El Fiscal y la protección jurídica de los menores de edad: guía práctica

Así se titula el documento que acaba de publicar la Fundación Aequitas, redactado por un elenco de ficales adscritos y adscritas a las Fiscalías de Menores del Estado y de Alicante, Valencia, Córdoba, Teruel y Sevilla.

El texto completo,de 169 páginas, puede visualizarse en este enlace Fiscal y protección de menores.

El documento repasa distintos ámbitos de protección del menor y dedica un apartado a le educación en casa titulado “Mención específica de la denominación home school”. En ese apartado se explica la existencia tanto a nivel europeo como español de movimientos “que rechazan la asistencia de sus hijos a la escuela por razone pedagógicas, emocionales, ideológicas o religiosas y que propician las formación de los niños en el hogar al margen del sistema oficial”.

A continuación se exponen las exigencias del artículo 4  la LODE  (Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, «BOE» núm. 159, de 4 de julio de 1985, páginas 21015 a 21022 ) para los padres,  en el sentido de que están obligados a “garantizar la educación obligatoria y la asistencia regular a clase de los hijos” . Siendo curioso que el artículo 4 de la LODE en ningún momento impone esas obligaciones. Este es el contenido real del artículo 4 de la LODE:

Artículo cuarto.

1. Los padres o tutores, en los términos que las disposiciones legales establezcan, tienen derecho:

a) A que sus hijos y pupilos reciban una educación conforme a los fines establecidos en la Constitución y en la presente Ley.

b) A escoger centro docente distinto de los creados por los poderes públicos.

c) A que sus hijos o pupilos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Aun así, me hubiera parecido lógico que se que se hubieran inclinado por la LODE, -una ley que no está en vigor en el momento en que se ha redactado esta guía práctica-, por ser la ley orgánica de educación en la que se basa la sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de diciembre de 2013, pero ni siquiera esa razón encaja porque la que estaba vigente en el momento que se inició  el procedimiento que dio lugar a la citada sentencia era la LOCE (ap. b) Fundamento Jurídico 4 de la sentencia), Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre de Calidad de la Enseñanza. Dejando este misterio sin resolver, la guía pasa directamente a exponer el CIDEAD, que junto con las excepciones a la escolarización obligatoria por razones de salud (cubiertas por el SAED), es el centro que atiende la educación a distancia a “importantes colectivos dispersos geográficamente y con necesidades excepcionales diversas.

Y aquí llega uno de los aspectos de interés de la guía que reproduzco en su literalidad:

“Por lo demás, se echa de menos una regulación expresa que, reconociendo en su caso la libertad de la enseñanza extraoficial de este tupo, estableciera los debidos controles y los presupuestos de homologación a efectos de la futura integración del niño en el sistema educativo general”.

A continuación da cuenta del pronunciamiento del Tribunal Supremo de 1994, que descarta la vía penal para estos casos, pues la sanción penal sólo estaría justificada “cuando al enseñanza impartida difundiera ideas contrarias a los valores esenciales de la convivencia o favoreciera la prostitución o corrupción de menores. En otro caso, no cuestiona la legitimidad de la educación a domicilio siempre que se satisfaga con ella la necesaria formación de los menores y sin perjuicio de la sanción civil que pueda proceder”.

Constata que las Audiencias Provinciales vienen estimando que estos casos no son merecedores de sanción penal. Descartada la sanción penal, acude al derecho de los Estados a fijar los contenidos y formas mínimos de la educación obligatoria, y entre ellos, su carácter escolar, en base a la sentencia dictada por el Ttribunal Europeo de Derechos Humanos de 11 de septiembre de 2006, que resolvió la demanda de Fritz Konrad  vs. Alemania, en favor del derecho Estado alemán de imponer un sistema de escolarización obligatorio. Al hilo de esta sentencia recuerda que el Tribunal Constitucional español “ordenó a los padres de los demandantes la inmediata escolarización, pese a constar la inexistencia de riesgos y que la educación recibida en casa (los niños hablaban cinco idiomas, recibían clases de música, matemáticas, ciencias y ética) era de gran calidad”. La conclusión no pdría ser otra que la que se expresa a continuación.

Pero es evidente que todos miran al legislador: los Defensores del Pueblo, el Tribunal Constitucional y ahora las Fiscalías.

Montgomery sobre el HS y el TEDH

John Warwick Montgomery, Ph.D., D. Théol., LL.D., Purcellville, Virginia / USA

IVR_World_Congress_2011_No_085

IVR | Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie. Congreso Internacional de Filosofía del Derecho

Voy a dedicar unos días a traducir este interesantísimo artículo de Montgomery.

Mientras tanto he aquí el resumen y la introducción:

Título: la justificación del Homeschooling en relación al Sistema Europeo de Derechos Humanos.

Resumen:  La finalidad del  Convenio de Derechos Humanos es conducir las leyes pro el camino de los principios de los derechos fundamentales. Allá donde el Convenio no es explícito, el Tribunal debe siempre dictar la sentencia de modo restrictivo de manera que reduce el ámbito de la aplicación general del derecho. En  supuesto del homeschooling, el Convenio afianza el principio general de que “el Estado respetará el derecho de los padres a asegurar que la educación y enseñanza de sus hijos sea conforme a sus propias convicciones filosóficas y religiosas”.

De madera que no debe permitir que los estados miembros eliminen esta posibilidad de que los padres utilicen los medios para satisfacer este deseo, a menos que el Estado pueda demostrar que esos medios prueben ser inadecuados.

I. Introducción. El Tribunal Europeo de derechos Humanos no ha tomado una posición oficial sobre la legitimidad del homeschooling, de manera que puede resultar prematuro sacar esta cuestión en ese contexto. Sin embargo, un caso relacionado, fue el de una familia alemana que llevó en 2003 al tribunal de Estrasburgo al gobierno alemán, que finalmente finalizó con una sentencia contraria a los demandantes en 2006. Los rumores sugieren que Estrasburgo n0 concibe el homeschool como un derecho parental, o del menor. Parte de su opinión se refleja en la sentencia: “El Tribunal observa que parece no existir un consenso entre los estado miembros en cuanto a la escolarización obligatoria en la enseñanza primaria, mientras algunos países permiten la educación en casa, otros Estados exigen la escolarización obligatoria bien sea en centros públicos o privados.

El caso Family H v Reino Unido en el TEDH

Referencia a la sentencia

Esta sentencia dictada por el TEDH se enfrenta a una interpretacoión del artículo 2 del Protocolo 1 que estableció por primera vez el derecho de los padres a que la educación que reciban sus hijos sea conforme a sus convicciones filosóficas y religiosas.

