Abuso institucional sobre los menores en el Estado Español

Este informe puede servir para proteger a los menores de ser interrogados en solitario en procedimientos de Jurisdicción Voluntaria por desescolarización.
En el informe denominado “Infancia y justicia: una cuestión de derechos“, a partir de la página 55, se analiza la situación de los menores ante la justicia española.
Portada del informe de Save The Children
Save the Children asegura que la justicia española no garantiza los derechos de los niños.

La Administración de Justicia en España no está adaptada a las necesidades de los niños y no garantiza adecuadamente sus derechos.

Esta es la contundente conclusión del informe ‘Infancia y justicia: una cuestión de derechos’, presentado este lunes por la organización Save the Children y donde, a la luz de las normas internacionales de derechos humanos y de los estándares internacionales en materia de justicia e infancia, denuncia que la justicia española suspende el examen sobre el respeto y garantía de los derechos de los niños.

Según explicó en rueda de prensa Yolanda Román, responsable de Incidencia Política de Save the Children, “la justicia española no trata bien a los niños”, una cuestión de la que se hace eco el estudio realizado por la organización, que pone de relieve la falta de medios legales, humanos y materiales para garantizar los derechos de los menores.

Román añadió que la justicia española no está adaptada a los niños, no garantiza su derecho a ser escuchados y, si se les escucha, no se hace adecuadamente.

El informe desvela que el contacto de los menores con la justicia resulta traumático, doloroso y ridiculizador, produciéndose “violencia institucional” contra ellos, debido en gran parte al desconocimiento de sus derechos por parte de los operadores jurídicos.

Esta situación también obedece, según el estudio, a la falta de recursos especializados y adecuados para dar respuesta a situaciones judiciales en las que intervienen niños, ya sea en condición de víctimas o testigos de un delito, como infractores de la ley, en casos de crisis matrimoniales o de desamparo o con respecto a las leyes de extranjería, entre otras circunstancias.

Tal y como insistió la responsable de Incidencia Política de la organización, en ocasiones se somete a los menores a interrogatorios, declaraciones o exploraciones repetidas e inadecuadas que les exponen a una dolorosa revictimización.

“Los niños no siempre son tratados de acuerdo a su edad o estado madurativo, lo que puede generar en ellos confusión, temor o incluso culpabilidad. El derecho de los niños a ser debidamente escuchados durante los procedimientos, tanto judiciales como administrativos, y en los procesos en los que participan no se garantiza suficientemente y en muchos casos no se respeta”, alerta el informe.

Save the Children considera urgente adecuar físicamente los espacios en los juzgados donde deben realizarse las entrevistas y donde deben esperar los niños, así como disponer del material técnico y audiovisual que permita llevar a cabo la participación del menor en los procesos sin tener que ver a su agresor ni prestar declaración en una sala llena de adultos desconocidos.

También ve igualmente necesario reforzar el número de fiscales especializados, jueces y personal técnico y garantizar su formación específica en derechos de infancia. “En el contexto económico y político actual en España no resulta atractivo pedir una mayor inversión en justicia, pero es urgente hacerlo”, señaló Román.

Referencia: RODRIGUEZ, Virginia, ROMÁN Yolanda, ESCORIAL, Almudena, Infancia y Justicia: una cuestión de derechos. Los niños y las niñas ante la Administración de Justicia en España”, Save de Children España, con la colaboración del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, noviembre 2012.

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Una reflexión, de nuevo

Tras un largo período vacacional, vuelvo al blog. Intentaré seguir publicando reflexiones que surgen al hilo de la última y definitiva redacción de la tesis.

Esta es una de las reflexiones que quiero compartir. Finalmente sé dónde está el quid de la sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2010. El truco de la sentencia está en el enfoque que el Tribunal dio al caso. Muchas veces he mencionado que el homeschool plantea una triada de intereses, los del menor a ser educado, los de los padres a elegir la educación más acorde a sus propias convicciones y los del Estado a que los menores sean educados en los valores de la sociedad en la que han de integrarse.

Pues bien, el Tribunal Constitucional, en esta sentencia trasladó el conflicto de intereses más lógico, padres-Estado (que es lo que plateaba la defensa), a otro conflicto, padres-hijos, con lo que el resultado es diametralmente opuesto a los intereses tanto de los padres como de los hijos, de manera que en ese conflicto salen ambos perdiendo.

El problema que se plantea, en opinión del Tribunal Constitucional, no es un conflicto entre la libertad de enseñanza de los padres enfrentada a la prerrogativa del Estado de organizar un sistema de enseñanza único, en el que sólo se admite la escolarización obligatoria en un centro homologado y de tipo presencial, sino que formula el caso como un conflicto de intereses entre la libertad de los padres de decidir la instrucción de sus hijos, y el derecho de éstos a ser escolarizados.

Este planteamiento deja a salvo una posible ilegitimidad por parte del Estado, que a lo largo de los años ha ido construyendo un sistema escolar que potencialmente puede vulnerar la libertad de enseñanza de titularidad parental, y reduce el ámbito del conflicto a un enfrentamiento entre la libertad de enseñanza de los padres frente al derecho a la educación de los menores, que no puede llevar a otra conclusión que la prevalencia de éste último. La consecuencia es que ambas posiciones resultan debilitadas a resultas del conflicto, el derecho de los menores a ser educados de un diferente al oficial, y como resulta de las pruebas aportadas al procedimiento, más acorde a sus capacidades e intereses, y por supuesto la libertad de los padres de decidir la educación más adecuada para sus hijos desde un punto de vista pedagógico.

Espero que esta reflexión ayude a comprender lo que ha ocurrido.

Hasta pronto, espero.

Un artículo jurídico afectado por la Sentencia del Constitucional

 

El ideario educativo constitucional como límite a las libertades educativa

El artículo analiza diferentes aspectos de las libertades educativas que dimanan del artículo 27 de la Constitución  desde una perspectiva actual, posterior a la sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2010.

Extraigo de todo el artículo este párrafo:

Fundamentos Jurídicos  5 b). El tribunal Constitucional sostiene en su sentencia que ni la libertad de enseñanza ni el derecho de los padres a que los hijos reciban una formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones amparan –ni siquiera prima facie– la facultad de elegir para sus hijos una educación ajena al sistema de escolarización reglada obligatoria, facultad que por otra parte ni siquiera está reconocida con rango legal en nuestro vigente sistema educativo a tenor de lo dispuesto tanto en el art. 9 de la derogada Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre de calidad de la educación (LOCE), como en el artículo 4.2. de la vigente LOE, que afirman la obligatoriedad de la escolarización reglada y convierten el homeschooling en una conducta ilegal.

Es un ejemplo del calado que la sentencia está teniendo sobre la opinión jurídica que se está vertiendo actualmente sobre la educación en casa.

El artículo, simplemente parafraseando el fundamento 5 b) de la sentencia, llega a dos conclusiones peligrosas:

1. Tanto en el art. 9 de la derogada Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre de calidad de la educación (LOCE), como en el artículo 4.2. de la vigente LOE, que afirman la obligatoriedad de la escolarización reglada

No es cierto, ninguno de esos dos artículos se refieren a una pretendida escolarización reglada, sino que hablan sólo  de 10 años de escolaridad, sin calificar las condiciones en la que ésta deba realizarse.

2. Convierten el homeschooling en una conducta ilegal. Tampoco es cierto. Si entendemos ilegal como un antijurídico penal, de esta sentencia no dimana tal, ya que es una sentencia dictada en vía civil que no interpreta tipificación de delito alguno.

Y esto tan sólo en un  párrafo ocupado mayoritariamente por la copia literal de la propia sentencia. Así es como se transmiten posteriormente a la prensa y a la opinión pública este tipo de interpretaciones del texto constitucional, que bastante devastador es para el homeschooling, como para echar más leña al fuego. La opinión pública, a posteriori, sacará sus propias deducciones, y cómo no va a ser así si aparecen publicadas en sesudos artículos académicos publicados por revistas jurídicas de prestigio.

El artículo está publicado en Revista europea de derechos fundamentales, ISSN 1699-1524, Nº. 17, 2011 , págs. 91-130

Corta y pega de Autos

Tras haber examinado con detenimiento los autos de las Audiencias Provinciales de Girona y Alicante, que anulan los autos de los juzgados de primera instancia  que habían rechazado, en los respectivos procedimientos de jurisdicción voluntaria, cualquier tipo de intervención sobre los menores de las familias intervenidas, lo cierto es que la primera conclusión es asombrosa: la resolución de la Audiencia de Alicante del pasado mes de abril, copia palabra por palabra los Fundamentos de Derecho expresados en el auto dictado por la Audiencia Provincial de Girona en junio de 2011.

