Diccionario jurídico del HS (II): Baja escolar

La baja escolar es una de esas cuestiones que preocupan a aquellas familias que quieren abandonar el sistema escolar oficial y reglado para pasar a una educación en familia o en algún centro no homologado por el sistema escolar. Los documentos relacionados con el sistema escolar son profusos y llevan a confusión en cuanto a cómo hacer frente al proceso de “desconexión” del  sistema escolar por utilizar una terminología de moda en la acatualidad.

Ante la dificultad de hacer frente al reto, he optado esta vez por el sistema de FAQ, o pregungas frecuentes. estas son algunas de ellas:

1. ¿Qué documentos están relacionados con el sistema escolar afectan a nuestros hijos e hijas?

El expediente académico

El expediente académico es el principal documento identificativo de un alumno o alumna. Se inicia al comienzo de la educación Primaria, e incluye también los datos de la evaluación inicial que se realiza a los alumnos, con la información relativa a su escolarización en educación Infantil y aquellos datos médicos y psicopedagógicos que puedan ser relevantes para el proceso escolar. Una vez abierto, el expediente se va cumplimentando al finalizar cada uno de los ciclos de educación Primaria, recogiendo los resultados de las distintas evaluaciones, las propuestas de promoción o titulación, así como las medidas de atención a la diversidad o adaptaciones curriculares en el caso de que se hayan tomado.
Al iniciar la educación Secundaria se abre un nuevo expediente, que asimismo se cumplimenta al finalizar cada uno de los cursos de esta etapa. Estos expedientes son custodiados y archivados por el centro en el que el alumno desarrolla sus estudios y son inamovibles, es decir, que en caso de que un alumno se traslade a otro centro educativo, éste debe obligatoriamente abrir un nuevo expediente académico del estudiante.

Historial académico de Primaria y Secundaria

Son los documentos acreditativos oficiales de los estudios realizados por un alumno y que sí pueden entregarse a los padres o tutores del alumno o alumna al finalizar cada etapa.

En estos documentos constará la información relativa a los años de escolarización del alumno: resultados de las evaluaciones, decisiones relativas al progreso académico, traslados de centro en el caso de que los hubiera, así como aquellas áreas que se han cursado con adaptaciones curriculares. Tanto el historial de Primaria como el de Secundaria es custodiado por el centro educativo en el que el alumno esté cursando las enseñanzas, que debe entregarlo al alumnado una vez haya finalizado la correspondiente etapa educativa y en el caso de Primaria, enviar una copia al centro en el que el alumno vaya a continuar con la enseñanza Secundaria.

Esta documentación que se aplica en la Comunidad de Madrid resume en un único cuadro todos los documentos que se incorporan tanto a la educación infantil no obligatoria como a la primaria y la Secundaria obligatoria.

Muchas familias se preguntan si un período de escolarización anterior a la educación primaria “deja huella” en el sistema, y como abajo podemos comprobar, así es. Existen documentos oficiales que reflejan esa etapa, desde el segundo ciclo de educación infantil (de 3 a 6 años), con su correspondiente certificación de traslado.

Educación Infantil (Segundo Ciclo)
Educación Primaria
  • Expediente Académico (Anexo II Orden 1028/2008) PDF
  • Historial Académico de Educación Primaria
    • (Anexo IIIa Orden 3225/2008)  PDF
  • Actas de evaluación de Educación Primaria
  • Certificado para el traslado (Anexo IV Orden 3319-01/2007). PDF
  • Informe Personal por traslado (Anexo VI Orden 3225/2008) PDF
Educación Secundaria Obligatoria

2. Cuando un alumno o alumna se traslada de centro, ¿se le entrega el historial académico correspondiente?

No, en caso de traslado, el historial académico será remitido por el centro de origen al centro de destino, a petición de éste. Artículos 7 y 8 de la Orden de 7 de noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa la enseñanza básica y se establecen los requisitos para la obtención del Título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria (B.O.C. nº 235, de 23 de noviembre).

Cuando un alumno o alumna, por los motivos que correspondan, tenga que trasladarse a otro centro para continuar sus estudios, ya sea en una nueva etapa o curso educativo o continuando en el mismo, el centro en el que ha iniciado los estudios tiene que remitir el historial académico del alumno al nuevo centro, acreditando la concordancia entre los datos del mismo con los del expediente académico que permanecerá en el centro.Pero además del historial, en aquellos casos en que el alumno no haya concluido un ciclo educativo en Primaria o un curso en Secundaria, el centro de origen debe remitir al centro al que se traslada el alumno un informe personal por traslado como modo de garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje.

Este informe, que será elaborado por el tutor a partir de los datos facilitados por los diferentes profesores del alumno, incluirá la información relativa a los resultados parciales de evaluación, la aplicación de medidas educativas complementarias, así como todas aquellas observaciones que puedan ser relevantes respecto al proceso formativo del alumno.

Por otra parte, cuando el traslado del alumno se produce a un centro extranjero, ya sea en España o en otro país, que no imparta enseñanzas del sistema educativo español, el centro de origen no trasladará a éste el historial académico del alumno, sino que emitirá una certificación académica en la que conste el progreso educativo. En estos casos, el historial académico continuará en el último centro en el que el alumno estuvo matriculado, hasta su posible reincorporación a las enseñanzas del sistema educativo español.

3. ¿Cuáles pueden ser las razones por las que se puede causar baja en el centro en que se encuentra el alumno o alumna?

Siguiendo este documento publicado por la Comunidad Valenciana, un alumno o alumna podría justificar la baja escolar, entre otros,  por motivos alegados por la familia: Entre ellos, abandono, accidente, baja voluntaria a petición de los padres,cambio de domicilio, cambio de modalidad de estudio, defunción, enfermedad, expulsión, final de etapa, invalidez, matrícula duplicada, mayoría de edad (deseo voluntario) y trabajo.

El alumno quedará en estado de “baja”.

En marcha el proceso de redacción de la nueva Ley de Educación Vasca

Lomce ezYa se han iniciado los contactos en el mundo educativo vasco con vista a la redacción y aprobación, en su caso, de la nueva Ley de Educación Vasca, dentro del marco de innovación del sistema educativo  Heziberri 2020. La anterior Ley de la Escuela Pública Vasca, de 1993, va a pasar por el proceso de su adapción al nuevo marco normativo europeo en materia de educación, a la vez que va a intentar frenar el impacto de la LOMCE sobre el sistema educativo vasco.

Esta es parte de la entrevista a la consejera de educación Cristina Uriarte:

¿Cómo ha sido la ‘vuelta al cole’?

