El Fiscal y la protección jurídica de los menores de edad: guía práctica

Así se titula el documento que acaba de publicar la Fundación Aequitas, redactado por un elenco de ficales adscritos y adscritas a las Fiscalías de Menores del Estado y de Alicante, Valencia, Córdoba, Teruel y Sevilla.

El texto completo,de 169 páginas, puede visualizarse en este enlace Fiscal y protección de menores.

El documento repasa distintos ámbitos de protección del menor y dedica un apartado a le educación en casa titulado “Mención específica de la denominación home school”. En ese apartado se explica la existencia tanto a nivel europeo como español de movimientos “que rechazan la asistencia de sus hijos a la escuela por razone pedagógicas, emocionales, ideológicas o religiosas y que propician las formación de los niños en el hogar al margen del sistema oficial”.

A continuación se exponen las exigencias del artículo 4  la LODE  (Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, «BOE» núm. 159, de 4 de julio de 1985, páginas 21015 a 21022 ) para los padres,  en el sentido de que están obligados a “garantizar la educación obligatoria y la asistencia regular a clase de los hijos” . Siendo curioso que el artículo 4 de la LODE en ningún momento impone esas obligaciones. Este es el contenido real del artículo 4 de la LODE:

Artículo cuarto.

1. Los padres o tutores, en los términos que las disposiciones legales establezcan, tienen derecho:

a) A que sus hijos y pupilos reciban una educación conforme a los fines establecidos en la Constitución y en la presente Ley.

b) A escoger centro docente distinto de los creados por los poderes públicos.

c) A que sus hijos o pupilos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Aun así, me hubiera parecido lógico que se que se hubieran inclinado por la LODE, -una ley que no está en vigor en el momento en que se ha redactado esta guía práctica-, por ser la ley orgánica de educación en la que se basa la sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de diciembre de 2013, pero ni siquiera esa razón encaja porque la que estaba vigente en el momento que se inició  el procedimiento que dio lugar a la citada sentencia era la LOCE (ap. b) Fundamento Jurídico 4 de la sentencia), Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre de Calidad de la Enseñanza. Dejando este misterio sin resolver, la guía pasa directamente a exponer el CIDEAD, que junto con las excepciones a la escolarización obligatoria por razones de salud (cubiertas por el SAED), es el centro que atiende la educación a distancia a “importantes colectivos dispersos geográficamente y con necesidades excepcionales diversas.

Y aquí llega uno de los aspectos de interés de la guía que reproduzco en su literalidad:

“Por lo demás, se echa de menos una regulación expresa que, reconociendo en su caso la libertad de la enseñanza extraoficial de este tupo, estableciera los debidos controles y los presupuestos de homologación a efectos de la futura integración del niño en el sistema educativo general”.

A continuación da cuenta del pronunciamiento del Tribunal Supremo de 1994, que descarta la vía penal para estos casos, pues la sanción penal sólo estaría justificada “cuando al enseñanza impartida difundiera ideas contrarias a los valores esenciales de la convivencia o favoreciera la prostitución o corrupción de menores. En otro caso, no cuestiona la legitimidad de la educación a domicilio siempre que se satisfaga con ella la necesaria formación de los menores y sin perjuicio de la sanción civil que pueda proceder”.

Constata que las Audiencias Provinciales vienen estimando que estos casos no son merecedores de sanción penal. Descartada la sanción penal, acude al derecho de los Estados a fijar los contenidos y formas mínimos de la educación obligatoria, y entre ellos, su carácter escolar, en base a la sentencia dictada por el Ttribunal Europeo de Derechos Humanos de 11 de septiembre de 2006, que resolvió la demanda de Fritz Konrad  vs. Alemania, en favor del derecho Estado alemán de imponer un sistema de escolarización obligatorio. Al hilo de esta sentencia recuerda que el Tribunal Constitucional español “ordenó a los padres de los demandantes la inmediata escolarización, pese a constar la inexistencia de riesgos y que la educación recibida en casa (los niños hablaban cinco idiomas, recibían clases de música, matemáticas, ciencias y ética) era de gran calidad”. La conclusión no pdría ser otra que la que se expresa a continuación.

Pero es evidente que todos miran al legislador: los Defensores del Pueblo, el Tribunal Constitucional y ahora las Fiscalías.

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