Los padres personados ante el juez…

Tras un tiempo estudiando las características y potencialidades de la jurisdicción Voluntaria, he comprobado que está siendo utilizada únicamente por el Misterio Fiscal, la Administración y los servicios sociales o educativos o alternativamente por familiares para proceder a solicitar del juez la orden de escolarización de los menores, cuando quienes ejercen la patria potestad no han procedido a la gestión de la plaza escolar correspondiente.

Visto así, los padres son notificados y se personan en el procedimiento, no como parte en él, sino como fuente de información sobre la situación real del menor, en el caso de que pudieran aportar algún tipo de documentación que, no obrando en poder de la Administración, pudiera demostrar que el menor está efectivamente escolarizado. Su postura es la de simple convidado de piedra cuando no se puede proporcionar datos pertienetes en el sentido indicado.

Sin embargo, nada impide que los padres, antes de que se produzca una intervención por parte de Inspección o de los Servicios Sociales, en un ámbito puramente preventivo, puedan personarse ante el juez, en un procedimiento de jurisdicción voluntaria y hagan valer su caso, con la petición de que sea el Juez quien les autorice educar en casa sin necesidad de proceder a su escolarización presencial.

De una parte, la Constitución exige la garantía de que los menores reciban una educación, que los padres deben estar en situación de probar que es, por lo menos, equivalente a la que se proporciona en el medio de escolar. De otra, deben estar en posición de demostrar que el medio escolar está resultando perjudicial para el menor, y por ello, en atención al  interés superior del menor, acuden al juez para que les autorice ante lo que es obviamente una excepción al caso general, cual es que el medio escolar, y su incorporación a las actividades sociales de su entorno, es beneficioso para el menor.

La petición debería ir bien documentada y fundamentada y, obviamente, guiada por un letrado que sepa argumentarla desde una base jurídica.

Hasta el momento, en supuestos de intervención Administrativa o del Ministerio Fiscal en vía penal, los padres se limitaban a demostrar que con su proceder no estaban causando un daño al menor, con lo que quedaba neutralizada la vía penal, simplemente con demostrar que la educación que se está produciendo era suficiente y que no se ponían en peligro sus opciones de incorporación posterior al sistema educativo reglado oficial o a estudios superiores.

Sin embargo en vía civil, como nos indica la sentencia de 2 de diciembre de 2010, el Tribunal Constitucional estima que aunque la educación en casa sea incluso superior a la que el sistema escolar está en posición de ofrecer, no por ello cesa la obligación de escolarizar dados  los beneficios que la socialización y la incorporación del menor al medio escolar le pueden reportar. Por todo  ello, la petición de los padres iría dirigida a fundamentar que la participación del menor en el medio escolar le está suponiendo un perjuicio muy superior a los hipotéticos beneficios proclamados por la ley de educación. De ahí que la batería probatoria tiene que ser de calado en este sentido, dado que aunque se pudiera demostrar fuera de toda duda esa adquisición de conocimientos el Tribunal Constitucional considera que los objetivos “no pueden ser satisfechos en la misma medida por la educación en el propio domicilio, incluso en el caso de que ésta permitiera a los niños la adquisición del mismo nivel de conocimientos que proporciona la educación primaria escolar” (Caso Konrad v. Alemania, 11 de septiembre de 2006).

Reconozco que la vía es difícil y que en cualquier caso exige asistencia letrada especializada, que analice la adecuación a un caso en concreto, pero no creo que exista “a priori” una imposibilidad jurídica que la hiciera inviable, teniendo en cuenta que el interés superior del menor es una prioridad que tiene que permear todas las instituciones y que sirve para destruir cualquier apriorismo sobre la bondad de la presencia del menor en el ámbito escolar con la finalidad de satisfacer su derecho a la educación, el único que se exige constitucionalmente.

He consultado este extremo a los servicios jurídicos educativos de una Comunidad Autónoma, y no les consta que una reclamación de este tipo se haya producido, y menos de que haya tenido un resultado favorable a las pretensiones de los padres. En todo caso les parece de difícil gestión y más improbable resultado favorable, con lo que me pregunto si alguien conoce de un caso de este tipo, y si, habiéndose dado, cuál haya podio ser la vía empleada.

