Los límites a la educación en casa

Los derechos que configuran el complejo normativo constitucional del artículo 27 de la Constitución corresponden a distintos titulares y los intereses que corresponde a estos titulares son diferentes y no necesariamente  por ello, confluyentes en una única dirección. Por ello, el acento que corresponda en cada momento a la protección de uno de estos intereses hará inclinarse la balanza del legislador al desarrollar este precepto constitucional, y hará decantarse la interpretación que los tribunales hagan de este complejo normativo en cada caso en concreto, interpretando la normativa en favor de uno u otro de los intereses en juego.

En lo que respecta a los intereses en juego en el caso de los derechos a educativos en los supuestos de menores desescolarizados, la situación no es sustancialmente distinta a la de los intereses en juego con respecto a los derechos educativos de los menores escolarizados. Los titulares de estos derechos fundamentales son tres, el Estado, los padres y los propios menores desescolarizados.

1. El interés del Estado es educar para la ciudadanía, y conseguir que todas las personas se integren de modo adecuado en la sociedad, y eso, desde el punto de vista del propio Estado,  se consigue de manera eficaz a través de una educación controlada por el propio Estado, en un sistema escolar en el que concurren centros de titularidad pública o privada, supervisada por el Estado en este último supuesto.

2. Por su parte,  el interés del menor derivado de  su derecho a la educación es ser educado para la autonomía,  una autonomía que le permita poder desarrollar su vida en condiciones de igualdad con respecto al resto de sus conciudadanos, independientemente de su ideología, raza, sexo, orientación sexual o convicciones religiosas. Los menores son,  sin duda, titulares del derecho a ser educados, aunque se discute si pudiera defenderse la existencia del derecho a ser escolarizados[1]. Este aspecto jurídico que afecta a la existencia del derecho de los menores a ser escolarizados, aún no ha sido suficiente desarrollado en la doctrina jurídica, ni siquiera en la de origen anglosajón, y por ello no existe aún una base firme sobre la que sostener la existencia del tal derecho.

3. Ninguno de los dos coincide necesariamente con el interés de los padres. El interés de los padres es doble, existe un interés  propio, de una parte, a constituir la familia también a través de la educación en base a aquellos valores en los que creen y quieren que toda la familia comparta, y el interés en que sus hijos puedan adquirir una independencia a través de la educación, de otro. Según el art. 27.3 de la Constitución los padres tienen derecho a que sus hijos reciban una  educación moral y religiosa conforme a sus convicciones.

La educación en casa, al  ser un complejo de intereses y derechos que no corresponden en exclusiva a los padres, no puede convertirse en el ejercicio de la autoridad absoluta  por parte de los titulares de la patria potestad sobre los menores a su cargo,  ya que éstos no son de su propiedad. El interés del menor es crecer y ser educado en valores, que no son necesariamente los de sus padres, y por ello, en ciertos casos puede ocurrir que la educación en familia sea poco adecuada para conseguir la realización de ese derecho de los menores. Y ahí debe situarse precisamente el límite que debe imponerse desde el Estado sobre la educación en casa, el límite está en aquellos supuestos en los que no se cumpla el contenido del derecho a la educación de los menores en valores que les doten de autonomía y capacidad para integrasen en una sociedad de la que van a ser ciudadanos.


[1] Daniel  MONK (2003) ‘Home Education: A Human Right?’ Evaluation and Research in Education, Vol. 17, No.2&3, pp. 157-166.

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Acerca de madalen

Profesora de Derecho Civil de la EHU-UPV

6 pensamientos en “Los límites a la educación en casa

  1. Muy interesante. ¿Será posible plantear que más que la ciudadanía el interés del Estado es la cohesión social?
    Personalmente me pregunto por el efecto endogámico que pudieran tener ciertas formas de educación en casa. Tengo ganas de “masticar” esta entrada y volver a comentar nuevamente. No sé si estoy 100% de acuerdo con cada afirmación pero tampoco tengo muy claro por qué. jajajaja

  2. Los límites (y los principios) del Homeschooling los debe marcar el deseo de saber del niño o de la niña. Cada vez estoy más convencido de que la motivación legítima para educar en casa es la de promover el deseo de saber de los propios hijos. Habrá niños cuya escolarización les garantiza esto, pero los que demandan otros entornos o no se integran deberían ser escuchados. El interés del estado es la ciudadanía, pero la ciudadanía no es un ejército sincronizado. Por otra parte, me temo que la mayoría de papás (españoles, al menos) no se plantean si sus hijos colman sus deseos de saber, que es lo que creo sinceramente que les debería preocupar. En fin, si esta cuestión fuera sencilla sería más aburrido, no?

