La polémica en torno a la modificación de la ley catalana de protección a la infancia y a la adolescencia

La actualización de la Ley de protección de la Infancia en Catalunya ha disparado las alarmas sobre el posible deterioro de la situación de las familias con menores desescolarizados por opción de educar en casa en esa comunidad autónoma.

La Coordinadora Catalana Educación en Familia publica en su página web un comunicado en el que detalla en qué consiste la reforma de la ley de protección de la infancia. A su vez en el foro abierto de Crianza Natural, un hilo abierto bajo el título de Cataluña, un gol por la escuadra, debate sobre la implicación que podría derivarse del hecho de que ley incorpora expresamente el término desescolarización en lo que anteriormente no constaba expresamente definido. La Ley 8/1995, de 27 de julio, de atención y protección de los niños y los adolescentes y de modificación de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción) recogía la desescolarización sólo en la sección reservada a las infracciones de los titulares de la patria potestad y las sanciones correspondientes a al infracción, calificada como leve.

Artículo 59. Infracciones en el ámbito de la presente Ley.

1. Constituyen infracciones leves, en el ámbito de la presente Ley, las siguientes acciones u omisiones:

  1. Emitir informes sociales o psicológicos destinados a formar parte de expedientes para la tramitación de adopciones internacionales no autorizados por el organismo competente en materia de protección de menores desamparados.
  2. No gestionar, los padres, tutores o guardadores de un menor en período de escolarización obligatoria, la plaza escolar correspondiente sin causa que lo justifique.
  3. No procurar, los padres, tutores o guardadores de un menor en período de escolarización obligatoria, que éste asista al centro escolar cuando dispone de plaza y sin causa que lo justifique.

Sin embargo, en la ley de 14/ 2010, de 27 de mayo, de los derechos y oportunidades en la infancia y adolescencia, se plantea una modificación al incluir la ley, al estilo de la legislación de tipo anglosajón,  un apartado a la definición de los conceptos relacionados con el ámbito de la educación. Así lo hace el

Artículo 52. No-escolarización, absentismo y abandono escolar.

1. A los efectos de lo establecido por la presente Ley, se entiende por:

  1. No-escolarización: el hecho de que los progenitores, los titulares de la tutela o los guardadores de un niño o adolescente en período de escolarización obligatoria no gestionen la correspondiente plaza escolar sin una causa que lo justifique.
  2. Absentismo: la ausencia de clase sin presentar justificante o sin una justificación aceptable. Deben determinarse por reglamento cuáles son los casos que constituyen absentismo leve, absentismo moderado o absentismo grave, y cuáles son las medidas que deben adoptarse en cada caso.
  3. Abandono escolar: el cese indefinido de la asistencia a la correspondiente plaza escolar por parte del niño o adolescente en período de escolarización obligatoria.

2. Las administraciones públicas deben poner especial atención en detectar los casos de no-escolarización, absentismo y abandono escolar y deben adoptar de forma coordinada las medidas necesarias para hacer frente a estas situaciones, mediante los correspondientes protocolos.

Por su parte el artículo  102 considera una situación de riesgo para los menores:

La falta de escolarización en edad obligatoria, el absentismo y el abandono escolar.

Y finalmente el artículo 157 repite exactamente la normativa anterior en cuanto a las sanciones

  1. No gestionar, los progenitores, los tutores o los guardadores del niño o el adolescente en período de escolarización obligatoria, la correspondiente plaza escolar sin causa que lo justifique.
  2. No procurar, los progenitores, los tutores o los guardadores de un niño o adolescente en período de escolarización obligatoria, que este asista al centro escolar cuando dispone de plaza y sin causa que lo justifique.

No puedo prever las consecuencias prácticas que de esta modificación puedan derivarse. En términos judiciales, no debería suponer ningún tipo de modificación jurisprudencial en cuanto a la interpretación del delito de desamparo. Ante la Administración tampoco debería haber modificación alguna, ya que en la Ley anterior también venía tipificada la ausencia de gestión de la plaza escolar, como un supuesto de infracción de los deberes de la patria potestad, en grado de levedad con la correspondiente sanción. Siempre ha sido así y que la Administración autonómica haya activado o no los protocolos correspondientes, es ajeno a la redacción de la ley. Quizás haya quien interprete en esta especificación más expresa un agravamiento en las condiciones de las familias que han optado por educar en casa. Lo cierto es que la modificación no modifica la práctica de la interposición de sanciones  vigente en la  ley anterior.