COUTURE: Jurisdicción Voluntaria

COUTURE: “Se dice habitualmente que la jurisdicción voluntaria cumple una función administrativa y no jurisdiccional. Esta proposición tan importante debe ser analizada cuidadosamente… Se puede definir el acto administrativo como aquel que, a petición de parte o ex officio, expide un órgano del poder público para reglamentar una ley, para promover a su mejor cumplimiento, para aplicarla a un caso particular o para dirimir una controversia entre partes. Por su contenido propende al bienestar general, al funcionamiento de los servicios públicos, a la aplicación de la ley a un caso concreto; por su eficiencia, es siempre susceptible de revisión en vía jurisdiccional; pero su función es productiva de derecho, contribuye al desenvolvimiento gradual y jerárquico del orden jurídico… Dentro de una noción tan amplia, en la que hemos querido abarca lo general y lo particular, puede admitirse que los procedimientos de jurisdicción voluntaria tienen naturaleza administrativa… No se dictan, normalmente, de oficio, sino a petición de un interesado. Procuran la aplicación de la ley a un caso particular, accediendo a una petición legítima. Propenden a la efectividad de esa misma ley en su gradual desenvolvimiento jerárquico; y al no pasar en autoridad de cosa juzgada, permiten siempre su revisión en sede jurisdiccional… Acaso la dificultad de la cuestión provenga de este cometido coincide en buena parte con el de la jurisdicción. Pero la ausencia del elemento cosa juzgada, sustancial para calificar el acto jurisdiccional impide incluir a los actos judiciales no contenciosos entre los actos de jurisdicción.”


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http://www.monografias.com/trabajos36/jurisdiccion-voluntaria/jurisdiccion-voluntaria2.shtml#ixzz2poFMhQT8

El proyecto de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria

El Consejo de Ministros de 27 de septiembre de 2012 aprobó la denominada “Estrategia Española de Política Económica. Balances y reformas estructurales para el próximo semestre”. Coordinado por la Vicepresidenta del Gobierno, en colaboración con la Oficina Económica del Presidente del Gobierno y la participación de todos los Ministerios, en dicho documento se recoge el balance de las principales medidas adoptadas hasta el momento; así como las principales reformas estructurales previstas para el próximo semestre, que supondrán la aprobación de más de cuarenta iniciativas con rango de Ley hasta el mes de marzo.

Fuente: Aranzadi

Entre las medidas encaminadas a mejorar la seguridad jurídica se incluye expresamente la determinación del Gobierno de presentar al Parlamento una nueva Ley de jurisdicción voluntaria para contribuir a la agilización del funcionamiento de la Justicia; y se establece como plazo máximo el 4º trimestre de 2012.

Pues bien, ha transcurrido el cuarto trimestre de 2012, sin que se haya aprobado dicha ley, por lo que seguimos con una grave indefensión en lo que se refiere al modo en el que se están llevando procesalmente los supuestos en los que desde la Fiscalía de Menores se solicita  judicialmente la aplicación de las medidas del artículo 158 del Código Civil. Deficiencias que llevan a que se apliquen de distinto modo en los diferentes órganos jurisdiccionales, sin que existan unas directrices en cuanto a la protección de los derechos de los llamados a testificar en el procedimiento. Aparentemente, no hay contraposición de intereses, pero en la realidad sí que la hay, específicamente en aquellos supuestos en los que se aplica para perseguir los casos de educación en casa.

Como bien afirma Muñoz Rojas, es tan necesaria la jurisdicción voluntaria como la jurisdicción contenciosa: cada una de ellas tiene sus respectivo campo de aplicación y no son intercambiables.

En cuanto a su naturaleza jurídica SATTA nos dice que la jurisdicción aparece cuando la voluntad del sujeto no realiza el ordenamiento, surgiendo entonces la necesidad de someter la voluntad renuente mediante el proceso. Pero además, la crisis del ordenamiento puede producirse porque la voluntad del sujeto que debe existir no existe (el sujeto puede no existir, ser incapaz o indeterminado), con lo que el ordenamiento no se realiza y se hace preciso crear esa voluntad, atribuyendo a un sujeto poder sobre otro.

El acto de jurisdicción voluntaria tutelaría un interés privado insatisfecho por un defecto de voluntad.

SATTA, Salvadore, Soliloquios y coloquios de un jurista, Ensayos críticos. Jurisdicción Voluntaria, proceso voluntario, pp 195 y ss.

Aplicando la teoría de SATTA, podríamos llegar a la conclusión de que en los procesos de Jurisdicción Voluntaria, en los supuestos de educación en casa, más que una oposición entre la voluntad institucional (Juez y Ministerio Fiscal), opuesta a la voluntad de los padres del menor, que prefieren hacerse cargo de su educación que confiarla a un centro escolar, se da una sustitución de la voluntad institucional, que se pone en el lugar de  lo que se considera una ausencia de voluntad de los padres de satisfacer el derecho del menor a ser escolarizado, y actúa en sustitución de ella.