II Jornadas Educación Libre Hervás

JornadasHervás

El fin de semana pasado,  16, 17 y 18 de mayo, estuve en las II Jornadas de Educación Libre organizadas por el Ateneo Libertario de Hervás.  En el espectacular valle del Ambroz.

El programa era amplio,  y además de conferencias y mesas redondas, había talleres de tipo práctico, para que tanto madres/padres como educadores o adultos en relación con la infancia tuvieran herramientas prácticas con las que afrontar situaciones que tradicionalmente son conflictivas, tanto en lo personal como en lo administrativo.

Las jornadas las abrió la tarde del viernes con Antonio de ALE con una introducción a la asociación y su funcionamiento, y continuo con una mesa redonda donde Juan Carlos dio su testimonio como padre y Carmen hablo como representante de una escuela a distancia que tiene 100 alumn@s matriculados en su oficina de representación en España.

El sábado fue lo más emocionante, cuatro horas con Jason Preater, maestro en Summerhill (www.summerhillschool.co.uk) para poder sacarle todo el jugo.  Aunque debo confesar que yo abandone esa charla para acudir al taller de Inteligencia Emocional, donde nos explicaban que son y como evolucionan las emociones con Aurem y Edu de Adcorem (www.adcorem.com).

Y mientras Jason Preater contunuaba hablando, se produjo la presentación de nuevos proyectos educativos surgidos en los dos últimos años en el territorio nacional.

Y llegada la hora de comer, nos fuimos al parque y disfrutamos de una nutritiva comida vegetariana (con huevo opcional) al precio de 4 euro, que ayudaba a cubir los gastos de las jornadas y a apoyar el proyecto de educación libre que existe en Hervás: Avellana.

La tarde fue para la escuela libre Paideia, que lleva funcionando desde 1978 lo que la convierte en la más antigua en el territorio español.
Pero con ludoteca y con banco de trueque en paralelo.

Y la guinda llego el domingo, con la presentación (espectacular) que hicieron las familias de la escuela publica  CEIP VITAL ALSAR de Santander (Cantabria). Para mi fue lo mejor de las jornadas, por la honestidad de sus voces (madres, padres, hijos e hijas) que no omitieron en ningún momento de su recorrido, las debilidades, los miedos y los muros que han ido encontrado a lo largo de estos cinco años que llevan trabajando duro para tener la escuela de sus sueños, dentro de la escuela pública. Pueden seguir su andadura en facebook.

Estaba previsto tener una reunión de la Red de Apoyo Mutuo para alternativas educativas (RAMAE), pero finalmente no puedo ser debido a razones de salud de la persona que viajaba desde Madrid, de modo que quedo pospuesta al mes de agosto durante el encuentro de verano de ALE, pueden saber más en el blog ALE en red.

Libertad de enseñanza en la LOMCE

La campaña denominada Mis padres deciden, que se puso en marcha en Andalucía, tras la negativa de la Consejería de Educación a renovar los conciertos educativos a los doce colegios diferenciados de la región, basando su decisión en sentencias del Supremo a su favor,  ha dado el fruto deseado y la LOMCE incide en la libertad de enseñanza de los padres.

En consecuencia un apartado q) ha sido añadido al texto de la anterior ley,  en su artículo 1, según el cual  “La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales”.

Las preguntas que nos hacemos al hilo de lo descrito son:

1. ¿Se va a aplicar sólo para solucionar el contexto de la educación diferenciada que no podía por ello acceder al concierto económico con la Administración?

2. ¿Añade algo al reconocimiento sobre la libertad de enseñanza y de los padres a que vean que la educación moral y religiosa que reciban sus hijos e hijas sea conforme a sus propias convicciones?

3. El derecho a “elegir el tipo de educación” y el de “elegir el centro para sus hijos”, es el mismo o son dos derechos con entidad propia que sean susceptibles de desarrollo reglamentario diferenciado?

