Alejandro Jimenez Alonso y Pilar Jimenez Merino ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (1999)

Este es el único caso que procedente del Estado Español llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 1999 en base a la denuncia por una vulneración del  derecho a la educación y el correlativo  de los padres a que la educación de sus hijos se adecue a sus convicciones religiosas y filosóficas.

         Esta es el único caso que ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en base a una sentencia en la que se denuncia al Reino de España por la vulneración del artículo 2 del Protocolo 1 al Convenio Europeo de Derechos Humanos. En el relato de los hechos queda probado que la segunda demandante e hija del primero recibió durante el curso escolar una asignatura en la que se incluían contenidos formativos relativos a la sexualidad y reproducción humana. La demandante no acudió al curso, y en la prueba de evaluación final se negó a contestar a las preguntas relacionadas con el mismo. La consecuencia es que fue suspendida y tuvo que repetir el curso escolar. El demandante, presentó recursos contra esta decisión ante el Ministerio de Educación y Cultura y el Tribunal Superior de Cantabria que rechazaron sus pretensiones.

         La base de la negativa del Tribunal, conforme a su vez con la doctrina del Tribunal Constitucional, está en la valoración de la amplitud de esa libertad de los padres a exigir que el Estado respete sus convicciones religiosas y filosóficas “El derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación conforme a sus convicciones, supone, en una sociedad plural, el derecho a elegir, derecho vinculado a la libre creación de centros escolares, de manera que los padres puedan elegir el centro escolar adaptado a sus creencias e ideas. Sin embargo, esto no supone, si puede suponer el derecho a imponer a otros sus propias convicciones, ni la posibilidad de exigir un trato diferenciado de acuerdo con dichas convicciones”.

         El Tribunal Europeo relaciona el caso con su propia jurisprudencia, y en concreto el caso Kyelsen, Busk Madsen y Pedersen contra Dinamarca[1] de manera que estima que la definición y el diseño del sistema escolar es competencia interna de los Estados, y que sobre él el Tribunal no debe pronunciarse. En cuanto a si los contenidos de la asignatura pudieran vulnerar el derecho de los padres, tal y como lo establece el segundo párrafo del art. 2 del protocolo 1, el Tribunal reconoce que éste “no impide que los estados difundan a través de la enseñanza o la educación informaciones o conocimientos que tengan, directamente o no, un carácter religioso o filosófico”, siempre que el Estado vele por el modo de difusión de esos conocimientos, de modo que no sean tendenciosos y carentes de rigor, y supongan adoctrinamiento vulnerando de este modo las convicciones religiosas y filosóficas de los padres. Ese es el límite que no deber ser rebasado. En este caso el Tribunal constata que los contenidos del curso transmiten información de tipo objetivo y científico y por ello se alejan del adoctrinamiento “destinado a preconizar un comportamiento sexual determinado”. Añade que la impartición del curso no afecta al derecho de los padres a transmitir a su hija información sobre esta misma materia acorde a sus propias convicciones religiosas y filosóficas y que quedó probado que no se había impedido a los padres la elección de un centro docente privado de corte religioso donde su hija podría haber recibido una educación religiosa y moral acorde con sus convicciones. Debido a ello, el Tribunal concluyó afirmando que la obligación de respeto a las creencias de los padres, dada la elección por éstos de un centro docente público, no les confiere el derecho a un trato diferenciado, de acuerdo con sus convicciones, respecto de la enseñanza impartida[2].

         La sentencia además analiza otros aspectos de la regulación constitucional del derecho a la educación limitando el derecho de los padres de un lado a la libertad de creación de centros docentes, y de otra la libertad de elección de centro docente, dentro de lo que el Tribunal Europeo describe como “una amplia red de colegios privados que coexisten con el sistema de enseñanza pública regulado por el Estado”. Y es en base a estos razonamientos por lo que el tribunal niega la demanda en su totalidad.


[1] Sentencia Kjeldsen, Busk Madden y Pedersen contra Dinamarca de 7 de diciembre de 1976, TEDH q976, 5, serie A num 23.

[2] MARTÍN SÁNCHEZ, I., GONZÁLEZ SÁNCHEZ, M. (Coords.),

Algunas cuestiones controvertidas del ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa en España, Fundación Universitaria Española, Madrid, 2009, pp. 233-273.

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Acerca de madalen

Profesora de Derecho Civil de la EHU-UPV

Un pensamiento en “Alejandro Jimenez Alonso y Pilar Jimenez Merino ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (1999)

  1. esta alumna no falto todo el curso, al final del curso en ciencias naturales se dieron 10 horas de sexualidad, esas son las horas a las que no acudió, la nota media de naturales era notable y por esas diez horas y con todos los exámenes aprobados la suspendieron todo el año…

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