La extensa aportación del fiscal que actuó ante el juzgado alicantino exigiendo la adopción de las medidas previstas en el artículo 158 del Código Civil, no han sido tenidas en cuenta ni por el Juzgado, que dictó un auto rechazando la adopción de medida alguna, ni por la Audiencia Provincial, que simplemente hace un corta y pega del auto de Girona.

Los fundamentos de derecho se basan en el simple cumplimiento objetivo de las funciones derivadas de la patria potestad, con respecto al derecho a la educación de los menores, que se centra en la obligación de gestionar plaza escolar para el menor, y asegurarse de su asistencia a clase, una vez haberse producido la matriculación en un centro reconocido por el ordenamiento jurídico vigente.

El artículo 31 de la Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunitat Valenciana, establece así esta obligación:

Los padres y demás representantes legales del menor, como responsables de su educación, tienen el deber de velar para que sus hijos cursen de manera real y efectiva los niveles obligatorios de enseñanza y de garantizar su asistencia a clase.

La idea queda así expresada en ambos autos:

Podríamos estar discutiendo de forma ilimitada sobre los sistemas educativos y la conveniencia o no de la asistencia de los niños a un centro público o privado, pero ello no es la cuestión que aquí debe resolverse. La cuestión litigiosa planteada debe resolverse desde un punto de vista estrictamente jurídico.

Con este argumento se descarta la relevancia de los informes forenses que puedan demostrar tanto el bienestar emocional, psíquico o físico del menor, como la adquisición de conocimientos equivalentes o superiores a sus coetáneos escolarizados dentro del sistema oficial, ya que sólo se pasa a debatir si se ha cumplido con una obligación formal, cual es la exigencia de la gestión de la plaza escolar correspondiente, tal y como aparezca descrita esta en la Comunidad Autónoma que haya asumido las competencias en educación.

La vía civil tras la sentencia del TC

La elección del procedimiento civil para la persecución de las conductas derivadas de la desescolarización de menores en edad escolar es un hecho desde que el Tribunal Condstitucional se pronunció por primera sobre el fondo del asunto en diciembre de 201o.

Hasta ese momento lo habitual era que, por alguna razón, las fiscalías eligieran la vía del artículo 226 del Código penal y acusaran por desamparo a las familias que desescolarizaban conscientemente, en su postura de oposición al sistema escolar presencial. Lo cierto es que esta vía no tenía muchas posibilidades de prosperar desde el momento en que el Tribunal Supremo ya se había pronunciado contra ella, basándose en lo que consideraba matar moscas a cañonazos en 1994, con ocasión del procesamiento e imputación de los responsables del colectivo denominado “La Familia”, o también “Los Niños de Dios”. Esto sucedía prácticamente el mismo año en el que se iniciaba el movimiento desecolarizador en el Estado Español, con los primeros pasos en su andadura y los primeros encuentros de Crecer sin escuela. Para entonces la vía penal ya estaba agotada, aunque ha subsistido hasta nuestros días. Con razón se dice que las cosas de palacio van despacio.

En este momento, al imponerse la vida civil, se están dando las primeras sentencias en Audiencias Provinciales. En concreto dos, una de ellas en la Audiencia Provincial de Girona, de junio de 2011, y otra, en la Audiencia provincial de Alicante de abril de este mismo año. Ambas repiten los argumentos de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 casi en su literalidad.

La preocupación se deja ver en el colectivo, que se ha puesto manos a la obra para intentar conseguir un reconocimiento a la distinción entre absentismo y desescolarización voluntaria y consciente, a la vez que se prevea la posibilidad legal de que los menores desescolarizados puedan acceder a la titulación de estudios básicos tras el periodo obligatorio sin que resulten perjudicados por un retraso, de dos años actualmente, frente a los menores escolarizados. Un agravio comparativo que necesita ser reparado.

 

El interés del menor: un concepto jurídico indeterminado.

El interés del menor es la piedra angular sobre el que descansa todo el edificio legal creado para asegurar la protección del menor. Bien sean acciones tomadas en relación a una situación de riesgo, como las más extremas derivadas de la declaración de desamparo del menor, la flexibilidad que la ley imprime a los procedimientos, permite tanto a la administración actuante como al juez, entrar en una  valoración prudencial de las medidas que vayan a tomarse.

La piedra angular en la protección de menores es el tan traído interés del menor. Se trata éste de un concepto jurídico indeterminado mencionado dos veces en el preámbulo de la llei 37/1991 y hasta un total de 12 en su articulado  pero no definido en ninguno de ellos. Esta indefinición deviene acertada puesto que permite en cada caso concreto encontrar la fórmula más conveniente para la adecuada protección del menor teniendo en cuenta sus circunstancias, si bien se corre el riesgo de permitir un mayor margen de discrecionalidad en atención a las mismas  provocando cierta inseguridad jurídica.

El interés del menor puede definirse, como propone IGLESIAS REDONDO no como la voluntad del menor, su capricho o arbitrio, sino como la situación con mayor número de ventajas, de cualquier género y especie y del menor número de inconvenientes con respecto a otra, siempre en proyección hacia el futuro, desde el exclusivo punto de vista de su situación personal.

En su exhaustivo estudio sobre el interés del menor, RIVERO HERNÁNDEZ, tras declarar que se ha producido un cierto abuso en el uso del término  afirma que “el interés del menor (valoración positiva de lo que le conviene) no coincide con toda situación o acto que deba considerarse (inicialmente) más ventajoso para él respecto de otros posibles, sino aquéllos que, más allá de una valoración comparativa con otras opciones más o menos buenas, comporten un razonable beneficio para el menor y su principales centros de interés actual o futuro, considerado desde un punto de vista objetivo (por referencia a la realidad jurídica y social de aquél)” .

El interés del menor en concreto debe ir ligado a la protección de sus derechos fundamentales, intentando elegir entre la menos mala de las alternativas posibles, atendiendo, primordialmente a sus problemas más inmediatos y graves y proponiendo unos criterios para la determinación in concreto del interés del menor.

En un artículo publicado por noticias jurídicas en el que se hace referencia a La protección de los menores desamparados en el Derecho Civil Catalán, se hace hincapié en este aspecto que debiera guiar en todo momento la acción administrativa y judicial cuando se trata de decidir sobre el bienestar de los menores.

Por ello la actuación de la administración debe atender a ciertos criterios o principios informadores, cuales son el de protección progresiva del menor, flexibilidad en la actuación, subsidiariedad de su intervención, prioridad de integración del menor en su familia de origen, integración en familias antes que en instituciones y control judicial de la actuación de la administración.

Luis Belestá Segura, juez sustituto.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS:

IGLESIAS REDONDO, J.I., Guarda Asistencial, Tutela Ex Lege y Acogimiento de Menores:

(En la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de Enero, de Protección Jurídica Del Menor, de Modificación Parcial Del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

RIVERO HERNÁNDEZ, F., El interés del menor, Edit. Dykinson, Madrid, 2000, p. 23.

El procedimiento de oposición a resoluciones administrativas en protección de menores

Así se titula el articulo publicado por Rosa María Fernández Vadillo y en él se recoge este procedimiento tal y como se prevé en la Ley de Enjuiciamiento Civil. También Esther González Pillado, de la universidad de Vigo, trata sobre esta misma materia en un artículo al que puede accederse a través de InDret.

Estos artículos describen el cauce procesal adecuado para oponerse a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores. En principio estos procedimientos judiciales que incluyen el de declaración de desamparo, se regulan por el Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre jurisdicción Voluntaria, ya que según el apartado I de la Disposición derogatoria de la LEC de 2000 deja el vigor 120 años después, la antigua de LEC  hasta que se apruebe la Ley de jurisdicción Voluntaria pendiente aún. Paso a recoger los aspectos más relevantes en la descipción del citado procedimiento:

La base del procedimiento de oposición a la declaración de desamparo, es precisamente  dilucidar si a los menores se les puede aplicar las medidas de intervención que establece el artículo 172,1 del Código Civil.

1. El procedimiento se inicia con la presentación de un simple escrito que expresará la oposición a la resolución que se refiere.

El tribunal reclamará el expediente que la Administración deberá aportar en 20 días.

Se entrega copia al actor para que en el plazo de 20 días presente la demanda.