En primer lugar, el citado apartado q) se refiere al marco de los principios constitucionales. Parece ser que se está refiriendo con ello a que se mantiene dentro de los límites del apartado 3 del artículo 27 de la Constitución, conjuntamente con el marco del ejercicio de los derechos derivados de la libertad ideológica, religiosa y de culto del artículo 15.

Sin embargo, es innegable que en la actual redacción de la LOMCE la libertad de enseñanza de los padres recibe un nuevo impulso La diferencia de interpretación se va a encontrar con el tratamiento que se dé a la expresión “tipo de educación y el centro”. Por ello será diferente si, de un lado, se refiere a un único criterio en relación a que sea el tipo de educación el que se derive de manera directa de la elección del centro, o si, por el contrario, el tipo de educación es un derecho de ejercicio distinto al del derecho a la elección de centro.

 ¿Nos encontramos ante dos derechos? Por un lado el derecho a elegir el tipo de educación como distinto del de elegir el centro, en cuyo caso la educación en casa sería una opción derivada del ejercicio del primer derecho, como emanación de una de sus posibilidades, o, por el contrario, nos encontramos ante un único derecho que consiste tan sólo en elegir el tipo de educación dentro de los centros disponibles.

El Estado, -o como la Constitución lo denomina “Los poderes públicos”-, tiene asignada la función de la “programación general de la enseñanza” (CE art. 27.5). Esta función le permite diseñar el sistema escolar dentro de los parámetros de facilitar “la participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes” (CE art. 27. 5 in fine). A pesar de lo cual, no parece que el ministro responsable de la elaboración de la LOMCE, Juan Ignacio Wert esté consiguiendo en la nueva ley la “participación efectiva de todos los sectores afectados”, como bien nos muestra tanto en prensa escrita como audiovisual, con la constante oposición que ha encontrado en todos los estamentos educativos, a lo largo de su elaboración y aprobación final.

Creo que se puede argumentar que la inclusión de ese apartado q) al artículo primero, significa una adición al grado libertad que aportaba la LOE en su interpretación del apartado 3 del artículo 27 de la Constitución, y que el único modo de darle significado, es dotarlo de virtualidad a la hora de ampliar esa libertad de enseñanza.

Las leyes orgánicas de educación han interpretado hasta este momento de modo restrictivo la libertad de enseñanza para los padres, convirtiéndola, de un lado, en la libertad del enseñante (equiparándolo a la libertad de cátedra) y, de otro, la libertad para la creación de centros de enseñanza privados (la libertad de creación de centros docentes que se especifica en el apartado 5 de ese mismo artículo) de modo que desaparece por completo subsumida en estas dos. La adición del apartado q), en coordinación con el apartado h bis), a cuyo tenor, “El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros responsables de la educación de sus hijos”, parece querer iniciar un camino distinto en la interpretación del artículo 27 de la Constitución, para proceder al restablecimiento de una libertad de enseñanza diferenciada de la que corresponde a los enseñantes o a los centros, cuya titularidad recaiga sobre los padres, como “primeros responsables de la educación de sus hijos”.

¿Qui prodest?

¿A quién beneficia la situación actual?

Cuando hablamos del reconocimiento de la opción de educar en casa podemos plantearnos esa misma pregunta. El capítulo 27 de la Constitución española fue un compromiso, un consenso, -como gustaba referirse en aquel momento constituyente-, entre dos fuerzas opuestas. De una lado, una fuerza centrípeta, que impulsaba hacia el interior del Estado toda la función educativa, – fuerza que tiende al monopolio del Estado en la educación de los menores, convirtiendo el conjunto de la enseñanza en un monopolio estatal- es la postura que defendían en el momento constituyente los partidos Socialista y en general otras fuerzas en la izquierda del espectro parlamentario.

De otro lado, en sentido opuesto a ésta, la Iglesia Católica aliada a las fuerzas conservadoras de signo estatal y autonómico imponían al proceso un impulso centrífugo que tendía a desestatalizar la enseñanza para asegurar la pervivencia de una tupida red de centros de enseñanza de titularidad de las distintas entidades religiosas pertenecientes a la  Iglesia Católica.

