La sentencia del Constitucional (IX): la sentencia apelada

Las claves para entender la sentencia del Constitucional del pasado diciembre están en la propia sentencia apelada, la que dictó la Audiencia provincial de Málaga el 6 de junio de 2005, a su vez en apelación a la dictada por el Juzgado de Primera instancia de Coín de 5 de mayo de 2003.

Según dicha sentencia, el objeto del recurso es determinar si las clases que los padres dan a sus hijos en el seno de la familia bastan para cumplir el mandato constitucional, sin necesidad ni obligación de hacer uso de centros autorizados y homologados, sean públicos o privados, o si la enseñanza de los progenitores ha de completar o ser completada por una enseñanza oficial, teniendo en cuenta que a la edad de los menores debe ser gratuita y debe ser obligatoria la llamada enseñanza básica.

En este punto entiende la Sala que niega la parte apelante que haya existido violación del derecho a la educación y que los padres tienen el derecho a impartirla como crean más conveniente, constando en autos opiniones de profesionales que ven suficiente y decorosa la enseñanza que imparten a sus hijos los apelantes. Y no comparte la Sala tales razonamientos al entender integrada en el concepto básico de educación la escolarización, no sólo por los beneficios que en los menores puede producir mientras se desarrolla, sino también por los beneficios futuros en orden al aprendizaje futuro en el marco de grados y titulaciones. Consta en las actuaciones que los niños no estaban escolarizados (a salvo, claro está, que por tal se entienda la formación dentro de la propia casa o comuna) y no es eso lo mínimo que la Sociedad actual permite dentro del progreso alcanzado en materia social.

El presente recurso de apelación plantea en definitiva la otra vertiente de lo puesto de manifiesto en la demanda del fiscal, el problema de determinar si el derecho a la educación consiste en la total libertad de los padres para orientar (a los hijos) hacia las convicciones morales, religiosas o filosóficas que crean más adecuadas a su formación intelectual y somática), reconduciéndose al derecho contemplado en el artículo 27,3 o, si dicho derecho consiste esencialmente en el derecho del niño a ser escolarizado con la consiguiente obligación de los poderes públicos de proporcionar dicha escolarización, incluso obligatoriamente, si ello fuera del todo punto necesario. Siguiendo al magistrado del Tribunal Constitucional D. Vicente Gimeno Sendra, en su Voto particular formulado en la STC 260/1994, de fecha de 3 de octubre, la Sala cree que el repetido artículo 27,1 contempla el segundo de los citados derechos, cuyo único titular originario es el niño aun cuando, en circunstancias normales, los padres hayan de ejercitarlo a través de la representación. El problema que plantea, sin embargo, el caso que nos ocupa es el de un conflicto de intereses entre la voluntad de los padres (que subsumen el derecho a al educación en un supuesto derecho a la no escolarización y consiguiente impartición de enseñanza en el seno de una o varias familias) y los intereses de los hijos que son ejercidos en sustitución procesal por el Ministerio Fiscal, que, en el interés ajeno de los menores, exige esa escolarización obligatoria, aun en contra de la voluntad de los padres.

La Constitución confiere a los padres el derecho, no sólo de impartir en el seno de la familia la enseñanza que estimen conveniente, sino también el de poder enviar a sus hijos al colegio que deseen e incluso el no menor derecho fundamental a exigir de los poderes públicos la formación que mejor se adecue a sus convicciones, pero tal derecho no ampara otro supuesto derecho de los padres a la no escolarización de los hijos bajo el pretexto de que sólo ellos han de impartir la educación que estimen conveniente. por esta razón la sentencia debe ser confirmada, y en su caso ejecutada voluntariamente o en su defecto de forma coercitiva con los instrumentos legales que al Fiscal y a los organismos de la Comunidad Autónoma confiere la Ley, tales como la declaración de desamparo -no se olvide que se trata de la conculcación de un derecho fundamental del niño, no de un derecho de los padres- la asunción de la tutela, y en su caso el acogimiento, medida todas establecidas en el Código civil, después de promulgada la Constitución.

 

Hasta aquí el texto literal de la sentencia de la Sala de apelación de Málaga. La sentencia contiene afirmaciones que difícilmente pueden sostenerse en la práctica, como la de que “los padres tienen el derecho de poder enviar a sus hijos al colegio que deseen”, como si la libertad de elección de centro no dependiera, como depende de hecho en este momento, de la capacidad económica de la familia, y es una de la muchas formas de asegurar la situación de ventaja y privilegio de los menores desde el mismo inicio de su integración social.

Por otro lado, la sentencia asimila el derecho a la educación del menor del art. 27,1 con la escolarización obligatoria, de un plumazo sin especificar el modo en el que se ha producido este acto de prestidigitación jurídica, cuando afirma que “Y no comparte la Sala tales razonamientos al entender integrada en el concepto básico de educación la escolarización”.

La sentencia no incide en absoluto en las bondades de la socialización, que parece resumirse en esta expresión “no sólo por los beneficios que en los menores puede producir mientras se desarrolla”, aunque no queda expresamente formulada. La que sí queda expresamente formulada es la de “sino también por los beneficios futuros en orden al aprendizaje futuro en el marco de grados y titulaciones”, que parece que es hacia donde fluctúa la situación de desamparo, al considerar que se niega a los menores la posibilidad de acceso futuro a estudios superiores, al no poder garantizar con la educación en casa, por sí sola,  la homologación de los conocimientos adquiridos, al no haber recurrido a la asistencia de un centro oficial y homologado.

