La libertad en materia de educación

Quedan 3 días para el

Día Internacional de la Libertad de Educación

CONSTITUCION ESPAÑOLA

Artículo 27.

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la Ley establezca.

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las Leyes.

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca.

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades en los términos que la Ley establezca.

El Informe del Defensor del Pueblo Andaluz ante el parlamento de Andalucía de 2005 partía del análisis de este artículo 27 de la Constitución que consagra, entre otras cosas, la libertad de enseñanza, en su primer párrafo, principio que debe guiar a la Administración y al legislador en su labor de desarrollar y aplicar la Constitución en casa momento. El Defensor del Pueblo Andaluz recogió una inquietud extensible en su análisis a todo el territorio del Estado Español, en un informe en el que se manifiesta el malestar de esta Institución ante la ausencia de regulación de modelos educativos  alternativos perfectamente admitidos en su entorno socio-económico.

El Derecho de todos los ciudadanos a la Educación aparece consagrado en el artículo 27 de nuestro texto Constitucional, y no sólo es un derecho de reconocimiento absoluto, sino que comprende a su vez una serie de derechos y libertades, que aparecen igualmente reconocidos en el citado precepto, y que lo desarrollan y particularizan configurando un amplio espectro de derechos y libertades educativas que gozan del amparo y la protección queel artículo 53 de la Constitución otorga a los Derechos y Libertades Fundamentales de los ciudadanos recogidos en el Título I.

Es, por tanto, el Derecho a la Educación un derecho bifronte, por un lado amplio y absoluto en su reconocimiento taxativo a todos los ciudadanos de la posibilidad de exigir de los Poderes Públicos una formación que les permita el pleno desarrollo de su personalidad; y por otro lado, compendio de una serie de derechos y libertades concretas y específicas que delimitan los diversos aspectos en que debe hacerse efectivo el genérico Derecho a la Educación.


A este respecto, vamos a dedicar nuestra atención en el presente año a una cuestión que, aunque pueda parecer extraña a la realidad cotidiana de nuestro sistema educativo y afectar tan sólo a colectivos muy minoritarios de la comunidad educativa, creemos que presenta rasgos de especial interés y podría llegar a convertirse en una cuestión de relevancia social y educativa en un futuro no muy lejano. Nos referimos al creciente fenómeno social y educativo de las familias que optan por modelos no tradicionales o informales para la educación de sus hijos, entre los que cada vez parece tener más predicamento el colectivo de los denominados “homeschoolers”, partidarios de educar a los hijos en el seno del hogar familiar, con el fin de alejarlos de un sistema educativo formal cuyos valores, principios y métodos entienden equivocados, perjudiciales o contradictorios con sus propios valores y creencias.

Modelos educativos alternativos. La educación en casa.

El número de familias que optan por educar a sus hijos en casa, rechazando el sistema educativo tradicional por razones morales, filosóficas o religiosas es actualmente muy elevado en algunos países occidentales, especialmente en Estados Unidos, Australia, Canadá y el Reino Unido. Se trata de un fenómeno que viene experimentando un constante auge, a la vez que van sumándose al mismo diversos países europeos, entre ellos España.

La escolarización en casa de los hijos está reconocida como una posibilidad legalmente aceptable -según los datos de que disponemos- en los siguientes países europeos: Bélgica, Dinamarca, Eire, Francia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Suiza, Reino Unido y Austria.

Por el contrario no cuenta con reconocimiento legal esta forma de educación alternativa en Alemania y sólo esta permitida en Chipre para los hijos de extranjeros. La situación legal de este fenómeno en Grecia y Holanda no está clara, aunque no se tiene constancia de que se haya emprendido actuación judicial alguna por este motivo contra ningún progenitor.

Para determinar cuál es la situación en España en relación a la educación en casa habría que analizar con cierto detenimiento la legislación educativa vigente.

En este sentido, debemos acudir en primer lugar a la Constitución que en su artículo 27.4 establece que “la enseñanza básica es obligatoria y gratuita”. El tenor literal de este precepto constitucional es susceptible de un doble interpretación basada en el concepto enseñanza básica. Así, una primera y generalizada interpretación es la que entiende que enseñanza es sinónimo de escolarización, por lo que debe considerarse que la escolarización de los menores durante los años que la legislación educativa considera como enseñanza básica es obligatoria -y además gratuita-. Por el contrario, otros interpretan que el término enseñanza debe entenderse como sinónimo de educación, por lo que el legislador constitucional se habría limitado a estipular la obligatoriedad de que los menores reciban la educación que se considere como básica por la legislación educativa durante los años que, asimismo, determine dicha legislación. Los defensores de esta segunda interpretación entienden que la Constitución se limita a concretar el derecho de todos a la educación que preconiza el artículo 27 en su apartado 1, especificando que deberá existir una educación considerada como básica y que la misma será obligatoria y gratuita, pero en ningún caso, a juicio de estas personas, la Constitución impone la obligatoriedad de que dicha educación básica deba impartirse necesariamente por medio del sistema educativo tradicional, impidiendo otras formas alternativas de educación.

