El primer archivo en Fiscalía del que tengo conocimiento

Yolanda Cambra fue una de las primeras madres homeschooler que desarrolló un blog con una bena cantidad de seguidoras. El blog no ha sido eliminado, y aunque ya no se actualiza porque ya no educa en casa,  sigue teniendo  interés.  Se titula El cole en casa

En el blog se puede tener acceso a las entrevistas que realizó en 2007. Una entrevista realizada por Alberto Guardiola, desde Aragón Radio, en la que participaron Yolanda y sus hijos de 16 de noviembre de 2007. Además de esta entrevista, dio otra al programa La Gaveta el 21 de enero de 2008. Ambos constan en los  Archivos de El Cole en Casa.

Entrevista en Aragón radio a Yolanda

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Publicó en su blog dos posts de interés desde el punto de vista legal con fecha viernes 11 de abril de 2008. De una parte, el titulado “Los homeschoolers no podemos adoptar en Aragón”.

“Desde un punto de vista social y teniendo en cuenta lo expuesto en los apartados anteriores, en especial en el apartado educativo, se valora a la familia NO IDÓNEA para llevar a cabo el acogimiento preadoptivo de un menor, atendiendo a los criterios que contempla el Decreto 188/2005 de 26 de septiembre del Gobierno de Aragón.

1.- la incapacidad para satisfacer las necesidades y garantizar los derechos del menor (art. 15.1.b)

Informe psicológico

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera a la familia, desde el punto de vista psicológico, como NO IDÓNEA.

La valoración negativa se realiza en base a distintos indicadores de riesgo que no garantizan el éxito de otra futura adopción y que están recogidos en el Decreto 188/2005, del 26 de septiembre del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento del procedimiento administrativo previo a la adopción nacional e internacional de menores.

1.b) La falta de capacidad para satisfacer las necesidades y garantizar los derechos del menor.

La familia no está garantizando el derecho del menor a una educación escolar según recoge la legislación vigente (Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación) con el término “escolarización obligatoria”.

Sin entrar a valorar el estado en el que se encuentra la educación de los menores en casa de la familia solicitante, no es posible validar su situación ya que legalmente está perseguida por la Administración debido a que las familias que educan a sus hijos en casa, actualmente, cuentan con un sistema de aprendizaje que no está legalizado en nuestro país. Por lo tanto, es una situación vinculada, en la actualizad, al absentismo escolar con las dificultades añadidas que esto supone para los menores educados en casa.

Lo de que estamos perseguidos por la Administración nos dejó perplejos. Sobre todo, porque ya le explicamos que el policía judicial que nos tomó declaración nos dijo que estaba casi seguro de que se archivaría nuestro caso, como así ha sido. Pero a ella le vino muy bien como baza para reforzar su teoría.

Nos dieron 15 días naturales para recurrir y ya lo hicimos. La resolución de Fiscalía llegó fuera del plazo pero vamos a intentar que nos la admitan. Sobre todo, para que vean que un Fiscal no ve delito ni riesgo social donde ellas lo ven y, sobre todo, que nuestra familia no está perseguida por nadie.

Y de otra la noticia del archivo de su causa, archivo de Fiscalía. Este archivo en Fiscalía es el primero que obra en mi poder, me refiero a que es el primero del que tengo constancia escrita. Es de 4 de abril de 2008.

“DECRETO DEL FISCAL En Zaragoza, a 4 de abril de dos mil ocho. Vista la documentación remitida, procédase al archivo del presente expediente de protección, ya que se considera que los hechos no son constitutivos de delito penal, en cuanto el menor está realizando la educación académica, aunque sea fuera de las vías convencionales, ya que se considera que el delito se comete si el menor no recibe educación académica, no si no acude a las clases del colegio o IES correspondiente. Todo ello sin perjuicio de que los hechos pudieran ser constitutivos de infracción administrativa del art. 96.3, letra e de laLey Aragonesa 12/01, de dos de julio, de la Infancia y Adolescencia de Aragón.”

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Actualidad # 3:casos archivados tras la sentencias del TC

La actualidad de esta semana es sin duda el archivo del primer caso de homeschool que se ha visto en un juzgado después de la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado diciembre. Se trata de la familia Lopez de Arana-Sanz, de Vitoria Gasteiz. En Actualidad # 1 me hice eco de la campaña que lanzó ALE para protestar por el hecho de que se lleve ante un juzgado de lo penal a esta familia, que cuenta entre sus socios. El archivo de su caso ha traido una oleada de alivio para otras familias que están esperando a pasar por el mismo trance – Acutalidad #2– , un motivo de alegría para los asociados a ALE, entre los que me incluyo, y en general para todo el movimiento desescolarizador en su conjunto, un motivo para seguir adelante en su campaña por conseguir que el educar en casa sea admitido legal y socialmente en el Estado Español. Y en esto incluiría a aquellos que han educado, educan o los que aun sin tener hijos en el presente, ya planean educar en casa en el futuro.

