Memoria de la Fiscalía General del Estado:2010

Así como ocurrió en la memoria de 2008, en la que el fiscal de Málaga consideró prudente la distinción entre distintos casos de absentismo, diferenciándose aquel que responde a la decisión de los padres de educar a los menores a sus cargo según la fórmula de home education, el fiscal de Menores de Teruel, se hace eco en la Memoria 2010 del caso de los padres que consiguieron que  la Audiencia Provincial de Teruel fallara a su favor en un caso de educación en casa por motivos pedagógicos.

(Busquese en Menorias 2010, Capítulo 3, G) Fiscales de Sala Coordinadores y Delegados para Materias Específicas y Secciones o Delegaciones Territoriales Especializadas, 6. Fiscal de Sala Coordinador en materia de Menores) .

La importancia del caso queda en evidencia en el relato de la Fiscalía:

La Sección de Menores de Teruel da cuenta de un supuesto de home schooling (educación en casa). Se trataba de la decisión de unos padres de poner en práctica el método de escuela en casa en lugar de escolarizar a sus hijos en centro educativo y para ello la madre se dedicaba en exclusiva a la educación de los menores. La Fiscalía formuló acusación por un delito del artículo 226. La Audiencia Provincial confirmó la absolución afirmando que «educar equivale a desarrollar las facultades intelectuales y morales de una persona y ello puede lograrse dentro o fuera del sistema educativo establecido, mientras que escolarizar es un término más restringido que en nuestro ordenamiento Jurídico, implica el proporcionar al individuo unos determinados conocimientos y competencias previamente definidos, proporcionados y evaluados por el Estado a través de unos determinados Centros homologados por el mismo», concluyendo que «la falta de escolarización de los menores cuando viene motivada como en el presente caso ocurre, en una libre decisión de los padres, que han optado por un sistema alternativo de educación, basando su decisión en consideraciones pedagógicas o académicas y no viene unida a una situación de desamparo o riesgo social del menor, no es susceptible de integrar el tipo penal del delito del artículo 226 del Código Penal».

La Sección de Menores de Cádiz, admitiendo que podría ser útil la creación de un tipo autónomo que sancione específicamente la conducta de los padres o tutores negligentes que incumplen el deber de procurar a sus hijos la escolarización obligatoria, considera que no es insuficiente la previsión legal del artículo 226 CP por cuanto no cabe duda, a la luz de los artículos 154 («educarlos y procurarles una formación integral [a los hijos o tutelados]») y 142 del Código Civil en cuanto a la extensión de los alimentos entre parientes, de que la educación y formación integral del menor es uno de los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar; a lo que se suma toda la normativa autonómica al respecto, que se manifiesta en el mismo sentido, y la legislación básica en la materia, fundamentalmente la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, que, dentro del marco constitucional (art. 27 CE), deja bien claro en sus artículos 2, 3 y 4 que la enseñanza básica, obligatoria y gratuita «comprende diez años de escolaridad y se desarrolla, de forma regular, entre los seis y los dieciséis años de edad».

También la Sección de Cádiz expone que en la franja de edad comprendida entre los 14 y los 16 años es cuando, generalmente, aparece la rebeldía de algunos menores contra el sistema educativo, por circunstancias que van desde la propia personalidad del menor hasta el entorno socio familiar en que se desenvuelve, la edad difícil de la adolescencia, la colaboración negligente de los progenitores, etc. Este hecho le lleva a la consideración de que hace falta un modelo educativo alternativo para estos menores. Se trata de chavales que han perdido el interés por el estudio, que rechazan la escuela y la disciplina que ésta lleva consigo, aunque no renuncian a su propia formación fuera de los cauces del sistema educativo reglado; manifiestan aún buena disposición, podrían aprovecharse sus potencialidades, pero sin una alternativa adecuada pierden su oportunidad. Por eso, ante esta realidad incontestable quizá fuera conveniente realizar estudios individualizados de cada caso para poder ofrecer al menor una alternativa que, dentro de los parámetros legales, en el marco general de la LOE, se acomodara a su caso y le permitiera una formación acorde con su edad y sus circunstancias.

La Sección de Lérida pone de relieve que en determinados colectivos es más eficaz la advertencia relativa a una posible declaración de desamparo de sus hijos que la de que pueden incurrir en una conducta delictiva.

 

 

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