Los padres personados ante el juez…

Tras un tiempo estudiando las características y potencialidades de la jurisdicción Voluntaria, he comprobado que está siendo utilizada únicamente por el Misterio Fiscal, la Administración y los servicios sociales o educativos o alternativamente por familiares para proceder a solicitar del juez la orden de escolarización de los menores, cuando quienes ejercen la patria potestad no han procedido a la gestión de la plaza escolar correspondiente.

Visto así, los padres son notificados y se personan en el procedimiento, no como parte en él, sino como fuente de información sobre la situación real del menor, en el caso de que pudieran aportar algún tipo de documentación que, no obrando en poder de la Administración, pudiera demostrar que el menor está efectivamente escolarizado. Su postura es la de simple convidado de piedra cuando no se puede proporcionar datos pertienetes en el sentido indicado.

Sin embargo, nada impide que los padres, antes de que se produzca una intervención por parte de Inspección o de los Servicios Sociales, en un ámbito puramente preventivo, puedan personarse ante el juez, en un procedimiento de jurisdicción voluntaria y hagan valer su caso, con la petición de que sea el Juez quien les autorice educar en casa sin necesidad de proceder a su escolarización presencial.

De una parte, la Constitución exige la garantía de que los menores reciban una educación, que los padres deben estar en situación de probar que es, por lo menos, equivalente a la que se proporciona en el medio de escolar. De otra, deben estar en posición de demostrar que el medio escolar está resultando perjudicial para el menor, y por ello, en atención al  interés superior del menor, acuden al juez para que les autorice ante lo que es obviamente una excepción al caso general, cual es que el medio escolar, y su incorporación a las actividades sociales de su entorno, es beneficioso para el menor.

La petición debería ir bien documentada y fundamentada y, obviamente, guiada por un letrado que sepa argumentarla desde una base jurídica.

Hasta el momento, en supuestos de intervención Administrativa o del Ministerio Fiscal en vía penal, los padres se limitaban a demostrar que con su proceder no estaban causando un daño al menor, con lo que quedaba neutralizada la vía penal, simplemente con demostrar que la educación que se está produciendo era suficiente y que no se ponían en peligro sus opciones de incorporación posterior al sistema educativo reglado oficial o a estudios superiores.

Sin embargo en vía civil, como nos indica la sentencia de 2 de diciembre de 2010, el Tribunal Constitucional estima que aunque la educación en casa sea incluso superior a la que el sistema escolar está en posición de ofrecer, no por ello cesa la obligación de escolarizar dados  los beneficios que la socialización y la incorporación del menor al medio escolar le pueden reportar. Por todo  ello, la petición de los padres iría dirigida a fundamentar que la participación del menor en el medio escolar le está suponiendo un perjuicio muy superior a los hipotéticos beneficios proclamados por la ley de educación. De ahí que la batería probatoria tiene que ser de calado en este sentido, dado que aunque se pudiera demostrar fuera de toda duda esa adquisición de conocimientos el Tribunal Constitucional considera que los objetivos “no pueden ser satisfechos en la misma medida por la educación en el propio domicilio, incluso en el caso de que ésta permitiera a los niños la adquisición del mismo nivel de conocimientos que proporciona la educación primaria escolar” (Caso Konrad v. Alemania, 11 de septiembre de 2006).

Reconozco que la vía es difícil y que en cualquier caso exige asistencia letrada especializada, que analice la adecuación a un caso en concreto, pero no creo que exista “a priori” una imposibilidad jurídica que la hiciera inviable, teniendo en cuenta que el interés superior del menor es una prioridad que tiene que permear todas las instituciones y que sirve para destruir cualquier apriorismo sobre la bondad de la presencia del menor en el ámbito escolar con la finalidad de satisfacer su derecho a la educación, el único que se exige constitucionalmente.

He consultado este extremo a los servicios jurídicos educativos de una Comunidad Autónoma, y no les consta que una reclamación de este tipo se haya producido, y menos de que haya tenido un resultado favorable a las pretensiones de los padres. En todo caso les parece de difícil gestión y más improbable resultado favorable, con lo que me pregunto si alguien conoce de un caso de este tipo, y si, habiéndose dado, cuál haya podio ser la vía empleada.

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Acerca de madalen

Profesora de Derecho Civil de la EHU-UPV

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