El auto de archivo de la causa está aún pendiente de recurso por parte de la Fiscalía, y es mejor por ello ser cautos antes de analizar su contenido. Ya lo haré en otra entrada en la que iré recogiendo los archivos de causas como hice en el pasado en las entradas que tratan sobre los   sobreseimientos y los  archivos de causas.

El abogado que asistió a la familia es el mismo que consiguió el archivo de los Branson-Sanchez, y de la familia Sestayo, se llama Jon Bengoetxea, y en su momento compareció ante el Parlamento Vasco para exponer ante la Comisión de la cámara autonómica su visión sobre el procedimiento del que eran objeto sus patrocinados. El sigue defendiendo a estas familias ante los juzgados y creemos que es positivo que, como ocurre en otros países, por ejemplo la propia Paula Rothermel que actúa como perito ante los tribunales en el Reino Unido, en la defensa de las familias que son acusadas de dejadez en el cumplimiento de su cometido como educadores en casa y obligados a escolarizar, haya profesionales de la abogacía que se vayan formando en la práctica de la defensa de casos concretos, y pueden eventualmente en el futuro, ser una fuente de conocimiento para nuevos profesionales, además de depositarios de  importante información sobre la práctica judicial ante estos casos.

He estado en contacto con él estos días por correo electrónico y debo admitir que me enriquece mucho su visión de la práctica jurídica y su ecuanimidad al analizar los casos que defiende. No puedo transcribir estas conversaciones porque son privadas, pero sí traer de nuevo algo de lo que comentó en una entrevista que le hice hace un año:

¿Existe una inhibición de los órganos jurisdiccionales para la persecución de estos casos, o por el contrario muestran una actitud firme?

Hasta ahora, mi experiencia es que los órganos jurisdiccionales han actuado de oficio, al tener conocimiento de los hechos por comunicaciones realizadas por la Delegación de Gipuzkoa de la Consejería de Educación del GV.

La cuestión es que los hechos notificados a la Fiscalía sólo han sido calificados indiciariamente como supuestos de abandono de menores, y la verdad es que el recorrido judicial ha sido más bien corto. Otra cosa es la sensación de angustia y zozobra que han creado en unas personas que son cualquier cosa menos delincuentes.

Edito para añadir otro sobreseimiento esta misma semana en los Juzgados de Pamplona-Iruina, que deja tranquilidad a una familia de Goizueta para poder seguir educando en casa. Enhorabuena.

Y vuelvo a editar para informar de que otro caso ha sido archivado, esta vez en el juzgado. Otra vez mi enhorabuena a la familia de Granada. Esta ha sido verdaderamente una actualidad feliz.

Entrevista a Jon Bengoetxea, abogado

La publicación del post anterior con la comparecencia de Jon Bengoetxea ante el Parlamento Vasco, me sirve de introducción a esta entrevista. Conocí a Jon en aquella ocasión. Fuimos los primeros en llegar al edificio del Parlamento Vasco en Vitoria-Gasteiz donde iba a tener lugar la comparecencia de miembros de ALE ante la Comisión de Educación y Cultura. Los dos nos encontrábamos en una sala de sesiones contigua a la que sería la sala de nuestra comparecencia, sin que nadie nos hubiera presentado. La situación era de gran formalidad, y me refiero al entorno, no a las personas, que en todo caso eran muy cordiales. Yo no sé por qué me imaginé que era el abogado de los Branson-Sanchez y me dirigí a él como colega. Fue un acercamiento informal y sencillo, hablamos de la Universidad, de los que habían sido nuestros profesores y pasamos a hablar del tema de la comparecencia. El negociaba con la encargada de protocolo  la posibilidad de que hubiera disponible  un ordenador e impresora en el que Ketty pudiera descargar e imprimir  el texto de su testimonio ante la Comisión.

No hemos vuelto a estar en contacto, pero guardo un afectuoso recuerdo de la cercanía y amabilidad de Jonbengo, como le llama Ketty de modo cariñoso.

Jon Bengoetxea Vera es  abogado y se  dedica fundamentalmente a asuntos penales, de familia y a los relacionados con el mundo inmobiliario (compraventas, arrendamientos, etc). Ha defendido los casos de la familia Branson-Sanchez y de la familia Sestayo ambos ante la Fiscalía de San Sebastián, y que han terminado en ambos supuestos con el archivo de las actuaciones.

¿Podrías rememorar los casos de homeschool que has defendido?

Si por defensa se entiende la actuación en sede judicial sólo he intervenido en los casos de la familia Branson-Sánchez (Michael y Ketty), y en el de Arantxa, finalizado recientemente. Además de estos, he estado vinculado por una relación de asesoramiento y consulta con otros tres más: uno en Navarra, otro en Cataluña y otro más (que todavía está “vivo”) en Bizkaia-Burgos.

¿Qué diferencia has visto entre ellos, tanto en cuanto a la distancia en el tiempo como en cuanto al nivel de acusación? ¿Cual ha sido el resultado de tu actividad letrada en estos casos?

