nombre del art´7 de la Ley de educación inglesa (Education Act 1996)
que sanciona que la educación de los menores se conseguirá a través de su inclusión en el sistema escolar, o “de otro modo” (“or otherwise”).
Section 7.
Duty of parents to secure education of children of compulsory school age.
The parent of every child of compulsory school age shall cause him to receive efficient full-time education suitable—
(a) to his age, ability and aptitude, and
(b) to any special educational needs he may have,
either by regular attendance at school or otherwise.
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