La socialización como tarea propia del Estado

La archiconocida Sentencia del Tribunal Constitucional 2 de diciembre de 2010,  (Antecedentes, nº 7, ap. a), nos dice que la educación a la que todos tienen derecho y cuya garantía corresponde a los poderes públicos como tarea propia no se contrae, por tanto, a un proceso de mera transmisión de conocimientos sino que aspira a posibilitar el libre desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos y comprende la formación de ciudadanos responsables llamados a participar en los procesos que se desarrollan en el marco de una sociedad plural  en condiciones de igualdad y tolerancia, y con pleno respeto a los derechos y libertades fundamentales del resto de sus miembros [cfr. art. 2.1 b), c) LOE].

Y este es el concepto que los tribunales están dando a la idea de socialización. Pongamos un ejemplo, los padres pueden educar a sus hijos de manera que desconozcan que las mujeres tienen derecho al voto, que son iguales a los hombres y que tienen los mismos derechos. Aunque traten con familiares o personas dedicadas al comercio en su entorno, se puede dudar de que su socialización es adecuada,porque han aprendido que la mujer es inferior al hombre y no tienen modo de contrarrestar esa opinión.

Los valores que la escuela debe incorporar según la Constitución serán los valores indubitados en nuestra sociedad. ¿Cuáles son? Una vez hice un trabajo sobre esto y creo que llegué a cuatro bloques de valores sociales:
1. La igualdad de género, de la mujer, de los gays y lesbianas para contraer matrimonio o adoptar, licitud de la transexualidad etc, que no son pervertidos, ni es un castigo divino, ni son enfermos desviados, como puede transmitirse desde el punto de vista de ciertas convicciones religiosas.
2. La prohibición absoluta de la explotación de personas sobre personas. En el mundo laboral, la prostitución, la trata de blancas, la esclavitud encubierta u otras violaciones de derechos fundamentales.
3. Tolerancia social: no al racismo, ni tentaciones de raza superior sobre los inmigrantes, respeto a otras culturas, idiomas, costumbres.
4. Respeto al medio ambiente y sostenibilidad, conciencia sobre la limitación de elementos como el agua, etc…

La asignatura Educación para la Ciudadanía intentó reflejar estos principios en una asignatura, pero para mí el error estaba en la ausencia de transversalidad del proyecto. Son valores que deben reflejarse en ciencias naturales, ciencias humanas, literatura, idiomas e incluso en gimnasia…
De manera que cuando los jueces hablan de socialización (por ejemplo en las sentencias del TEDH), se refieren a eso, no a si tienen o no amigos, y si hacen o no actividades con otros niños.

El TC limita el derecho de los padres a elegir colegio ordinario

El Tribunal Constitucional acaba de dictar otra sentencia que resuelve en sentido negativo un recurso de amparo presentado por los padres de un menor al que la Consejería de Educación de Castilla La Mancha  había asignado plaza en un centro especial.

El caso se remonta al año 2010, cuando los padres del menor fueron denunciados por absentismo escolar y abandono de familia. Se negaban a escolarizar a su hijo en un centro de educación especial, querían un colegio ordinario equipado con los apoyos necesarios para su completa integración y acusaban a la Junta de Castilla y León de vulnerar su derecho a elegir en este sentido.

Los padres recurrieron en amparo contra la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo que corroboró la adecuación de la decisión tomada por la Consejería de Educación de Castilla La Mancha, negando a los padres la matriculación del menor en un centro ordinario. “El fallo considera que el derecho de los padres a elegir un centro educativo para sus hijos no incluye la selección de un colegio ordinario frente a un centro de educación especial cuando la Administración pública haya decidido que esta es la mejor opción para el alumno con discapacidad”.

Sin embargo, el fallo deja a salvo al libertad de los padres de elegir centro – «En cuanto derecho de libertad –afirma- comprende la facultad de elegir el centro docente, incluyendo la de escoger un centro distinto de los creados por los poderes públicos»- que podría ser ejercida si optaran por un centro privado. De nuevo, el ejercicio de los derechos constitucionales está sometido, no ya a la disponibilidad de centros públicos por parte del Estado, sino a la propia capacidad económica de los ciudadanos, que ven limitado el ejercicio de derechos y libertades constitucionales en atención a sus recursos económicos.