El caso se basó en una demanda de una familia del reino Unido que rechazó contacto alguno con el sistema escolar por no haber podido respondido éste adecuadamente a las necesidades educativas de sus cuatro hijos disléxicos.

La familia se enfrentó al sistema previsto para la educación en casa en el Reino Unido que establece un control sobre la familia por parte de la auotridades con la finalidad de comprobar que se está efectivamente proporcionando en el hogar una educación adecuada a tiempo completo.

Esos desencuentros entre la familia y las autoridades dieron lugar finalmente a una orden de escolarización que es lo que fue objeto de recurso por parte de la familia, que defendía sus posturas en el citado artículo del Protocolo.

Sin embargo el Tribunal consideró que no era admisible la queja, ya que el citado artículo “no garantiza un derecho absoluto para los padres tendente a educar a sus hijos según sus convicciones filosóficas, sino un derecho al respeto de esas convicciones”. Una diferencia de matiz, que lleva precisamente a una sentencia cointraria a los deseos de los padres, en este caso demandantes.

FAMILY H. v. the UNITED KINGDOM

06/03/1984. App. Nr 10233/83 

 

Conclusions:

  • Inadmissible

Article 2 of the First Protocol : the State may establish compulsory schooling . It is not in breach of its obligation to respect the rights guaranteed by this provision in requiring parents to co-operate in the assessment of their children’s educational standard when the parents have chosen to educate their children at home because of dyslexia.

The applicants are all United Kingdom citizens residing in Worcestershire, England. The first and second applicants are husband and wife. The third, fourth, fifth and sixth applicants are their children born in 1962, 1964, 1965 and 1969 respectively. All suffer to a greater or lesser extent from dyslexia. To cope with the problem the parents have tried different forms of education for their children, and resisted education authority attempts to classify them as educationally sub-normal. The parents have therefore resorted to educating their children at home as they found the State school system repugnant, in particular as regards its use of corporal punishment. As a result officers of their local education authority have at times apparently threatened to take the children into care to oblige attendance at State schools .Private boarding schools were tried, subsidised by the local authority, and Home Tutors (not specialised in dyslexic education) were proposed, but the parents considered such methods unacceptable to their philosophical views and educational theories .

In 1976 the parents were served with orders, under Section 37 of the Education Act 1944, requiring the attendance of the children at local State schools unless it were shown that they were at the material time causing the children to receive efficient, full-time education suitable for their age, ability and aptitude, otherwise than in school . The parents were prosecuted and convicted of failing to comply with the orders. Appeals were dismissed with the proviso that no action was to be taken to enforce attendance orders for four weeks and the parents had to provide evidence within four weeks, to the education authority’s satisfaction, that the children were receiving education in accordance with Section 36 of the said Education Act. Negotiations between the parents and the education authority were prolonged for two years, relations apparently becoming acrimonious. In August 1979 the education authority issued attendance orders in respect of the fourth, fifth and sixth applicant (the third applicant no longer being of compulsory school age) .

The parents were convicted for non-compliance on 16 January 1980. The applicant parents’ defence was that the children were receiving an adequate education at home . This was accepted on appeal to the Crown Court in respect of the fourth applicant, but not in respect of the fifth and sixth applicants. The Crown Court accepted the seriousness, sincerity and good faith of the parents and complimented them on their educational achievements for their children in applying the autonomous method of education, ie self-directed study, rather than the State school transmissive or didactic method .

The Crown Court also accepted that the parents were providing systematic, full-time and efficient education for their children but which fell down in certain essential respects – little was being done to teach the children to read, write and use numbers. Furthermore the Court noted that the parents had refused permission to the local education authority to assess the children and that, despite their past experience with the local authority officers, this refusal was unreasonable. The Court considered that the education authority had a duty to supervise the children’s education and had not behaved in any reactionary or dictatorial fashion. Without insisting that the children should be subject to conventional schooling, the Court found that inadequate attention was being given to the two younger children’s literacy and numeracy. To that extent they were not receiving a suitable education, and accordingly the appeal in their respect was dismissed : An appeal by way of case stated to the Divisional Court was dismissed on 15 July 1982, there being no error of law found in the Crown Court judgment.

The first and second applicants complain that their right to educate their children in accordance with their philosophical convictions, as ensured by Art . 2 of Protocol N° I, has been violated by a) the persistent harassment of the family by education authorities over many years, culminating in b) attempts to coerce the younger members to attend State schools whose whole ethos and practices are repugnant to those philosophical convictions, and which resulted in c) the criminal convictions of the first and second applicants because they refused to be coerced and upheld their ideals . The applicants submit that the United Kingdom Government’s reservation in respect of Art 2 of Protocol N° I is not of relevance in the present case as by not sending their children to State schools and by educating them at home, public money has been economised . All the family share the same philosophical convictions, in particular an abhorrence of authoritarianism and corporal punishment as found in the State school system (cf Eur Court HR, Campbell and Cosans judgment of 25 February 1982, Series A, N° 48, parfs 33 and 36) . THE LAW (Extract ) The applicants, who all suffer from dyslexia, have complained of harassment and coercion by their local education authority to oblige them to educate the applicant children in a manner incompatible with their philosophical convictions . The dispute with the education authority resulted in the criminal convictions of the applicant parents who have resisted the authority’s enforcement measures . They claim to be victims of a violation of Art 2 of Protocol N° 1, which provides that : “No person shall be denied the right to education . In the exercise of any functions which it assumes in relation to education and to teaching, the State shall respect the right of parents to ensure such education and teaching in conformiry with their own religious and philosophical convictions. ” The Commission does not consider it necessary to decide whether the applicants can all be said to be victims of the alleged violation of the Protocol, but assumes for the purposes of the present application that they are, because it finds the case anyway inadmissible for the reasons developed below . Moreover the applicants can be said to have complied with the requirements of Art 26 of the Convention having pursued the necessary appeals under the Education Act 1944 and having lodged their application within six months of the final, relevant decision, that of the Divisional Court of 15 July 1982. 

