Otras políticas: un artículo de interés suscrito por un docente

Otras políticas

EDUCACIÓN EN CASA

No es la opción que elegiría salvo que me viera obligado a ella; pero, precisamente por eso, me gustaría disponer de esa posibilidad.

En los estados modernos, el llamado “derecho a la educación” también es una obligación; es decir, no existe la opción de no ejercerlo. Y esto es así no tanto para forzar a los menores a educarse sino para conseguir que sus padres o tutores se ocupen de que puedan hacerlo. Con ello se pretende evitar que el menor quede desprotegido.

Incluso en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se especifica que la instrucción elemental será obligatoria, pero con un matiz: los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Sin embargo, entre las múltiples opciones o formas admitidas para garantizar que todo el mundo aprenda lo que se considera necesario o deseable, hay una, la llamada educación en casa, que no todos los gobiernos admiten, entre ellos el nuestro. En España, la legislación obliga a escolarizar a los menores de 16 años y una sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 declaró que está imposición no va en contra de la Constitución, negando a los padres la facultad de apartar a sus hijos del sistema educativo oficial, público o privado.

Dos parejas, obligadas por el juzgado de Coín y la Audiencia Provincial de Málaga a escolarizar a sus hijos, recurrió en amparo al Tribunal Constitucional, argumentando que aunque la ley actual de educación establece 10 años de escolaridad obligatoria, la Constitución señala que lo que es obligatorio es la educación, no la escolarización y que ambas cosas no deben confundirse.

En apoyo de su decisión de no llevar sus hijos a la escuela, argumentaban que la educación que recibían en casa era más adecuada que la que actualmente se imparte en los centros oficiales, como probaba el hecho de que sus hijos hablaran cinco idiomas, supieran música y recibieran clases de matemáticas, lengua, ciencias y educación ética. Es decir, no existía ninguna dejación de los deberes paternos sobre este punto sino todo lo contrario. Lo que se estaba juzgando en definitiva es la potestad de un Estado para prohibir o restringir la libertad de los padres para educar a sus hijos de la manera que crean más adecuada.

Esta argumentación, más compleja y matizada de cómo la he expuesto, no fue sin embargo suficiente para conseguir el amparo.

Obligar a los padres a llevar a sus hijos a la escuela oficial no es anticonstitucional, ya que la facultad de los padres de elegir para sus hijos una educación ajena al sistema de educación obligatoria por motivos de orden pedagógico no está comprendida en ninguna de las libertades constitucionales que el artículo 27 reconoce. (Es cierto, no lo está).

Según el citado artículo, el derecho que tienen los padres a determinar el tipo de educación que habrán de recibir sus hijos se limita al reconocimiento de la libertad de los padres para elegir centro, así como el derecho a que reciban una formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. (Es decir, la Constitución reconoce la libertad para elegir entre colegio público o privado así como el derecho a que sus hijos puedan optar entre religión o estudio, pero no se detiene en consideraciones pedagógicas).

Además, por expresa determinación constitucional, la libertad de enseñanza de los padres tiene su cauce específico en la libertad de creación de centros docentes. (Si no le gustan los colegios que hay, monté usted uno según sus preferencias. Eso sí, los poderes públicos se ocuparán de inspeccionarlo y homologarlo para garantizar el cumplimiento de las leyes).

Por otro lado, el derecho a la educación es un derecho de los niños, cuya garantía corresponde a los poderes públicos, y no se limita a la mera transmisión de conocimientos, sino que también aspira a posibilitar el libre desarrollo de la personalidad y las capacidades de los alumnos y comprende la formación de ciudadanos responsables. (De lo que se deduce que, cuando los padres enseñan a sus hijos no tienen en cuenta su personalidad y sus capacidades y, además, la escuela no está solo para instruir sino también para proporcionar ideología).

Para terminar, configurar la enseñanza básica como un periodo de escolarización obligatoria no impide a los padres influir en la educación de sus hijos, tanto dentro como fuera de la escuela. Dentro porque se tienen en cuenta sus convicciones religiosas y fuera porque continúan siendo libres para educarlos después del horario escolar y durante los fines de semana. (Faltaría más).

No tengo palabras, pero me queda la sensación de que, además de la constitucionalidad de la escolarización obligatoria, se estaba juzgando otra cosa de mucho más calado.

Hay múltiples argumentos a favor y en contra del homeschooling, pero pienso que el principal problema radica en las concesiones que tiene que hacer el Estado, con la consecuente dificultad o pérdida de control. Porque, si se tolera que los padres eduquen a sus hijos, ¿Por qué no tolerar que un grupo de padres contraten a uno o varios educadores para que ejerzan esta labor? Y si esto se admite, ¿por qué no permitir la creación de escuelas más pequeñas que las actuales, puede que con menos instalaciones y medios técnicos pero, también, con otros proyectos pedagógicos? Es más, si esto fuera válido para la educación, ¿por qué no habría de serlo también para la sanidad y tantos otros temas que nos afectan?

Todo ello abre un mundo que requeriría de una compleja regulación, pero esto no es excusa para que esta opción no se permita. Resulta sorprendente que un Estado, en lugar de intentar solucionar los problemas de aquellos que no se encuentran satisfechos con el sistema oficial, les ponga trabas y no les ofrezca ninguna alternativa.

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Acerca de madalen

Profesora de Derecho Civil de la EHU-UPV

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