Tranquila. Desde el principio de legislatura nos amenaza el fantasma de la Lomce, pero siempre hemos dicho que vamos a intentar proteger nuestro sistema y mejorarlo, y en ello estamos. Dentro del Plan Heziberri 2020 hemos elaborado un nuevo marco pedagógico que nos da el modelo de la educación que queremos y también los currículum que aprobaremos a finales de año. Con ellos hemos conseguido evitar aspectos de la Lomce que creemos perjudiciales como la segregación temprana, que los chavales tengan que elegir a los 12 años si van a hacer FP o Bachillerato, retrasando esa decisión a los 16 años. También mantenemos todos los programas de diversificación curricular, con lo que ayudamos a todos los chavales a sacar el título de ESO, mantenemos las competencias de los consejos escolares… Creo que hemos adoptado una serie de medidas con las que conseguimos proteger a nuestros estudiantes y seguir avanzando.

CC.OO. ha denunciado que con la Lomce se ha elevado un 150% la matrícula de Religión en 1º de Bachillerato. ¿Y en Euskadi?

-Aquí todo sigue igual, de hecho creo que han bajado las matrículas en 46.

La paralización de la reválida de Bachillerato ha sido clave para rebajar la tensión en los centros, ¿no?

-Ha ayudado a rebajar la tensión en todas partes. En la primera reunión que tuve con el nuevo ministro en julio le dije muy claro que para poder hablar tenía que guardar en el cajón el proyecto de real decreto de las reválidas y es lo que hizo en la Conferencia Sectorial de agosto. Desde el principio veía claro que la reválida iba a condicionar el resto de la ley ya que si Madrid impone el mismo examen, en las mismas condiciones, es hacer tábula rasa e impedir que cada sistema se desarrolle, centralización.

¿Se nota la mano del nuevo ministro?

-Fue una Conferencia Sectorial distinta, empezando porque ahora la mayoría de las comunidades no están gobernadas por el PP. Este cambio de mayorías hizo que el Ministerio viera las cosas de otra manera. Hubo un debate, un diálogo y el ministro dijo que dejaba las reválidas en el cajón. Yo le pedí que no hubiera ningún otro desarrollo normativo de la Lomce, le pedimos la paralización del calendario de implantación de la Lomce, pero dijo que eso no podía ser porque el calendario está dentro de la propia ley y la ley está en vigor.

Entiendo que confían en la paralización definitiva de la Lomce tras las generales. ¿Serán ustedes capaces de alcanzar un pacto de Estado en torno a la educación?

-No sé lo que va a ocurrir en las próximas generales, el panorama es bastante excitante tras las elecciones catalanas. Por tanto, no sé qué puede deparar la cita electoral de diciembre, pero creo que sí hay una voluntad manifiesta de los partidos de alcanzar un pacto por la educación. Sería lo deseable porque no puede ser que en los últimos 30 años hayamos tenido ocho leyes educativas y que cada vez que llegue un Gobierno quiera marcar su impronta sin tener en cuenta el perjuicio que ello genera en la comunidad educativa.

¿Tiene sentido trabajar en el Curriculum Vasco o en la futura Ley Vasca de Educación, cuando hay siempre una ley de rango superior que nos vincula?

-Creo que sí, a pesar de que tenemos un marco normativo básico que nos marca, porque los resultados lo avalan. Hemos sido capaces de tener los resultados educativos que tenemos a pesar de las ocho leyes educativas. Y eso ha sido posible porque en Euskadi se trabaja desde el pacto, un pacto que nació hace 30 años y que posibilitó la aprobación de la Ley de la Escuela Pública Vasca.

Precisamente. Si hemos llegado hasta aquí “a pesar de” y en base al Pacto Educativo del 92, dígame: ¿Por qué una Ley Vasca de Educación?

-Porque la Ley de la Escuela Pública Vasca tiene más de 30 años y necesita renovarse para adaptarse a los avances que se han dado. Tiene que incorporar el nuevo marco pedagógico acordado con la comunidad educativa, el nuevo perfil de salida de nuestro alumnado, tiene que abordar la educación por competencias… El sistema educativo vasco ha avanzado lo suficiente como para plantearnos hacia dónde queremos ir. Y por otro lado, está la cuestión de la defensa de nuestras competencias. Todo sobre la base del acuerdo y el diálogo.

Enlaces que se dirigen a este blog

Una de las aplicaciones que tiene wordpress, es la de recoger los enlaces desde los que quienes consultan alguna entrada proceden. Este ha sido el caso de una página del MEC que enlaza con este blog en lo que se refiere al acoso escolar. http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/convivencia-escolar/recursos/enlaces-interes/acoso-escolar.html

 

Reversión de cambios en el CIDEAD

Desde que escribí este artículo en el que alertaba de los cambios sufridos por los requisitos para incorporarse al CIDEAD, he observado que han desaparecido, y se ha vuelto al sistema anterior a la modificación de 2012  y que para el curso 2014-2015 está en vigor una fórmula menos restrictiva.

Según la modificación de 2012, éste era el literal de los requisitos:

SI DESEA ESTUDIAR EN EL CIDEAD … debe saber: Alumnado: residentes en el extranjero de nacionalidad española o que hayan cursado estudios reglados españoles. Residentes en España en circunstancias excepcionales que les impidan acudir regularmente a un centro presencial, con la autorización de la Administración educativa y el visto bueno del Director del CIDEAD. No es posible atender a los alumnos con necesidades educativas especiales y no se podrán realizar adaptaciones que alteren el sistema de estudios del curso en vigor (currículo, sistema de evaluación, etc.).

Se partía de este enunciado, anterior a la modificación:

Dirigido a…Alumnos en edad escolar, de 6 a 12 años:

  • residentes en el extranjero, de nacionalidad española;
  • residentes en el extranjero que hayan iniciado, con anterioridad, estudios reglados españoles,
  • residentes en España que, por causas excepcionales, (pertenecer a familias de vida itinerante, o dedicarse a actividades especiales: danza, música, deporte…), no puedan asistir a un centro ordinario. En estos casos, el alumno deberá contar con la autorización de la Administración Educativa correspondiente.

Y como puede observarse, por un lado se evitaba la casuística sobre las diferentes razones que darían lugar el acceso al servicio, con un etc…, que permitía añadir supuestos, y por otro lado se excluía a los alumnos con necesidades especiales, además de añadir la autorización del director del CIDEAD a la de la Administracuión educativa que suele ser la Inspección de educación de la zona..