The Commission accepts, as did the domestic courts, that the applicant parents’ beliefs concerning the education of the applicant children are of a philosophical nature . Such philosophical convictions fall within the scope of Art 2 of Protocol N° 1 . It should be emphasised, however, that Art 2 of Protocol N° I does not guarantee an absolute right to have children educated in accordance with parents’ philosophical convictions, but a right to respect for those convictions . The question to he determined, in the present case, is whether the respondent Government, through the education authorities and courts involved in the present case, respected the applicant parents’ right to educate their children in accordance with their philosophical convictions . As regards the facts of the present case, the Commission notes that, the applicant parents have suffered criminal conviction for failing to ensure adequate education for their children either at State schools or at home, in particular for not having shown that suitable education in literacy and numeracy was being provided at home for the two younger children. This latter failure is obviously closely linked to the problem of the children’s dyslexia. The domestic courts stated, however, that the local education authority had a duty to ensure an adequate education for the children, a duty which sometimes might conflict with parental views, and had not acted in a reactionary or dictatorial fashion. Furthermore the domestic courts did not require the applicant children to attend State schools and abandon their type of education, but rather indicated that further cooperation was obligatory with the local education authority to resolve the particular manner of the children’s literacy and numeracy. The Commission’s task is that of a supervisory body as regards the observance of the Convention. It is not its task to substitute its decision or policy views for that of domestic authorities. It cannot therefore determine whether the applicant parents’ methods of education for their dyslexic children is better than those proposed by the education authority in question. Moreover, it is clear that Art 2 of Protocol N° I implies a right for the State to establish compulsory schooling, be it in State schools or private tuition of a satisfactory standard, and that verification and enforcement of educational standards is an integral part of that right . Therefore, as regards the circumstances of the present case, the Commission finds that to require the applicant parents to cooperate in the assessment of their children’s educational standards by an education authority in order to ensure a certain level of literacy and numeracy, whilst, nevertheless, allowing them to educate their children at home, cannot be said to constitute a lack of respect for the applicants’ rights under Art 2 of Protocol No 1. Accordingly the Commission concludes that the case does not disclose any appearance of a violation of this provision. It follows that this aspect of the application is manifestly ill-founded within the meaning of Art 27 (2) of the Convention.

Alejandro Jimenez Alonso y Pilar Jimenez Merino ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (1999)

Este es el único caso que procedente del Estado Español llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 1999 en base a la denuncia por una vulneración del  derecho a la educación y el correlativo  de los padres a que la educación de sus hijos se adecue a sus convicciones religiosas y filosóficas.

         Esta es el único caso que ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en base a una sentencia en la que se denuncia al Reino de España por la vulneración del artículo 2 del Protocolo 1 al Convenio Europeo de Derechos Humanos. En el relato de los hechos queda probado que la segunda demandante e hija del primero recibió durante el curso escolar una asignatura en la que se incluían contenidos formativos relativos a la sexualidad y reproducción humana. La demandante no acudió al curso, y en la prueba de evaluación final se negó a contestar a las preguntas relacionadas con el mismo. La consecuencia es que fue suspendida y tuvo que repetir el curso escolar. El demandante, presentó recursos contra esta decisión ante el Ministerio de Educación y Cultura y el Tribunal Superior de Cantabria que rechazaron sus pretensiones.

         La base de la negativa del Tribunal, conforme a su vez con la doctrina del Tribunal Constitucional, está en la valoración de la amplitud de esa libertad de los padres a exigir que el Estado respete sus convicciones religiosas y filosóficas “El derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación conforme a sus convicciones, supone, en una sociedad plural, el derecho a elegir, derecho vinculado a la libre creación de centros escolares, de manera que los padres puedan elegir el centro escolar adaptado a sus creencias e ideas. Sin embargo, esto no supone, si puede suponer el derecho a imponer a otros sus propias convicciones, ni la posibilidad de exigir un trato diferenciado de acuerdo con dichas convicciones”.

         El Tribunal Europeo relaciona el caso con su propia jurisprudencia, y en concreto el caso Kyelsen, Busk Madsen y Pedersen contra Dinamarca[1] de manera que estima que la definición y el diseño del sistema escolar es competencia interna de los Estados, y que sobre él el Tribunal no debe pronunciarse. En cuanto a si los contenidos de la asignatura pudieran vulnerar el derecho de los padres, tal y como lo establece el segundo párrafo del art. 2 del protocolo 1, el Tribunal reconoce que éste “no impide que los estados difundan a través de la enseñanza o la educación informaciones o conocimientos que tengan, directamente o no, un carácter religioso o filosófico”, siempre que el Estado vele por el modo de difusión de esos conocimientos, de modo que no sean tendenciosos y carentes de rigor, y supongan adoctrinamiento vulnerando de este modo las convicciones religiosas y filosóficas de los padres. Ese es el límite que no deber ser rebasado. En este caso el Tribunal constata que los contenidos del curso transmiten información de tipo objetivo y científico y por ello se alejan del adoctrinamiento “destinado a preconizar un comportamiento sexual determinado”. Añade que la impartición del curso no afecta al derecho de los padres a transmitir a su hija información sobre esta misma materia acorde a sus propias convicciones religiosas y filosóficas y que quedó probado que no se había impedido a los padres la elección de un centro docente privado de corte religioso donde su hija podría haber recibido una educación religiosa y moral acorde con sus convicciones. Debido a ello, el Tribunal concluyó afirmando que la obligación de respeto a las creencias de los padres, dada la elección por éstos de un centro docente público, no les confiere el derecho a un trato diferenciado, de acuerdo con sus convicciones, respecto de la enseñanza impartida[2].

         La sentencia además analiza otros aspectos de la regulación constitucional del derecho a la educación limitando el derecho de los padres de un lado a la libertad de creación de centros docentes, y de otra la libertad de elección de centro docente, dentro de lo que el Tribunal Europeo describe como “una amplia red de colegios privados que coexisten con el sistema de enseñanza pública regulado por el Estado”. Y es en base a estos razonamientos por lo que el tribunal niega la demanda en su totalidad.


[1] Sentencia Kjeldsen, Busk Madden y Pedersen contra Dinamarca de 7 de diciembre de 1976, TEDH q976, 5, serie A num 23.

[2] MARTÍN SÁNCHEZ, I., GONZÁLEZ SÁNCHEZ, M. (Coords.),

Algunas cuestiones controvertidas del ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa en España, Fundación Universitaria Española, Madrid, 2009, pp. 233-273.

What´s in a Name (III)

Marvan en su blog ORCA,  en la entrada denominada Hacemos enseñanza en familia , en concreto, ha expresado en profundidad sus impresiones sobre la terminología que favorece a la hora de denominar este formato educativo que tiene lugar en el entorno de la familia. El mismo título de la entrada indica su predilección por dos conceptos por los que se decanta “enseñanza” y no “educación” o ” “escolarización”, también menciona a modo de sinónimo de la “enseñanza” la “instrucción”, aunque no nos dice por el término “aprendizaje”.

Sobre todo le preocupa la idea de que a la postre se  identifique “educar en casa” con lo que hace quien escolariza, que también educa en casa, y propone por ello expresamente un término distinto que denote la diferencia de educar en casa sin escuela.