Respecto a los casos que no han llegado a los Tribunales (al menos hasta ahora), las circunstancias que impulsan la decisión de los padres son muy diversas En uno de los casos se trata de una decisión colectiva, es decir, no son sólo los padres de una familia aislada los que se lanzan a la experiencia, sino que son un grupo de padres quienes exploran esta vía ante la insatisfacción que les produce la enseñanza convencional.

En otro de los casos es la necesidad económica, la absoluta precariedad de la madre sola la que la empuja a buscar soluciones alternativas que, en todo caso, supongan no separarse de su hijo. Quizá es el caso con menos carga ideológica.

En el último de los casos se observa que este tipo de educación responde a motivaciones claramente religiosas. Es un grupo de personas seguidoras de prácticas basadas en ritos orientales, con evidente vocación rural.

Por lo que se refiere a los dos casos en los que hemos llegado a instancias judiciales, los dos se han desarrollado ante la Fiscalía de Gipuzkoa, y han sido muy parecidos. Entre los dos asuntos hay una diferencia temporal de dos años, y en ambos casos la investigación del Ministerio Público se centraba en la existencia o no del delito de abandono de menores, del artículo 226 del Código Penal.

Como es sabido, los dos finalizaron con sendos Decretos de sobreseimiento por inexistencia de indicios de delito, con archivo de las causas.

¿Cual es tu opinión la mejor defensa ante estos casos de desescolarización?

Si las pautas de comportamiento de las Fiscalías sigue como hasta ahora, la defensa es clara. En ninguno de los casos que yo conozco existe abandono de menores. Es decir, no hay desatención alimenticia, ni higiénica ni afectiva; tampoco docente. Sólo que la atención en estos planos se realiza de manera diferente a la convencional. Desde ese punto de vista, las posibilidades de que una denuncia penal prospere, no son muchas.

Por consiguiente, la labor de defensa más adecuada es la acreditación de que los menores están correctamente atendidos en todos esos aspectos. No están abandonados en absoluto.

¿Podrías dar un consejo desde aquí a las personas que están siendo intervenidas por la Administración en uno u otro grado?

Daría el consejo de que los padres lleven una especie de Registro de actividades, docentes o no, de los menores lo más detallado posible.

¿Cual es la actitud de la Administración ante estos casos según tu experiencia profesional?

La actuación de la Administración es un tanto pintoresca. En un principio, las autoridades educativas (Delegación de Educación del GV) tratan de imponer su disciplina y denuncian a los padres ante la Fiscalía (o tal vez sea un intento de quitarse el problema de encima). Después, cuando constatan que no han solucionado nada con la denuncia, mantienen “escolarizados” a los niños (no les dan de baja, les cobran los gastos, etc), y así, ante la inexistencia aparente de absentismo escolar, no hay medida alguna que tomar.

¿Existe una inhibición de los órganos jurisdiccionales para la persecución de estos casos, o por el contrario muestran una actitud firme?

Hasta ahora, mi experiencia es que los órganos jurisdiccionales han actuado de oficio, al tener conocimiento de los hechos por comunicaciones realizadas por la Delegación de Gipuzkoa de la Consejería de Educación del GV.

La cuestión es que los hechos notificados a la Fiscalía sólo han sido calificados indiciariamente como supuestos de abandono de menores, y la verdad es que el recorrido judicial ha sido más bien corto. Otra cosa es la sensación de angustia y zozobra que han creado en unas personas que son cualquier cosa menos delincuentes.

Más me preocupa que en un futuro alguien pretenda presentar cargos por desobediencia (como estuvo a punto de pasar en el caso Branson-Sanchez). Es posible que ahí tuviésemos más problemas. Cuando menos, llegaríamos a juicio.

¿Podrías explicarnos los aspectos tanto positivos como negativos de tu experiencia en la defensa de los casos de homeschool que has conocido?.

Para una persona como yo, que no ha tenido hijos y que por tanto no se ha tenido que enfrentar directamente a un asunto como éste, la experiencia no deja de ser un tanto chocante He encontrado buenas personas, gentes que en ningún caso pretendían hacer mal a nadie sino que querían lo mejor para sus hijos.

En el lado negativo, quizá en algún caso he observado un cierto exceso de protección hacia los niños. Estos, tarde o temprano, crecerán, y se tendrán que enfrentar a un mundo competitivo y cruel. Si su estilo de educación les ayuda o les perjudica en su inexorable relación con ese mundo, es algo que, hoy por hoy, no podemos saber.

Muchas gracias, Jon. Ya estaremos en contacto con más asiduidad para que nos comentes el devenir de los casos en los que actúas como defensor de estas familias que son investigadas por educar en casa.

Comparecencia de Jon Bengoetxea ante el Parlamento Vasco (2008)

Jon Bengoetxea compareció junto con Ketty Sanchez y Michael Branson ante la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento Vasco en abril de 2008. En aquel momento aún estaban en curso las diligencias de investigación por parte de la Fiscalía de San Sebastián producto de la denuncia por la desescolarización y este fue el testimonio que presentó como abogado de la familia.

Sus palabras me sirven como presentación a una entrevista que le he hecho recientemente y que publicaré a continuación en este blog.