2. La demanda se redactará en la forma prevista para el juicio verbal (art. 437 LEC 1/2000), en la que se indicará de manera sucinta los datos y circunstancias de identificación de quien la presenta y del demandado (la Administración que haya declarado el abandono).

3. Una vez contestada la demanda, el Juez, mediante providencia convocará a las partes a la celebración de la vista según lo previsto para el juicio verbal.

En ella las partes harán valer sus pretensiones y tendrá lugar la práctica de la prueba.

4. La resolución que pone fin a este procedimiento de oposición es la sentencia que deberá ser dictada en el plazo de diez días contados desde el día siguiente a la celebración de la vista, caso de haberse practicado en ella todas las pruebas, o bien desde el de la presentación por las partes de los escritos de conclusiones.

Dicha sentencia es susceptible de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que se interpondrá dentro de los cinco días siguientes a la notificación de dicha resolución.

En cualquier caso, la resolución que se dicte no tiene efecto de cosa juzgada material, pudiendo las partes plantear de nuevo en vía administrativa o judicial la reintegración de la patria potestad suspendida y de la guarda del menor, en el caso de cambio de las circunstancias que motivaron la declaración de desamparo.

FICHA TECNICA:

1. Legitimación activa: Los padres, guardadores o tutores que pretendan ejercitar la acción de nulidad de la resolución administrativa que declara el desamparo del menor.

3. Legitimación pasiva: la entidad pública

4. Competencia judicial: el Juez de primera instancia

5. Es obligatoria la intervención del Ministerio fiscal (art. 749 LEC)

6. Los padres deben actuar asistidos de letrado y representados por procurador (art. 750 LEC)

7. Se sustanciará por los trámites del juicio verbal

8. No será precisa reclamación previa en vía administrativa para formular oposición ante los tribunales civiles de las resoluciones administrativas en materia de protección de menores (art. 780,1 LEC)

Joan Egea Fernandez (III)

Un estudio que leí hace un tiempo de Joan Egea Fernández, y que comenté en este blog aquí  y aquí analiza la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la oposición judicial a la declaración de desamparo hecha por la entidad pública.  El artículo fue publicado por la revista Derecho Privado y Constitución en su número 5, de enero-abril de 1995, y se basaba en el recientemente dirimido caso de Los Niños de Dios, entre otros, al recoger las primeras sentencias del Tribunal Constitucional sobre esta materia.

Algunas de las reflexiones de Egea están de plena actualidad, ahora que el  Estado se debate entre las vías penal y civil para resolver los casos de desamparo en el ámbito de la educación desescolarizada. En primer lugar, Egea nos dice que “La apreciación de que no se ha cometido un delito contra la persona de los menores no prejuzga que no pueda darse la situación de desamparo”.

En el ámbito penal se trataba de determinar si la actuación y modo de vida de los padres habían producido lesiones en la salud mental de los niños. Precisamente la sala segunda del TS declara que no ha quedado probado, en este caso de Los Niños de Dios, que los métodos educativos y formativos provocasen en los menores “lastimamientos psíquicos, aunque sí dificultades para insertarse con éxito en la sociedad post industrial y competitiva”.  En el Derecho penal, además,  no es suficiente que se cumpla con el tipo descrito, sino que debe concurrir ánimo lesivo. El Tribunal Supremo, que resolvió la vertiente penal del caso,  entendió que ninguno de los dos concurrían en el caso. Según Egea, “No parece que  la simple circunstancia de educar exclusivamente en el seno familiar, sin acceder a los centros escolares, pueda considerarse perjudicial, por sí misma, para formación integral de éstos; a pesar de que, obviamente, suponga una seria limitación de su capacidad de relacionarse e integrarse socialmente. Si este tipo de educación supone un riesgo de que se produzca o llegue a producirse efectivamente un menoscabo en la formación integral del menor susceptible de ser catalogado como situación de desamparo, la intervención protectora de la entidad pública vendrá justificada plenamente en el marco exclusivo del ordenamiento civil “.

A estos efectos son dos los artículos del Código civil que resultan de aplicación en cuanto a esa atribución preventiva de protección al menor. Por un lado el artículo 158 y por el otro el 172,1. La diferencia entre ellos radica en la autoridad que se hará cargo de la intervención.  El artículo 172 concede  una tutela ope legis a la entidad pública, en base al incumplimiento de los deberes de la patria potestad. Mientras que el 158, con una finalidad coincidente, habilita a cualquier pariente, al ministerio fiscal, e incluso al menor,  para instar al juez que disponga la medidas más adecuadas para evitar el perjuicio al menor.

Art. 158: El juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio fiscal, dictará:

1. Las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos y preveer las futuras necesidades del hijo, en caso de incumplimiento de este deber, por sus padres”.

Téngase en cuenta que el artículo 142 del Código civil incluye la educación e instrucción del menor entre los alimentos (Art. 142 Cc: “Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista…”)

Sin embargo el artículo 172 concede a la entidad pública la iniciativa para tomar estas medidas sin acudir a la autoridad judicial para obtener su autotización Tan sólo tendrá que notificar a los padres y al Ministerio Fiscal  sobre la decisión tomada en el plazo de 48 horas.

Esta nueva legislación, y me refiero a la fórmula prevista en el artículo 172,  incorporada al Código Civil en 1987, hace inclinarse la tendencia hacia una intervención directa de la administración en estos casos, sin tener que pasar por el control judicial, que era el sistema más extendido y previsto en el artículo 158 del mismo Código civil antes de la reforma.

Actualidad # 7: Carta de apoyo y otras informaciones

1. Varios blogs y webs publican el texto de una carta de apoyo para que sea enviada al Juzgado de Instrucción, nº 7 de Vigo, donde se sustancia un procedimiento judicial por un caso de desescolarización voluntaria en el que está imputada una madre que educa en casa.

Entre ellos destaco Homeschooling Spain, por la cercanía geográfica y sentimental, ya que Meninheira y Ana Rosa del espacio Pumariños son personas muy cercanas. Ana Rosa explica sí su situación en el citado blog:

Estimados amigos,
Dada la presión judicial que se está ejerciendo sobre mi hijo y sobre mi por no escolarizar a mi hijo os pido que envieis en señal de apoyo esta carta al juzgado que lleva las diligencias previas de mi imputación por el supuesto delito de abandono de niños. Cuantas más adhesiones reciban mejor.

El presidente de ALE, Dargah McIrney también ha lanzado una campaña de información sobre el caso, a través del correo electrónico, en el que incorpora  el texto de la carta, y el modo de envío de la misma.

Se prefiere que se envíe por correo postal, pero si no es posible, también hay un fax:

Juzgado de instrucción nº7, Vigo
Rúa Lalín, nº4, 5ª planta, edif. anexo
Vigo, Pontevedra, España.

nº fax: 986817893

o el email de Ana Rosa:analogicarosa@yahoo.es
Diligencias previas procedimiento abreviado 0007023/2010

Los abajo firmantes, ciudadanos interesados en el asunto que se dilucida en las diligencias indicadas en el encabezamiento, mediante el presente escrito, nos dirigimos a Usted como juez a fin de exponer:

En Homeschooling Spain está el texto de la carta de apoyo en castellano y en gallego.

2. Nuria Aragón Castro (Sibilia) ha abierto una web, en la que recoge lecturas entre las que se encuentras temas relacionados con la educación extraescolar. La web se denomina Nuria Aragón Castro, y va a servir para podernos acercar a ella con más facilidad. La enlazo en mi blog desde este momento en el apartado de webs temáticas.

3. Hay noticias desde el Congreso de Homeschooling, Innovación ducativa y escuela flexible  auspiciado por la Universidad de Navarra. Arantza nos advierte de que se ha ampiado el plazo para la presentación de comunicaciones hasta el  30 de junio.

Fechas para tener en cuenta

Fecha Hasta el 30 de junio Hasta el 15 de julio Hasta el 15 de julio Hasta el 15 de septiembre
Qué Envío de resúmenes Evaluación de los resúmenes Notificación e inscripción anticipada Inscripción y envío de comunicación
Responsable Primer autor Comité Científico Secretaría del Congreso Participantes

 Gracias Arantza.