Tal vez me queda sólo añadir el concepto de educación que ha ido decantándose  a partir del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en base a un documento denominado EU Charter of Fundamental Rights : The European Court of Human Rights has defined education as “The education of children is the whole process whereby, in any society, adults endeavour to transmit their beliefs, culture and other values to the young, whereas teaching or instruction refers in particular to the transmission of knowledge and to intellectual development” (Campbell and Cosans v United kingdom, 25 February 1982, nº 33).

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha definido la educación como “La educación de los niños es el complejo proceso a través del cual, en cualquier sociedad, los adultos se afanan por transmitir sus creencias, cultura y otros valores a los  jóvenes, mientras que la enseñanza o la instrucción se refiere especialmente a la transmisión de conocimientos” (la definición es copia literal de la sentencia del TEDDHH en el caso Campbell y Cosans contra el Reino Unido, de 25 de febrero de 1982, en el número 33)

Los debates previos al artículo 2 del Protocolo 1 del Convenio Europeo de DDHH

Uno de los más bellos textos escritos sobre el derecho y la libertad de educación es el que recoge los debates preparatorios que concluyeron con la redacción del artículo 2 del Protocolo 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos  que fue aprobado en París en 1952.

Mr Teitgen, Lord layton (GB), Mr. Ungoed-Thomas (GB), Mr. de la Vallee-Pussin (Bélgica), Mr. Sundt (Noruega), Mr Philip (Francia), Mr. Elmgren (Suecia), Mr. Pernot (France), Mr MacEntee (Irlanda), Mr. Sweetman (Irlanda), Mr. Reynaud (Francia), Mr. Serrarens (Holanda), Mr. Boggiano-Pico (Italia), Mr Cingolani (Italia), Mr. De Valera (Irlanda), Mr Lapie (Francia), Mr Crawley (GB), Mr. Smitt-Ingerbretsen (Noruega), Sir David Maxwell-Fyfe (GB), Mr. MacEntee (GB), y otros representantes de estos países debatieron en 1951 el contenido del derecho de educación y de la libertad de los padres para imprimir en sus hijos sus valores más preciados a través de la educación en una Europa aún traumatizada por los excesos nazis. Estaban resueltos a impedir que el Estado volviera a adueñarse de la niñez y de la juventud. El debate cuenta con momentos de pura poesía, y los oradores son excelentes.

Años más tarde, con ocasión de la decisión en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre una reclamación contra Bélgica con ocasión de derechos de orden lingüístico, el Juez  Terje Wold, redactó un voto particular, contrario a la interpretación mayoritaria del tribunal en aquella ocasión, en que estaba en cuestión el contenido del derecho a la educación, y el derecho de los padres a que la educación que fueran a recibir sus hijos e hijas fuera conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas. La cuestión enlaza  precisamente con  aquel primigenio debate, y apela al espíritu que subyacía, y que entendía este derecho como una garantía para el ciudadano frente al poder absoluto de los estados totalitarios, y el modo en que pretenden encauzar la ideología de las nuevas generaciones a través de la educación.

El el caso de los “Derechos lingüísticos” en Bélgica

Veamos parte del contenido del Voto particular del Juez Terje Wold, que ya comenté en una ocasión en este blog, pero que creo que conviene insistir. Yo lo he podido leer de otro modo, con mayor profundidad,  una vez leído el texto de los debate preparatorios a la redacción del artículo 2 del protocolo 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos:

Que el derecho a la educación se planteaba como la libertad de elección es algo que se destacó en los trabajos preparatorios de la Convención. El derecho a la educación fue desde un principio destacado como uno de los tres derechos de familia (Trabajos preparatorios a la redacción del artículo 2 del Protocolo 1 (P1-2), p. 5 (Preparatory work on Article 2 of the Protocol (P1-2), p. 5, document CDH (67) 2) y definido como “un derecho prioritario de los padres a elegir el tipo de educación que vayan a recibir sus hijos”. Y durante todo el debate previo a la redacción del artículo, el derecho a la educación – por parte de todos los participantes en él- se menciona como el derecho de elección de los padres, que deberá garantizarse como una libertad básica fundamental.

Los debates preparatorios muestran claramente que no estaba en la mente de ninguno de los representantes encargados de la redacción del Artículo 2 del Protocolo 1, entender el derecho a la educación como  la imposición  a los Estados de la prestación de un servicio. Bien al contrario, la intención básica era la de proteger el individuo frente  a las interferencias del Estado. Y esta es mi interpretación del  Artículo 2 (P1-2). No debemos olvidar que Europa en aquel momento en el que se aprobó el Convenio, acababa de pasar por años de supresión de las libertades individuales, años en los que los gobiernos utilizaron todo tipo de medios y presiones para conseguir una juventud nazi, especialmente a través del sistema escolar y de las organizaciones juveniles. El Convenio había puesto entre sus prioridades evitar que eso volviera a ocurrir y que la libertad de educación debería estar protegida. A lo largo de los debates preparatorios es frecuente el incidir en este punto.

Lo que recoge el Convenio no es un mero  “derecho de acceso” de los ciudadanos a las instituciones educacionales existentes de cada estado miembro, más bien podría decirse que dentro del espíritu del Convenio Europeo, este derecho de acceso no es en absoluto un derecho fundamental. Nadie niega que todo el mundo pueda tener un derecho de acceso a las escuelas e instituciones de enseñanza de Bélgica y en los países europeos de acuerdo con las leyes de cada país, pero ese no es el derecho recogido en el Convenio. De hecho, no existe base legal que sostenga la opinión mayoritaria de que el derecho a la educación expresado en el artículo 2 (P1-2) no tendría contenido si no contuviera el derecho a ser educado en la lengua nacional. Es precisamente al imponer una obligación negativa sobre el Estado, donde el artículo 2 del Protocolo es relevante y cobra todo su significado.

Todo derecho humano reconocido en el Convenio debe tener el mismo contenido en cada uno de los Estados miembros. El derecho a la educación debe tener exactamente el mismo contenido tanto en Bélgica como en Noruega o en Turquía,  y en cualquiera de los Estados que la hayan ratificado. Dentro de su limitado campo y contenido, la finalidad del Convenio es que toda Europa tenga el mismo sistema. La opinión mayoritaria de este Tribunal contraviene el espíritu del Convenio, al establecer que  “el derecho fundamental a la educación “por su propia naturaleza exige un desarrollo por el Estado, regulación que que puede variar en el lugar y el tiempo según los recursos y las necesidades de la comunidad y de los individuos”.

