Diario The Independent: La respuesta de la Comisión Parlamentaria al informe Badman

Las familias que educan en casa han conseguido una primera victoria en su batalla por resistir a la nueva regulación propuesta en base al informe Badman y que si llegara a entrar en vigor, vendría a endurecer los controles sobre las familias que educan en casa.

La Comisión Parlamentaria que ha visto el caso y las pruebas presentadas por el Gobierno en base al citado informe se muestra contraria a su admisión y recomienda al Gobierno que no ponga en vigor las reformas propuestas.

Un artículo de Richard Garner, Editor de la sección de educación del diario The Independent  publicado el miércoles 16 de diciembre de 2009 destaca los aspectos del informe de la Comisión más relevantes y además especula sobre cual podría ser el destino de la legislación propuesta. Este es su contenido:

La gran pregunta: ¿Debe obligarse el registro de los padres que optan por educar a sus hijos e hijas en casa?

¿Por qué nos lo planteamos en este momento?

Un informe de la Comisión de Educación de la Cámara de los Comunes es muy crítico con los planes del Gobierno para endurecer la normativa que regula la educación en casa.

¿Cómo se ha producido la tramitación hasta este momento?

El Gobierno puso en marcha un proceso para revisar la normativa sobre educación en casa que lideró Graham Badman, el ex director del Servicio de Protección de Menores en Kent. Las recomendaciones básicas del informe eran que 1) los padres que se decidieran por educar en casa deberían registrarse obligatoriamente, 2) que debían recibir una visita anual en su hogar por parte de la autoridad local y 3) que quien realizara la visita tendría derecho a entrevistar a los menores sin la presencia de sus padres.

¿Por qué el informe Badman recogía estas recomendaciones?

El informe llegaba a la conclusión de que era imposible calcular el número de familias que educan en casa en un momento dado. Las autoridades locales tienen registradas  a 45.000 de estas familias, pero de modo oficioso podría elevarse esta cifra hasta las 150.000.

Lo que fue más controvertido era que el informe pasaba a examinar “Hasta qué punto la educación en casa esconde supuestos de abuso infantil, tales como abandono, matrimonio forzoso, explotación sexual y servidumbre doméstica”.

Entre las pruebas aportadas por el Sr. Badman a los miembros de la Comisión Parlamentaria, se encontraba una investigación realizada por 74 autoridades locales según la cual un 0,4 por ciento de familias que educaban en casa se encontraban en algún programa de protección social  comparado con el 0,2 por ciento en el resto de los menores. “De modo que es proporcionalmente del doble” afirmaba. Estos eran pues los dos factores que le llevaban a promover esa regulación: la necesidad  de las autoridades locales de contar con un Registro obligatorio para conocer así el dato del número de estas familias, y por otro lado el riesgo de los menores.

Debemos añadir que el informe además recoge recomendaciones para proporcionar ayuda, atención y apoyo a los padres que educan en casa, pero es el comentario sobre la situación de riesgo de los menores es el que ha provocado la controversia.

¿Cual fue la reacción a las propuestas?

Prácticamente hostil en su totalidad en lo que se refiere a las familias que educan en casa. “Todos menos uno de los educadores en casa, tanto familias como organizaciones que fueron consultadas, se muestran críticos al informe Badman, y se oponían a la idea de que las autoridades locales tuvieran poderes en cuanto a la regulación y seguimiento de la educación en casa”.

Tal y como ellos lo ven, ningún otro colectivo está sometido a inspecciones anuales del Ayuntamiento, con el derecho añadido de entrevistar a los menores en privado. “Es como ser acusado de abuso y ser culpable mientras no se pruebe lo contrario.” en palabras de estas familias y asociaciones.

Su argumento es que la gran mayoría de las familias que educan en casa, han tomado la decisión por su falta de confianza con el Sistema Escolar para educar a sus hijos. Las razones van desde incidentes de bullying en el pasado, un rechazo al férreo  sistema de exámenes en el sector público, o la creencia general de que el niño o niña deben recibir una educación más liberal en un ambiento hogareño, más que ser educado según los criterios del curriculum nacional.