El artículo 27 de la Constitución, engendrado en medio de estas tensiones representa el compromiso entre ambas fuerzas, de manera que en consecuencia y a lo largo de los años que siguieron a la aprobación de la Constitución hasta nuestros días, el Estado y la Iglesia Católica se reparten el pastel de la denominada enseñanza básica obligatoria. Una enseñanza obligatoria que proporciona a ambos agentes educativos una corriente ilimitada de menores entre los 6 y los 16 años que deben acudir a uno u otro sistema escolar “homologado”, como sanciona la sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de diciembre de 2010.

Y aquí llegamos a la pregunta “¿Qui prodest?”…  ¿a quién beneficia este status quo? Tanto el Estado como la Iglesia Católica se benefician de las rentas obtenidas por el mantenimiento en la normativa de desarrollo del artículo 27 de la Constitución de una interpretación interesada de lo que es la “educación obligatoria”, equiparada a “escolarización obligatoria”.

¿Quien se beneficiaría de un posible reconocimiento de la educación en contextos formativos ajenos al modelo oficial, ya sea en el hogar o en escuelas libres, no homologadas en la actualidad? Obviamente no lo agentes que vienen hasta ahora repartiéndose el pastel, y controlando los contenidos formativos a su antojo. Por ello ley orgánica tras ley orgánica,  los diferentes gobiernos, social demócratas o conservadores que han gestionado la “cosa pública”, han mantenido la sacrosanta eficacia del apartado 2 del artículo 4 de la actual LOE.

2. La enseñanza básica comprende diez años de escolaridad y se desarrolla, de forma regular, entre los seis y los dieciséis años de edad.

Que, a todo esto,  mantiene el proyecto de LOMCE sin modificación alguna.

Una cosa lleva a la otra

El principio de subisidiariedad, entendido como constitutivo de la libertad de enseñanza, consagra la responsabilidad e iniciativa personal[1], al considerar que los primeros responsables de la educación de los menores son sus padres, y el Estado acudirá en su auxilio, con la finalidad de garantizar de modo subsidiario, el cumplimiento del derecho a la educación del que es titular el menor sometido a la patria potestad.

En la Constitución española, el apartado 3 del  artículo 39 implica una asignación a los padres de la responsabilidad principal en la educación y la asistencia a sus hijos, “en la medida en que reconoce al menor el derecho a ser educado en el ámbito de la propia familia”[2], sin embargo la imposición de la escolarización obligatoria y la ausencia de reconocimiento de la libertad de los padres para ejercitar ese derecho primordial, a través de la educación en casa, nos lleva a concluir, que el original derecho ha sido reconvertido simple y llanamente en una obligación.
  


[1] Alfred FERNÁNDEZ, Director General de OIDEL, “Promover las libertades  educativas: una urgencia mundial”, Derechos Educativos y la Carta Europea de Derechos Humanos”, 2006, cit. p. 2.

[2] Julio I. IGLESIAS REDONDO, “La situación de desamparo del menor y la vertiente familiar de su derecho a la educación (A propósito de la STC 260/1994, de 3 de octubre)”, Revista Xuridica Galega, Núm. 9, 1995, cit. p. 17.

 

 

Una reflexión, de nuevo

Tras un largo período vacacional, vuelvo al blog. Intentaré seguir publicando reflexiones que surgen al hilo de la última y definitiva redacción de la tesis.

Esta es una de las reflexiones que quiero compartir. Finalmente sé dónde está el quid de la sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2010. El truco de la sentencia está en el enfoque que el Tribunal dio al caso. Muchas veces he mencionado que el homeschool plantea una triada de intereses, los del menor a ser educado, los de los padres a elegir la educación más acorde a sus propias convicciones y los del Estado a que los menores sean educados en los valores de la sociedad en la que han de integrarse.