La jusriprudencia racaída sobre la negativa de los padres a escolarizar a sus hijos

Una sentencia que aparece a menudo mencionada en ámbitos cercanos al homeschool es la de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de febrero de 1996. De esta sentencia se reproduce siempre el Fundamento Jurídico 1º

“El derecho  a la educación no se protege y garantiza únicamente a través de la escolarización y de la integración del menor en el sistema educativo que diseña la ley sino que la “formación educativa, efectuada al margen de la enseñanza oficial, es perfectamente aceptable en el marco de las libertades diseñado por la constitución”.

Desgraciadamente no he conseguido nunca esta sentencia ni aparece menciona en ningún artículo doctrinal sobre esta cuestión. ¿Alguien conoce la sentencia y podría ofrecerme datos sobre cómo llegar a ella?

Entre los artículos que no mencionan la citada sentencia está el de Lourdes Ruano de 2009 titulado  El derecho a elegir, en el ámbito escolar, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con las propias convicciones en el marco de la LOLR, contiene elementos de interés para el homeschol desde el punto de vista legal.

Uno de los apartados de este artículo se titula  “La Negativa de los padres a escolarizar a sus hijos menores, invocando el derecho a elegir el tipo de educación de acuerdo con su conciencia: la escuela en casa o home school” y en él hace un repaso de las sentencias que desde distintos tribunales han analizado y sancionado el derecho de los padres a negarse a escolarizar a sus hijos en un centro homologado. El artículo selecciona aquellas sentencias que resuelven el fondo del asunto en Tribunales de apelación, tales como Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional respectivamente.

El primer caso planteado ante los tribunales corresponde al resuelto por sentencia Sentencia del TC 260/1994, de 3 octubre  y en ella se dirimía si el incumplimiento de dicha obligación por los padres, justifica la asunción de la tutela de los menores por parte de la administración.

Ante la no escolarización de un grupo de niños (concretamente 23) por parte de sus padres, todos ellos miembros de la organización denominada «Niños de Dios», la Generalidad de Cataluña solicitó ante el Juzgado la tutela de los menores, por entender que se encontraban en situación de desamparo, ya que se les estaba privando del derecho a una educación integral, y así proceder a su escolarización. Los padres alegaban al respecto que la formación esencial de la persona se verifica en el seno familiar, que la familia es el elemento básico de todo desarrollo educativo y que es un derecho inalienable de los padres el poder elegir el tipo de educación que quieran dar a sus hijos de acuerdo con los dictados de su conciencia. Pero el Juzgado estimó la solicitud de la Generalidad, al considerar que el art. 27. 3 de la CE ha de confrontarse con los deberes que la patria potestad conlleva, y cuando la educación impartida impide o limite sustancialmente el pleno desarrollo del menor nos encontraremos ante un inadecuado ejercicio de los derechos paterno-filiales y ante una posible situación de desamparo, presupuesto para la asunción de la tutela legal por la entidad pública competente.

La Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia contraria a las pretensiones de la Administración y estimó que las enseñanzas recibidas por los menores se impartían sin descuidar las consideradas como básicas y obligatorias, «escolaridad libre según el ordenamiento jurídico de alguno de los países de origen de los niños, y, en definitiva, no distinta de la que se da en los colegios regidos por religiosos en nuestro país». Se señala, por último, que se ha impuesto el confinamiento en España a un grupo de niños extranjeros, «rompiendo la natural armonía paterno-filial dando intervención preponderante en la misma al Estado» y que, en definitiva, debía «prevalecer la libertad de culto de los padres y el derecho a elegir la educación de sus hijos».

Esta resolución fue recurrida en amparo por la Generalidad, recurso que fue desestimado por el Tribunal Constitucional -aunque la sentencia tuvo un voto particular del Magistrado Vicente Gimeno Sendra, en el que manifiesta su contrariedad porque la sentencia no ha entrado en el fondo del asunto. En opinión de este magistrado de entre los dos derechos, el de los padres para orientar a los hijos hacia convicciones morales, religiosas o filosóficas que crean más adecuadas, o si el derecho consiste esencialmente en el derecho del niño a ser escolarizado con la consiguiente obligación de los poderes públicos de procurar dicha escolarización, incluso obligatoriamente, prima este segundo.

El Ministerio Fiscal había recurrido en casación la sentencia de la Audiencia Provincial, pero la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 1669/1994 de 30 octubre desestimó el recurso. Entiende el Tribunal Supremo que «el derecho fundamental a la educación compromete a los poderes públicos en la tarea de colaborar y ayudar a su efectiva realización pero no se interfiere necesariamente en el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, sin que las vías establecidas por el Estado sean exclusivas o excluyentes, de manera que no cabe descartar los modelos educativos basados en la enseñanza en el propio domicilio siempre que se satisfaga con ella la necesaria formación de los menores».

En el ámbito de la Jurisprudencia menor, la Audiencia Provincial de Granada volvió a pronunciarse sobre un tema similar, aunque en este caso en el ámbito de la Jurisdicción penal, en la sentencia 112/1996, de 29 de febrero, que revoca la sentencia del Juzgado de Instrucción de Menores de Granada, que condenaba a una madre como autora de una falta del art. 584, 1º del Código Penal, por no haber escolarizado a sus hijos en un centro reconocido educacional. La Audiencia se apoya en la fundamentación de las sentencias del TS y TC antes citadas, y estima que «la Constitución ha colocado la libertad en el pórtico de entrada, el catálogo de derechos y deberes y considera el libre desarrollo de la personalidad como sustento y fundamento del orden político y de paz social, imperando el principio de libertad de enseñanza, debiéndose orientar hacia el pleno desarrollo de la personalidad y formar a los individuos en modelos de tolerancia y convivencia, teniendo cauce en el seno de una sociedad plural en la que existen otros valores como la libertad ideológica y de conciencia que permite a los padres elegir la formación que esté más acorde con sus convicciones». Subraya que «el ser humano tiene gran capacidad de libertad para elegir el camino que estime más adecuado para su formación, permitiéndole ser convencional o apartarse de las reglas estatuidas y que el niño es un ser inerme que recibe de los padres y su entorno todo género de temores y complejos, y proclamar la superioridad de un sistema educativo sobre otro debe basarse en presupuestos psicológicos, sociológicos, culturales y morales». Por ello, estima el Tribunal que trasladar estos factores al campo del derecho penal es una tarea difícil e insegura, pues éste sigue siendo la última línea de actuación, que sólo está justificada cuando existe un daño efectivo, real y trascendente. Y afirma que «el Juez no puede entrar en el santuario de las creencias personales y en el marco de las relaciones personales…» (Fundamento de Derecho 3º). La cuestión de si existe un derecho público subjetivo de libertad, materializado en la posibilidad de creación de centros de enseñanzas, o ese derecho de libertad de educación se constriñe a optar necesariamente entre los centros existentes nacidos al amparo de esa libertad de enseñanza, pero reconocidos administrativamente, debe ser resuelto en jurisdicciones ajenas a lo penal (Fundamento de Derecho 4º). En el caso en cuestión se ha demostrado que la Asociación o Agrupación en la que los niños reciben la formación no tiene autorización oficial, pero lo cierto es que «allí se realiza la prestación de una educación según modelo y plan de no sólo de autónoma creación sino contando con asesoramiento y utilizando sistemas similares a los de la LOGSE». Por todo ello, se entiende que la conducta de la madre no entra en el tipo penal, por lo que debe ser absuelta. RGDCDEE 19 (2009) 1-58 Iustel 34

Una cuestión similar es la que se plantea en la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla 829/1999, de 23 de noviembre. El supuesto de hecho que da lugar al pronunciamiento judicial es el siguiente: La Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía declaró en situación legal de desamparo a un menor, que había sido internado por su padre en la llamada Colonia Niño Sergio 58, y asumió ex lege su tutela, apoyándose en que dicho internamiento había supuesto la ruptura de toda comunicación del menor con su progenitor, amén de la labor inquisitorial de dicha entidad con respecto a los menores allí internados. La sentencia hace constar, sin embargo, que tal ruptura no se ha producido, pues de hecho el padre del menor es médico en una localidad cercana, cuya proximidad le permite visitas frecuentes a la Colonia. Pero además, recuerda que el art. 27.3 de la Constitución garantiza el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, y afirma: «repárese en que no es sólo religioso sino también moral, y por esto último ha de entenderse el conjunto de reglas de conducta propuestas por una determinada doctrina o inherente a determinada condición, según es de ver en la definición que de tal término se presenta en cualquier enciclopedia. Y justo eso es lo que hizo el padre: elegir la formación moral que, conforme a sus propias convicciones, se imparte en la coloniaya el hecho de que el padre quiera para su hijo esa concreta formación, porque la considere más completa que la convencional y mayoritaria en nuestro entorno cultural, indica un interés en que su hijo reciba, desde sus convicciones, art. 27.3 de la Constitución citado, la mejor formación que entienda puede recibir: un padre que actúa con tales criterios no puede decirse que se desentienda de su hijo, que lo tenga abandonado» (Fundamento de Derecho 3º). En definitiva, la Audiencia Provincial consideró que no existía situación de desamparo, por lo que estimó el recurso y dejó sin efecto la Resolución de la Administración.