Muchas gracias. Señores y señoras parlamentarios, señora presidenta…

Yo sí que voy a ser breve, porque Ketty prácticamente ha reflejado con bastante claridad cuál es la situación procesal en la que se encuentran en este momento. En realidad, más que procesal, debería decir preprocesal, porque todavía no hay ningún procedimiento abierto, sólo hay abiertas unas diligencias de investigación a las cuales todavía no se ha dado fin. Apenas hay un movimiento por parte de la Fiscalía de Gipuzkoa de volver a remitir las actuaciones a la Delegación de Educación de Gipuzkoa, y tampoco sabemos exactamente qué es lo que va a hacer esta delegación.

Por repasar someramente los asuntos, hay dos acusaciones fundamentales que se vertieron sobre el matrimonio Sánchez-Branson, que consistían en dos supuestas vulneraciones de los artículos 226 y 556 del Código Penal.

Respecto a la acusación contenida, tipificada en el 226 del Código Penal, que es la de abandono de familia, estimamos todos que es una acusación que se cae sola, en el sentido de que falta precisamente el presupuesto fáctico básico para poder tener en consideración esa acusación. Es decir, no existe ningún abandono. Como bien ha dicho Ketty hace un momento, se pasan el día con sus hijos, las necesidades de sus hijos están perfectamente atendidas, no solamente las intelectuales sino las físicas, sanitarias, alimentarias…, en fin, de toda índole. Y, por lo tanto, al no existir conducta típica punible, no puede prosperar en ningún momento una acusación de ese tipo. Esa acusación nos mantiene y nos deja relativamente tranquilos.

Menos tranquilidad nos da la acusación del 556 del Código Penal, que habla de la desobediencia. Si tomamos el tenor literal del artículo 556, en fin, una interpretación literal y rigorista de tal artículo podría dar lugar a una interpretación o un entendimiento de que efectivamente se está produciendo una desobediencia a la autoridad. Al fin y al cabo, las autoridades académicas, aunque no sean autoridades policiales, sí son autoridades. De manera que una interpretación, como digo, rigorista de tal artículo podría llevarnos a una situación desagradable.

Prueba de que la Fiscalía manifiesta u observa una cierta perplejidad también con este asunto es que da toda la impresión de que no sabe muy bien qué hacer, y entonces anda, como se dice vulgarmente, un poco mareando la perdizy derivando los asuntos hacia un lado y hacia otro.

Una manifestación clara de esta cierta perplejidad es que, como bien ha dicho Ketty, la declaración tuvo lugar el día31 de octubre, y, claro, si no me fallan las cuentas, estamos prácticamente a seis meses. Una mera diligencia deinvestigación para la cual no se ha dado solución en seis meses, una de dos, o es, no sé, la cuadratura del círculo,o es que no se sabe qué hacer. En fin, es la impresión que nos da desde el punto de vista de la defensa penal de este matrimonio.

Como digo, nos preocupa un poco más, aunque tampoco excesivamente, pero sí un poco más, la imputación referida al artículo 556, con respecto a la desobediencia. Y, en fin, esperamos que el devenir de los acontecimientos y el buen criterio de la Delegación de Educación de Gipuzkoa nos evite un nuevo sufrimiento y un nuevo paso traumático por la Fiscalía de Gipuzkoa.

Muchas gracias.

La motivación en los sobreseimientos de Fiscalía

En un post anterior ya publicado en este blog recogí  los sobreseimientos que se iban produciendo por parte de Fiscalías o Juzgados de instrucción que obran en mi poder, y las argumentaciones en los que éstos de basaban. En este momento, con el último sobreseimiento de la Fiscalía de San Sebastián, creo que se ha confirmado un paso cualitativo en cuanto a la argumentación en la que éstos se basan. Por ello estimo pertinente el plantear una comparación entre los argumentos procedentes de la Fiscalía de San Sebastián con respecto a los demás supuestos. Así como en las demás Fiscalías el razonamiento se basa en la imposibilidad de probar la existencia del delito de abandono, cuando, según consta en hechos probados,  se está proporcionando un tipo de educación a los menores (aunque esa educación sea distinta a la reglada), en el caso de la Fiscalía de San Sebastián se va más allá, ya que se da por probado no sólo que se está proporcionando una educación, sino que, además, esa educación tiene la entidad suficiente para permitir a esos menores su incorporación en un futuro a estudios superiores, en una edad razonable, por la vía convalidación de  los estudios realizados.

Por ello esta entrada no contiene toda la información, sino que está relacionada con las dos anteriores en las que se analizan cuestiones legales, por un lado, y prácticas, por otro, sobre la convalidación de estudios

Obran en mi poder los sobreseimientos provisionales decretados por las fiscalías correspondientes a:

1.Un sobreseimiento en Galicia del que no tengo referencia de lugar  ni fecha.