En la actualidad se ha vuelto a la casuística, incluyendo el tan socorrido “etc”, y no se menciona la negativa a las necesidades especiales, volviendo al enunciado anterior, aunque mantiene el visto bueno del director del CIDEAD.

Residir en España y tener alguna causa excepcional que justifique los estudios a distancia (pertenencia a familias de vida itinerante, dedicación a actividades especiales como música, danza, deporte, etc.). Estos casos deberán ser autorizados de manera expresa por la Administración educativa correspondiente (tendrán que aportar autorización y documentación justificativa de su solicitud) y deberán contar con el visto bueno del Director del CIDEAD.

Si no fuera porque he encontrado en la red este documento del CIDEAD para el curso 2013-2014, pensaría que había sido un sueño y que en realidad esta modificación nunca tuvo luygar. Han desaparecido todas las referencias legales al cambio que comenté en su momento. Sin duda, me alegro de que hayan revertido unos cambios que eran tan negativos para los niños y niñas con necesidades especiales que quedaban automáticamente excluídos de su servicio.

Asociación Antipatriarcal (II)

Hace un tiempo publiqué una entrada sobre la Asociación Antipatriarcal, en la que hacía referencia a un post publicado por Xavier Alà en su blog Educación en Familia en 2012, que venía a recoger unas postales publicadas por aquéllos y que encontró entre sus documentos.

antipatriarcal

Siguiendo la huella de la extinta ASOCIACIÓN ANTIPATRIARCAL. Del lado de los niños y las niñas,  he llegado a Ekintza Zuzena, revista  que ha publicado artículos relacionados con ella, como lo es de una de sus fundadoras, Casilda Rodrigáñez, o en este caso un artículo de Jesús García en el que cuenta su paso por la Administración de Justicia por causa e desescolarización y consciente homeschool.

Esta es una parte del texto denominado NINOS LIBRES PARA UNA SOCIEDAD LIBRE (Ekintza Zuzena, nº 41)

Objeción de consciencia

Voy a finalizar comentando brevemente algunos pormenores de mi experiencia de desobediencia escolar a partir de una toma de consciencia -con s- que nos llevó a desescolarizar a nuestro hijo, en la confianza de que aportarán ideas y reflexiones a otras familias que quieran recorrer ese largo y tortuoso camino.

Nuestro hijo asistió a un preescolar medianamente satisfactorio gracias a que la maestra era una de esas excepciones que he mencionado y a la que nos unía cierta amistad. Cuando tomamos la decisión de desescolarizarlo al año siguiente ya habíamos cometido el error fundamental: permitir que entrara en el engranaje escolar.

Así que la maquinaria se puso en marcha: en enero de 2011 recibimos una llamada de los Servicios Sociales y pocos días después nos entrevistamos con la educadora que también vino a casa a hablar con la familia. El informe fue muy positivo: hasta ellos fueron capaces de ver que no se trataba de un caso de «abandono» sino todo lo contrario. Pero el engranaje continúa triturando a los que pretenden escapar: informe de los Servicios Sociales, informe de la tutora, informe del centro… y tres meses después: decreto de la Fiscalía de Menores incoando «Diligencias Preprocesales».

Tuvimos que comparecer, claro. Y exponer nuestras ideas y las decisiones que habíamos tomado. Y la maquinaria siguió: visita de la Policía Autónoma, informe correspondiente, Decreto de Fiscalía y denuncia ante el Juzgado «como autores de un delito de abandono de familia, menores e incapaces, del artículo 226 del Código Penal».

En diciembre, declaramos ante la juez: le explicamos nuestros motivos y reflexiones, y le aportamos copia del plan de trabajo que estábamos llevando a cabo con nuestro hijo, muestras de su trabajo y las fotocopias de nuestros títulos de magisterio.

Después, la juez habló con él; el Fiscal se empeñaba en preguntarle qué asignaturas daba… un mes después solicitó la escolarización como medida cautelar; presentamos un recurso de reforma, y más y más escritos llenos de razonamientos, citas institucionales, informes del Defensor del Pueblo y jurisprudencia.

Llegamos al final, que voy a resolver sucintamente por el dolor que aún me produce: ganamos la vía penal; la Juez archivó la denuncia por abandono; el Fiscal recurrió y la Audiencia Provincial confirmo el archivo de la denuncia, pero… aconsejó a la Fiscalía proceder por la vía civil, cosa que hizo pocas semanas después. Resultado: una orden de escolarización inmediata. Nos cabe el triste honor de ser el único caso en todo el estado que pone en evidencia con todo dramatismo la clase de sociedad destructiva en la que vivimos.

Jesús García Blanca
26 de noviembre, 2013.

Más información:

Boletines de la Asociación Antipatriarcal  entre 1988 y 1992, (IISG ZK 44309 (1988):no.1-2; (1989):no.1-3; (1990):no.5 -(1991): no.9 . – junto con el panfleto “El proceso de fabricación de la criatura humana”.

Isabel Escudero, Digo yo. Ensayos y Cavilaciones, Huerga y Fierro Editores, 1996.

Casilda Rodrigáñez. Límites

Manifiesto a favor de los niños y las niñas

Información en prensa

En el  Diario información de Alicante.  Parece evidente que no se trefiere a las familias que educan en casa, pues se refiere expresamente a “librarnos del analfabetismo”. Sin embargo, los porcentajes son interesantes.

Diana Guijarro. Técnico de educación en el Ayuntamiento de Alicante

«Se trata de aumentar el derecho a la educación sin mandar a los padres a la cárcel»

victoria bueno 13.05.2014 | 00:13

Diana Guijarro.

Diana Guijarro.ANTONIO AMORÓS

Este curso han tenido lugar en Alicante hasta quince sentencias condenatorias contra padres por abandonar la escolarización de los hijos. La técnico municipal Diana Guijarro confía en abrir el camino para recuperar la formación de estos niños.
¿Qué buscan con medidas distintas para que los padres no vayan a prisión?
Las medidas educativas son las que dan sentido a nuestro trabajo. Se trata de aumentar el derecho a la educación, que llegue a todos los chavales, no tanto de mandar a la cárcel a los padres, sino de obligarles a educar a sus hijos. Librarnos del analfabetismo implicará tener ciudadanos formados y con autonomía.
¿Qué porcentaje de los casos de absentismo son tan graves como para encarcelar a los padres?
Aproximadamente el 2% llegan a la fiscalía, 47 de 665 expedientes abiertos, y quince de ellos tienen sentencias condenatorias. Este caso es el primero en el que se han implicado jueces y educadores para recuperar a una niña. Espero que detrás vengan muchas más sentencias de este tipo.
¿Confía en el resultado?
Ya lo dice la Comunidad Europea, que para resolver la crisis hay que hacer hincapié en aumentar la educación de la población, lo que conllevará una mayor empleabilidad y disminución del gasto social. Cambiar las medidas penales por las educativas aumentará la filosofía de llevar a los niños al colegio.
¿En todos los casos?
En Primaria está prácticamente escolarizada toda la población y este curso ha aumentado en un 20% la población que antes no asistía a las aulas.