Recientemente se ha vuelto a abordar la cuestión de la negativa de unos padres a escolarizar a sus hijos, por la Audiencia Provincial de Málaga, en la sentencia 548/2005, de 6 de junio. El Ministerio Fiscal presentó demanda contra tres grupos de padres, que se habían negado a escolarizar a sus hijos, pretensión que fue estimada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Coín, que ordenó la escolarización obligatoria de los 5 menores por sentencia de 5 de mayo de 2003. Contra esta sentencia, los padres interpusieron recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, alegando que «en el ámbito de la libertad de educación lo que se plantea es una cuestión de inconstitucionalidad referida a la obligatoriedad de la escolarización que no es lo mismo y que no es necesaria cuando la enseñanza se imparte de forma domiciliaria», por lo que se entiende infringido el art. 27 de la Constitución, y modificada la causa petendi, ya que el Fiscal no pidió en su demanda sino que se cumpliese el mandato del art. 154 del Código civil. El recurso fue desestimado, confirmándose íntegramente la sentencia de instancia. La sentencia centra el objeto del debate en los siguientes términos: se trata de determinar, por una parte, si las clases que los padres dan a sus hijos en el seno de la familia bastan para cumplir el mandato constitucional, sin necesidad ni obligación de hacer uso de centros autorizados y homologados, o si la enseñaza de los progenitores ha de completar o ser completada por la oficial, teniendo en cuenta que a la edad de los menores debe ser gratuita y obligatoria la enseñanza básica. Pero además, se plantea en el presente recurso el problema de determinar si el derecho a la educación consiste en la total libertad de los padres para orientar a los hijos «hacia las convicciones morales, religiosas o filosóficas que crean más adecuadas a su formación intelectual y somática, en cuyo caso dicho derecho se confundiría con la libertad ideológica y religiosa del art. 16 de la Constitución, reconduciéndose al derecho contemplado en el art. 27, 3», o si dicho derecho consiste esencialmente en el derecho del niño a ser escolarizado con la consiguiente obligación de los poderes públicos de procurar dicha escolarización. Así planteado el objeto del recurso, la audiencia admite que en el presente caso se plantea un conflicto de intereses entre la voluntad de los padres, que según los magistrados «subsumen el derecho a la educación en un supuesto derecho a la no escolarización y consiguiente impartición de enseñanza en el seno de una o varias familias» y los intereses de los hijos que son ejercidos en sustitución procesal por el Ministerio Fiscal. Y resuelve dicho conflicto de intereses de la forma siguiente: «la Constitución confiere a los padres el derecho, no sólo a impartir en el seno de la familia (matrimonio o unión de hecho) la enseñaza que estimen conveniente, sino también el de poder enviar a sus hijos al colegio que deseen e incluso el no menor derecho fundamental a exigir de los poderes públicos la formación que mejor se adecue a sus convicciones; pero tal derecho no ampara otro supuesto derecho de los padres a la no escolarización de los hijos bajo el pretexto de que sólo ellos han de impartir la educación que estimen conveniente».

 A partir de este momento se produce otra sentencia importante en la Audiencia Provincial de Teruel. Se trataba de la decisión de unos padres de poner en práctica el método de escuela en casa en lugar de escolarizar a sus hijos en centro educativo y para ello la madre se dedicaba en exclusiva a la educación de los menores. La Fiscalía formuló acusación por un delito del artículo 226. La Audiencia Provincial confirmó la absolución afirmando que «educar equivale a desarrollar las facultades intelectuales y morales de una persona y ello puede lograrse dentro o fuera del sistema educativo establecido, mientras que escolarizar es un término más restringido que en nuestro ordenamiento Jurídico, implica el proporcionar al individuo unos determinados conocimientos y competencias previamente definidos, proporcionados y evaluados por el Estado a través de unos determinados Centros homologados por el mismo», concluyendo que «la falta de escolarización de los menores cuando viene motivada como en el presente caso ocurre, en una libre decisión de los padres, que han optado por un sistema alternativo de educación, basando su decisión en consideraciones pedagógicas o académicas y no viene unida a una situación de desamparo o riesgo social del menor, no es susceptible de integrar el tipo penal del delito del artículo 226 del Código Penal».

 Por último la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado diciembre de 2010 que viene a ratificar la doctrina establecida por la Audiencia provincial y no ampara a los padres en su derecho a no escolarizar al menor a su cargo en un centro escolar homologado.

El primer archivo en Fiscalía del que tengo conocimiento

Yolanda Cambra fue una de las primeras madres homeschooler que desarrolló un blog con una bena cantidad de seguidoras. El blog no ha sido eliminado, y aunque ya no se actualiza porque ya no educa en casa,  sigue teniendo  interés.  Se titula El cole en casa

En el blog se puede tener acceso a las entrevistas que realizó en 2007. Una entrevista realizada por Alberto Guardiola, desde Aragón Radio, en la que participaron Yolanda y sus hijos de 16 de noviembre de 2007. Además de esta entrevista, dio otra al programa La Gaveta el 21 de enero de 2008. Ambos constan en los  Archivos de El Cole en Casa.

Entrevista en Aragón radio a Yolanda

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Publicó en su blog dos posts de interés desde el punto de vista legal con fecha viernes 11 de abril de 2008. De una parte, el titulado “Los homeschoolers no podemos adoptar en Aragón”.

“Desde un punto de vista social y teniendo en cuenta lo expuesto en los apartados anteriores, en especial en el apartado educativo, se valora a la familia NO IDÓNEA para llevar a cabo el acogimiento preadoptivo de un menor, atendiendo a los criterios que contempla el Decreto 188/2005 de 26 de septiembre del Gobierno de Aragón.

1.- la incapacidad para satisfacer las necesidades y garantizar los derechos del menor (art. 15.1.b)

Informe psicológico

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera a la familia, desde el punto de vista psicológico, como NO IDÓNEA.

La valoración negativa se realiza en base a distintos indicadores de riesgo que no garantizan el éxito de otra futura adopción y que están recogidos en el Decreto 188/2005, del 26 de septiembre del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento del procedimiento administrativo previo a la adopción nacional e internacional de menores.

1.b) La falta de capacidad para satisfacer las necesidades y garantizar los derechos del menor.

La familia no está garantizando el derecho del menor a una educación escolar según recoge la legislación vigente (Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación) con el término “escolarización obligatoria”.

Sin entrar a valorar el estado en el que se encuentra la educación de los menores en casa de la familia solicitante, no es posible validar su situación ya que legalmente está perseguida por la Administración debido a que las familias que educan a sus hijos en casa, actualmente, cuentan con un sistema de aprendizaje que no está legalizado en nuestro país. Por lo tanto, es una situación vinculada, en la actualizad, al absentismo escolar con las dificultades añadidas que esto supone para los menores educados en casa.

Lo de que estamos perseguidos por la Administración nos dejó perplejos. Sobre todo, porque ya le explicamos que el policía judicial que nos tomó declaración nos dijo que estaba casi seguro de que se archivaría nuestro caso, como así ha sido. Pero a ella le vino muy bien como baza para reforzar su teoría.

Nos dieron 15 días naturales para recurrir y ya lo hicimos. La resolución de Fiscalía llegó fuera del plazo pero vamos a intentar que nos la admitan. Sobre todo, para que vean que un Fiscal no ve delito ni riesgo social donde ellas lo ven y, sobre todo, que nuestra familia no está perseguida por nadie.

Y de otra la noticia del archivo de su causa, archivo de Fiscalía. Este archivo en Fiscalía es el primero que obra en mi poder, me refiero a que es el primero del que tengo constancia escrita. Es de 4 de abril de 2008.

