¿Qui prodest?

¿A quién beneficia la situación actual?

Cuando hablamos del reconocimiento de la opción de educar en casa podemos plantearnos esa misma pregunta. El capítulo 27 de la Constitución española fue un compromiso, un consenso, -como gustaba referirse en aquel momento constituyente-, entre dos fuerzas opuestas. De una lado, una fuerza centrípeta, que impulsaba hacia el interior del Estado toda la función educativa, – fuerza que tiende al monopolio del Estado en la educación de los menores, convirtiendo el conjunto de la enseñanza en un monopolio estatal- es la postura que defendían en el momento constituyente los partidos Socialista y en general otras fuerzas en la izquierda del espectro parlamentario.

De otro lado, en sentido opuesto a ésta, la Iglesia Católica aliada a las fuerzas conservadoras de signo estatal y autonómico imponían al proceso un impulso centrífugo que tendía a desestatalizar la enseñanza para asegurar la pervivencia de una tupida red de centros de enseñanza de titularidad de las distintas entidades religiosas pertenecientes a la  Iglesia Católica.

El artículo 27 de la Constitución, engendrado en medio de estas tensiones representa el compromiso entre ambas fuerzas, de manera que en consecuencia y a lo largo de los años que siguieron a la aprobación de la Constitución hasta nuestros días, el Estado y la Iglesia Católica se reparten el pastel de la denominada enseñanza básica obligatoria. Una enseñanza obligatoria que proporciona a ambos agentes educativos una corriente ilimitada de menores entre los 6 y los 16 años que deben acudir a uno u otro sistema escolar “homologado”, como sanciona la sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de diciembre de 2010.

Y aquí llegamos a la pregunta “¿Qui prodest?”…  ¿a quién beneficia este status quo? Tanto el Estado como la Iglesia Católica se benefician de las rentas obtenidas por el mantenimiento en la normativa de desarrollo del artículo 27 de la Constitución de una interpretación interesada de lo que es la “educación obligatoria”, equiparada a “escolarización obligatoria”.

¿Quien se beneficiaría de un posible reconocimiento de la educación en contextos formativos ajenos al modelo oficial, ya sea en el hogar o en escuelas libres, no homologadas en la actualidad? Obviamente no lo agentes que vienen hasta ahora repartiéndose el pastel, y controlando los contenidos formativos a su antojo. Por ello ley orgánica tras ley orgánica,  los diferentes gobiernos, social demócratas o conservadores que han gestionado la “cosa pública”, han mantenido la sacrosanta eficacia del apartado 2 del artículo 4 de la actual LOE.

2. La enseñanza básica comprende diez años de escolaridad y se desarrolla, de forma regular, entre los seis y los dieciséis años de edad.

Que, a todo esto,  mantiene el proyecto de LOMCE sin modificación alguna.

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