2. El sobreseimiento de Sanlucar de Barrameda de 30 de diciembre de 2008 por la Fiscalía de Jerez de la Frontera.

3. En sobreseimiento de la Fiscalía de Menores de  Zaragoza de 4 de abril de 2008

4. El sobreseimiento de la Fiscalía de San Sebastián (Branson Sanchez)  7 de julio de 2008.

5. El auto del Juzgado de Instrucción nº 2 de Los Llanos de Aridane en Tenerife de 8 de julio de 2008

6. El sobreseimiento de la Fiscalía de San Sebastián (Sestayo) de 18 de diciembre de 2009.

En la mayoría de ellos los razonamientos se centran en la diferencia educación-escolarización y el hecho de que la no matriculación en un centro oficial no significa que exista ausencia de actividad formativa para el menor.

Así se establece literalmente este argumento:

1 En el caso del sobreseimiento de Galicia,

“Debe entenderse en consecuencia que no hay dejación de los deberes inherentes a la patria potestad, sino una interpretación poco convencional respecto a la educación obligatoria, que por otro lado se ve amparada por el derecho a la libertad de enseñanza reconocido en el art. 27 de la Constitución”.

2. En el sobreseimiento de la Fiscalía de Menores de Zaragoza, el argumento se centra en la misma idea

“la menor está realizando la educación académica, aunque sea fuera de las vías convencionales, ya que se considera que el delito se comete si el menor no recibe educación académica, no si no se acude a las clases del colegio o IES correspondiente”.

3. En el sobreseimiento de Tenerife, se trata de un auto del juzgado de instrucción , en el que se establece que

“los menores están recibiendo atención y educación adecuadas, aunque no se ajusten a los modelos ordinarios implantados socialmente. Los menores reciben formación, por lo que no puede incardinarse la conducta de los padres en tipo penal alguno”.

4. Lo mismo ocurre con el sobreseimiento de la Fiscalía de Jerez de la Frontera, que establece que

“sin que el hecho de no matricular a un hijo en los centros públicos o concertados de la enseñanza obligatoria sea constitutivo de delito si ello no supone omisión o negligencia en el cumplimiento de la obligación de los padres de procurar la educación a sus hijos, como ocurre en este caso.

Sin embargo cualitativamente se da un paso en la argumentación que se establece por primera vez en el caso Branson-Sanchez, con la incoación del procedimiento de Diligencias de Investigación que se inició el 18 del 10 de 1007 y concluyó el verano de 2008. Esta argumentación se asienta definitivamente en el caso de las diligencias de investigación del caso Sestayo, producido a en diciembre de 2009.

La coincidencia del abogado en ambos procedimientos me lleva a pensar que la argumentación de la Fiscalía se ha basado en la documentación aportada por la defensa letrada en le procedimiento.

Esta línea de argumentación bien elaborada en el sobreseimiento de Branson-Sanchez, se basa no sólo en que la falta de escolarización no significa necesariamente que el menor está desatendido y sin recibir ningún tipo de educación, que sería el constitutivo del tipo previsto en el artículo 226 de Código Penal, sino que aquí se avanza en un abandono que podría consistir en mermar las posibilidades de titulación e incorporación de los menores a una validación académica del tipo de educación no convencional que están recibiendo.,

Esa era precisamente la base de la acusación de la Consejería de Educación en el caso Branson-Sanchez al afirmar que la educación que estaban recibiendo los menores no era equivalente a la que otros menores reciben dentro del sistema educativo, y que este hecho merma las posibilidades de un desarrollo integral de los menores vista a un futuro profesional.

Veamos los argumentos de la Fiscalía de San Sebastián:

“Según el Departamento de Educación del Gobierno Vasco “los alumnos menores de 18 años únicamente pueden recibir la enseñanza básica asistiendo obligatoriamente a un centro escolar; en caso de que así no lo hicieran se les impediría conseguir el título de graduado en ESO en la edad prevista para ello, es decir, al cumplir los dieciséis años. Por tanto, en el caso que nos ocupa, deberían esperar hasta cumplir la edad de dieciocho años para conseguir el título citado”. No obstante se añade “…que es posible que el centro educativo donde cursan los menores sus estudios esté relacionado con el sistema educativo estadounidense y tenga homologadas sus enseñanzas en este país, en caso de que así fuera, podrían obtener una titulación básica según el sistema de los Estados Unidos.

Así lo establece un informe del ministerio de Educación y Ciencia que dictaminó

“… los alumnos procedentes de un sistema educativo extranjero que pretendan incorporarse a alguno de los seis cursos de la educación primaria o hasta cuarto de la ESO no precisan de trámite alguno de convalidación de estudios siempre y cuando los estudios realizados tengan validez oficial en el sistema educativo del país al que correspondan. En consecuencia pueden continuar estos estudios en el centro que elijan y de acuerdo con la normativa aplicable”

Por ello la Fiscalía concluye que

“no ha quedado acreditado de una forma clara que los menores puedan resultar gravemente perjudicados en el futuro en su formación educativa. Ni que tal perjuicio, de existir, se esté realizando de un forma dolosa por parte de sus padres. Más bien parece que éstos por diversas razones, entre ellas algunas de tipo práctico han decidido educar a sus hijos mediante un sistema de enseñanza no tradicional”.