¿Cual es la valoración que hace la Comisión de las pruebas presentadas?

Podría definirse de modo amable en esta frase “Dado que el total número de niños y niñas que se educan en casa no se conoce, sacar conclusiones de la proporción de ellos que están en situación de riesgo, en cuando menos una conclusión problemática”.

La conclusión es más firme: “Estamos decepcionados por la poca base probatoria de los argumentos presentados en base al informe Badman por el Departamento de Infancia, Escuelas y Familias, con respecto a la situación relativa de riesgo de los menores escolarizados y educados en casa”.

Concluye de modo contundente “El modo en el que el Departamento ha manejado la investigación Badman ha sido poco apropiado. Confiamos en que el Departamento aprenderá de este episodio para las investigaciones que pretenda emprender en un futuro”. En cuanto a la reacción de las familias que educan en casa y sus organizaciones se afirma que “Algunas de las familias consultadas han manifestado su malestar ante la gravedad de la insinuación que aparece en el informe y los subsiguientes comentarios en los medios de comunicación con respecto a la relación entre  la educación en casa y la situación de riesgo de los menores”.

¿Y qué recomienda?

La Comisión rechaza la idea del registro obligatorio, aunque reconoce la necesidad de las autoridades locales de tener una idea certera en cuanto al número de familias que educan en casa.

Sugiere, en su lugar, un registro voluntario, cuyo funcionamiento deberá ser revisado en dos años. Si se comprueba que no funciona, entonces sería el momento para plantearse la conveniencia un registro obligatorio.

¿Y qué hay de las visitas anuales y de entrevistar a los menores en privado?

En opinión de los  parlamentarios que constituyen la Comisión  no se aprecia ninguna razón por la que las autoridades locales deban tener acceso al hogar de estas familias. “No creemos que las autoridades deban tener derecho a acceder al hogar de las familias que educan en casa. Sin embargo afirman que una reunión anual sería conveniente para poder allanar las dificultades de las familias en lo que  que afecte a la educación del menor.

En cuanto a la potestad de entrevistar al menor en privado así se posiciona la Comisión: “No creemos que las autoridades locales responsables de intervenir como enlace entre la Administración y las familias que educan en casa deban tener la potestad de entrevistar a estos menores sin la presencia de sus padres. Una negativa de la familia o del menor para que ésta se produzca no debe ser en ningún caso motivo para retirar el registro ya realizado de la familia que opta por educar en casa”.

¿Qué ocurrirá  a partir de ahora?

La propuesta ya ha  sido incluida en el proyecto de ley de  Infancia, Escuelas y Familias y presentada al Parlamento tras el discurso de la Reina. El Gobierno debe oficialmente responder al Informe de la Comisión. El proyecto de ley, sin embargo no incluye que deban realizarse inspecciones sobre las familias que educan en casa  por lo que ahí puede llegarse a un acuerdo,

Una posibilidad es que la ley no sea aprobada antes de que se convoquen nuevas elecciones. Si los conservadores ganaran las elecciones, sus representantes en la Comisión intentarán hacer cumplir los que contiene el informe presentado.

¿Hay razones para pedir un control mayor?

Sí…

* En este momento, las autoridades locales no tienen ni idea de cuantas familias educan en casa

* Las posibilidades de que un niño que se eduque en casa esté en un programa de protección de menores es doble que el resto de la población infantil

* Sería más fácil detectar problemas

No…

* Las estadísticas en cuanto a los programas de protección infantil son una falacia ya que  nadie conoce el número de menores educados en casa

* La propuesta de regulación significa que las familias que educan en casa son culpables mientras no se demuestre lo contrario

* Un registro voluntario sería suficiente para que los Ayuntamientos cuenten con la información que precisan.

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