El sistema escolar dual público/privado genera este tipo de desigualdades en la práctica judicial, que no puede escapar a la contradicción que representa dos niveles de ejercicio de derechos diferetes en función de la capacidad económica, esa desigualdad real, se impone la lógica constitucional de igualdad en el ejercicio de los derechos fundamentales, predicable para “todos los ciudadanos”.

En la actualidad son dos los casos de imputación por abandono a sendas familias que se niegan a que sus hijos sean escolarizados contra su voluntad en centros especiales, y que ante la imposición, han decidio educarles en casa. El que ha pasado por el Constitucional es el caso de un niño autista de Palencia, el otro es Ruben Calleja un niño con síndrome de Down de León, que sigue un magnífico programa de formación personalizada en su hogar con asistencia de distintos especialistas y de infraestructuras sociales.

 

(LA LEY 29422/2014)

Diario de Noticias, 6 Feb. 2014, Editorial LA LEY

El derecho a la educación no comporta que los padres puedan escolarizar a sus hijos en un centro ordinario si la Administración dispone que se haga en uno de educación especial.

El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de amparo formulado por los padres de un menor contra la resolución de la Consejería de Educación de Castilla y León que acordó la continuación de la escolarización de su hijo en un centro público de educación especial en lugar de en un centro ordinario, como solicitaban los demandantes. Dicha resolución fue confirmada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palencia y por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La sentencia, dictada por la Sala primera del TC, cuenta con el voto particular discrepante de los magistrados Luis Ignacio Ortega y Juan Antonio Xiol Ríos.

Según el relato de hechos que realiza la sentencia, desde el comienzo de su escolarización, a los tres años de edad, se puso de manifiesto la «grave discapacidad» del hijo de los recurrentes, que padece autismo. Los técnicos de la Administración en materia educativa aconsejaron desde ese momento la escolarización en un centro público de educación especial puesto que las necesidades del menor aconsejaban «una atención individualizada y constante del profesor en pequeño grupo (máximo 4 alumnos)».

Los demandantes consideran que se ha vulnerado el derecho del menor a la educación (art. 27 CE (LA LEY 2500/1978)), a la igualdad (art. 14 CE (LA LEY 2500/1978)) así como a la integridad moral y a la dignidad personal (arts. 15 y 10.1), pues entienden que se debió permitir la escolarización de su hijo en un centro ordinario «con los apoyos necesarios para su integración». La Fiscalía apoya parcialmente la demanda en lo que se refiere a los derechos a la educación y a la igualdad, pues considera que la Administración no explicó de forma suficiente los motivos por los que no era posible poner los medios necesarios para que el menor pudiera ser escolarizado en un centro ordinario. Esta actitud supone, según el Ministerio Público, una causa de discriminación por la discapacidad del alumno.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Santiago Martínez-Vares, determina, en primer lugar, cuál es el alcance del derecho a la educación, entendido como «libertad de los padres para elegir un centro docente». «En cuanto derecho de libertad –afirma- comprende la facultad de elegir el centro docente, incluyendo la de escoger un centro distinto de los creados por los poderes públicos». Pero no incluye, añade la Sala Primera, «el derecho de los padres a escolarizar a su hijo en un centro ordinario de educación, en lugar de en un centro de educación especial, pues ello vendrá condicionado a la acreditación por parte de las autoridades competentes de las necesidades educativas específicas del menor».

Por otra parte, explica que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LA LEY 4260/2006), prohíbe la discriminación de los alumnos con discapacidad y propone la «escolarización inclusiva», lo que significa que la Administración debe «promover la escolarización de los menores en un centro de educación ordinaria, proporcionándosele los apoyos necesarios para su integración en el sistema educativo si padecen algún tipo de discapacidad». Sin embargo, esta norma general cede cuando «los ajustes que deba realizar para dicha inclusión sean desproporcionados o no razonables», en cuyo caso la Administración «podrá disponer la escolarización de estos alumnos en centros de educación especial». Cuando esto suceda, «deberá exteriorizar los motivos por los que ha seguido esta opción».