Quienes así piensan, sostienen que el derecho a la educación de los hijos y el correlativo deber de educar de los padres se deberán entender satisfechos cuando se facilite a los hijos el acceso a los contenidos formativos y educativos determinados como básicos por la legislación educativa, durante los tramos de edad que asimismo determine dicha legislación, sin que de la Constitución pueda deducirse que dicho derecho y dicho deber deban ejercerse necesariamente a través del sistema educativo tradicional mediante la escolarización de los menores en centros docentes. Quienes defienden la interpretación opuesta de este precepto constitucional aducen fundamentalmente en su apoyo a la regulación contenida en las distintas normas educativas que conforman la legislación de desarrollo de este derecho fundamental.


Si un menor tiene garantizadas la educación, la formación y la socialización, aunque no se hayan seguido los cauces educativos formales, podríamos decir que se ha dado cumplimiento a la esencia del mandato contenido en el artículo 27 de la Carta Magna y que, por tanto, ese menor ha podido ejercer adecuadamente su derecho a la educación.

En este sentido, creemos que la Administración Educativa debería plantearse seriamente la necesidad de regular las formas alternativas de educación, ya que la ausencia de regulación legal de unas prácticas educativas cada vez más extendidas sólo puede redundar en un perjuicio para los menores afectados y para sus familias.

Una regulación que, de producirse, debería a nuestro juicio tener por finalidad el establecimientos de mecanismos de vigilancia y control para garantizar que las familias que opten por estos sistemas educativos alternativos ofrezcan a sus menores una educación, una formación y una socialización adecuadas.

Así, creemos que resulta cada vez más ineludible que se establezcan mecanismos para evaluar los conocimientos educativos y la formación en valores de los menores que se eduquen fuera del sistema educativo formal, con el doble objetivo de, por un lado, garantizar que los mismos están accediendo a la “enseñanza básica” legalmente determinada y, por otro lado, posibilitar que estos menores puedan incorporarse en cualquier momento que lo deseen al sistema educativo formal.

Se trataría de establecer algún tipo de prueba o mecanismo de evaluación y control para determinar si los conocimientos y los valores que están adquiriendo estos menores son equiparables a los exigidos por la Constitución y por la legislación educativa para su tramo de edad. Estas pruebas deberían posibilitar la incorporación del menor al nivel correspondiente del sistema educativo formal.

Asimismo, creemos que sería indispensable que por parte de la Administración Asistencial –s ervicios sociales y/o protección de menores- se estableciesen mecanismos de control y vigilancia destinados a garantizar que los menores cuyas familias optan por sistemas educativos no formales no están sometidos a ninguna situación de riesgo y tienen garantizados sus derechos básicos como menores, en particular por lo que se refiere al derecho a socializarse y relacionarse normalmente con otros menores.

Nos encontramos en los albores de un nuevo siglo que ya parece marcado por el enfrentamiento entre fenómenos tan aparentemente contradictorios entre sí como son, por un lado, la extensión y profundización de la globalización económica, social y cultural, y, por otro lado, el auge del individualismo, de los nacionalismos y de la situaciones de soledad y aislamiento personal.

En esta nueva sociedad, confusa y contradictoria, son cada vez más las personas y los grupos que huyen de los modelos formales, de las soluciones tradicionales y de los pensamientos únicos, en busca de soluciones o alternativas propias que les permitan creer que, al menos en alguna medida, son dueños de su propia vida y artífices de su destino.

Pretender que nuestro país o nuestro sistema educativo van a permanecer ajenos a esas nuevas realidades sociales, nos parece un ejercicio de ingenuidad que no nos conduce a nada positivo. Si observamos a los países de nuestro entorno y vislumbramos el futuro con una cierta perspectiva, nos daremos cuenta de que no podemos seguir apostando por un único modelo educativo, concebido como algo exclusivo y excluyente que condena sin paliativos a la ilegalidad o incluso criminaliza a todo aquel que opta por modelos educativos alternativos.

En nuestra opinión es necesario abrir un debate social, especialmente en el seno de la comunidad educativa, en el que se analicen las nuevas realidades sociales y educativas y se vayan perfilando las claves para una nueva legislación que habrá de buscar como conjugar el derecho de las familias a decidir libremente el tipo de educación que quieren para sus hijos, con el deber de los poderes públicos de garantizar que cualquier modelo educativo que se elija respete íntegramente el derecho fundamental de los menores a acceder a una educación que tenga por objeto el pleno desarrollo de su personalidad y el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

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Acerca de madalen

Profesora de Derecho Civil de la EHU-UPV

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