El proyecto de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria

El Consejo de Ministros de 27 de septiembre de 2012 aprobó la denominada “Estrategia Española de Política Económica. Balances y reformas estructurales para el próximo semestre”. Coordinado por la Vicepresidenta del Gobierno, en colaboración con la Oficina Económica del Presidente del Gobierno y la participación de todos los Ministerios, en dicho documento se recoge el balance de las principales medidas adoptadas hasta el momento; así como las principales reformas estructurales previstas para el próximo semestre, que supondrán la aprobación de más de cuarenta iniciativas con rango de Ley hasta el mes de marzo.

Fuente: Aranzadi

Entre las medidas encaminadas a mejorar la seguridad jurídica se incluye expresamente la determinación del Gobierno de presentar al Parlamento una nueva Ley de jurisdicción voluntaria para contribuir a la agilización del funcionamiento de la Justicia; y se establece como plazo máximo el 4º trimestre de 2012.

Pues bien, ha transcurrido el cuarto trimestre de 2012, sin que se haya aprobado dicha ley, por lo que seguimos con una grave indefensión en lo que se refiere al modo en el que se están llevando procesalmente los supuestos en los que desde la Fiscalía de Menores se solicita  judicialmente la aplicación de las medidas del artículo 158 del Código Civil. Deficiencias que llevan a que se apliquen de distinto modo en los diferentes órganos jurisdiccionales, sin que existan unas directrices en cuanto a la protección de los derechos de los llamados a testificar en el procedimiento. Aparentemente, no hay contraposición de intereses, pero en la realidad sí que la hay, específicamente en aquellos supuestos en los que se aplica para perseguir los casos de educación en casa.

Como bien afirma Muñoz Rojas, es tan necesaria la jurisdicción voluntaria como la jurisdicción contenciosa: cada una de ellas tiene sus respectivo campo de aplicación y no son intercambiables.

En cuanto a su naturaleza jurídica SATTA nos dice que la jurisdicción aparece cuando la voluntad del sujeto no realiza el ordenamiento, surgiendo entonces la necesidad de someter la voluntad renuente mediante el proceso. Pero además, la crisis del ordenamiento puede producirse porque la voluntad del sujeto que debe existir no existe (el sujeto puede no existir, ser incapaz o indeterminado), con lo que el ordenamiento no se realiza y se hace preciso crear esa voluntad, atribuyendo a un sujeto poder sobre otro.

El acto de jurisdicción voluntaria tutelaría un interés privado insatisfecho por un defecto de voluntad.

SATTA, Salvadore, Soliloquios y coloquios de un jurista, Ensayos críticos. Jurisdicción Voluntaria, proceso voluntario, pp 195 y ss.

Aplicando la teoría de SATTA, podríamos llegar a la conclusión de que en los procesos de Jurisdicción Voluntaria, en los supuestos de educación en casa, más que una oposición entre la voluntad institucional (Juez y Ministerio Fiscal), opuesta a la voluntad de los padres del menor, que prefieren hacerse cargo de su educación que confiarla a un centro escolar, se da una sustitución de la voluntad institucional, que se pone en el lugar de  lo que se considera una ausencia de voluntad de los padres de satisfacer el derecho del menor a ser escolarizado, y actúa en sustitución de ella.

 

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Acerca de madalen

Profesora de Derecho Civil de la EHU-UPV

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