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Acerca de madalen

Profesora de Derecho Civil de la EHU-UPV

12 pensamientos en “La sentencia del Constitucional (IX): la sentencia apelada

  1. Es posible que sí, que se pudiera haber podido neutralizar ese aspecto. Aunque tendría que ser, a tenor de la sentencia, un centro oficial y homologado.
    ¿Qué tal empieza la semana?. ¿Sigue el frío?

  2. Pero pochola, si fuera un centro oficial y homologado (y presencial porque no hay otra opción en España), ya no hubieran sido juzgados :D

    La semana empieza bien, pero con muuuucho friiiiio.

    Un besiño :*

  3. Me parece que el CIDEAD es oficial y homologado, aunque no es presencial. Cabe la posibilidad, por lo menos jurídica, de que un centro no presencial sea oficial y homologado.
    Abrigaos

  4. No sé… seguro que hay distintas interpretaciones de lo que es cada cosa.En mi opinión homeschool y educación a distancia son compatibles, incluso en el CIDEAD.
    Besitos

    • Claro que son compatibles, yo los tengo matriculados a distancia :D

      Vaya, que me temo que esta besuga se explicó mal en la primera intervención y se ha ido liando la cosa, en realidad y recomponiendo (si puedo) planteaba si sería posible que el fallo hubiera sido distinto si los niños hubieran estado escolarizados (a distancia) en uno de esos “coles para homeschoolers” que como ya sabemos no son centros oficiales, ni están homologados (además si así fueran ya no habría lugar al juicio).

      Otra cosa que me estoy preguntando mucho últimamente es por qué las familias que tienen a los niños escolarizados en coles no oficiales ni homologados (escuelas libres, etc.) no tienen problemas legales, o al menos no salen a la luz.

      En fin, que no hace falta que me contestes vasca mía, estoy “pensando en alto”.

      Muchos besiños :********

  5. A mí me parece que interpretar lo que ha querido decir la Constitución sobre la educación en el hogar no tiene sentido, pues cuando los “padres de la Constitución” la redactaron, no podían estar pensando en esta opción ni para bien ni para mal, por la sencilla razón de que en España apenas se conocía, o no se conocía, y desde luego, no era una opción entonces. El movimiento homeschooler estaba empezando en los EEUU en aquel entonces, al menos el contemporáneo, si no me equivoco mucho.

    Es decir, que la sentencia del TC entra en terreno que no debiera, al decir si la Constitución permite o no el homeschool. Yo creo que simplemente reconocer que ninguno de los artículos del apartado 27 se refieren, ni a favor ni en contra, a la escolarización en casa.

    Un saludo, aquí heladitos también nosotros. Meni, yo también opino que homeschooling no es educación a distancia, desde luego no la del CIDEAD. Saludos.

  6. Pero, Arantza, nadie dice que el homeschool sea educación a distancia, madre mía, menos distancia no puede haber!. Pero sí que es cierto que el homeschool va muy de la mano de la educación a distancia, si no ya me direis para qué sirve la educación a distancia si no es para estudiar desde casa. Quien acude a un centro escolar, no necesita educación a distancia. Besos a las dos

  7. Si así nos dejan en paz…
    Mis hijos de todos modos siempre me dicen que a ver cuándo tenemos un día de homeschooling verdadero, de estar en casa todo el día y estar tranquilamente toda la tarde leyendo, pintando o tocando música, que a ver cuando.

    Bueno, os dejo, a ver si preparo una entrada para mi blog, que esto de andar de visita en casas ajenas es muy agradable, pero la mía la tengo abandonada. Abrazos.

  8. Bueno, entro tarde por despiste, pero creo que las constituciones están sujetas a interpretación, como toda ley, y para eso están los tribunales. Afortunadamente no habrá una ley “definitiva”. Hay consensos en determinadas cuestiones básicas (y no siempre total) como en temas de DDHH. Pero bueno…

    En cuanto al CIDEAD, es un organismo que tiene muy bien definidas sus funciones, y son las de atender a aquellos que no tienen fijada su residencia de forma permanente en un lugar, lo que les impide llevar a sus hijos a un centro. Los portugueses lo habían creado y lo desmontaron, dejando esa función a los maestros de las escuelas que deben asistir a estos alumnos cuando les toque. El CIDEAD les manda un material obsoleto y les pone unas pruebas absurdas, pero como es para ciudadanos de tercera no pasa nada.

    Y en cuanto a la relación de educación a distancia y educar en familia, creo que hay una relación por la posible necesidad de la segunda de apoyo (insisto en lo de posible) que viene garantizado por el medio utilizado por la primera. Y ahora debería insistir en lo de apoyo; en el sentido de asesoramiento, acompañamiento, nunca de tutorización directa o control curricular, pues ello va contra la base de la educación en familia que es la flexibilidad y que la toma de decisiones de ese tipo la tienen los padres y madres. En resumen, no todos valen.

    Otra cosa sería si habláramos de escuela en casa.. ahí se abriría el abaníco pedagógico de los centros a distancia.

    Ale, aquí queda el debate abierto en el ambigú..

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