Oscar Alzaga y la LODE

La intervención de Oscar Alzaga ante el Congreso de los Diputados con ocasión del debate de aprobación de la LODE, expone algunas de la ideas que me interesa destacar en cuanto al modo en el que se viene interpretando el artículo 27 de la Constitución, regulador del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza, en la normativa posterior que se ha ido desarrollando, a cargo de diferentes gobiernos, en forma de leyes orgánicas.
A lo largo de la historia del constitucionalismo español, la libertad de enseñanza y el derecho a la educación rara vez han sido reivindicados juntos; antes al contrario, se presentaban enfrentados como postulados excluyentes que reflejaban la polémica entre enseñanza pública y escuela libre.

El artículo 27 de la Constitución rompe, afortunadamente, esa trayectoria, y con gran acierto dice, en su primer apartado que sirve de título a todos los demás: “Todos tienen el derecho a la educación”, punto y seguido, “Se reconoce la libertad de enseñanza”. España coge en este importante tema el tren de la modernidad en el momento en que los constituyentes aprueban esta reconciliación de la libertad de enseñanza y del derecho a la educación que son absolutamente compatibles. pero el proyecto de Ley que ha sometido a la consideración de la Cámara este Gobierno se titula solamente “del derecho de educación”, porque, desde luego, piensa, no busca garantizar la libertad de enseñanza. Estamos ante un grave alejamiento de la Constitución, para la cual, la libertad de enseñanza, como dice ya unánimemente toda nuestra doctrina jurídico-política, es un principio estructural del sistema educativo.

El artículo 27, integrando dialécticamente la libertad pública, que es la libertad de enseñanza, y el derecho social, que es el derecho a la educación, establece que éste, como instrumento de igualdad y justicia ha de realizarse en un sistema educativo presidido por los principios de libertad y pluralismo, sistema muy diferente al que se establece en la LODE.

Esta es precisamente la tesis que yo mantengo. Los principios consittucionalizdos en el artículo 27 de la Constitución, han sido interpretados a través de sucesivas leyes de educación de un modo tendente a restringir la libertad de enseñanza, e identificándola con la libertad de apertura de centros de enseñanza, de una parte, y la libertad de cátedra para los docentes de otra. Eliminando así las distintas posibilidades constitucionales que podrían abrirse bajo el paragias del principio de la libertad de enseñanza, expresamente contemplado en ela rtículo 27 de la Constitución.

La LODE (Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación), que ue objeto de sentencia  tras el recurso de inconstitucionalidad palteado contra algunos de sus artículos, fue aprobada durante la primera legislatura de la presidencia de Felipe Gonzalez, con los votos en contra del Grupo Popular, UCD y de la Minoría Vasca, y establece estos razonamientos de conveniencia de su aprobación en el preámbulo a la propia ley:

Este trasfondo histórico explica la complejidad de elementos que configuran el marco educativo establecido por la Constitución española, un marco de compromiso y concordia que, al tiempo que reconoce implícitamente el sistema mixto heredado, proporciona el espacio normativo integrador en el que pueden convivir las diversas opciones educativas. Así, tras el derecho a la educación (artículo 27.1 a) se afirma la libertad de enseñanza (artículo 27.1 b); al lado del derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral que estimen mas oportuna para sus hijos (artículo 27.3), figuran el derecho a la libertad de cátedra (artículo 20.1) y la libertad de conciencia (artículos 14, 16, 20, 23). Y si garantiza la libertad de creación de centros docentes (artículo 27.6), también se responsabiliza a los poderes públicos de una programación general de la enseñanza (artículo 27.5) orientada a asegurar un puesto escolar a todos los ciudadanos. Finalmente, la ayuda a los centros docentes (artículo 27.9) tiene que compaginarse con la intervención de profesores, padres y alumnos en el control y gestión de estos centros sostenidos con fondos públicos (artículo 27.7). Corresponde al legislador el desarrollo de estos preceptos, de modo que resulten modelados equilibradamente en su ulterior desarrollo normativo.

Sin embargo, el desarrollo que del artículo 27 de la Constitución hizo la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares, ha supuesto un desarrollo parcial y escasamente fiel al espíritu constitucional, al soslayar, por un lado, aspectos capitales de la regulación constitucional de la enseñanza como son los relativos a la ayuda de los poderes públicos a los centros privados y a la programación general de la enseñanza y, por otro, al privilegiar desequilibradamente los derechos del titular del centro privado sobre los de la comunidad escolar, supeditando la libertad de cátedra al ideario e interpretando restrictivamente el derecho de padres, profesores y alumnos a la intervención en la gestión y control de los centros sostenidos con fondos públicos.

Se impone, pues, una nueva norma que desarrolle cabal y armónicamente los principios que, en materia de educación, contiene la Constitución española, respetando tanto su tenor literal como el espíritu que presidió su redacción, y que garantice al mismo tiempo el pluralismo educativo y la equidad. A satisfacer esta necesidad se orienta la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación.


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Acerca de madalen

Profesora de Derecho Civil de la EHU-UPV

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