Ello demuestra que el punto de vista de la mayoría se sale del ámbito del Convenio. Los derechos humanos reconocidos son absolutos, y no pueden ser objeto de regulación por los diferentes Estados a no se que sea expresamente permitido por el Convenio y dentro de las condiciones que la convención haya expresado. Con respecto al derecho a la educación, el Convenio no establece ese mecanismo. Sería así mismo un camino peligroso si se permitiera que los distintos Estados miembros pudieran regular los derechos humanos “según las necesidades y los recursos de la comunidad”. Tal interpretación no es aceptable.  Y aún peor es la interpretación que la mayoría de este Tribunal hace del Convenio al afirmar que “implica un equilibrio entre la protección del interés general de la comunidad u el debido respeto a los derechos fundamentales”. discrepo profundamente de esta interpretación. En mi opinión esto es llevar al tribunal a inmiscluirse en los asuntos internos políticos de casa Estado, función que la Convención nunca ha  atribuido a este Tribunal.

El siguiente paso, una vez leídos los Trabajos Preparatorios a la redacción del artículo 2 del protocolo 1 a la Convención, y el Voto particular del Juez Terje Wold, es la lectura de lo que el Tribunal Constitucional tiene que decir al respecto en su sentencia de diciembre de 201o.

Fundamento jurídico 6, ap. c), a cuyo tenor: “A la misma conclusión se llega en atención al art. 2 del protocolo adicional del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas (CEDH), que reconoce el derecho de los padres a asegurar que la educación y enseñanza de sus hijos resulte “conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas”, sin que de acuerdo con su interpretación por parte del tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), éstas puedan amparar cualquier consideración independientemente de cuál sea su naturaleza (cfr., entre otros, Caso Kjeldsen, Sentencia de 7 de diciembre de 1975).

Según el voto particular, el derecho de los padres, por ser un derecho fundamental es absoluto y no moldeable por la normativa interna de cada Estado miembro. Bien es cierto que no es la opinión de la mayoría del tribunal, pero como mínimo, podemos aducir que la opinión mayoritaria, no es una verdad absoluta, y que es posible defender una postura distinta como es la que nos trae el juez Terje Wold.

“Libertad ideológica y educación para la ciudadanía”, un artículo de Manuel Martinez de Aguirre, Fiscal del Tribunal Supremo

Manuel Martinez de Aguirre, fiscal del Tribunal Supremo ha publicado en el Diario la Ley , Sección Tribuna con fecha 27 de octubre de 2008, un artículo sobre la doctrina del Tribunal Europeo de DD.HH en materia de asignaturas de contenido ideológico, denominado “Libertad ideológica y educación para la ciudadanía, otra aproximación jurídica”. En este caso adaptando la citada doctrina a la asignatura de la Educación para la Ciudadanía, ya que aún no ha recaído pronunciamiento de dicho Tribunal al respecto.

La doctrina del TEDH “precisa el límite en que comienza la vulneración del derecho de los padres a asegurar la educación de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas, que es el adoctrinamiento, y recuerda la obligación de las autoridades públicas a evitar esas vulneraciones”.

El autor parte de dos fundamentos jurídicos: de un lado, el art. 10 de la Constitución Española, que exige la interpretación de las normas relativas a los derechos fundamnetales según la Declaración Universal de Derechos Humanos y Tratados Internacionales ratificados, y de otro lado, la interpretación que el TEDH hace del Convenio Europeo para la Protección de los derechos Humanos Y Libertados fundamentales (CEDH).

Al tratar el tema de la objeción de conciencia, el autor afirma que el Estado no está obligado a garantizar el ejercicio de la objeción de conciencia para preservar la libertad ideológica o religiosa que garantiza el art. 16 de la Constitución, sin embargo… “Lo que sí tiene en todo caso es la obligación de respetar y garantizar, de una forma o de otra, la libertad ideológica y religiosa, y su proyección en la educación de los hijos respetando las convicciones de los padres”.

Al tratarse de la asignatura de la Educación para la ciudadanía, Martinez de Aguirre sitúa el debate en un derecho fundamental concernido cual es la libertad ideológica y religiosa, que se contempla en el art. 9 CEDH,

(Artículo 9. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad del pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observación de los ritos.
2. La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no pueden ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la Ley, constituyen medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de la saludo o de la moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los demás.)en la educación de los hijos, doctrina que se reflja en el art. 2 del Protocolo 1 del CEDH.

Y sin olvidarnos del art. 2 del Protocolo Adicional  1 del CEDH, a cuyo tenor “A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asume en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y folosóficas”.

La Sentencia Folgero,-ya tratada en este blog- sintetiza la doctrina del TEDH en materia del derecho que asiste a los padres al respeto de sus convicciones filosóficas y religiosas. (Sentencia que ha servido de base a la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 4 de marzo de 2008 en cuanto a la asignatura de Educación para la Ciudadanía).

En la sentencia del Tribunal Europeo de DDHH Hasan y Eylem Zengin c/ Turquía se establece la obligación de los Estados, de velar porque no suceda un adoctrinamiento en las escuelas que sea contrario a las convicciones filosóficas y religiosas de los padres, en estos términos:

“Ciertamente, pueden producirse abusos en la manera en que una escuela o maestro determinados aplican los textos en vigor, y corresponde a las autoridades competentes velar, con el mayor cuidado por que las convicciones religiosas y filosóficas de los padres no sean contrarias a este nivel por imprudencia, faltas de discernimiento o proselitismo intempestivo”.

Certainly, abuses can occur as to the manner in which the provisions in force are applied by a given school or teacher and the competent authorities have a duty to take the utmost care to see to it that parents’ religious and philosophical convictions are not disregarded at this level by carelessness, lack of judgment or misplaced proselytism (see Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen, cited above, § 54).

El Fiscal del Tribunal Supremo no recomienda seguir la vía de la objeción, sino que recomienda pulsar otros mecanismos en los que refugiarse ante la vulneración del Estado de su obligación  de velar por el respeto a las convicciones filosóficas y religiosas de los padres en lo que respecta a la educación de sus hijos.

En base a las citadas sentencias el Fiscal del Tribunal Supremo recomienda a los padres actuar en cuanto perciban en cualquier asignatura “un adoctrinamiento contrario a sus convicciones”. A lo que añade.. “Soy consciente de que la denuncia de los concretos adoctrinamientos contrarios a las propias convicciones filosóficas o morales es algo mucho más incómodo-y supone mayor esfuerzo- que la denuncia genérica de una asignatura, pero estoy convencido de que es en esos eventuales adoctrinamientos concretos donde se encuentran las reales vulneraciones del derecho fundamental, frente a las que se pueden exigir de las autoridades educativas- y, si no se es atendido ante los tribunales hasta llegar si es necesario al TEDH, la defensa y salvaguardia del del derecho fundamental.