 

 

Un estudio de casos

 La revista de los Inspectores de Educación (Revista Supervisión, 21, nº 24. ISSN 1886-5895) publicó esta reseña en marzo de 2012:

ADMISIÓN DE ALUMNOS. ESTUDIO DE CASOS.
A. Villanueva Sánchez.


1.1.- ESCOLARIZACIÓN (vs/desescolarización)
1.- Hace unos días (enero), el Ayuntamiento de Sagunt ha comunicado al Inspector de Educación que hay dos menores de 12 y 13 años sin escolarizar. Los padres han elegido para ellos la modalidad de educación en casa, a través de la asociación Epysteme, vinculada a Orange School de California, en USA. ¿La decisión de los padres se ajusta a la legalidad?


No. En España no se contempla la posibilidad de la educación en casa.
El artículo 27.4 de la Constitución no deja lugar a dudas: “La enseñanza básica es obligatoria y gratuita”
El artº 4.1 de la LOE señala que: “la enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todas las personas” (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación).
El artº 2.2 del Decreto 33/2007, de 30 de marzo, del Consell, señala que: “este derecho (a un puesto escolar gratuito), se corresponde con la obligatoriedad de escolarización en un centro docente durante dicha etapa” (la EBO).
La Sentencia del TC 133/2010, de 2 de diciembre, sobre un caso similar en Málaga, falló en contra de los padres de dos niños en edad escolar que justificaban su no escolarización en que ellos se ocupaban personalmente de la educación de los menores. En dicha sentencia leemos: “1) El artículo 27 de la CE dispone en su apartado 1 que existe un derecho universal a la educación; en su apartado 4 señala que esa educación es obligatoria y gratuita en su nivel básico y en su apartado 5 se atribuye a los poderes públicos la competencia de garantizar ese derecho mediante dos acciones: una, ordenar la programación de la enseñanza básica, que será gratuita y obligatoria, y dos, crear los necesarios centros docentes, tarea en la que podrán concurrir igualmente los particulares si así lo desean. 2)

Las normas de desarrollo del artículo 27 concretan estos presupuestos y, en particular el artículo 4 de la LODE extendió la enseñanza obligatoria hasta los 16 años para todos los españoles, obligación de la que los padres no pueden sustraerse, hasta el punto de que si están descontentos con la enseñanza pública podrán crear un centro docente acorde con sus convicciones morales y religiosas, pero no podrán incumplir preceptos constitucionales y legales; y 3) España es parte de diversos tratados internacionales (Declaración Universal de los Derechos de Niño y otros) en los que la enseñanza básica se define como obligatoria y el artículo 10.2 CE obliga a interpretar nuestra Constitución conforme a tales textos… ”…la exclusión del sistema oficial puede generar a los menores serios problemas en su desarrollo futuro, tanto en el ámbito académico –sirvan de ejemplo las dificultades para el acceso a la Universidad-, como social y de integración con otros niños de su edad”… “…el derecho a ser escolarizado es un derecho del menor, no de los padres, que convive con la consiguiente obligación de los poderes públicos de procurar dicha escolarización, incluso imperativamente si fuera necesario”.
La “escolarización en casa” (homeschooling), es una corriente ideológica que plantea problemas importantes. En otros países se contempla. Por ejemplo, en EEUU se calcula que hay un 15% de alumnos con esta modalidad. Otras fuentes hablan de 2.000.000 de niños desescolarizados. Existen otros modelos de escolarización (o desescolarización) que intentan arraigar en España, por ejemplo, las Escuelas Libres.
………………..
Desde una perspectiva crítica, podríamos encontrar argumentos contrarios a la obligación “universal” de la escolarización obligatoria:
– La lectura de la propia sentencia, en su último párrafo: “…Constitución que, efectivamente, no consagra directamente el deber de la escolarización, ni mucho menos otros aspectos más concretos de su régimen jurídico, como, por ejemplo, la duración del periodo sobre el que ha de proyectarse o las circunstancias excepcionales en las que dicho deber pueda ser dispensado o verse satisfecho mediante un régimen especial… a la vista del art. 27 CE no cabe excluir otras opciones legislativas que incorporen una cierta flexibilidad al sistema educativo y, en particular, a la enseñanza básica…”.
– La LEC (Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Catalunya, BOGC de 24 de julio), artº 55.1, 55.2, 55.7 y DA 17ª.
– La existencia de Escuelas Libres, como Els Donyets, de Olocau, o L’Hort del Pi, ahora en Godella.

Ref: Revista Supervisión 21 nº 24. ISSN 1886-5895
Admisión. Estudios de casos
VILLANUEVA SÁNCHEZ, A.
Marzo 2012 Página 2 de 33

El Fiscal y la protección jurídica de los menores de edad: guía práctica

Así se titula el documento que acaba de publicar la Fundación Aequitas, redactado por un elenco de ficales adscritos y adscritas a las Fiscalías de Menores del Estado y de Alicante, Valencia, Córdoba, Teruel y Sevilla.

El texto completo,de 169 páginas, puede visualizarse en este enlace Fiscal y protección de menores.

El documento repasa distintos ámbitos de protección del menor y dedica un apartado a le educación en casa titulado “Mención específica de la denominación home school”. En ese apartado se explica la existencia tanto a nivel europeo como español de movimientos “que rechazan la asistencia de sus hijos a la escuela por razone pedagógicas, emocionales, ideológicas o religiosas y que propician las formación de los niños en el hogar al margen del sistema oficial”.

A continuación se exponen las exigencias del artículo 4  la LODE  (Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, «BOE» núm. 159, de 4 de julio de 1985, páginas 21015 a 21022 ) para los padres,  en el sentido de que están obligados a “garantizar la educación obligatoria y la asistencia regular a clase de los hijos” . Siendo curioso que el artículo 4 de la LODE en ningún momento impone esas obligaciones. Este es el contenido real del artículo 4 de la LODE:

Artículo cuarto.

