La vía civil tras la sentencia del TC

La elección del procedimiento civil para la persecución de las conductas derivadas de la desescolarización de menores en edad escolar es un hecho desde que el Tribunal Condstitucional se pronunció por primera sobre el fondo del asunto en diciembre de 201o.

Hasta ese momento lo habitual era que, por alguna razón, las fiscalías eligieran la vía del artículo 226 del Código penal y acusaran por desamparo a las familias que desescolarizaban conscientemente, en su postura de oposición al sistema escolar presencial. Lo cierto es que esta vía no tenía muchas posibilidades de prosperar desde el momento en que el Tribunal Supremo ya se había pronunciado contra ella, basándose en lo que consideraba matar moscas a cañonazos en 1994, con ocasión del procesamiento e imputación de los responsables del colectivo denominado “La Familia”, o también “Los Niños de Dios”. Esto sucedía prácticamente el mismo año en el que se iniciaba el movimiento desecolarizador en el Estado Español, con los primeros pasos en su andadura y los primeros encuentros de Crecer sin escuela. Para entonces la vía penal ya estaba agotada, aunque ha subsistido hasta nuestros días. Con razón se dice que las cosas de palacio van despacio.

En este momento, al imponerse la vida civil, se están dando las primeras sentencias en Audiencias Provinciales. En concreto dos, una de ellas en la Audiencia Provincial de Girona, de junio de 2011, y otra, en la Audiencia provincial de Alicante de abril de este mismo año. Ambas repiten los argumentos de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 casi en su literalidad.

La preocupación se deja ver en el colectivo, que se ha puesto manos a la obra para intentar conseguir un reconocimiento a la distinción entre absentismo y desescolarización voluntaria y consciente, a la vez que se prevea la posibilidad legal de que los menores desescolarizados puedan acceder a la titulación de estudios básicos tras el periodo obligatorio sin que resulten perjudicados por un retraso, de dos años actualmente, frente a los menores escolarizados. Un agravio comparativo que necesita ser reparado.

 

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Acerca de madalen

Profesora de Derecho Civil de la EHU-UPV

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