Joan Egea Fernandez (III)

Un estudio que leí hace un tiempo de Joan Egea Fernández, y que comenté en este blog aquí  y aquí analiza la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la oposición judicial a la declaración de desamparo hecha por la entidad pública.  El artículo fue publicado por la revista Derecho Privado y Constitución en su número 5, de enero-abril de 1995, y se basaba en el recientemente dirimido caso de Los Niños de Dios, entre otros, al recoger las primeras sentencias del Tribunal Constitucional sobre esta materia.

Algunas de las reflexiones de Egea están de plena actualidad, ahora que el  Estado se debate entre las vías penal y civil para resolver los casos de desamparo en el ámbito de la educación desescolarizada. En primer lugar, Egea nos dice que “La apreciación de que no se ha cometido un delito contra la persona de los menores no prejuzga que no pueda darse la situación de desamparo”.

En el ámbito penal se trataba de determinar si la actuación y modo de vida de los padres habían producido lesiones en la salud mental de los niños. Precisamente la sala segunda del TS declara que no ha quedado probado, en este caso de Los Niños de Dios, que los métodos educativos y formativos provocasen en los menores “lastimamientos psíquicos, aunque sí dificultades para insertarse con éxito en la sociedad post industrial y competitiva”.  En el Derecho penal, además,  no es suficiente que se cumpla con el tipo descrito, sino que debe concurrir ánimo lesivo. El Tribunal Supremo, que resolvió la vertiente penal del caso,  entendió que ninguno de los dos concurrían en el caso. Según Egea, “No parece que  la simple circunstancia de educar exclusivamente en el seno familiar, sin acceder a los centros escolares, pueda considerarse perjudicial, por sí misma, para formación integral de éstos; a pesar de que, obviamente, suponga una seria limitación de su capacidad de relacionarse e integrarse socialmente. Si este tipo de educación supone un riesgo de que se produzca o llegue a producirse efectivamente un menoscabo en la formación integral del menor susceptible de ser catalogado como situación de desamparo, la intervención protectora de la entidad pública vendrá justificada plenamente en el marco exclusivo del ordenamiento civil “.

A estos efectos son dos los artículos del Código civil que resultan de aplicación en cuanto a esa atribución preventiva de protección al menor. Por un lado el artículo 158 y por el otro el 172,1. La diferencia entre ellos radica en la autoridad que se hará cargo de la intervención.  El artículo 172 concede  una tutela ope legis a la entidad pública, en base al incumplimiento de los deberes de la patria potestad. Mientras que el 158, con una finalidad coincidente, habilita a cualquier pariente, al ministerio fiscal, e incluso al menor,  para instar al juez que disponga la medidas más adecuadas para evitar el perjuicio al menor.

Art. 158: El juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio fiscal, dictará:

1. Las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos y preveer las futuras necesidades del hijo, en caso de incumplimiento de este deber, por sus padres”.

Téngase en cuenta que el artículo 142 del Código civil incluye la educación e instrucción del menor entre los alimentos (Art. 142 Cc: “Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista…”)

Sin embargo el artículo 172 concede a la entidad pública la iniciativa para tomar estas medidas sin acudir a la autoridad judicial para obtener su autotización Tan sólo tendrá que notificar a los padres y al Ministerio Fiscal  sobre la decisión tomada en el plazo de 48 horas.

Esta nueva legislación, y me refiero a la fórmula prevista en el artículo 172,  incorporada al Código Civil en 1987, hace inclinarse la tendencia hacia una intervención directa de la administración en estos casos, sin tener que pasar por el control judicial, que era el sistema más extendido y previsto en el artículo 158 del mismo Código civil antes de la reforma.

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Acerca de madalen

Profesora de Derecho Civil de la EHU-UPV

4 pensamientos en “Joan Egea Fernandez (III)

  1. Hola Madelen. Aunque parece que define la vía civil como la más adecuada a utilizar por la administración ante los casos de desescolarización. No supondría esto además la necesidad de utilizar la vía penal para dirimir si hay dolo en la actuación de los padres ? Y en ese caso, podría darse que la vía penal absuelva , donde la administración de familia ha actuado de oficio.Podría resultar contradictorio, no te parece?

  2. Anarosa, muchas gracias por tu comentario. Reflejas muy bien los dilemas que encierra la posibilidad de poder elegir distintas vías ante un mismo supuesto, por parte de distintos poderes del Estado. Y cómo se ensamblan entre sí las actuaciones de distintas instituciones públicas para no caer en contradicciones.
    Parece que el autor, Egea, en su artículo, se decanta por dar por terminada la vía penal, tras la sentencia del Tribunal Supremo de 1994. El artículo es de 1995, y ya ha dado vueltas la vía penal desde entonces. Hay que tener en cuenta que es el artículo de un experto en Derecho, no una circular de Fiscalía, o un documento para orientación del poder judicial o de la propia Administración. Es simple doctrina, pero hay que hacer caso a este tipo de expertos porque suelen poner su reflexión mucho antes de que la realidad se deje caer por allí.
    Un saludo

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