1. Los padres o tutores, en los términos que las disposiciones legales establezcan, tienen derecho:

a) A que sus hijos y pupilos reciban una educación conforme a los fines establecidos en la Constitución y en la presente Ley.

b) A escoger centro docente distinto de los creados por los poderes públicos.

c) A que sus hijos o pupilos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Aun así, me hubiera parecido lógico que se que se hubieran inclinado por la LODE, -una ley que no está en vigor en el momento en que se ha redactado esta guía práctica-, por ser la ley orgánica de educación en la que se basa la sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de diciembre de 2013, pero ni siquiera esa razón encaja porque la que estaba vigente en el momento que se inició  el procedimiento que dio lugar a la citada sentencia era la LOCE (ap. b) Fundamento Jurídico 4 de la sentencia), Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre de Calidad de la Enseñanza. Dejando este misterio sin resolver, la guía pasa directamente a exponer el CIDEAD, que junto con las excepciones a la escolarización obligatoria por razones de salud (cubiertas por el SAED), es el centro que atiende la educación a distancia a “importantes colectivos dispersos geográficamente y con necesidades excepcionales diversas.

Y aquí llega uno de los aspectos de interés de la guía que reproduzco en su literalidad:

“Por lo demás, se echa de menos una regulación expresa que, reconociendo en su caso la libertad de la enseñanza extraoficial de este tupo, estableciera los debidos controles y los presupuestos de homologación a efectos de la futura integración del niño en el sistema educativo general”.

A continuación da cuenta del pronunciamiento del Tribunal Supremo de 1994, que descarta la vía penal para estos casos, pues la sanción penal sólo estaría justificada “cuando al enseñanza impartida difundiera ideas contrarias a los valores esenciales de la convivencia o favoreciera la prostitución o corrupción de menores. En otro caso, no cuestiona la legitimidad de la educación a domicilio siempre que se satisfaga con ella la necesaria formación de los menores y sin perjuicio de la sanción civil que pueda proceder”.

Constata que las Audiencias Provinciales vienen estimando que estos casos no son merecedores de sanción penal. Descartada la sanción penal, acude al derecho de los Estados a fijar los contenidos y formas mínimos de la educación obligatoria, y entre ellos, su carácter escolar, en base a la sentencia dictada por el Ttribunal Europeo de Derechos Humanos de 11 de septiembre de 2006, que resolvió la demanda de Fritz Konrad  vs. Alemania, en favor del derecho Estado alemán de imponer un sistema de escolarización obligatorio. Al hilo de esta sentencia recuerda que el Tribunal Constitucional español “ordenó a los padres de los demandantes la inmediata escolarización, pese a constar la inexistencia de riesgos y que la educación recibida en casa (los niños hablaban cinco idiomas, recibían clases de música, matemáticas, ciencias y ética) era de gran calidad”. La conclusión no pdría ser otra que la que se expresa a continuación.

Pero es evidente que todos miran al legislador: los Defensores del Pueblo, el Tribunal Constitucional y ahora las Fiscalías.

Para la Fiscalía

La educación en casa es un fenómeno creciente en todo el mundo occidental. Miles de familias, en todo el mundo, por diversas razones, están promoviendo un movimiento singular, sin precedentes, que está aportando un gran conocimiento sobre lo que son las pautas de la adquisición de conocimientos y el crecimiento personal y madurativo desde el punto de vista del individuo.

El Estado español está viviendo de espaldas a esta realidad, en una situación de incomprensión basada en una interpretación estricta y restrictiva del artículo 27 de la Constitución, que ha llevado a una traición al espíritu constitucional y a la libertad de enseñanza a través de las sucesivas leyes orgánicas de educación, a partir de la LOGSE.

El Tribunal Constitucional ha venido a sancionar la conformidad de esta normativa al dictado literal del mencionado artículo 27, en especial el aspecto que recoge el derecho a la educación, aunque advierte , que en ningún caso, propuestas desescolarizadoras, como la que representa la educación en casa quedarían fuera de la cobertura del texto constitucional, ya que aquel, en ningún momento exige la escolarización, sino la educación de los menores , sin indicar siquiera en qué edad o en qué circunstancias deba producirse esa educación.

Las familias que educan en casa reflejan unos perfiles muy variados, que en caso alguno se identifican con situaciones de marginalidad o de negación de recursos a los menores a su cargo, lo que les diferencia en todo punto del perfil, al que están acostumbrados en las Fiscalías de menores, con respecto a la figura de los absentistas escolares.

Es por ello, que tal y como se han percatado ya tanto en la Administración vasca como en la catalana, a través de respectivamente el Decreto Balora y el anterior Plan de Absentismo de Barcelona de 2009, la distinción nítida entre ambos supuestos debe llevar a las Fiscalías a percatarse de esa distinción, y, comprobada la ausencia de riesgo del menor, como es preceptivo, procedan al archivo de los expedientes que llegan a su conocimiento.

Para evitar uno de los problemas que se están produciendo en estos momentos, cual es de la dispersión de protocolos  de actuación que llevan a una actuación dispar de las Fiscalías en las distintas Comunidades Autónomas, sería imprescindible una instrucción de Fiscalía General en la que se marcaran las pautas a seguir con las familias que educan en casa.

Actualmente el procedimiento de Jurisdicción Voluntaria, denostado y obsoleto en lo que es el contexto del Enjuiciamiento Civil (no nos olvidemos de que aún está pendiente la aprobación de la malograda Ley de Jurisdicción Voluntaria), lleva a la aplicación de las medidas previstas en el artículo 158 del Código civil, sin saberse muy bien en cuál de los apartados nos encontramos en este casos. Indefinición que lleva a la indefensión en situaciones tan delicadas como son todas aquellas que afectan a los menores. El artículo 158  en su apartado cuarto, plantea una exigencia que se extiende a todo el espíritu del citado artículo, como la razón que inspira la adopción de las citadas medidas cautelares, con una cláusula abierta que lleva  a la indefensión. No existe, sin embargo, ningún estudio que nos lleve a concluir que la presencia de un riesgo real para el menor, se dé en las familias que educan en casa, y si así se diera, no habría problema en una actuación de fiscalía, comprobado el riesgo real, como pudiera darse el caso para evitar la situación de riesgo de un menor escolarizado.  Resulta profundamente injusto presumir la situación de riesgo del menor, por la simple razón de estar desescolarizado. La comprobación de esta situación es la que se obvia al dictar las medidas cautelares en los citados procedimientos de Jurisdicción Voluntaria.

Sería por todo ello de agradecer, una instrucción de Fiscalía General que lleve a dar por finalizada esta situación de inseguridad y de indefensión a unas familias que no merecen pasar por esta situación en ninguno de los casos.

