Charla en la Facultad de Derecho de la UB

Por alguna razón, no se me había ocurrido hasta ahora publicar mi charla en aquel evento, tarde, pero aquí está. La fecha en que tuvo lugar es el 26 de junio de 2013

Buenos días,

Mi agradecimiento a la Universidad por su invitaciones, a la Coordinadora catalana Educar en familia, porque ha realizado las gestiones necesarias para que yo haya podido llegar aquí, a Esther, por su tremenda profesionalidad en la preparación de este evento, y al público por el interés que demuestran con su asistencia. Todos sabemos que la universidad sin alumnos y alumnas no es nada, y que un acto sin público aún menos.

 Mi intervención se basa en lo que hasta ahora he podido estudiar e investigar desde un punto de vista académico. Hace ya más de seis años, me puse a estudiar sobre el tema del homeschool desde la más absoluta imparcialidad, casi diría que candidez. No tenía ninguna idea preconcebida, mis hijas estaban ya escolarizadas, y no tenía la menor intención de desescolarizarlas, y desde esa postura estaba abierta a cualquiera de las posibilidades y de las sendas a las que mi estudio me podría llevar. Cuál fue mi sorpresa cuando me encontré con lo que llegué a definir como un Guantánamo de inseguridad jurídica para las familias que, en base a derechos que la propia Constitución española, además de varios de los tratados internacionales suscritos por el Reino de España y el propio Código civil sancionan, proclaman y respaldan, optan por educar a sus hijos, proporcionándoles una formación integral, en casa y sin acudir al sistema escolar.

Ninguna sentencia, en ninguna do los procedimientos administrativos y judiciales que se han llevado adelante durante los últimos 25 años, desde la primera intervención, han conseguido demostrar que se esté produciendo en ninguno de los casos daños a los menores .  Ni siquiera en los procedimientos que han llevado a una condena y orden de escolarización, se ha podido basar dicha orden en el daño al menor, mucho menos en la multitud de casos que han sido archivados o sobreseidos.

Cuando ya era joven, y como vosotros y vosotras estudiaba Derecho, en mi caso en la Universidad de Deusto, no precisamente sospechosa por proporcionar una formación subversiva a sus alumnos precisamente. (os recuerdo que la Universidad de Deusto formó a gran parte de los ministros que han participado en los distintos gobiernos españoles desde la época del franquismo, o a figuras como Mario Conde, donde destacó porque vendía sus apuntes y por sus  interpretaciones de las leyes a sensu contrario). Como decía en esta Universidad tuve buenos profesores de Derecho Administrativo, que me hicieron abrir los ojos a lo que ellos denominaban los “poderes exorbitantes de la Administración”. Expresión que se me quedó grabada a fuego en la mente.

Desde entonces, he estado alerta para poder detectar estos espacios de discrecionalidad e impunidad de la acción desorbitante de la Administración. Y es más, considero una obligación de cualquier ciudadano denunciar estas acciones, que puede ser que sean lícitas desde la pura literalidad de la norma, (dictada por la propia Administración que la ejecuta cuando se trata de normas de jerarquía reglamentaria, cumpliendo así el principio de legalidad de un modo unilateral), pero en cualquier caso éticamente discutibles.

Por ello quiero que el sentido de mi intervención en este evento sea el de la denuncia de la actuación de la Administración basad en 7 elementos:

1.      La cuestión de deviene de la sentencia del Tribunal Constitucional de la que hablaremos con profusión hoy, sino que mucho más atrás, deviene de la actuación de la Administración sobre dos colectivos, ambos en Catalunya.

Me refiero en primer lugar a la Asociación Vida Sana de Bellaterra, que desoídas todas las gestiones que emprendieron para lograr encauzar su proyecto educativo, y normalizar su situación, se encontraron como respuesta el envío de los Mossos de escuadra junto con el secretario judicial que el 1989 les conminaron a escolarizar a los menores a su cargo.

Poco después, en 1992, la misma Generalitat, intervino sobre la Comunidad de Los niños de Dios, lo que dio lugar a una queja del relator de la ONU, ABDELFATTAH  AMOR en 1993 contra el reino de España, hace de esto ya 20 años.