“DECRETO DEL FISCAL En Zaragoza, a 4 de abril de dos mil ocho. Vista la documentación remitida, procédase al archivo del presente expediente de protección, ya que se considera que los hechos no son constitutivos de delito penal, en cuanto el menor está realizando la educación académica, aunque sea fuera de las vías convencionales, ya que se considera que el delito se comete si el menor no recibe educación académica, no si no acude a las clases del colegio o IES correspondiente. Todo ello sin perjuicio de que los hechos pudieran ser constitutivos de infracción administrativa del art. 96.3, letra e de laLey Aragonesa 12/01, de dos de julio, de la Infancia y Adolescencia de Aragón.”

Assumpta Baig, senadora

Assumpta Baig es la única representante política que ha presentado una iniciativa ante un órgano legislativo a  nivel estatal. En concreto, presentó una enmienda al texto de la LOE como portavoz del grupo Grupo de la Entesa Catalana de Progrès  por el que era representante en la Comisión de Educación e Investigación durante la octava legislatura del Senado (de 2004 a 2008). Así lo expresa en su blog:

Esta semana, concretamente el martes finalizó el periodo  de enmiendas a la LOE (Ley orgánica de educación). El Grupo de la Entesa Catalana de Progrès  ha introducido 194 correspondientes a las enmiendas presentadas antes al  Congreso de los grupos de ERC e IC y enmiendas de  nueva presentación por parte de estos dos grupos y del PSC, así como también algunas por indicación del Departamento de Educación de Cataluña respecto a algunos ajustes. Todo parece indicar que la Comisión de Educación y Ciencia del Senado se reunirá para aprobar y rechazar enmiendas entre el 13 y 15 de marzo para que forme parte de la orden del día para el pleno del 21 al 23 de marzo.

Esto ocurría en estas fechas, a mediados de marzo, hace exactamente cinco años. Volvamos la vista atrás para conocer cual fue el proceso de negociación para la incorporación de la enmienda al texto de la LOE.  ALE, con ocasión de la presentación de su primer libro, se puso en contacto con la senadora Baig, con la finalidad de incorporar a través de ella alguna enmienda al texto de la LOE, que estaba en tramitación en aquel momento, y que pudiera reconocer de algún modo la licitud de educar en casa, y su conformidad como modelo educativo al diseñado para el conjunto del Estado Español aunque finalmente el  Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrès  (GPECP)  al que representaba Assumpta Baig en el Senado presentó  su propia propuesta, la enmienda nº 895 al texto de la LOE.

Enmienda de adición. Adición de letra en la Disposición Final Primera:
h) A asumir las familias, en circunstancias especiales que así lo justifiquen , el aprendizaje escolar de sus hijos.
JUSTIFICACIÓN: Poder conocer las familias que por razones justificadas y aceptadas por la administración educativa se cuidan y responsabilizan del aprendizaje escolar de sus hijos.

Todo el texto de la negociación de las enmiendas que se presentaron ante el Senado están en este PDF del diario de sesiones de la Comisión de Educación e Investigación del  Senado que corresponde al 14 de marzo de 2006.

El texto de la enmienda, junto con otras que se votaron en el mismo bloque, fue rechazado en comisión con 4 votos a favor y 21 en contra. En una lástima que la senadora Baig no tuviera tiempo para poder defender todas las enmiendas una por una, y que tuviera que darlas por defendidas dentro de un mismo bloque sin haber podido ofrecer el razonamiento de su defensa. Sería interesante poder conocer en este momento los argumentos de la senadora Baig en la defensa  de aquella enmienda, así como  cual era en aquel momento su percepción de la  la educación en familia y sus contactos con las personas que constituían el movimiento desescolarizador.

A medida que avanzo en la investigación se pone de relieve que los pasos  iniciales, en todos los aspectos del movimiento desescolarizador, surgieron en Catalunya. El inicio del movimiento desescolarizador estaba en Bellaterra (Barcelona), de mano del colectivo Vida Sana.  Según el libro  de Francisco José Cuevas Noa titulado Anarquismo y educación. La propuesta sociopolítica de la pedagogía libertaria, el inicio de la Historia del Movimiento Desescolarizador en el Estado Español se retrotrae a 1985, casi 10 años antes de los primeros encuentros, y se sitúa en Catalunya.

La primera intervención se produjo allí, sobre el colectivo Vida Sana y la segunda  intervencion de gran calado que dio lugar a la primera sentencia del Tribunal  Supremo y del Tribunal Constitucional, también partieron de Catalunya sobre  el colectivo de Los Niños de Dios que a la sazón habían constituído una colectividad en  Barcelona a principios de la década de los 90 del pasado siglo. Catalunya cuenta con un número de familias que educan en casa superior a la de cualquier otra comunidad autónoma y ha sabido de cohexionar su propia coordinadora que defiende los  intereses de muchas de las  familias que educan en casa en este territorio.

Recientemente, tras una comparecencia ante el Parlament de Catalunya de miembros de la Coordinadora Catalana EenF, el 20 de enero de 2009,  han conseguido que la Ley de Educación Catalana  recoja en su artículo 55,2 la posibilidad de instituir centros a a distancia en niveles de enseñanza obligatoria. Actualmente negocian con la administración autonómica un desarrollo reglamentario de la citada ley, que refleje y favorezca del mejor modo posible el desarrollo de la educación en familia en esa comunidad.

El documento que recoge la comparecencia establece así el contexto del trabajo y las bases sobre las que van avanzando:

Querríamos empezar haciendo un breve recorrido sobre la trayectoria que hemos seguido hasta llegar aquí. Aunque nuestra asociación EeF se conformó ahora hace unos dos años aproximadamente, la mayoría de familias asociadas llevamos unos cinco años estableciendo contactos con los diferentes responsables de la Administración pública, siempre siguiendo las indicaciones que ellos mismos nos han recomendado. Las primeras gestiones se hicieron con la parlamentaria catalana, y después senadora, Sra. Assumpta Baig, y más tarde nos llevaron hasta a Madrid, primero con el Sr. Alejandro Tiana, entonces Secretario de Estado de Educación, y finalmente con el Sr. Juan López Martínez, Subdirector General de OrdenaciónAcadémica del Ministerio de Educación. Es cierto que avanzábamos poco a poco, pero con buenas perspectivas de llegar a un reconocimiento. Al igual que ahora, aquellas personas comprendían el alcance de nuestras demandas y la necesidad de regular esta situación. Paralelamente, familias catalanas –no olvidemos que la mayor cantidad de familias que educan en casa se concentran en Catalunya–establecimos contactos con algunos representantes políticos y de la Administración catalana, como ya hemos adelantado antes, para darnos a conocer.

Sólo me queda recordar que cuentan con un Plan de Absentismo escolar para Barcelona que diferencia nítidamente educación en familia y absentismo escolar.

Catalunya harealizado una gran aportación al movimiento desescolarizador en el Estado Español con el marchamo  intelectual que  ha imprimido sobre el movimiento por el reconocimiento de la educación en familia desde hace más de veinte años. Han mostrado su elemento diferenciador inlcuso en la terminología que utilizan para designar al homeschool, entendido como Educación en Familia o Escolarización en Familia.

Es en Catalunya donde funcionan iniciativas sencillas pero de indudable éxito como el préstamo de material entre familias y los encuentros habituales, tanto al aire libre como aquellos más privados en los que los niños y niñas que se educan en casa presentan ante otras familias  trabajos o experimentos sobre los que están trabajando.

Catalunya puso en marcha un plan quinquenal de subsidiariedad y está dando sus frutos. Hace exactamente cuatro años que nació la Cordinadora Catalana EenF y se acercan a la posibilidad de poder hacer un buen balance de los resultados del quinquenio para el año que viene. Les deseo lo mejor.

2010:A fovourable case to homeschooling in the Spanish State

Desde hace un año estaba esta entre las entradas que he redactado y que siguen sin publicar: este texto que preparé para un colega holandés con ocasión de la absolución en un caso de homeschool. Hace poco ha venido de nuevo ante mis ojos aquel caso a través del Informe de Fiscalía de 2010, y he recordado la deuda que tengo con la publicación de alguna entrada en inglés en el blog. Este es el momento, ya que es  una buena sentencia de absolución de la familia Gómez-Calatayud que fue imputada y absuelta en aquel procedimiento y que aporta un avance destacable dentro la jurisprudencia existente sobre los casos en jurisdicción penal de educación desescolarizada en el hogar que la diferencia nítidamente  de los supuestos de absentismo escolar, como factor que puede denotar abandono de aquellos menores en familias desestructuradas o  en riesgo de exclusión social. La sentencia, creo que no ha recibido la atención que merece, aunque no hay duda que el Fiscal de Teruel no duda en destacarla en su informe para la memoria de 2010 casi llegando a la transcripción literal del fallo.