La normativa autonómica de protección de los menores

Todas las Comunidades Autónomas han legislado con la finalidad de proteger a los menores que hallan bajo su área de competencia territorial en asunción de sus propias competencias, asumidas en los respectivos Estatutos de Autonomía y como resultado de esta actividad legislativa, todas la Comunidades Autónomas cuentan con su normativa específica de protección de los menores.[1]

Un estudio de la normativa de cada una de las Comunidades Autónomas nos lleva a la conclusión de que desde la primera en ser publicada, la Ley de Protección de Menores de Extremadura de 1994, hasta la más reciente de 2006 de las Islas Baleares, existe una regulación sustancialmente uniforme que basa esta protección en tres acciones.

En primer lugar una defensa del derecho a la educación que corresponde a todos los menores que establece la obligatoriedad de la escolarización para el grupo de edad que marca la legislación orgánica marco[2]. En segundo lugar todas las citadas normas de protección de menores recogen un apartado en el que se especifican las obligaciones de instituciones y personas físicas, en el que se establece la obligación de escolarizar a los menores, y en su caso de denunciar a las autoridades competentes los casos en que se observe la presencia de menores no escolarizados en los tiempos de actividad escolar y que significa a priori un indicio de absentismo escolar de éstos. Por último se suele incluir un sistema de sanciones en el que se introduce la infracción de la obligación de gestionar la escolarización de los menores por parte de quienes ejerzan la patria potestad así como la infracción de la obligación de velar por la asistencia de los menores a los centros educativos. Estas infracciones suelen considerarse leves o graves, según el caso,  y comportan sanciones pecuniarias.

En materia de infracciones y sanciones es habitual la consideración de infracción bien leve o grave el no gestionar la plaza escolar para un menor en período de escolarización obligatoria. Como ejemplo de ello,  la Ley de garantías de derechos de la infancia de Madrid de 1995 sanciona el no gestionar la plaza escolar para un menor en período de escolarización como infracción grave.[3]

Del mismo modo, la Ley 14/2002 de Promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León, de 25 de julio establece un sistema de infracciones con el mismo contenido[4]. También la Ley de Protección de la Infancia y Adolescencia de Cantabria de 1999 recoge un régimen similar de infracciones y sanciones para los supuestos en los que los padres o tutores no gestionen la plaza escolar del menores en edad de escolarización.[5]

Resulta prolija la relación de las normas que corresponden a las 17 comunidades Autónomas que han legislado en este sentido ya que la redacción coincide literalmente allí donde se recoge el régimen sancionador, con la única divergencia de que en algunos supuestos es una falta grave y en otros una falta leve

Como hemos mencionado anteriormente otro grupo de normas son aquellas que reflejan una obligación para padres, educadores o ciudadanos que leguen a conocer una situación de este tipo. Esta obligación la recoge en origen la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil[6].

Así lo refleja la Ley de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia del País Vasco de 2005 que prevé en su artículo 25 un deber de colaboración de las autoridades y de la ciudadanía en general con las autoridades educativas, las entidades locales y el ministerio fiscal si llega a su conocimiento que un menor no está escolarizado[7]. Del mismo modo la Ley de la Infancia de Murcia de 1995, establece en su art. 13 esa misma obligación[8] dirigida a la generalidad de la ciudadanía. Esta obligación, se dirige en otras ocasiones a los centros docentes, así es el caso de la Ley de Menores de Canarias de 1997, que sanciona en su artículo 19 la obligación de colaboración de los responsables de los centros escolares con los servicios municipales competentes para garantizar la escolarización obligatoria.  En otras ocasiones se trata de una obligación que comparten los particulares con quienes por su profesión tengan conocimiento de estas situaciones de desamparo. Es el caso de la Ley de Protección Jurídica, económica y social de la familia, infancia y adolescencia de Galicia, de 1997 que establece ese mismo deber de comunicación[9].

En cuando a la declaración de la situación de desamparo, las distintas normas autonómicas ofrecen distintos modos de sancionar y describir los supuestos que constituyen la situación de desamparo, aunque en todos los supuestos, como norma general, se establece la posibilidad de que los órganos designados por la propia comunidad autónoma para asumir la tutela de los menores en situación de desamparo tengan en cuenta la falta de escolarización como un indicio de desamparo, expresamente consignado en algunas de las normas, como ya veremos más adelante.

La ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, no ofrece una definición de lo que es la situación de desamparo, ya que se remite para ello al artículo 172 1. del Código Civil, tampoco ofrece una casuística de situaciones en las que se podría detectar la presencia de la situación de desamparo. Son, por tanto, las normas que han dictado las comunidades autónomas las que nos ofrece una perspectiva de lo que podría constituir tal estado. Coinciden en la denominación, utilizando la terminología que derivan tanto de la Ley orgánica como del artículo 172 del Código Civil, pero son más prolijas en cuanto a la regulación de esta situación de riesgo.

Básicamente existen dos métodos distintos de regular la situación. Un modelo sería aquel que ofrece una lista de circunstancias que reflejan la situación de desamparo con gran detalle. No suelen constituir numerus clausus y por tanto suelen terminar con un motivo general que englobaría cualquier situación que implicara el incumplimiento genérico de los detentadores de la patria potestad de las obligaciones que les impone la legislación civil, y en concreto el art. 172 del Código Civil.

Dentro de este modelo detallado estarían las leyes dictadas por las comunidades autónomas de Cantabria, Navarra, Islas Baleares, Asturias, La Rioja, Canarias, Andalucía, Galicia, Valencia y Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León y Aragón.  Dentro del modelo genérico, en el que se establece una situación marco, se encontraría la normativa de la Comunidad Autónoma Vasca[10] se encontrarían además las normas correspondientes a la Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Cataluña.

En lo que respecta a aquellas normativas autonómicas que recogen un listado detallado de causas que reflejan una situación de abandono, la mayor parte no recogen entre ellas la causa de falta de escolarización del menor, ya sea entendido como desescolarización o como absentismo escolar de aquellos menores escolarizados. Sí la recogen entre las causas de abandono las normas de Cantabria, Navarra, Asturias, Islas Canarias y Andalucía. Resultará ilustrativo el reflejo exacto del tenor en el que la causa resulta reflejada en cada caso.

En el caso de Cantabria, el art.29 de su Ley 7/1999, de 28 de abril, de Protección de la Infancia y Adolescencia recoge entre los supuestos de desamparo en el apartado j) la Desescolarización reiterada o continuada”. En segundo lugar, la Ley Foral Navarra 15/2005, de 5 de diciembre de Infancia y Adolescencia recoge en su art. 50 las causas de abandono, y entre ellas en el ap. h) “La falta de escolarización habitual del menor”. En tercer lugar la Ley 1/1995, de 27 de enero de protección de Menores de Asturias recoge en su art. 31 la situación de desamparo y entre las circunstancias que concurren se encuentra b) “La ausencia de escolarización habitual del menor”. En cuarto lugar la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención integral a los menores de Canarias sanciona el concepto de desamparo en su art. 46, y específicamente las causas de desamparo en su ap. 2, entre ellas el b. “Cuando no asista de forma reiterada y sin justificación al centro escolar donde se halla matriculado, debido a la conducta negligente de los padres, tutores o guardadores, o se aprecie la ausencia de escolarización del menor, estando en edad para ello”, y por último la Ley 1/1998, de 20 de abril, del Menor de Andalucía recoge en su art. 23 entre las causa de desamparo en su ap. “b) Ausencia de escolarización del menor”. Sin embargo esto no significa que no pudiera apreciarse la concurrencia de la causa ya que en todo caso podría ser incluida la ausencia de escolarización en la causa genérica derivada del art. 172 del Código Civil.

Por su parte, la LO 1/1996 de Protección Jurídica del Menor distingue dentro del término amplio de la desprotección social del menor, dos grados de distinta gravedad dentro de aquella[11]. En primer lugar recoge en su artículo 17 las llamadas situaciones de riesgo, que incluye cualquier situación que perjudique el desarrollo personal y social del menor siempre que “no requieran la asunción de tutela por Ministerio de la Ley”. Po el contrario, las situaciones de desamparo (art. 18) implican que cuando una entidad pública competente considere que el menor se encuentra en situación de desamparo actuará conforme a el artículo 172  del Código Civil y asumirá la tutela del menor. Una vez que la institución ha adoptado las medidas oportunas, pondrá en conocimiento al Ministerio Fiscal el contenido de lo actuado.