En el presente caso, señala la sentencia del TC, la Resolución impugnada «permite concluir que se exteriorizaron en la misma las razones que condujeron a la decisión de escolarización adoptada en un centro de educación especial y que éstas, además, son coherentes con la finalidad principal que se pretende, que el menor satisfaga adecuadamente sus necesidades educativas especiales». Según la Sala, no se puede hablar de vulneración de los derechos a la educación y a la igualdad por déficit de motivación de la resolución «pues de la consideración del expediente educativo del alumno en su conjunto se puede deducir sin dificultad que dicha Resolución sí justifica la decisión de que el alumno continúe escolarizado en un centro de educación especial, ponderando sus especiales necesidades educativas».

La Sala concluye que, una vez que la Administración Educativa ha acreditado que la escolarización en un centro de educación especial es la decisión que resulta más indicada «en interés del menor», «no es necesario proceder a una ponderación acerca de si los ajustes que precisa pueden ser o no prestados en un centro de educación ordinario, pues dicha decisión de escolarización lleva implícito, en atención a la grave discapacidad del alumno y a la atención individualizada que requiere, que sus singulares necesidades educativas estén mejor atendidas en un centro de educación especial más que en el marco de la educación general de los centros ordinarios».

El Tribunal Constitucional descarta finalmente que la decisión de escolarizar al niño en un centro de educación especial suponga un trato degradante, pues para ello sería precisa «la concurrencia de una humillación o un envilecimiento que alcance un mínimo de gravedad», situación que no se produce en el presente caso.

En su voto particular discrepante, los magistrado Ortega y Xiol comparten el criterio de la Fiscalía y sostienen que la resolución impugnada «no analiza expresamente ni explica los motivos de por qué los apoyos que precisa el menor no pueden ser prestados “en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios”». En los casos de menores discapacitados, añade, «debe exigirse un plus de motivación».

La sentencia del TC de 2010

Otro artículo doctrinal sobre la sentencia del TC ha sido publicado; esta vez de María Monzón Julve. Se titula  “La educación en casa o homeschooling: la STC de 2 de diciembre de 2010”, y viene a analizar el recorrido de la Sentencia del TC de 2 de diciembre de 2010. Parece que la doctrina jurídica cada vez va dejando menos campo a la duda sobre la constittucionalidad de la educación en casa, y las posibilidades que desde la Constitución se abren para la libertad de enseñanza, a pesar de que el legislador ordinario haya optado por la escolarización obligatoria.

La última reflexión del Tribunal, previa a la denegación del amparo, es la de recordar que la Constitución no prohíbe al legislador democrático configurar la enseñanza básica obligatoria como un periodo de duración determinada durante el cual quede excluida la opción de los padres de enseñar a sus hijos en el propio domicilio en lugar de escolarizarlos. Esta medida no afecta a los derechos constitucionales de los padres, y si así lo hiciera habría de considerarse una medida proporcionada que encuentra justificación en la satisfacción de otros principios y derechos constitucionales (art. 27.1 y 2 CE). Con todo no es ésta una opción que venga requerida por la propia Constitución, que no consagra directamente el deber de escolarización, ni otros aspectos concretos de su régimen jurídico. Por tanto, a la vista del art. 27 CE, no cabe excluir otras opciones legislativas que incorporen una cierta flexibilidad al sistema educativo, sin que ello permita dejar de dar satisfacción a la finalidad que ha de presidir su configuración normativa (art. 27.2 CE). Cuáles hayan de ser los rasgos de esa regulación alternativa para resultar conforme con la Constitución es una cuestión cuyo esclarecimiento en abstracto excede las funciones propias del Tribunal Constitucional, como él mismo indica, que no debe erigirse en legislador positivo.