The last case reviewed by a higher Court in the Spanish State has been favorable to the interests of the family who were taken through Criminal Law procedures, for the crime of “Abandonment” or “neglect” which is usually the type applied when the parents refuse to take their children to school. According to the Spanish Criminal Law it is understood as a failure to fulfill one of the parental duties imposed by law.
The case is interesting since it has gone to the core of the matter, and clearly defines the differences between education and schooling, by stating that the parents did fulfill their duty of educating their children by
educating them at home.

It literally states that “Educar equivale a desarrollar las facultades intelectuales y morales de la persona y ello puede lograrse dentro o fuera del sistema educativo establecido por el Estado, mientras que escolarizar es un término más restringido que, en nuestro ordenamiento Jurídico, implica proporcionar al individuo unos determinados conocimientos y competencias previamente definidos, proporcionados y evaluados por el estado a través de unos determinados centros homologados por el mismo”. (Educating means to develope the intelectual and moral aptitudes of a person, and that can fulfilled both within and outside the state run Education System, whilst schooling means to deliver certain knowledge and competences, previously defined, and evaluated by the state, through a system of homologated or monitored academic institutions).

Apparently something is moving within the Judicial system in the Spanish State, which is similar to what Thomas Spiegler explains in one of his articles “Why sate sanctions fail to deter home education…..”

“It seems that the idea that it is adequate and helpful to sanction home educators with high fines or imprisonment does not have much more acceptance that homeschooling itself”

The court rule in Spanish is attached here Teruel’s Court Rule.

According to the Spanish law there are three routes which the State can take in a case of homeschool.

1). First and most obvious is the criminal court. The reason is simple: When there is a complaint by a school to the Local administrative body stating that a child is not attending school, the final institution in charge of children in a long chain of boards that don´t want to take a decision themselves, is the Prosecutor (one of the tasks of the Prosecutor is the look after the welfare of children). The prosecutor has to take into account the law in force and in the cases of both truancy and of homeschooling ( not distinction made in the law) there is an article in the criminal Law (Código Penal, art. 226) which states that failure to deliver education of children under the charge of a person is a criminal offense.
Then, as you say, specific laws about Education define “education as 10 year schooling, and then the identification is done between education and schooling, and the circle is closed. Different to the civil law, which only talks about education among the parental duties (Código Civil, art. 154), but it is the Education Laws which do the enforcement of schooling as a parental duty.

2) The second route is Administrative, with sanctions stated in the Laws that deal with  “Protection of Children”. There is a general one for the Spanish State but it is a competence for the Autonomous regions, who can applied sanctions according to their own ruling. This road has not been explored yet.

3) And the last one is to take the route of Civil Law, which can give Courts powers to enforce schooling under the menace of restricting or remove parental custody, if the parents refuse to fulfil the schooling order. There is a decision of civil law content taken by the constitutional Court, but it wasn´t applied because by the time the whole procedures were completed, up to the Constitutional Court, the children were past the 16 years of age. (Tribunal Constitucional, 163/2008, 23 de junio de 2008, nº registro 7509-2005)

Memoria de la Fiscalía General del Estado:2010

Así como ocurrió en la memoria de 2008, en la que el fiscal de Málaga consideró prudente la distinción entre distintos casos de absentismo, diferenciándose aquel que responde a la decisión de los padres de educar a los menores a sus cargo según la fórmula de home education, el fiscal de Menores de Teruel, se hace eco en la Memoria 2010 del caso de los padres que consiguieron que  la Audiencia Provincial de Teruel fallara a su favor en un caso de educación en casa por motivos pedagógicos.

(Busquese en Menorias 2010, Capítulo 3, G) Fiscales de Sala Coordinadores y Delegados para Materias Específicas y Secciones o Delegaciones Territoriales Especializadas, 6. Fiscal de Sala Coordinador en materia de Menores) .

La importancia del caso queda en evidencia en el relato de la Fiscalía:

La Sección de Menores de Teruel da cuenta de un supuesto de home schooling (educación en casa). Se trataba de la decisión de unos padres de poner en práctica el método de escuela en casa en lugar de escolarizar a sus hijos en centro educativo y para ello la madre se dedicaba en exclusiva a la educación de los menores. La Fiscalía formuló acusación por un delito del artículo 226. La Audiencia Provincial confirmó la absolución afirmando que «educar equivale a desarrollar las facultades intelectuales y morales de una persona y ello puede lograrse dentro o fuera del sistema educativo establecido, mientras que escolarizar es un término más restringido que en nuestro ordenamiento Jurídico, implica el proporcionar al individuo unos determinados conocimientos y competencias previamente definidos, proporcionados y evaluados por el Estado a través de unos determinados Centros homologados por el mismo», concluyendo que «la falta de escolarización de los menores cuando viene motivada como en el presente caso ocurre, en una libre decisión de los padres, que han optado por un sistema alternativo de educación, basando su decisión en consideraciones pedagógicas o académicas y no viene unida a una situación de desamparo o riesgo social del menor, no es susceptible de integrar el tipo penal del delito del artículo 226 del Código Penal».

La Sección de Menores de Cádiz, admitiendo que podría ser útil la creación de un tipo autónomo que sancione específicamente la conducta de los padres o tutores negligentes que incumplen el deber de procurar a sus hijos la escolarización obligatoria, considera que no es insuficiente la previsión legal del artículo 226 CP por cuanto no cabe duda, a la luz de los artículos 154 («educarlos y procurarles una formación integral [a los hijos o tutelados]») y 142 del Código Civil en cuanto a la extensión de los alimentos entre parientes, de que la educación y formación integral del menor es uno de los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar; a lo que se suma toda la normativa autonómica al respecto, que se manifiesta en el mismo sentido, y la legislación básica en la materia, fundamentalmente la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, que, dentro del marco constitucional (art. 27 CE), deja bien claro en sus artículos 2, 3 y 4 que la enseñanza básica, obligatoria y gratuita «comprende diez años de escolaridad y se desarrolla, de forma regular, entre los seis y los dieciséis años de edad».

También la Sección de Cádiz expone que en la franja de edad comprendida entre los 14 y los 16 años es cuando, generalmente, aparece la rebeldía de algunos menores contra el sistema educativo, por circunstancias que van desde la propia personalidad del menor hasta el entorno socio familiar en que se desenvuelve, la edad difícil de la adolescencia, la colaboración negligente de los progenitores, etc. Este hecho le lleva a la consideración de que hace falta un modelo educativo alternativo para estos menores. Se trata de chavales que han perdido el interés por el estudio, que rechazan la escuela y la disciplina que ésta lleva consigo, aunque no renuncian a su propia formación fuera de los cauces del sistema educativo reglado; manifiestan aún buena disposición, podrían aprovecharse sus potencialidades, pero sin una alternativa adecuada pierden su oportunidad. Por eso, ante esta realidad incontestable quizá fuera conveniente realizar estudios individualizados de cada caso para poder ofrecer al menor una alternativa que, dentro de los parámetros legales, en el marco general de la LOE, se acomodara a su caso y le permitiera una formación acorde con su edad y sus circunstancias.

La Sección de Lérida pone de relieve que en determinados colectivos es más eficaz la advertencia relativa a una posible declaración de desamparo de sus hijos que la de que pueden incurrir en una conducta delictiva.

 

 

Memoria de la Fiscalía General del Estado: absentismo escolar

La Fiscalía General del Estado redacta todos los años informes en los que recoge la actividad de las fiscalías que funcionan en las diferentes comunidades autónomas. Sus informes son públicos y se puede tener acceso a ellos a través de esta página.