Abuso institucional sobre los menores en el Estado Español

Este informe puede servir para proteger a los menores de ser interrogados en solitario en procedimientos de Jurisdicción Voluntaria por desescolarización.
En el informe denominado “Infancia y justicia: una cuestión de derechos“, a partir de la página 55, se analiza la situación de los menores ante la justicia española.
Portada del informe de Save The Children
Save the Children asegura que la justicia española no garantiza los derechos de los niños.

La Administración de Justicia en España no está adaptada a las necesidades de los niños y no garantiza adecuadamente sus derechos.

Esta es la contundente conclusión del informe ‘Infancia y justicia: una cuestión de derechos’, presentado este lunes por la organización Save the Children y donde, a la luz de las normas internacionales de derechos humanos y de los estándares internacionales en materia de justicia e infancia, denuncia que la justicia española suspende el examen sobre el respeto y garantía de los derechos de los niños.

Según explicó en rueda de prensa Yolanda Román, responsable de Incidencia Política de Save the Children, “la justicia española no trata bien a los niños”, una cuestión de la que se hace eco el estudio realizado por la organización, que pone de relieve la falta de medios legales, humanos y materiales para garantizar los derechos de los menores.

Román añadió que la justicia española no está adaptada a los niños, no garantiza su derecho a ser escuchados y, si se les escucha, no se hace adecuadamente.

El informe desvela que el contacto de los menores con la justicia resulta traumático, doloroso y ridiculizador, produciéndose “violencia institucional” contra ellos, debido en gran parte al desconocimiento de sus derechos por parte de los operadores jurídicos.

Esta situación también obedece, según el estudio, a la falta de recursos especializados y adecuados para dar respuesta a situaciones judiciales en las que intervienen niños, ya sea en condición de víctimas o testigos de un delito, como infractores de la ley, en casos de crisis matrimoniales o de desamparo o con respecto a las leyes de extranjería, entre otras circunstancias.

Tal y como insistió la responsable de Incidencia Política de la organización, en ocasiones se somete a los menores a interrogatorios, declaraciones o exploraciones repetidas e inadecuadas que les exponen a una dolorosa revictimización.

“Los niños no siempre son tratados de acuerdo a su edad o estado madurativo, lo que puede generar en ellos confusión, temor o incluso culpabilidad. El derecho de los niños a ser debidamente escuchados durante los procedimientos, tanto judiciales como administrativos, y en los procesos en los que participan no se garantiza suficientemente y en muchos casos no se respeta”, alerta el informe.

Save the Children considera urgente adecuar físicamente los espacios en los juzgados donde deben realizarse las entrevistas y donde deben esperar los niños, así como disponer del material técnico y audiovisual que permita llevar a cabo la participación del menor en los procesos sin tener que ver a su agresor ni prestar declaración en una sala llena de adultos desconocidos.

También ve igualmente necesario reforzar el número de fiscales especializados, jueces y personal técnico y garantizar su formación específica en derechos de infancia. “En el contexto económico y político actual en España no resulta atractivo pedir una mayor inversión en justicia, pero es urgente hacerlo”, señaló Román.

Referencia: RODRIGUEZ, Virginia, ROMÁN Yolanda, ESCORIAL, Almudena, Infancia y Justicia: una cuestión de derechos. Los niños y las niñas ante la Administración de Justicia en España”, Save de Children España, con la colaboración del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, noviembre 2012.

El procedimiento de oposición a resoluciones administrativas en protección de menores

Así se titula el articulo publicado por Rosa María Fernández Vadillo y en él se recoge este procedimiento tal y como se prevé en la Ley de Enjuiciamiento Civil. También Esther González Pillado, de la universidad de Vigo, trata sobre esta misma materia en un artículo al que puede accederse a través de InDret.

Estos artículos describen el cauce procesal adecuado para oponerse a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores. En principio estos procedimientos judiciales que incluyen el de declaración de desamparo, se regulan por el Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre jurisdicción Voluntaria, ya que según el apartado I de la Disposición derogatoria de la LEC de 2000 deja el vigor 120 años después, la antigua de LEC  hasta que se apruebe la Ley de jurisdicción Voluntaria pendiente aún. Paso a recoger los aspectos más relevantes en la descipción del citado procedimiento:

La base del procedimiento de oposición a la declaración de desamparo, es precisamente  dilucidar si a los menores se les puede aplicar las medidas de intervención que establece el artículo 172,1 del Código Civil.

1. El procedimiento se inicia con la presentación de un simple escrito que expresará la oposición a la resolución que se refiere.

El tribunal reclamará el expediente que la Administración deberá aportar en 20 días.

Se entrega copia al actor para que en el plazo de 20 días presente la demanda.

2. La demanda se redactará en la forma prevista para el juicio verbal (art. 437 LEC 1/2000), en la que se indicará de manera sucinta los datos y circunstancias de identificación de quien la presenta y del demandado (la Administración que haya declarado el abandono).

3. Una vez contestada la demanda, el Juez, mediante providencia convocará a las partes a la celebración de la vista según lo previsto para el juicio verbal.

En ella las partes harán valer sus pretensiones y tendrá lugar la práctica de la prueba.

4. La resolución que pone fin a este procedimiento de oposición es la sentencia que deberá ser dictada en el plazo de diez días contados desde el día siguiente a la celebración de la vista, caso de haberse practicado en ella todas las pruebas, o bien desde el de la presentación por las partes de los escritos de conclusiones.

Dicha sentencia es susceptible de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que se interpondrá dentro de los cinco días siguientes a la notificación de dicha resolución.

En cualquier caso, la resolución que se dicte no tiene efecto de cosa juzgada material, pudiendo las partes plantear de nuevo en vía administrativa o judicial la reintegración de la patria potestad suspendida y de la guarda del menor, en el caso de cambio de las circunstancias que motivaron la declaración de desamparo.

FICHA TECNICA:

1. Legitimación activa: Los padres, guardadores o tutores que pretendan ejercitar la acción de nulidad de la resolución administrativa que declara el desamparo del menor.

3. Legitimación pasiva: la entidad pública

4. Competencia judicial: el Juez de primera instancia

5. Es obligatoria la intervención del Ministerio fiscal (art. 749 LEC)

6. Los padres deben actuar asistidos de letrado y representados por procurador (art. 750 LEC)

7. Se sustanciará por los trámites del juicio verbal

8. No será precisa reclamación previa en vía administrativa para formular oposición ante los tribunales civiles de las resoluciones administrativas en materia de protección de menores (art. 780,1 LEC)

Una resolución del Ararteko

Una familia que educa en casa en la Comunidad Autónoma Vasca se ha dirigido recientemente al Ararteko con la presentación de una  queja ante una situación que consideran inaceptable.