A pesar de que en ambos casos actuará la administración competente, sólo asumirá la tutela del menor en el supuesto de desamparo, si se aprecia situación de riesgo, sin perjuicio de la obligación que tienen las administraciones competentes, a través de sus órganos de actuación en defensa de los menores, de garantizar en todo caso los derechos de éstos además de que habrán de tomar las medida oportunas para minimizar los factores de riesgo y de dificultad social que incidan en la situación personal del menor, promoviendo los factores que coadyuven a la protección del menor y su familia


[1] . Estas son las normas autonómicas que están actualmente en vigor:

Ley 4/1994, de 10 noviembre, de Protección de Menores de Extremadura.

Ley 7/1994, de 5 diciembre, de la Infancia de Valencia

Ley 1/1995, de 27 enero, de Protección de Menores de Asturias

Ley 3/1995, de 21 marzo, de la Infancia de Murcia.

Ley 6/1995, de 28 marzo, de garantías de derechos de la infancia y la adolescencia de Madrid.

Ley 8/1995, de 27 julio, de Atención y protección de los niños y los adolescentes y modificación de la Ley 37/1991, sobre medidas de protección de los menores desamparados y regulación de la adopción de Cataluña.

Ley 1/1997, de 7 febrero, Menores de Canarias

Ley 3/1997, de 9 junio,  de Protección jurídica, económica y social de la familia, infancia y adolescencia de Galicia

Ley 1/1998, de 20 abril, del Menor de Andalucía

Ley 3/1999, de 31 de marzo, del Menor de Castilla-La Mancha.

Ley 7/1999, de 28 abril, de Protección de la Infancia y Adolescencia de Cantabria

Ley 12/2001, de 2 julio, de la Infancia y Adolescencia de Aragón

Ley 14/2002, de 25 julio, de Promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León

Ley 3/2005, de 18 febrero, de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia del País Vasco

Ley Foral 15/2005, de 5 diciembre, de Infancia y Adolescencia de Navarra

Ley 1/2006, de 28 febrero, de Protección de Menores de La Rioja

Ley 17/2006, de 13 noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de las Illes Balears.

Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en la infancia y adolescencia.

[2] Según el apartado 2 del art. 4de la LOE, el citado tramo de edad va de los seis a los dieciséis años.  La enseñanza básica comprende diez años de escolaridad y se desarrolla, de forma regular, entre los seis y los dieciséis años de edad.

[3] Art. 99 Constituyen infracciones graves:

….

….

7º No gestionar plaza escolar para un menor en período de escolarización obligatoria, por parte de los padres, tutores o guardadores

8º Impedir la asistencia al Centro escolar de un menor en período de escolarización obligatoria, disponiendo de plaza y sin causa que lo justifique, por parte de los padres, tutores o guardadores.

Según el art. 101, que recoge las sanciones, a esta infracción le correspondería una multa desde 500.001 pesetas hasta 5.000.000 pesetas.

[4] Art. 141. Infracciones graves. Constituyen infracciones graves:

….

No gestionar los padres, tutores o guardadores plaza escolar para el menor en edad de escolarización obligatoria, así como no procurar o impedir reiteradamente su asistencia al centro escolar sin causa justificada

Art. 143 Sanciones principales

….

Las infracciones graves, con multa de 4000,01 a 500.000 euros.

[5] No gestionar plaza escolar para un menor en período de escolarización obligatoria por los padres, tutores o guardadores.

No procurar, por los padres, tutores o guardadores, la asistencia al centro de un menor en período de escolarización obligatoria, disponiendo de plaza y sin causa que lo justifique. Art. 93. Infracciones leves. Constituyen infracciones leves:

En cuanto a la sanción que le corresponde según el artículo 96.: Amonestación por escrito o multa de hasta 500.000 pesetas

[6] Art. 13 apartado 2 2. Cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un menor no está escolarizado o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación, durante el período obligatorio, deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas competentes, que adoptarán las medidas necesarias para su escolarización.

[7] Art. 25. Colaboración interinstitucional y de particulares.

Las autoridades y las personas que tengan conocimiento de que un niño, niña o adolescente en edad de educación obligatoria no está escolarizado, o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación, deberán ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas competentes, en particular de las autoridades educativas, de las entidades locales y del ministerio fiscal, a fin de que adopten las medidas necesarias para su escolarización o, en su caso, su asistencia al centro escolar.