Pues bien, el Tribunal Constitucional, en esta sentencia trasladó el conflicto de intereses más lógico, padres-Estado (que es lo que plateaba la defensa), a otro conflicto, padres-hijos, con lo que el resultado es diametralmente opuesto a los intereses tanto de los padres como de los hijos, de manera que en ese conflicto salen ambos perdiendo.

El problema que se plantea, en opinión del Tribunal Constitucional, no es un conflicto entre la libertad de enseñanza de los padres enfrentada a la prerrogativa del Estado de organizar un sistema de enseñanza único, en el que sólo se admite la escolarización obligatoria en un centro homologado y de tipo presencial, sino que formula el caso como un conflicto de intereses entre la libertad de los padres de decidir la instrucción de sus hijos, y el derecho de éstos a ser escolarizados.

Este planteamiento deja a salvo una posible ilegitimidad por parte del Estado, que a lo largo de los años ha ido construyendo un sistema escolar que potencialmente puede vulnerar la libertad de enseñanza de titularidad parental, y reduce el ámbito del conflicto a un enfrentamiento entre la libertad de enseñanza de los padres frente al derecho a la educación de los menores, que no puede llevar a otra conclusión que la prevalencia de éste último. La consecuencia es que ambas posiciones resultan debilitadas a resultas del conflicto, el derecho de los menores a ser educados de un diferente al oficial, y como resulta de las pruebas aportadas al procedimiento, más acorde a sus capacidades e intereses, y por supuesto la libertad de los padres de decidir la educación más adecuada para sus hijos desde un punto de vista pedagógico.

Espero que esta reflexión ayude a comprender lo que ha ocurrido.

Hasta pronto, espero.

La propuesta de regulación de Ana María Redondo

Hoy me he dado cuenta de que nunca he repasado en  este blog la propuesta de reconocimiento de la educación extraescolar que Ana María Redondo, incluye en su excelente tesis doctoral titulada DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN Y ENSEÑANZA BÁSICA OBLIGATORIA (integración educativa intercultural y homeschooling).

Antes de pasar a la propuesta Redondo analiza la obligación escolar recogida en la normativa española y su adecuación al texto constitucional. Esa adecuación se realiza en base a tres juicios, el juicio de adecuación, el de indispensabilidad y el de proporcionalidad.

La normativa de desarrollo constitucional supera el juicio de adecuación, ya que efectivamente da respuesta a la obligación de educación para toda la población de manera efectiva. Sin embargo no supera el juicio de indispensabilidad ya que la experiencia de otros países del entorno del reino de España, dentro de la unión europea han sabido legislativamente conjugar la normativa de escolarización con la aceptación de la educación en casa imponiendo distintos niveles de control de esta. Finalmente tampoco supera el juicio de proporcionalidad, ya que para aquellos que objetan la obligación escolar y de modo responsable y consciente están educanda en casa a sus hijos, las consecuencia superan con mucho lo que sería proporcional a esa actitud. la prueba es que los tribunales penales son reacios a aplicar la normativa que define la tipificación del delito de abandono.

Ante esta inadecuación de la legislación española actual al modelo de libertad de enseñanza fijado en la Constitución, Redondo propone una propuesta de regularización que literalmente expresa en estos términos:

a) El  reconocimiento expreso de la educación extraescolar, tanto si ésta se lleva a cabo siguiendo el sistema educativo como si se aparta en algún momento de él.

b) El establecimiento de controles censales sobre la población que opta por esta fórmula educativa.

c) El establecimiento de controles sobre los materiales y métodos pedagógicos que emplean los padres educadores.

d) El aseguramiento de que se persiguen los fines constitucionales y se forma al menor en el respeto de los valores y derechos fundamentales.

e) Las posibilidades de arbitrar mecanismos, exámenes o pruebas que permitan la obtención de títulos homologados correspondientes al nivel real de formación cuando éste se haya alcanzado al margen del sistema educativo oficial, así como el acceso al sistema oficial, cuando se cumplan los requisitos normalmente establecidos.

f) Por último, la ley habrá de fijar el nivel de colaboración, incluso económico, entre las autoridades competentes y las familias que optan por estas fórmulas educativas, a sabiendas de que no existe un deber constitucional de subvencionar cualquier educación, ni cualquier tipo de centros.