El Ararteko, en su respuesta a la queja que se le presenta, se hace eco de la sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2010, pero no de la normativa propiamente aplicable al caso en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), en concreto me refiero al  DECRETO 230/2011, de 8 de noviembre  que aprueba el instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo en los servicios sociales municipales y territoriales de atención y protección a la infancia y adolescencia en la CAV y que se denomina BALORA.

He comprobado la fecha de la resolución  y efectivamente, es de este año, de 10 de enero de 2012. El decreto al que me refiero,  está en vigor desde el pasado noviembre, y constituye un conocimiento vital para esta familia, si es que de eso se trata como Ararteko, de defender los intereses de quienes pueden sufrir potencialmente el abuso de los servicios públicos, muy por encima de la sentencia del TC, que no es directamente fuente de Derecho, sino medio interpretativo de la normativa en vigor.

Da la impresión de que el Ararteko, que se debe a la salvaguarda de los intereses de los afectados por las actuaciones de la Administración en todos sus niveles, no se ha percatado de esta normativa. Según el ESTATUTO DEL ARARTEKO, en su artículo primero que delimita sus funciones:  “Constituye su función primordial salvaguardar a los ciudadanos frente a los abusos de autoridad y poder y las negligencias de la Admnistración Pública Vasca”.

El Ararteko tendría que haber informado a quien plantea la queja de que, según el Decreto mencionado, puede oponer a las pretensiones de la Administración -como familia no absentista, sino que educa en casa- la obligación de ésta de dar por cerrado el expediente si se dan las condiciones señaladas por esa normativa. Cualquier acción que no sea el asesoramiento veraz y bien informado sobe la realidad legal de los ciudadanos afectados por la acciones de la Administración repercute en un daño para el administrado. A veces parece que jugamos al principio cristiano caritativo de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha.

Normativa que recoge la escolarización obligatoria

Por diversas razones, he dado por bueno el dato que adjudicaba a la LOGSE la condición de ser el primer texto legal que recoge el término escolarización obligatoria en 1990, siguiendo a ésta las demás leyes, tanto orgánicas de educación como las leyes de protección de menores, bien sean orgánicas o autonómicas. Sin embargo, no es cierto, y debo reconcerlo. Existe normativa de tipo administrativo, anterior a la LOGSE que recoge esta obligación legal.

1. Así ocurre con la  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. que en su artículo 25, al recoger las materias que ejercerán los municipios inlcuye en el apartado n.  la de

n. Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.

2. Una ley posterior a la LOGSE, el REAL DECRETO 2274/1993, DE 22 DE DICIEMBRE, DE COOPERACION DE LAS CORPORACIONES LOCALES CON EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA, también se refiere expresamente a la escolaridad obligatoria en su artículo 10 en estos términos:

articulo 10. Escolaridad obligatoria.
Los municipios cooperaran con el ministerio de educacion y ciencia en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, para garantizar el derecho a la educacion de todo el alumnado de su ámbito territorial.
Articulo 11. Actuaciones.
La funcion a que se refiere el articulo anterior se podra llevar a cabo mediante el ejercicio de las siguientes actuaciones:
a) proporcionar al ministerio de educacion y ciencia la información precisa sobre poblacion en edad escolar.
B) poner en conocimiento del ministerio de educacion y ciencia las deficiencias detectadas en la escolarizacion.
C) colaborar en la distribucion del alumnado en los centros docentes publicos y concertados, de acuerdo con la normativa vigente, y los criterios establecidos por el ministerio de educacion y ciencia.
D) contribuir a traves de los servicios municipales a hacer efectiva la asistencia del alumnado al centro escolar.
E) cualesquiera otras que coadyuven a la adecuada escolarizacion.

3. Diversas leyes autonómicas de Protección a los menores recogen esta obligación, con esa denominación expresa, como hemos indicado anteriormente. Como he ejemplo, he recogido la de la Comunidad de Madrid, pero del mismo modo podrían destacarse otras, como  la Ley 6/1995, de 28 de Marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, que en su artículo 46.1, dispone que “la Administración Autonómica garantizará el cumplimiento del derecho y obligación a la escolaridad obligatoria, estableciendo medidas positivas, en colaboración con las Administraciones Locales, conducentes a combatir el absentismo escolar”.

4. Y por último una variada normativa municipal sobre absentismo escolar que como la normativa de Absentismo San sebastián de los Reyes que recoge expresamente la citada obligación

Artículo 5.- Constituyen infracciones leves:
No gestionar plaza escolar para un menor en periodo de escolarización obligatoria por los padres, tutores o guardadores, siempre que no se deriven perjuicios sensibles para los menores.
No procurar la asistencia al Centro escolar de un menor en periodo de escolarización obligatoria, disponiendo de plaza y sin causa que lo justifique por parte de padres, tutores o guardadores.
Artículo 6.- Infracciones graves. Constituyen infracciones graves:
La reincidencia en  infracciones leves
No gestionar plaza escolar para un menor en periodo de escolarización obligatoria, por parte de los padres, tutores o guardadores.
Impedir la asistencia a un Centro escolar de un menor en periodo de escolarización obligatoria, disponiendo de plaza y sin causa que lo justifique por parte de los padres, tutores o guardadores.

Una forma de apartheid

La reflexión sobre el homeschool, la educación desescolarizada, o educación en familia nos lleva siempre a una pregunta obvia ¿Qué es mejor, educar en casa exclusivamente o educar en casa y a su vez enviar a los menores a un centro escolar en el que completen su formación académica y tengan además la oportunidad de jugar  con otros niños a diario?

Ambas posibilidades de educar a los menores parecen en principio viables. Las ventajas de un sistema y otro junto con sus respectivos inconvenientes son los que han de sopesar las familias a la hora de decidirse por una u otra posibilidad, y así debiera ser, de modo que esa decisión quedara ahí,  en una acción reflexiva de cada familia a la hora de  valorar las ventajas en inconvenientes de una y otra opción en situación de igualdad.

Para algunas familias la escuela tiene la ventaja  de liberar a todos sus miembros de manera que todos, padres e hijos e hijas puedan actuar en su propio espacio, gozando de cierta independencia durante unas horas al día, y así disponer de un espacio para desarrollarse de un modo autónomo al resto. Para otras familias, al contrario, la educación en el hogar les permite compartir más tiempo juntos y estrechar los lazos familiares. Ambas opciones parecen atractivas, al menos a primera vista.