En la reclamación que se haga, deberá exponerse el adoctrinamiento que se impugne, y justificarse que es contrario a las convicciones filosóficas o religiosas.

… En relación con las convicciones filosóficas, es sencillo, también en el caso de adoctrinamiento sobre doctrinas políticas, ya que podrá acreditarse la contradicción aportándose un dictamen de alguien que represente un partido reconocido por el Estado, indicando la doctrina del mismo con referencia al programa, y el menosprecio de la misma en el aspecto concreto que los padres estén denunciando. Otras convicciones que han sido apreciadas por el TEDH- aunque no en el ámbito del artículo 2 del protocolo 1- son, por ejemplo, las ideas pacifistas o las contrarias a la práctica de la caza”.

El autor reconoce que este procedimiento significa la necesidad de declarar las propias convicciones filosófico-religioso-políticas. Necesidad de manifestación que es contraria ala protección que la Constitución establece en su art. 16,2, según el cual “Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”. Sin embargo lo considera un mal menor en el camino hacia una “sociedad auténticamente pluralista”.

Voto particular del Juez Terje Wold a la sentencia del TEDH sobre el "Caso relativo al régimen lingüístico de la enseñanza en Bélgica" de 1968

El Juez Terje Wold, en su voto particular a la sentencia de la “Cuestión Lingüística en Bélgica” dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, argumenta su discrepancia con el resto del Tribunal, en referencia a la interpretación que éste realiza del art. 2 del Protocolo Adicional al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales de París de 1952.
Artículo que regula así el derecho a la instrucción:
“A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas”.

Que el derecho a la educación se conciba como derecho de elección se encuentra apoyado fuertemente también en los trabajos preparatorios. El derecho a la educación estaba desde el principio enumerado como uno de los tres derechos familiares (trabajos preparatorios sobre el artículo 2 del Protocolo, pág. 5, documento CDH 67, 2) y definido como “el derecho de los padres de elegir el tipo de enseñanza que debe ser dada a sus hijos”. Y a través de la totalidad de los trabajos preparatorios, en numerosos momentos, el derecho a la educación es mencionado -por todos aquellos que tomaron parte en su elaboración- como un derecho de elección para los padres que debe ser garantizado en una libertad fundamental.

Los trabajos preparatorios muestran también claramente que no estaba en el ánimo de nadie que el artículo 2 pudiese establecer el derecho a una prestación positiva del Estado. Por el contrario, la intención básica era proteger al individuo contra las interferencias del Estado. Es esto, a mi juicio, lo que hay que tomar en consideración cuando se interpreta el artículo 2. No debemos olvidar que Europa, en el momento en que se adoptó el Convenio, acababa de pasar años de supresión de la libertad de aquellos pueblos donde los Gobiernos emplearon todo tipo de medios y presiones para masificar a la juventud, especialmente a través de las escuelas y organizaciones juveniles. Era, por tanto, una finalidad importante del Convenio que esto no se repitiese y que el derecho de educación fuese protegido. En los trabajos preparatorios se pone frecuentemente el acento en este aspecto.

Un estudio sobre jurisprudencia del TEDH

El profesor Lorenzo Martin-Retortillo Baquer ha publicado un interesante artículo en los Anales de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación denominado “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos” (Un estudio de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos).
Este es su CV:

Huesca, 1936.

Catedrático de Derecho Administrativo y Director del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense.

Presidente de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo.

Miembro de la Real Academia de Jurisprudenciay Legislación.

Ha tratado en varios trabajos el tema de los Colegios Profesionales, así al dirigir el libro “Los Colegios Profesionales a la luz de la Constitución”, donde aborda especialmente el aspecto deontológico.

Especialista en la materia de derechos humanos, acaba de publicar un nuevo libro titulado “Vías concurrentes para la protección de los derechos humanos (Perspectivas españolas y europeas)”, Editorial Cívitas (es la lección pronunciada hace unos meses en la Universidad de Bolonia al recibir el nombramiento de Doctor Honoris Causa).

Ha dedicado también muchas páginas al medio ambiente sonoro o, dicho de otra manera, al ruido: su último trabajo monográfico lleva por título, “El ruido: reciente respuesta legal y jurisprudencial” (“Foro”, revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense).

Es llamado frecuentemente a dictar conferencias. Ayer mismo en Barcelona abría unas Jornadas dedicadas a “Libertad religiosa, ciudades y lugares de culto”, desarrollando el tema, “Derecho Público y libertad religiosa: problemas actuales”. Otra de sus conferencias recientes lleva por título: “Respeto a los sentimientos religiosos y libertad de expresión”.

Entre otras llega a las siguientes conclusiones en el epílogo del artículo:

VII. Como es muy frecuente en el campo del derecho, se confirma que en la teoría de los derechos humanos no suele haber valores absolutos: es normal la existencia de roces y confrontaciones con otros derechos, por lo que sería preciso componerlos.

VIII. En concreto, el derecho concedido a los padres para predeterminar la enseñanza impartida a sus hijos, por razón de sus creencias religiosas o filosóficas, no es un derecho absoluto, no puede ser interpretado de forma rígida o rigurosa sino que conocerá significativas excepciones o, en la fórmula consagrada “injerencias” destacadas siempre que estén debidamente justificadas.

En un anexo indica los casos que en referencia al derecho de educación han sido dirimidos por el TEDH:

1. “Caso relativo a algunos aspectos del régimen lingüistico de la enseñanza en Bélgica” II,23.VI, 1968

2.“Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen c. Dinamarca”, 7.XII.1976.

3. “Campbell y Cosans c. Reino Unido”, 25.II. 1982

4. Valsamis c. Grecia” 18.XII.1996

5. “Alejandro Jimenez Alonso y Pilar Jimenez Merino c. España” 25.V.2000

6. “Hasan y Eylen Zengin c. Turquía”, 6. VI. 2006

7. “Konrad y otros c. Alemania” 11.VI.2007

8. “Folgero y otros c. Noruega”, 25. VI. 2007

9. “Hasan y Eylen Zengin c. Turquía, 9.X 2007

 

La sentencia Folgero contra Noruega (TE DD HH)