2.      Más recientemente hace sólo 10 días, otra sentencia del Tribunal Europeo de DDHH sobre una mujer sin recursos económicos que por ello fue privada de su hija de 5 años, vuelve a poner en cuestión la actuación de los servicios Sociales, que lejos de llegar a una resolución del problema que se les plantea, declaran en desamparo al menor y asumen su custodia en un centro de acogida, sin oir las quejas de la madre, tras incluso haber comprobado que la menor no muestra signos de haber sufrido abuso alguno. El Reino de España se ha visto obligado a pagarle 30.000 euros, que salen de nuestros impuestos y que nos dan derecho a cuestionar este tipo de actuaciones.

3.       La razón de estos desmanes se basa en que la Administración se arroga unilateralmente y en exclusiva el derecho a definir el contenido del principio que debe regir todo tipo de actuaciones: EL INTERÉS DEL MENOR”, que no es necesariamente lo que el trabajador social de turno considere ser lo mejor para el menor, sin tener ni siquiera en cuenta el sentir de sus padres. El interés del menor es un concepto jurídico indeterminado, que debe definirse para cada caso en concreto, pero que en ningún caso el ordenamiento jurídico adjudica a la Administración de modo unilateral el derecho a su fijación, sino que será la sociedad en su conjunto, a través de sus distintos agentes quien podrá ir depurándolo, y por supuesto sus propios padres, que tiene asignada por la Constitución el derecho ya la obligación de velar por los menores a su cargo, art. 39.1 de la Constitución “Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda”. Además en el apartado 1. “Los poderes públicos aseguran, la protección social, económica y jurídica de la familia”.

4.    Un Guantánamo de inseguridad: La dispersión de procedimientos y protocolos de actuación lleva a una situación de inseguridad en las familias que desconocen si educar a sus hijos e hijas en casa es: Un delito, una falta, una infracción administrativa, un incumplimiento civil de los deberes derivados del ejercicio de la patria potestad o una falta leve o grave en su caso, no se sabe, derivada de las normas autonómicas de protección jurídica del menor.

Todo ello, teniendo en cuenta que ni la Constitución ni ninguna ley orgánica exige que se haya de producir una escolaridad a tiempo completo, en centro homologado y de tipo presencial.

Por tanto… ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Supongo que podríamos preguntar a Mario Conde y que nos haga un análisis de esta normativa a contrario sensu, que igual ahí está la clave.

5.  Si el menor está en peligro, en base al dato de su no escolarización en las condiciones que acabo de indicar ¿Cómo es posible que los servicios Sociales o la Fiscalía de menores, tengan a un menor en esa situación durante años’ Porque si eso es así, durante ese tiempo, ha podido ocurrir cualquier cosa a ese menor, mientras se está instruyendo en diligencias de todo tipo el procedimiento. Y si no está en situación de riesgo ¿Qué se hace teniendo a una familia bajo esta espada de Damocles durante tanto tiempo? Sospecho que la finalidad es disuasoria y que el paso del tiempo –como ocurre con algunas enfermedades- se administran placebos para que el propio tiempo ponga las coas en su sitio. En este caso se espera que sea la propia familia que no aguantando la presión, acabe escolarizando.

5. 

 6La elección de la jurisdicción Voluntaria viene a acentuar la situación de inseguridad. No tengo tiempo para extenderme sobre este tema, pero he traído un artículo referente a este tema que está a disposición de quien le interese.

      

7.       Para terminar, y en relación con el procedimiento de los procedimientos penales y el de Jurisdicción Voluntaria, un informe de Safe the Children de 2012 desvela una situación de “Violencia Institucional”, de los menores ante la Administración de Justicia que expone que el contacto de los menores con la justicia resulta “dramático, doloroso y ridiculizador”.

Hecha esta denuncia de una situación que considero INTOLERABLE, paso a analizar la posición de la Administración, que se ha pronunciado a través de la Administración de Justicia para finalizar con las 10 claves que creo que podrían servir como base para una NORMALIZACIÓN de esta situación

6.

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2 pensamientos en “Charla en la Facultad de Derecho de la UB

  1. Muchas gracias por compartirlo Madalen!
    desde nuestra asociación de acción socio-educativa “de MenOreS” queremos un grupo educadorxs y otros perfiles profesionales crear Escuelita Libres Permanentes en los barrios, por ahora como no somos muchxs, pero somos mu brillantes, aunamos nuestras fuerzas pa crear la 1ª,,,querrías por favor colaborarnos en tan ardua lutxa?
    muchas gracias de nuevo y 1 abrazo
    Laura

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