De entre los diferentes documentos, se pueden obtener aquellos que proceden de las Fiscalías de Menores y que recogen su actuación ante el absentismo escolar. De su lectura se pueden extraer dos conclusiones:

La primera es que las Fiscalías de Menores que operan en cada una de las comunidades autónomas no actúan al unísono frente a los casos de absentismo escolar. De ahí que los procedimientos resulten diferentes en cada una de ellas. Si unimos a esto que los protocolos de absentismo escolar son  diferentes no sólo para cada comunidad autónoma, sino que incluso para cada municipio, la conclusión es de sorpresa y perplejidad  al comprobar que en los casos de las familias intervenidas en el momento actual, prácticamente ninguna de ellas ha seguido el mismo iter administrativo y/o judicial, lo que aumenta la sensación de que cada cual cuenta cómo le ha ido en su caso, sin que la experiencia sea de utilidad directa para las demás que se ven abocadas a sufrir un procedimiento de este tipo. Por ello, creo que interesa conocer el modo en el que las distintas fiscalías de menores exponen su punto de vista. En otra entrada daré cuenta del funcionamiento de un protocolo, pero como digo, con eficacia local, ya que no existen protocolos de aplicación para todo el territorio del Estado Español

La segunda es que no sólo los procedimientos son distintos, sino que las percepciones de las Fiscalías de Menores sobre la utilización de la vía penal o administrativa tampoco coinciden. Veamos algunos ejemplos
En la Memoria de 2009, la Fiscalía de Valencia recomienda al legislador un tratamiento penal más severo para los padres que no gestionen la plaza escolar para sus hijos.
“Para la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Valencia el CP es a todas luces insuficiente para hacer frente a este problema social. Se considera una carencia en el sistema de protección de menores la inexistencia de un tipo penal autónomo que contemple la actuación de los padres, tutores o guardadores que no hubieran matriculado al menor entre seis y dieciséis años a su cargo o que consientan que el mismo no acuda al centro escolar”.

La prensa se hizo eco de esta noticia, recogiendo esta petición de la Fiscalía de Valencia desde 2006.

Y por otro lado otra fiscalía, como la de Málaga, prefiere diferenciar distintos tipos de absentismo escolar. Otras como la de Salamanca recomiendan la vía administrativa de imposición de multas, por encima de la vía penal. E incluso dentro de la vía penal hay fiscales que favorecen la imposición de la multa prevista en el art. 226 del Código Penal, mientras que otros favorecen la petición de la pena de privación de libertad prevista en ese mismo texto legal.

El absentismo escolar en el informes de Fiscalías de menores de 2008

La Fiscalía de Málaga ensaya una clasifi cación dentro del absentismo escolar:

1) La falta de escolarización de menores de corta edad como refl ejo del padecimiento de una situación global de desasistencia.

2) El absentismo de menores con edades normalmente comprendidas entre los 9 y 14 años, cuyo origen suele encontrarse en una sobreprotección de los progenitores.

3) Absentismo por razones culturales y aún étnicas.

4) Inasistencia al centro escolar motivada por deficiencias mentales o físicas.

5) Ausencia de escolarización como consecuencia de la conocida como home education.

A continuación paso a reproducir algunas de las aportaciones que bien diferentes surgen de las distintas fiscalías.

La Comisión Técnica Institucional del Menor de A Coruña propone un nuevo protocolo de actuación,  con una sistematización de las diferentes intervenciones, estableciendo dos fases de intervención: intraescolar –tutor, departamento de orientación, dirección, equipo de orientación específico– y extraescolar –inspección educativa, servicios sociales municipales, equipo técnico del menor y Fiscalía de menores– así como unos plazos máximos de respuesta y una mayor coordinación entre los diversos sectores e instituciones implicados.

La Fiscalía Provincial de Guipúzcoa refiere que el problema que plantean las diligencias de investigación que se incoan por absentismo escolar es el de determinar en qué concepto deben comparecer los padres cuando son citados por el Fiscal para declarar, así como la naturaleza de los delitos eventualmente cometidos. El criterio adoptado por esta Fiscalía ha sido el de citarles, en primer lugar, en calidad de testigos, indicando en el Decreto de incoación la comisión de un delito de abandono de familia. En la primera declaración que se les ha tomado en Fiscalía se les ha advertido de la obligación que tienen de escolarizar a los menores y se les ha dado lectura de los artículos 556 y 226 CP, advirtiéndoles de las consecuencias penales que se pueden derivar del incumplimiento de la obligación de escolarizar. Transcurrido un tiempo sin que tal obligación se haya cumplido se les cita como imputados.

En la Fiscalía Zamora se expone que se han arbitrado dos sistemas diferentes de tratar el absentismo. En los casos más recalcitrantes, la mitad aproximadamente, en que el absentismo es además consecuencia de una actuación claramente negligente de los padres cuando no apoyada por ellos, se optó por la apertura de Diligencias de investigación criminal en las que tras solicitar los expedientes se ha tomado declaración a los padres de los menores, apercibiéndoles expresamente de que su conducta pudiera ser constitutiva de un delito de abandono de familia y que de persistir la misma en el futuro se procedería a actuar criminalmente contra ellos. Para comprobar la ulterior efectividad de dichos requerimientos se solicitaba como medida complementaria la remisión quincenal a la Fiscalía de las faltas de asistencia de los niños al colegio. En el restante grupo de casos se actuó en modo similar, pero sin la incoación de diligencias de investigación penal, haciendo el referido requerimiento, además de a los padres, a los menores.

La Fiscalía de Bilbao informa que ha venido siguiendo el mismo protocolo de intervención de años anteriores: citación a la familia y al hijo o hija absentista o desescolarizado, y seguimiento durante tres meses para valorar la evolución, contando con la información aportada por el Centro escolar. Cuando perdura el problema este seguimiento trimestral se mantiene hasta la fi nalización de la escolaridad obligatoria, y se procede a efectuar denuncia contra los padres en los casos en los que se valore que existe un abandono de familia.

La Fiscalía Provincial de Lleida ante la noticia del absentismo incoa expediente con un doble objetivo; por un lado, averiguar si existe situación de riesgo en el menor, y por otro, para comprobar si los progenitores han podido incurrir en la comisión del delito de abandono de familia previsto en el artículo 226 CP. Cuando la causa del absentismo es el desentendimiento de las obligaciones familiares por parte de los padres, se aprovecha la comparecencia para informarles de las consecuencias que puede generarles el incumplimiento de la obligación de escolarización de sus hijos, no solo desde el punto de vista penal, ya que pueden cometer el mencionado delito, sino en el ámbito de protección, dado que se les advierte que si continúan incumpliendo, se valorará si los mismos reúnen las condiciones mínimas para el ejercicio adecuado de la custodia de sus hijos.

Para la Fiscalía de Zaragoza los resultados de sus actuaciones han sido considerados satisfactorios por las autoridades administrativas, habiéndose detectado la transmisión boca a boca entre determinados colectivos españoles y extranjeros de las posibles consecuencias del absentismo escolar, sobre todo tras la reforma del artículo 226.1 CP por la LO 15/2003, que contempla como pena alternativa la prisión de 3 a 6 meses.

La Fiscalía Provincial de Ciudad Real pone de relieve que se ha creado una comisión de trabajo formada por representantes de las instituciones afectadas por razón de la materia, para elaborar un Protocolo de actuación con el fin de erradicar el absentismo escolar y conseguir que los menores afectados regularicen su asistencia a clase.

La Fiscalía de Burgos reseña que la relación con la Comisión Provincial de Absentismo Escolar es fluida, tanto por escrito como a través de reuniones. Tal Comisión da cuenta por escrito de cada nueva situación de absentismo en la que consideran que han agotado los medios a su alcance para reconducir la situación. En Fiscalía se procede a abrir un expediente de absentismo escolar al menor (expediente de protección específico). Se cita a los padres y al menor (se cita siempre al menor mayor de 12 años; respecto del menor de esa edad se atiende a las circunstancias concretas). Se pone a los padres en conocimiento de sus obligaciones y de las consecuencias de su incumplimiento.
Posteriormente se comprueba si la situación de absentismo ha cesado. Si no se reconduce la situación se incoan Diligencias Informativas ante la posible comisión de un delito del artículo 226 CP.

La Fiscalía Provincial de Salamanca pone de relieve que la Ley de Protección a la Infancia de Castilla y León específicamente considera sancionable como infracción grave y con multa de 4.000 a 50.000 euros los casos de progenitores que no escolarizan a sus hijos o lo hacen deficientemente, por lo que entiende teniendo en cuenta los escollos prácticos que estos casos plantean en la vía penal, se debe en principio dar preferencia a la vía administrativa.

La Fiscalía Provincial de Córdoba informa que la Comisión Provincial de Absentismo Escolar ha seguido dando cuenta de los acuerdos a los que ha llegado y dando traslado de aquellos casos más graves en los que los progenitores pudieran haber incurrido en responsabilidad penal, una vez agotadas todas las vías de actuación previas (educativa,
socio-asistencial y policial). Con esta información remitida se ha procedido a la apertura de Diligencias de Investigación. Después de practicar las diligencias imprescindibles para la acreditación de los hechos denunciados se ha acordado, o bien su archivo, o bien la presentación de denuncia ante el Juzgado de Instrucción.