En el sobreseimiento de Sestayo, la documentación es la misma, aunque no tan elaborada, y se resume en la siguiente coincidencia:

La madre manifestó que le menor había sido matriculado en un centro de enseñanza con sede en  California, y que través de una Asociación con sede en el estado Español enviaban diversos test para evaluar al menor devolviéndolos al centro corregidos pues está recibiendo clases en su domicilio particular.

En la fundamentación de Derecho la Fiscalía establece que:

De la documental obrante en las actuaciones procedentes de Educación y Ciencia se desprende que los alumnos procedentes de un sistema extranjero que pretendan incorporarse a alguno de los cursos de la educación primaria o hasta cuarto de E.S.O no precisan hacer trámite de convalidación de estudios siempre y cuando los estudios realizados tengan validez oficial en el sistema educativo del país a quien correspondan.

La coincidencia está en la argumentación que se deriva de la utilización de la misma documentación . En este caso unas líneas de actuación que implementa  el Ministerio de Educación, con respecto a la homologación y convalidación de estudios realizados en el extranjero.

En otro post analizaré la normativa desde la que se desprenden las líneas de actuación del Ministerio de educación y que se reflejan en el documento titulado:  Homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros.


Otro caso archivado

Se ha producido un nuevo archivo de actuaciones por parte de la Fiscalía de San Sebastián, que sigue al que se produjo en esta misma Fiscalía el 7 de julio de 2008 en el caso de la familia Branson-Sanchez, que además ha contado con el mismo abogado que aquellos. Vayan por delante mis felicitaciones a la familia Sestayo y a su abogado.

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El caso llega a la   FISCALIA PROVINCIAL DE GUIPUZCOA a través de un escrito con fecha 25 de noviembre de 2009 en el que consta la denuncia al considerarlo  un supuesto de “posible absentismo escolar y problemas de desescolarización del menor”, con lo que se abren Diligencias de Investigación”. El 16 de diciembre se toma declaración a la madre del menor y tan sólo dos días después se produce el archivo de las diligencias.

La madre en su declaración informa a la Fiscalía de que el menor está matriculado en un centro con sede en California donde a través de la Asociación Epysteme  le envían diversos test para evaluar al menor “devolviéndolos el centro corregidos pues está  recibiendo clases en su domicilio particular”.

El decreto de la Fiscal se publica el 18 de diciembre de 2009. En total no llega al mes desde que llega a la Fiscalía el escrito con la denuncia.

ANTECEDENTES DE HECHO

En cuanto al relato de los hechos no incluyo la fotocopia del documento porque contiene los datos concretos de un menor de edad. Pero considero de gran importancia que se destaque que el Decreto del Fiscal constate como hechos probados lo siguiente:

De la documental obrante en las actuaciones procedentes de Educación y Ciencia se desprende que los alumnos procedentes de un sistema extranjero que pretendan incorporarse a alguno de los cursos de la educación primaria o hasta cuarto de E.S.O no precisan hacer trámite de convalidación de estudios siempre y cuando los estudios realizados tengan validez oficial en el sistema educativo del país a quien correspondan.

Por otro lado, la parte correspondiente a los Fundamentos Jurídicos para el archivo de actuaciones, tal y como se ha redactado por parte del Ministerio Fiscal, no tiene gran interés jurídico desde el punto de vista de contenido, ya que es un simple corta/pega de los artículos correspondientes al Estatuto del Ministerio Fiscal, de 1981 (en concreto el art. 5), los artículos correspondientes a la actividad del Ministerio fiscal dentro del Procedimiento Abreviado (el art. 773 de la LECrim) y por último el artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, que recoge el sobreseimiento, en coordinación con el 641 del mismo cuerpo legal que recoge el sobreseimiento provisional.

Este es el texto transcrito de los mencionados Fundamentos Jurídicos, ya que tiene su dificultad leerlo directamente de las fotocopias tal y como quedan reproducidas en el blog:

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- El artículo 5 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre reguladora del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal dispone que el Fiscal podrá recibir denuncias, enviándolas a la autoridad judicial o decretando su archivo, cuando no encuentre fundamentos para jercitar acción alguna, notificando en este último caso la decisión al denunciante.

Igualmente y para el esclarecimiento de los hechos denunciados o que aparezcan en los atestados de los que conozca, puede llevar a cabo u ordenar aquellas diligencias para las que esté legitimado según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las cuales no podrán suponer la adopción de medidas cautelares o limitativas de derechos. No obstante, podrá ordenar el Fiscal la detención preventiva.

SEGUNDO.- El artículo 773.2 de la ley de enjuiciamiento Criminal dispone que cuando el Ministerio Fiscal tenga noticia de un hecho aparentemente delictivo, bien directamente o por serle presentada una denuncia o atestado, practicará él mismo u ordenará a la Policía Judicial que practique las diligencias que estime pertinentes para la comprobación del hecho o de la responsabilidad de los partícipes en el mismo. El Fiscal decretará el archivo de las actuaciones cuando el hecho no revista los caracteres de delito, comunicándolo con expresión de esta circunstancia a quien hubiere alegado ser perjudicado u ofendido, a fin de que pueda reiterar su denuncia ante el Juez de Instrucción. En otro caso instará del Juez de Instrucción la incoación del procedimiento que corresponda con remisión de lo actuado, poniendo a su disposición al detenido, si lo hubiere, y los efectos del delito.