[8]

Cualquier persona que tenga conocimiento de que un niño no está escolarizado o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación, lo pondrá en conocimiento de las autoridades competentes, que adoptarán las medidas necesarias para su escolarización.

[9] Art 22. Deber de comunicación

Toda persona, y en especial quien por razón de su profesión o función tenga conocimiento de una situación de grave riesgo o posible desamparo de un menor, y sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise, lo pondrá en conocimiento de la autoridad judicial o del organismo administrativo competente, que garantizará la reserva absoluta y el anonimato

Asimismo quien tenga conocimiento de que un menor no está escolarizado y no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación durante el período obligatorio, deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas competentes, que adoptarán las medidas necesarias para su escolarización.

[10] Así la Ley 3/2005, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia del Pais Vasco prevé en su art. 56 el Concepto de la situación de desamparo, que define así:

Artículo 56. Concepto de situación de desamparo

De conformidad con el art. 172.1 del Código Civil, se considera situación de desamparo la que se produce de hacho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de las persona menores de edad, cuando éstas queden privadas de la necesaria asistencia moral o material.

Artículo 57. Actuaciones en situación de desamparo

Cuando la administración pública competente en materia de protección considere que el niño, niña o adolescente se encuentra en situación de desamparo, actuará conforme a los artículos 172 y siguientes del Código Civil, asumiendo la tutela de la persona menor de edad, adoptando las medidas de protección oportunas y poniendo estas circunstancias en conocimiento del ministerio fiscal.

[11] Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 4ª). Auto núm. 5/2002 de 3 de enero.

Se trata de un caso de guarda y acogimiento de menores por razón de desamparo. El Tribunal de Instancia había dictado un auto con fecha 5 de marzo de 2001 según el cual rechazaba la oposición de los abuelos de la menor a la orden foral  980/2000 de 2-2-2000 dictada por la Diputación del Señorío de Bizkaia, Departamento de Acción Social que asumía la tutela de la menor Fátima F.S. Los abuelos recurren contra dicho auto ante la AP de Vizcaya que no estima situación de desamparo, debido a que la niña se encuentra bajo el cuidado de los abuelos, presentando el aspecto general de una niña sana y bien cuidada. Razones por las que la Audiencia revoca el auto del Juzgado de 1ª Instancia , dejando sin efecto la Orden Foral y obligando a que la menor sea restituida al cuidado de sus abuelos, situación anterior en la que se encontraba.

  • No procurar, los padres, tutores o guardadores de un menor en período de escolarización obligatoria, que éste asista al centro escolar cuando dispone de plaza y sin causa que lo justifique.
  • Anuncios

    5 pensamientos en “La polémica en torno a la modificación de la ley catalana de protección a la infancia y a la adolescencia

    1. Pingback: Blogs PLC1: La polémica en torno a la modificación de la ley catalana de … | viu natural!

    2. Hola Madalen,
      muchas gracias por esta entrada. Como ya comenté en el hilo de Crianza Natural, no creo que esta ley suponga ningún cambio para las familias que educamos en casa. Quería preguntarte si podíamos incluir un enlace a esta entrada de tu blog des del “comunicado” que colgamos en el web de la Coordinadora. Creemos que es muy interesante poder leer la información que tú expones. También pensaba que estaría bien colgar el texto entero (con referencia a tu blog, por supuesto!) igual que se ha hecho con noticias/artículos aparecidos en la prensa escrita. Toda la información que colgamos en el web es abierta, puede acceder cualquier persona. ¿Cómo lo ves?
      Kaixo!

    3. si alguien me responde por favor a mi pregunta las leyes se contradicen en islas baleares ?? sobre escolarizacion obligatoria?? ya q no quieren darme plaza en el centro de escolarizacion a mi niño de 7 años .. motivo el padre se encuentra fuera del pais y tenemos la custodia compartida pero al padre no le intereza si el niño esta escolarizado o no,.. nesecito su permiso para escolarizarlo,..obs en cadiz y en madrid no tube ni un iconveniente y por motivos de trabajo tube que traslarme a palma de mallorca.. xfavor espero respuestas..

    Deja un comentario aquí

    Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

    Logo de WordPress.com

    Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

    Imagen de Twitter

    Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

    Foto de Facebook

    Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

    Google+ photo

    Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

    Conectando a %s