Del mismo modo podríamos ir comparando las ventajas e inconvenientes de una y otra opción, en los ámbitos no sólo familiares, sino relacionales, académicos, económicos y morales, y todas esas valoraciones conjuntas, realizadas por todo tipo de familias al unísono, nos darían una visión completa de ambos modelos. Sin embargo, lo que viene a distorsionar la imagen es la negativa  del Estado Español en el conjunto de sus instituciones, con la excepción de las acciones plateadas en distintas instancias por instituciones de gobierno catalanas, como digo, la negativa del Estado Español a reconocer a una de las opciones su posición de igualdad con respecto a la otra. El sistema escolar, también esconde situaciones de absentismo de los padres ante las obligaciones que han asumido ante la ley, y  no por ello se parte a priori de la culpabilidad de quien escolariza porque potencialmente pueda dañar al menor utilizando la violencia física o psicológica, o negándole la atención que precisa y actuando negligentemente frente a sus compromisos como progenitor.

Ambas opciones deben ser tratadas como lo que son, opciones distintas, que pueden ser aceptables y deseables para algunos  o por el contrario rechazables e inaceptables para otros. Pero ambas deben poder ejercitarse en igualdad de condiciones ante los poderes públicos. La Constitución Española lo permite, así lo ha declarado abiertamente el Tribunal Constitucional en su sentencia de diciembre de 2010, y por ello no es aceptable  el apartheid jurídico al que se está sometiendo a las familias que educan a sus hijos e hijas sin recurrir al sistema escolar.

La propuesta catalana de 2009 a la LEC

Se habla mucho de la propuesta planteada por la Coordinadora Catalana Educar en Familia y presentada ante la Comisión de Educación del Parlament de Catalunya el 20 de enero de 2009, con ocasión de la redacción de la LEC (la Ley de educación catalana). Sin embargo, el proceso final ha llevado a confusión en el colectivo homeschooler ya que lo que se presentó no es lo que salió adelante, de ahí que ya no queda claro el panorama de la regulación actual y cual fue la propuesta original.

La propuesta que presentó la Coordinadora Catalana Educar en Familia, se recoge en el punto C de este documento y comienza con una presentación de la misma al Parlament. Allí se expresa el deseo de que Catalunya siga siendo pionera en avances sociales y no deje pasar esta oportunidad para aportar su liderazgo en este proceso de reconocimiento de la educación en familia en el ámbito del estado Español.

Propugna un debate alejado de la confrontación política y en clave de entendimiento ya que la ideología de las familias que han optado por este modo de educar a sus hijos comprenden todo el espectro político y social, y se propugna por acudir directamente al marco internacional para encontrar allí los modelos que pueden servir de pauta para esta acción legislativa.

La comisión que compareció era consciente de que el reconocimiento llevaría a una regulación y así lo expresan literalmente:

El reconocimiento de la ley comportará un posterior regulación. Les apuntamos una sencilla propuesta para intentar disipar los temores que hemos detectado en los representantes de la Administración.

El control de la Administración de la EeF se puede basar en tres factores, y la administración encargada de ejecutarlo sería la municipal, posiblemente inspirada en un principio de subsiedariedad y cercanía, consistiendo éste en un Registro censal en el Ayuntamiento con este contenido expreso:

1. Declaración jurada de los padres, manifestando su decisión de instruir al menor en la propia casa y proporcionarle una educación integral con este contenido:

a) Una educación basada en el respeto a los derechos y libertades de la persona y los valores democráticos

b) Alfabetización en sentido amplio respetando la pluralidad lingüística catalana

c) Conocimientos que permitan el desarrollo de las potencialidades del menor, su personalidad y la construcción de la propia dignidad, todo ello conforme a los principios de la LEC

2. Entrevista con la persona responsable de Bienestar Social del municipio, para que pueda comprobar que no hay situación alguna de riesgo o desamparo del menor.

3. Evaluación. Esta es la parte más delicada, ya que los métodos de adquisición de conocimientos en el hogar difieren de aquellos que corresponden al sistema escolar reglado. Por ello la evaluación y su metodología deben diferir de la empleada en los centros escolares

Los principios de esta negociación se basan en la colaboración con la administración para llegar a consensos, de manera que, de un lado, la administración cuente con la garantía de que no haya ningún menor en situación de desamparo que escape por esta red, y de otro lado la administración, una vez conseguida esta garantía, debe tener presente que “cualquier tipo de supervisión de las familias debe respetar el derecho a  la intimidad y a la libertad de enseñanza”

Finalmente esta comisión propuso este texto para que sea incluido en la LEC:

La familia asegurará que sus hijos e hijas asistan a una escuela reconocida o que reciban, en el ámbito familiar, una educación basada en los principios que inspiran la Ley de Educación de Catalunya.

El resultado final de esta negociación con la administración catalana para la inclusión de esta opción en la Ley de Educación de Catalunya, difiere de la propuesta original pero puede solventar la situación a la espera de su desarrollo reglamentario. Recordemos el articulado de la LEC que recoge situación relevantes para las familias que educan en casa:

55. 2.

Se pueden impartir en la modalidad de educación no presencial las enseñanzas postobligatorias, las enseñanzas que no conducen a titulaciones o certificaciones con validez en todo el Estado, los cursos de formación preparatoria para las pruebas de acceso al sistema educativo, la formación en las competencias básicas, la formación ocupacional y la formación permanente. También se pueden impartir excepcionalmente, enseñanzas obligatorias y otras enseñanzas que en determinadas circunstancias, establezca el Departament.

55.7.

El Departament ha de crear y regular un registro en el que consten los datos de los alumnos que se acogen a la modalidad de educación no presencial en enseñanzas de educación básica*.

* esta ley considera educación básica la educación primaria y la secundaria obligatorias.

Disposición adicional 17ª

Acreditación para la obtención del titulo de graduado o graduada en educación secundaria obligatoria.

Se ha de establecer por reglamento el procedimiento de acreditación para obtener el titulo de graduado o graduada en educación secundaria obligatoria de los alumnos que consten en el registro al que hace referencia el articulo 55.7.

Los tres artículos tomados en conjunto recogen dos de las aspiraciones de la Coordinadora directamente, cuales son la exclusión de este tipo de desescolarización del conjunto de la desescolarización entendida como absentismo a través de  la creación de un registro, y de otro lado la regulación del acceso de estos alumnos a una titulación en estudios obligatorios sin penalización de edad, aunque el que ha tenido una mayor difusión e impacto ha sido precisamente el tercero, esto es el de la posibilidad de que puedan impartirse enseñanzas obligatorias a través de la modalidad de educación no presencial.