El Ministerio Fiscal podrá hacer comparecer ante sí a cualquier persona en los términos establecidos en la Ley para la citación judicial, a fin de recibirle declaración, en la cual se observarán las mismas garantías señaladas en esta Ley para la prestada ante el Juez o Tribunal.

Cesará el Fiscal en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos.

TERCERO.-El artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que procederá el sobreseimiento libre:

1. Cuando no existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa.
2. Cuando el hecho no sea constitutivo de delito.
3. Cuando aparezcan exentos de responsabilidad criminal los procesados como autores, cómplices o encubridores.

CUARTO.- El artículo 641 de la Ley de Enjuiciamiento criminal dispone que procederá el sobreseimiento provisional:

1. Cuando no resulte debidamente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa.
2. Cuando resulte del sumario haberse cometido un delito y no haya motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autores, cómplices o encubridores.

Por todo ello

DECRETO

Acordar su archivo por cuanto de las diligencias practicadas no se desprende situación alguna de abandono del menor, que se encuentra correctamente atendido, por lo que se dispone el archivo debiendo ser comunicado a denunciantes y denunciados.

Póngase el presente Decreto en conocimiento del denunciante.

San Sebastián a 18 de diciembre de 2009

Firmado por la Fiscal Marta Sanchez Recio.

El sobreseimiento y archivo de las actuaciones

En numerosas ocasiones, al tratar temas legales dentro de la educación en casa, se menciona el archivo o libre sobreseimiento de las actuaciones. El significado de la expresión es que no existen indicios suficientes de criminalidad para seguir con el procesamiento penal.

Constan en mi poder (vía Azucena Caballero) cinco archivos de causas penales derivadas de casos de desescolarización provenientes de diferentes Comunidades Autónomas.  Reproduzco las razones que en todos ellos han dado lugar al sobreseimiento.

1.  Galicia

FUNDAMENTOS JURÍDICOS recogidos en un Auto del Juez de Instrucción.

UNICO: De lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 641-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

Razonamientos:  “Están excluidos del tipo penal todos aquellos casos en los cuales el menor recibe la correspondiente formación, aunque la educación se produce en el mismo ámbito familiar.”

Debe entenderse en consecuencia que la actitud de los padres no integra el tipo penal previsto en el art. 226 del C.P. dado que no hay dejación de los deberes inherentes a la patria potestad, sino una interpretación poco convencional respecto a la educación obligatoria, que por otro lado se ve amparada por el derecho a la libertad de enseñanza recogido en el art. 27 de la Constitución.

2. Aragón a 4 de abril de 2008

FUNDAMENTOS JURÍDICOS  recogidos en un Decreto de Fiscalía

Los hechos no son constitutivos de delito penal, en cuanto la menor está realizando la educación académica, aunque sea fuera de las vías convencionales, ya que se considera que el delito se comete si el menor no recibe la educación académica, no si no acude a las clases del o IES correspondiente

3. Pais Vasco a 7 de julio de 2008

FUNDAMENTOS JURÍDICOS contenidos en un Decreto de la Fiscalía

SEGUNDO:

Del resultado de las pruebas practicadas se deduce que los hechos descritos no son constitutivos de infracción penal alguna. El hecho de educar a los propios hijos en casa no está regulado legalmente si bien tampoco existe ninguna figura penal que sancione tal conducta. Por tanto la no asistencia a un centro educativo oficial contraviene normas de carácter administrativo, pero no penal.

No ha quedado acreditado de una forma clara que los menores puedan resultar gravemente perjudicados en un futuro en su formación educativa. Ni que tal perjuicio de existir se esté realizando de una forma dolosa por parte de sus padres. Mas bien parece que éstos por diversas razones entre ellas algunas de tipo práctico han decidido educar a sus hijos mediante un sistema no tradicional. Pero ello no implica automáticamente que estén dejando de cumplir los deberes inherentes a la patria potestad. Sino que los están ejerciendo de una forma no reglada.

Por ello entiendo que tal conducta no tiene encuadre en el artículo 226 del C.P. que es el precepto por el que en principio se incoaron estas diligencias de investigación. y que lo procedente es acordar el archivo de etas diligencias.

4. Islas Canarias a 8 de julio de 2008

En este caso es la propia Fiscalía la que tras las Diligencias de Investigación emite un informe solicitando el sobreseimiento libre y archivo de la causa al Juzgado, que accede en un AUTO del juzgado de Instrucción en el que recogen estos razonamientos:

“.. por no existir datos da los que se desprenden que los imputados hayan incumplido sus obligaciones familiares respecto de sus hijos menores, ya que los mismos están recibiendo atención y educación adecuadas, aunque no se ajusten a los modelos ordinarios implantados socialmente. Los menores reciben formación por lo que no puede incardinarse la conducta de los padres en tipo penal alguno.”