En definitiva, el Tribunal Constitucional deniega el amparo en el presente caso al entender que la decisión adoptada por el legislador mediante el art. 9 LOCE (actualmente art. 4.2 LOE) resulta constitucionalmente inobjetable.
Volviendo al ámbito de lo doctrinal observamos cómo se produce una tensión entre la obligatoriedad de la enseñanza como garantía de igualdad y las diferentes proyecciones de la libertad que existen en nuestro ordenamiento, en este caso concreto la libertad de enseñanza y también la de conciencia. Tras reflexionar sobre este reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional, podemos convenir que, desde una perspectiva constitucional y atendiendo a la ponderación de los intereses en juego (la libertad de padres y tutores de educar a los hijos conforme a las propias convicciones y el derecho del niño a una educación integral, así como el interés constitucional de que la educación básica obligatoria se transmita conforme a las exigencias del art. 27.4 CE) se puede defender el derecho a optar por una forma de educación extraescolar sin que por ello se vulnere el deber de enseñanza básica, y ello mediante la concreción legal de las funciones de control del propio Estado en el sentido de garantizar que la educación recibida en casa de adecúe a la enseñanza reglada y que se persigan los fines constitucionales, formando al menor en el respeto a los valores y libertades fundamentales, y no se vulneren de este modo los derechos del niño a la educación. De este modo estaríamos posibilitando a los cada vez más numerosos grupos de padres que reivindican tal opción una fórmula válida y un marco de mayor libertad, sin por ello, traicionar la letra ni el espíritu de la Constitución.

Opinamos que ésta sería una vía perfectamente respetuosa con las exigencias constitucionales, tanto desde el punto de vista de la educación como derecho de los menores como con la libertad de enseñanza y de conciencia que igualmente asiste, en estas materias, a los padres. Convendría, de lege ferenda, que fuera así.

La vía civil tras la sentencia del TC

La elección del procedimiento civil para la persecución de las conductas derivadas de la desescolarización de menores en edad escolar es un hecho desde que el Tribunal Condstitucional se pronunció por primera sobre el fondo del asunto en diciembre de 201o.

Hasta ese momento lo habitual era que, por alguna razón, las fiscalías eligieran la vía del artículo 226 del Código penal y acusaran por desamparo a las familias que desescolarizaban conscientemente, en su postura de oposición al sistema escolar presencial. Lo cierto es que esta vía no tenía muchas posibilidades de prosperar desde el momento en que el Tribunal Supremo ya se había pronunciado contra ella, basándose en lo que consideraba matar moscas a cañonazos en 1994, con ocasión del procesamiento e imputación de los responsables del colectivo denominado “La Familia”, o también “Los Niños de Dios”. Esto sucedía prácticamente el mismo año en el que se iniciaba el movimiento desecolarizador en el Estado Español, con los primeros pasos en su andadura y los primeros encuentros de Crecer sin escuela. Para entonces la vía penal ya estaba agotada, aunque ha subsistido hasta nuestros días. Con razón se dice que las cosas de palacio van despacio.

En este momento, al imponerse la vida civil, se están dando las primeras sentencias en Audiencias Provinciales. En concreto dos, una de ellas en la Audiencia Provincial de Girona, de junio de 2011, y otra, en la Audiencia provincial de Alicante de abril de este mismo año. Ambas repiten los argumentos de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 casi en su literalidad.

La preocupación se deja ver en el colectivo, que se ha puesto manos a la obra para intentar conseguir un reconocimiento a la distinción entre absentismo y desescolarización voluntaria y consciente, a la vez que se prevea la posibilidad legal de que los menores desescolarizados puedan acceder a la titulación de estudios básicos tras el periodo obligatorio sin que resulten perjudicados por un retraso, de dos años actualmente, frente a los menores escolarizados. Un agravio comparativo que necesita ser reparado.

 

Actualidad # 3:casos archivados tras la sentencias del TC

La actualidad de esta semana es sin duda el archivo del primer caso de homeschool que se ha visto en un juzgado después de la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado diciembre. Se trata de la familia Lopez de Arana-Sanz, de Vitoria Gasteiz. En Actualidad # 1 me hice eco de la campaña que lanzó ALE para protestar por el hecho de que se lleve ante un juzgado de lo penal a esta familia, que cuenta entre sus socios. El archivo de su caso ha traido una oleada de alivio para otras familias que están esperando a pasar por el mismo trance – Acutalidad #2– , un motivo de alegría para los asociados a ALE, entre los que me incluyo, y en general para todo el movimiento desescolarizador en su conjunto, un motivo para seguir adelante en su campaña por conseguir que el educar en casa sea admitido legal y socialmente en el Estado Español. Y en esto incluiría a aquellos que han educado, educan o los que aun sin tener hijos en el presente, ya planean educar en casa en el futuro.