Ha sorprendido a muchos la sentencia de 4 de marzo de este del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en relación a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. La sorpresa se ha derivado del cambio de la doctrina jurisprudencial que se venía manteniendo por otros Tribunales Superiores de Justicia, como el de Asturias o el de Cataluña, que dictaron sentencia contraria a la petición de quienes exigían la posibilidad de ejercer la objeción de conciencia a la citada asignatura. La sentencia de TSJ es de Cataluña 28 de noviembre de 2007. Poco antes de esa fecha el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia sobre el denominado Caso Folgero y otros contra Noruega en la que se marca el camino, que en mi opinión es el que se ha tenido en cuenta por el TSJ de Andalucía.
En el caso noruego, los demandantes pretendían eximir a sus hijos de cursar la signatura de Religión, denominada cristianismo, religión y filosofía, (hecho que lleva a los padres a pedir la exención parcial a la parte que corresponde al cristianismo, de corte luterano, que es la religión oficial del estado de Noruega).
Como siempre, en estos supuestos, la base de la discusión es el texto del art. 2 del Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales) que en su versión en castellano establece:
“Artículo 2. Derecho a la instrucción
A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas”.
Como certeramente indica la sentencia Folgero v Noruega, este artículo no distingue entre enseñanza pública y enseñanza privada, ni tampoco permite distinguir entre la instrucción religiosa y las demás disciplinas.
Examinando la larga sentencia he llegado a la conclusión de que la sentencia del TSJ de Andalucía se basa en la siguiente afirmación de la sentencia del Tribunal Europeo de DDHH:
“La segunda frase del artículo 2 (se refiere al Protocolo antes citado) implica, por el contrario, que el Estado, al cumplir las funciones asumidas en materia de educación y de enseñanza vela por que las informaciones o conocimientos que figuran en el programa de estudios sean difundidas de manera objetiva, crítica y pluralista. Se prohíbe al Estado perseguir una finalidad de adoctrinamiento que pueda ser considerada no respetuosa con las convicciones religiosas y filosóficas de los padres. Este es el límite a no sobrepasar.
Aún así en la sentencia del Tribunal Europeo no se enmarca la cuestión en la objeción de conciencia, sino en la exención a la obligación de cursar la signatura total o parcialmente, y no se pasa a analizar, por ello, la constitucional de la objeción de conciencia según la ley noruega.
Y por último, la cuestión principal sobre la que el Tribunal Europeo considera que el Estado Noruego no cumple con las exigencia del Protocolo, y por ende, le condena es el siguiente razonamiento:
“En estas condiciones, pese a los numerosos y loables objetivos legislativos que se afirman en la introducción de la asignatura de KRL (Cristianismo, religión y filosofía) en los establecimientos escolares públicos de primaria y del primer ciclo de secundaria, parece que el Estado demandado no veló suficientemente por que las informaciones y conocimientos que figuran en el programa de esta asignatura fuesen difundidas de manera objetiva, crítica y pluralista para cumplir con las exigencia del artículo 2 del Protocolo num.1.

Una encuesta tras el caso Bauer en Alemania

El diario alemán Spiegel online, en su sección FORUM, publicó en septiembre de 2006 una encuesta en la que se recababa la opinión de los lectores respecto al homeschool. Las cuestiones sobre las que se podía expresar el voto eran estas:

Lernen in Heimarbeit

Soll es Eltern gestattet sein, ihre Kinder zu Haus unterrichten zu lassen?

Ja, wenn die Qualität des Unterrichtes gewährleistet ist, schließlich stellt dies in anderen Ländern auch kein Problem dar. 38895

35,83%
Ja, Religionsfreiheit muss gewährleistet sein. 6535

6,02%
Nein, nur die allgemeine Schulpflicht garantiert gleiche Bildungschancen und soziale Erfahrungen für alle. 33313

30,69%
Nein, keine Sonderrechte für Sekten. 29809

27,46%
Gesamtbeteiligung 108552


Han participado un total de 108.552 personas en la votación que arroja estos resultados:

Sí, si se garantiza la calidad de la enseñanza, teniendo además en cuenta que no es un problema en otros países. 38.895 votos que suponen un 35,83%.

Sí, se debe garantizar la libertad religiosa. 6.535 votos que suponen un 6,02%

No, Sólo el sistema escolar garantiza la igualdad de oportunidades educativas y de experiencias sociales para todos. 33.313 votos que suponen un 30,69%

No, no deben existir diferencias para los diferentes cultos o sectas. 29.809 votos que suponen un 27,46%.

Es interesante la llamada a la situación de otros países y el reconocimiento de que no supone un problema en países del propio entorno alemán, y el hecho de que sea precisamente esta opción la más votada. Aunque la suma de las negativas supera la del acumulado de las respuestas positivas. De modo que, por distintas razones se muestran contrarios al homeschool un 58,15%, mientras que, por el contrario, se muestran favorables a su admisión un 41,85%, casi 18 puntos por debajo, una sustancial diferencia.
La encuesta se realizó con ocasión del periplo judicial de la familia Bauer, familia de fe evangélica que se niega a escolarizar a sus 9 hijos, y que durante más de 5 años mantiene un pulso legal con el gobierno alemán. Una primera sentencia de la Corte Administrativa les absolvía de una multa impuesta por la autoridad educativa, sentencia que fué recurrida por la fiscalía y que llevó al fallo dictado por el Tribunal de Apelación de Frankfurt el 29 de Julio de 2004 que sostiene que Michael y Sigrid Bauer no pueden educar a sus hijos en casa por razones de objeción de conciencia religiosa. Los Bauer mantienen que ciertas asignaturas que se imparten en las escuelas estatales son incompatibles con su fe. La familia llevó el caso ante el Tribunal Constitucional en Karlsruhe, que ya en 2006 rechazó el recurso quedando así abierta la posibilidad de acudir en última instancia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El caso se suma al de Konrad, sobre el que ya recayó fallo del citado alto Tribunal Europeo que avala las tesis del Gobierno Alemán sobre la escolarización obligatoria y de que ésta no vulnera el derecho de los padres a educar a sus hijos en el hogar.

Educación y enseñanza en la sentencia Campbell and Cossans (TEDDHH)

El art. 2 del Primer Protocolo al Convenio Europeo de DDHH, que regula el derecho a la educación, recoge dos términos en su enunciado, que posteriormente han sido interpretados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estas palabras son “education and teaching” en su versión inglesa. (Educación y enseñanza en la versión en castellano).
La sentencia que recoge esta distinción y la interpreta por primera vez, es la que se produjo en 1982 de Campbell and Cossans v The United Kingdom. La sentencia tuvo su origen en dos demandas separadas contra el Gobierno de Gran Bretaña, y que fueron unificadas por mandato de la Comisión, órgano ya extinto, que instruía y decidía qué casos pasaran a ser estudiados por el Tribunal.
Esta sentencia en su ap. 33 afirma lo siguiente: “El Tribunal quisiera destacar que la educación de los niños es un complejo proceso a través del que, en cualquier sociedad, los adultos se esfuerzan por transmitir sus creencias, cultura y otros valores a los jóvenes, mientras que la enseñanza o instrucción se refiere, en particular, a la transmisión de conocimientos y al desarrollo intelectual.”