5. Andalucía a 30 de diciembre de 2008

La Fiscalía solicita al Juzgado que dicte un Auto acordando el sobreseimiento provisional por no haber quedado suficientemente acreditad la comisión del delito de abandono de familia.

“.. pues no hay omisión de la obligación educativa de los padres para con su hijo, como se desprende de la documentación aportada y del informe del médico forense, sino una opción por un sistema educativo alternativo al tradicional-obligatorio, sin que el hecho de no matricular a un hijo en los centros públicos o concertados de la enseñanza obligatoria sea constitutivo de delito si ello no supone una omisión o negligencia en el cumplimiento de la obligación de los padres de procurar la educación de sus hijos (art. 154. del Código Civil) como ocurre en este caso.”

Sin embargo en este caso la Fiscalía solicita el traslado de las actuación a la delegación provincial de Educación a efectos de la imposición de la sanción correspondiente, ya que se afirma que los hechos pueden ser constitutivos de una infracción administrativa.

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ESCRITO SOLICITANDO SOBRESEIMIENTO LIBRE Y ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES –

Una vez que se hayan iniciado las Diligencias de Investigación, se pide al Juzgado o Tribunal, en su caso, que archive las diligencias practicadas hasta ese momento, esto es que se decrete el libre sobreseimiento de las actuaciones. El escrito de solicitud de libre sobreseimiento y archivo de la actuaciones, que se debe remitir al Juzgado de Instrucción, es de este tipo:

Juzgado de Instrucción nº. (Número del Juzgado)
Diligencias Previas nº (Número de las Diligencias Previas]

AL JUZGADO DE INTRUCCIÓN NÚM (Número del Juzgado] DE Ciudad del Juzgado].

(Nombre del Procurador), Procurador/a de los Tribunales y (Nombre del Compareciente), según tengo debidamente acreditado en autos de referencia, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho,

DIGO

Que mediante el presente escrito vengo a solicitar el SOBRESEIMIENTO LIBRE Y ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES, con base en las siguientes,

ALEGACIONES

Primera.- Que en las presentes diligencias previas, seguidas contra mi patrocinado por la presunta comisión de un delito de [Tipo de Delito] tipificado en el artículo [Número del Artículo], en lo que al escrito de (demanda, denuncia, querella) que ha dado lugar a la presente causa se refiere, en los “HECHOS: I a V”, se hacen constar los siguientes extremos: “[Descripción de extremos]”

Segunda.- Que negando con absoluta rotundidad las manifestaciones vertidas por [Nombre del Manifestante 1] en calidad de [Calidad del Manifestante 1] y de [Nombre del Manifestante 2] como [Calidad del Manifestante 2], como ha quedado suficientemente acreditado a lo largo de la instrucción de este procedimiento en tanto que [Descripción de Acreditación].

Tercero.- Que además, en relación con la declaraciones en calidad de testigos de [Nombre del primer testigo] y [Nombre del segundo testigo], ante el Juzgado, los cuales a preguntas de la defensa y sobre los mismos hechos contestaron, de un lado “[ Descripción de Contestación]”; y [Nombre del Manifestante], manifestó “[ Descripción de Manifestación]”, lo cual pone de manifiesto las continuas contradicciones en las cuales incurren tanto el querellante como testigos.

Cuarto.- Que de la prueba de [Tipo de Prueba] practicada con carácter de anticipada que constan en las mencionadas diligencias previas puede inferirse que (Descripción de Inferencia].

Quinto.- Que la conducta de mi representado en cualquier caso resulta atípica desde el punto de vista penal ya que [Razón de conducta].

Sexto.- Que, atendiendo a la prueba hasta el momento practicada en las presentes diligencias, se deduce que no existen indicios racionales de haberse perpetrado delito de [Tipo de Delito], ni siquiera en atención a los hechos que han dado lugar a esta causa puede afirmarse que sean constitutivos de delito alguno, ya que la conducta de mi patrocinado no es punible al no resultar típica, antijurídica y culpable, procediendo el inmediato archivo y sobreseimiento libre y total de las actuaciones sin necesidad de practicar ninguna otra diligencia probatoria.

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO: Que tenga por presentado este escrito y copias que lo acompañan, se sirva admitirlo y dicte resolución por la que se proceda al SOBRESEIMIENTO LIBRE Y ARCHIVO de las actuaciones.

Por ser Justicia que pido en [Ciudad del Documento] el [Fecha del Documento]

OTROSÍ DIGO: Que hago, desde este momento, expresa reserva de cuantas acciones pudieran corresponder a mi patrocinado derivadas de la interposición de la querella origen del presente procedimiento.

AL JUZGADO SUPLICO: Tenga por hecha la anterior manifestación.

Principal y otrosíes que reitero.

Fdo.
Colegiado na. [Número de colegiado]

Fdo.
Procurador [Nombre del Procurador]