El auto de archivo de la causa está aún pendiente de recurso por parte de la Fiscalía, y es mejor por ello ser cautos antes de analizar su contenido. Ya lo haré en otra entrada en la que iré recogiendo los archivos de causas como hice en el pasado en las entradas que tratan sobre los   sobreseimientos y los  archivos de causas.

El abogado que asistió a la familia es el mismo que consiguió el archivo de los Branson-Sanchez, y de la familia Sestayo, se llama Jon Bengoetxea, y en su momento compareció ante el Parlamento Vasco para exponer ante la Comisión de la cámara autonómica su visión sobre el procedimiento del que eran objeto sus patrocinados. El sigue defendiendo a estas familias ante los juzgados y creemos que es positivo que, como ocurre en otros países, por ejemplo la propia Paula Rothermel que actúa como perito ante los tribunales en el Reino Unido, en la defensa de las familias que son acusadas de dejadez en el cumplimiento de su cometido como educadores en casa y obligados a escolarizar, haya profesionales de la abogacía que se vayan formando en la práctica de la defensa de casos concretos, y pueden eventualmente en el futuro, ser una fuente de conocimiento para nuevos profesionales, además de depositarios de  importante información sobre la práctica judicial ante estos casos.

He estado en contacto con él estos días por correo electrónico y debo admitir que me enriquece mucho su visión de la práctica jurídica y su ecuanimidad al analizar los casos que defiende. No puedo transcribir estas conversaciones porque son privadas, pero sí traer de nuevo algo de lo que comentó en una entrevista que le hice hace un año:

¿Existe una inhibición de los órganos jurisdiccionales para la persecución de estos casos, o por el contrario muestran una actitud firme?

Hasta ahora, mi experiencia es que los órganos jurisdiccionales han actuado de oficio, al tener conocimiento de los hechos por comunicaciones realizadas por la Delegación de Gipuzkoa de la Consejería de Educación del GV.

La cuestión es que los hechos notificados a la Fiscalía sólo han sido calificados indiciariamente como supuestos de abandono de menores, y la verdad es que el recorrido judicial ha sido más bien corto. Otra cosa es la sensación de angustia y zozobra que han creado en unas personas que son cualquier cosa menos delincuentes.

Edito para añadir otro sobreseimiento esta misma semana en los Juzgados de Pamplona-Iruina, que deja tranquilidad a una familia de Goizueta para poder seguir educando en casa. Enhorabuena.

Y vuelvo a editar para informar de que otro caso ha sido archivado, esta vez en el juzgado. Otra vez mi enhorabuena a la familia de Granada. Esta ha sido verdaderamente una actualidad feliz.

Pat Farenga opina en su blog sobre la STC

Supongo que no resulta extraño si os comento que pertenezco a una lista de personas que a nivel internacional estudia o investiga el homeschool en sus diversas variantes. Es un modo rápido de poder informar, normalmente en inglés, al conjunto de la comunidad homeschooler en el mundo entero las cuestiones que pueden resultar relevantes en este campo. Tras el conocimiento de la Sentencia decidí ponerme en contacto con el resto de investigadores, con una doble finalidad, informarles y recabar su opinión sobre la situación que se abre tras la sentencia y  para mi ha sido una alegría ver que Pat Farenga se ha puesto inmediatamente manos a la obra y ha publicado en su blog la situación relatada. Este es el contenido de su blog, y el título de la entrada no puede ser más explícito Spain following Sweden and Germany: Homeschooling looses in Court.

Esto es lo que él comenta al finalizar con la exposición del caso:

It’s good that Madalen sees a possible solution to this situation and, hopefully, there will be enough support for homeschooling among legislators in Spain to create space for alternatives to school, as well as for alternative schooling. I’ll post more about this situation as I learn more about it.

(Es bueno que Madalen vea una posible solución y, esperemos que haya suficiente apoyo para el homeschool entre los legisladores españoles, para crear así un espacio alternativo a la escolarización que abra paso a  los modelos alternativos a al escuela. Escribiré más en cuanto tenga más noticias sobre esta situación).