La sentencia del Tribunal Europeo de DDHH

La reclamación de los demandantes se basa en el art. 2 del Protocolo nº 1 de la Convención sobre el rechazo a permitir la educación de los hijos en casa, de conformidad con sus propias creencias religiosas y las consiguientes decisiones de los tribunales alemanes que en todas sus instancias han considerado tal rechazo conforme al ordenamiento jurídico alemán.
LA LEY
El art. 2 del Protocolo nº 1, que es el que conforme a la alegación de los recurrentes ha sido vulnerado establece que: “No se puede negar a nadie el derecho a la educación. En el ejercicio de las funciones que el Estado asume en relación con la educación y la enseñanza el Estado respetará el derecho de los padres a que tal educación y enseñanza sea conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas”.

La Sentencia Konrad: Segunda Instancia

El 18 de junio de 2002, el Tribunal de Apelación de Baden Wuttemberg rechazó el recurso presentado por los demandantes en primera instancia. El razonamiento descansaba en el razonamiento siguiente: Aunque el derecho los padres de los demandantes a educar a sus hijos incluyera la educación religiosa, no estaban legitimados por Ley Básica (Constitucional) para educarlos en exclusiva, el derecho del Estado concurre con el de los padres. Y he aquí la base de todos los razonamientos en los que se basa toda la sentencia: El punto decisivo no es si la educación en el hogar es de igual calidad a la escolar, sino que la educación obligatoria exige que niños y niñas de diferente procedencia concurran en la escuela.
La escuela representa a la sociedad y está en el interés de los niños el integrarse en la sociedad. Los padres no pueden obtener la exención para asistir a la escuela porque estén en desacuerdo con alguna asignatura del programa escolar, tampoco el derecho a la educación de los padres abarca la posibilidad de privar a sus hijos de esa experiencia. Los padres pueden exigir al Estado para que intervenga y evite el maltrato de niños niños a manos de otros, e incluso que tome las medida necesarias para evitar influencia religiosas que sus padres rechazan. La obligación de neutralidad del Estado garantiza ese derecho.
En el año 2003 tanto el tribunal Administrativo federal, como el tribunal Federal Constitucional rechazaron los recursos de los demandantes.
En el caso del Tribunal Constitucional en base a que el asunto ya había sido resuelto en instancias previas. En concreto se establecía que las sentencias de los Tribunales Administrativos no habían vulnerado el derecho de los padres a educar a ssa hijos, ni tampoco su libertad religiosa.
El equilibrio entre los derechos de los padres de una parte y la obligación del Esado de otra no imponía la necesidad de eximir a los niños de la escolarización obligatoria y como siempe se impone el argumento de que el Tribunal Administrativo Federal incidió en el hecho de que la obligación del Estado de proporcionar educación no se refería a la adquisición de conocimientos únicamente sino que incluye la eduación de ciudadanos responsables que participan en una sociedad democrática y plural.
La adquisición de competencias sociales para tratar con otras personas que mantienen puntos de vista diferentes y el mantener opiniones que difieren de la mayoría sólo puede obtenerse con el aprendizaje que deriva del contacto social
El Tribunal Constitucional consideró que la injerencia en los derechos fundamentos de los demandantes era proporcionado dado el interés general de la sociedad de evitar la emergencia de sociedades paralelas basadas en convicciones filosóficas minoritarias. La sociedad tiene interés en integrar a las minorías.
El Tribunal Constitucional, en resumen considera la intervención del Estado razonable ya que los padres aún tienen la posibilidad de educar a sus hijos por sí mismos cuando los niños se encuentran fuera de la escuela, y que la escuela estaba obligada a considerar y respetar las creencias religiosas disidentes.

El fallo de la sentencia del TEDH en el caso KONRAD

Los demandantes basan su recurso en los artículos 6 (Derecho a un proceso equitativo) y 9 (Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión) del Convenio de 1959, además del artículo 2 (Derecho a la instrucción) del Protocolo adicional al Convenio contra la negativa a permitirles educar a sus hijos en casa en conformidad con sus creencias religiosas y las consecutivas decisiones de los tribunales alemanes que han respaldado esta negativa. Todo ello en relación con el art. 14 del mismo Convenio (Prohibición de discriminación).FUNDAMENTO JURIDICO

El recurso se centra en la vulneración del art. 2 del protocolo 1 del Convenio que establece en su literal: “Derecho a la instrucción.
A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas”

Según los recurrentes la escolarización de sus hijos pondría en peligro su educación religiosa, que ellos, en calidad de padres, asumen como una obligación derivada de la Biblia. La laicidad del sistema educativo estatal impide que puedan educarse según sus creencias religiosas, ya que no existe escuela privada alguna que corresponda ala minoría religiosa a la que pertenecen.
En último término apelan al segundo apartado del artículo 2 del protocolo de París que exige al Estado la obligación de respetar ese derecho de los padres a educar según sus propias creencias religiosas.
El Tribunal se hace eco de la falta de consenso entre los países europeos firmantes del Convenio en cuanto a lo que entienden por educación obligatoria. Mientras que algunos países permiten la educación en el hogar, otros exigen la escolarización obligatoria en escuelas estatales o privadas.
El tribunal europeo coincide con las instancias germanas en la afirmación de que no sólo es la adquisición de conocimientos la finalidad de la institución educativa, sino que la educación como primera experiencia integradora del infante es la finalidad primordial de todo el sistema educativo. Y este objetivo integrador en sociedad es el que no puede lograrse de igual modo a través de la educación en el hogar, aunque sí pudiera por ese sistema conseguir una adquisición de conocimiento equiparable a la escuela regular.
Así como el Tribunal Federal consideró de excepcional importancia el interés general de la sociedad de evitar sociedades paralelas basadas en concepciones filosóficas distintas, y la importancia de integrar a las minorías en la sociedad, así el Tribunal Europeo incide en que esta interpretación en concorde con su propia Jurisprudencia y con la importancia del pluralismo par la democracia.
En último término destaca el Tribunal Europeo la constatación que realiza el Tribunal Federal en cuanto a la no vulneración del derecho de los padres a educar a sus hijos, fuera de la escuela y durante los fines de semana. La educación obligatoria no priva a los padres de su derecho a “ejercitar las funciones parentales propias de educador, o de guiar a sus hijos por el sendero de sus propias convicciones religiosas y filosóficas”.
En consecuencia se rechaza por infundada la demanda basada en la infracción de este art. 2 del protocolo de París.