  3. Andrea, si quieres espero a ese otro comentario al que te refieres para pasar a responderte. Gracias por este.
    Santiago, gracias también a ti. Quizás no he conseguido transmitir con claridad que me refiero a los límites legales del homeschool. Esta teoría de intereses triangular es habitual en los contextos jurídicos que rodean al homeschool. La teoría fue lanzada por Bob Reich y desde entonces ha sido reelaborada en numerosas ocasiones. Se refiere, en esencia, a la posibilidad de determinar hasta dónde llega el poder de ejercicio de la patria potestad de los padres, dónde está ese límite y desde qué punto, traspasado ese límite, es legítima la intervención del Estado. Convendrás conmigo que ese límite no es, en el contexto jurídico, el deseo de saber del menor, que ni siquiera puede ser medido objetivamente.
    Creo que el Tribunal Supremo en su sentencia num 1669/1994 (Sala da lo Penal), de 30 de octubre se refería a este límite al establecer:
    Esta posibilidad excluye del tipo penal, los modelos de enseñanza que se desarrollen en el ámbito estricto de un núcleo familiar clásico o incluso en comunidades cerradas de estructura cuasi-familiar sin perjuicio de la indeclinable obligación de los poderes públicos de velar por el cumplimiento de las previsiones mínimas que no son otras que garantizar el respeto a los principios constitucionales.
    La intervención del derecho penal debe estar reservada para aquellos supuestos en los que las enseñanzas impartidas difunden ideas contrarias a la convivencia o la tolerancia, hacen apología de la violencia, promueven la discriminación por motivos raciales, religiosos o xenófobos, o favorezcan la prostitución o corrupción de menores, sin perjuicio de la protección específica de estos valores en otros preceptos de ordenamiento penal.

    Un saludo cariñoso a los dos.

  4. Madelen, creo entender que cuando hablas de interés te refieres a interese jurídico o algo así. No siendo del área es poco lo que puedo decir respecto a ello.
    Tengo algunos “ruidos” en la cabeza, y no sé si son pertinentes o no a este post dado que no sé bien como dialogan con la racionalidad jurídica. Te los comento y tu me dices si son pertinentes o no ¿ya?
    Uno es el binomio Estado/escuela como dispositivo de control para la cohesión social (¿Ciudadanía? no sé) El otro es Estado/educación. En cambio, si el Estado ha de velar por el derecho humano a la educación y la escuela es sólo un medio para ello, ¿debe el Estado velar por el cumplimiento del medio o del fin?

  5. Andrea, intentaré responder a tu comentario de una manera inteligible.Yo diría que desde el punto de vista jurídico, el interés es la finalidad que se persigue con la asignación del derecho a su titular. Es lo que se llama el interés jurídico protegido, y es la utilidad que el titular obtiene del ejercicio del derecho, a su vez. Ese interés tiene los límites marcados por la configuración del propio derecho. Por ejemplo, el titular del derecho de propiedad sobre un martillo, no puede utilizarlo legítimamente para pegarle a alguien con él en la cabeza, por muy propietario que sea. Su interés consiste en utilizar el martillo para reparar objetos, construirlos o como instrumento de trabajo en general. Aunque podría ser que un artista lo utilice como obra conceptual, o un tabernero como objeto decorativo. En cualquier caso los titulares eligen satisfacer su interés ejercitando su derecho sobre el martillo, dentro de esos límites que he mencionado antes. Los límites son inherentes al propio interés que contiene el derecho, y por ello, la labor del jurista es demarcarlos.
    En cuanto a la pregunta final, creo que el Estado es garante tanto de que los titulares del derecho a la educación vean cumplido su interés, como es garante de que la escuela cumpla las funciones que le ha atribuido el ordenamiento jurídico. Creo que medio y fin, tal y como los planteas no son excluyentes entre sí.
    No sé si he ido al grano, o me he perdido. Un abrazo con cariño

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