La STC 260/1994 de 3 de octubre

Repasando el complejo judicial derivado de la intervención de la Generalitat de Catalunya sobre la Comunidad de los Niños de Dios, un complejo judicial que incluye, sólo en el ámbito civil, en primer lugar la declaración de desamparo por parte de la Dirección General de Atención a la Infancia de 23 de julio de 1990. En segundo lugar los autos del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona desestimando la oposición de los padres al desamparo de 6 de noviembre de 1991.
A continuación, los autos de la Audiencia Provincial de Barcelona de 21 de mayo de 1992, que dejan sin efecto la declaración de desamparo del Tribunal de Primera Instancia.
A éstos les sigue la interposición de recursos de amparo al Tribunal Constitucional por parte de la Generalitat contra los autos de la Audiencia Provincial que anulaban la declaración de desamparo y obligaban a la Generalitat a reponer a los niños bajo la guarda y custodia de sus padres, recurso que culmina con la sentencia de este Tribunal Constitucional de 3 de octubre de 1994, más de cuatro años después de la intervención de la Administración.
Y aquí me paro un momento para destacar cómo el Tribunal Constitucional define los autos dictados por el Magistrado Adolfo Oubiña de la Audiencia Provincial de Barcelona:

A juicio de la Sala, a pesar de que la patria potestad debe ejercerse en beneficio de los hijos y de acuerdo con su personalidad, determinar qué debe entenderse por una cláusula tan ambigua es algo que sólo puede precisarse caso a caso y respetando también el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones (art. 27.3 CE); en su opinión no existía prueba suficiente de que la comunidad “Niños de Dios” fuera una secta, y estimó que las enseñanzas recibidas por los menores se impartían sin descuidar las consideradas como básicas y obligatorias, “escolaridad libre según el ordenamiento jurídico de algunos de los países de origen de los niños, y, en definitiva, no distinta de la que se da en los colegios regidos por religiosos en nuestro país”. se señala, por último, que se ha impuesto el confinamiento en España a un grupo de niños extranjeros, “rompiendo la natural armonía paterno-filial dando intervención preponderante en la misma al Estado”, y que, en definitiva, debía “prevalecer la libertad de culto de los padres y el derecho a elegir la educación de sus hijos”.

STC 189/1980. Educación y enseñanza

En la Sentencia del Tribunal Constitucional num. 189/1980 se hace una referencia a la relación educación y enseñanza, quizás entendiendo enseñanza como sinónimo de escolarización en la que se refleja esta reflexión: “A nadie se le oculta la dificultad para distinguir lo que constituye enseñanza y lo que sea educación; pero aun siendo conscientes de tales obstáculos, importa señalar esa vinculación del derecho de los padres con el campo educativo, según los textos internacionales, pues ello ha de servir de base para ulteriores precisiones interpretativas en torno al “ideario educativo” de que tratan los artículos de la LOECE impugnados”.

La STC de 3-10-1993

Esta sentencia recoge párrafos de interés para analizar la posición de la jurisprudencia sobre el tema de la desescolarización. Especialmente éste que se encuentra entre los fundamentos jurídicos:
” Quiere esto decir que los autos impugnados, con absoluta independencia de las consideraciones y juicios de valor incorporados a sus fundamentos, sobre los cuales este Tribunal no tiene que pronunciarse, no han impedido la escolarización de los menores -único supuesto en el que tal derecho podría entenderse conculcado- sino que, simplemente, se han limitado a rechazar que la situación escolar de los menores justifique la asunción de su tutela por la Generalitat. La situación escolar, por tanto, no es, para la Audiencia, circunstancia que, en el caso, justifique las medidas administrativas de tutela, y correspondiente desposesión de la patria potestad, adoptadas los la Generalidad, sin que ello signifique, sin embargo, que se prive a los niños de su derecho a la educación.
Con la privación de la tutela no se ve cercenadas o anuladas la Generalidad sus facultades en orden al aseguramiento de la debida escolarización de los menores, ni éstos su derecho a ser escolarizados, pues los autos recurridos se limitan a dejar sin efecto la declaración de desamparo y la asunción de la tutela, sin que en modo alguno se desprenda de sus partes dispositivas que la Generalidad no pueda servirse de los instrumentos de los que generalmente está dotada para hacer efectiva la escolarización a la que todo menor tiene derecho y a cuya verificación vienen obligados quienes de ellos son responsables. Sólo en el caso de que efectivamente se impidiera el ejercicio de aquel derecho habría que entender vulnerado el derecho invocado por la actora (la Generalitat), lo que no se deduce de los supuestos de autos”.