 

 

Propuestas de modificación de normas para admitir el HE

En distintos medios y por parte de distintos sujetos jurídicos, asociaciones, partidos políticos, instituciones como la del del Defensor del Pueblo e incluso por parte de los tribunales surgen espacios en los que se vislumbran distintas tendencias y vías por donde podría moverse el movimiento desescolarizador en el Estado Español. Está la propuesta de Educar en familia no asumida por la LEC (Ley de Educación Catalana), la que han planteado las familias gallegas para que la desescolarización no se equipare al desamparo en el anteproyecto de ley de Apoyo a las Familias y Convivencia en Galicia,  el programa electoral del PP en Catalunya para las ya celebradas elecciones Autonómicas  el pasado noviembre que le dejaron en un tercer lugar, o la mano tendida por el Tribunal Constitucional al legislativo para que pueda regular modos alternativos a la escolarización reglada que podrían sin dificultad ser asumidos por la Constitución.

Quizás mis lectores conozcan más propuestas de este tipo, aún no materializadas pero que apuntan en alguna dirección. Agradecería la información con la que se pueda aumentar este listado inicial.

1. La Propuesta de Educar en Familia,  la Coordinadora Catalana pel Reconeixment i la Regulació de l’Educació en Família, con ocasión de la negociación con el Parlament de Catalunya redactada en su informe de 20 de enero de 2009. La propuesta iba dirigida a que este artículo se incorpore a la LEC que estaba en elaboración en aquel momento:

La familia asegurará que sus hijos e hijas asistan a una escuela reconocida o que reciban en el ámbito familiar, una educación basada en los principios que inspiran la Ley de educación de Catalunya.

2. La propuesta planteada por varias familias gallegas para conseguir la modificación  del anteproxecto de Lei de Apoio á Familia e á Convivencia de Galicia, aprobado el viernes 18 de marzo por la Xunta de Galicia y pendiente de aprobación por el Parlamento Gallego:

“i) La falta de escolarización habitual del menor, siempre y cuando dicha falta de escolarización no haya sido decisión voluntaria de los progenitores con el fin de educar a sus hijos en el hogar o en sistemas alternativos, que garanticen el derecho a la educación. ”

3. Propuesta del Partido Popular de Catalunya recogida en su programa_electoral para las elecciones autonómicas de 2010:

Potenciar las relaciones entre las familias y las escuelas

• La introducción de la posibilidad de la educación en casa garantizando para ello un marco legislativo adecuado y un seguimiento riguroso de los contenidos, de la socialización y de los avances de los alumnos que estén en esta modalidad de escolarización.

4. La sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre del 2010 que ofrece expresamente la posibilidad de que cambios normativos tendentes al reconocimiento de la educación en casa no sean en absoluto contrarios al texto y al espíritu de la norma constitucional.

A la vista del art. 27 CE, no cabe excluir otras opciones legislativas que incorporen una cierta flexibilidad al sistema educativo y, en particular, a la enseñanza básica, sin que ello permita dejar de dar satisfacción a la finalidad que ha de presidir su configuración normativa (art. 27.2 CE).

5. Informe del Defensor del Pueblo Andaluz  al Parlamento de Andalucía de 2005:

… Pretender que nuestro país o nuestro sistema educativo van a permanecer ajenos a esas nuevas realidades sociales, nos parece un ejercicio de ingenuidad que no nos conduce a nada positivo. Si observamos a los países de nuestro entorno y vislumbramos el futuro con una cierta perspectiva, nos daremos cuenta de que no podemos seguir apostando por un único modelo educativo, concebido como algo exclusivo y excluyente que condena sin paliativos a la ilegalidad o incluso criminaliza a todo aquel que opta por modelos educativos alternativos.

En nuestra opinión es necesario abrir un debate social, especialmente en el seno de la comunidad educativa, en el que se analicen las nuevas realidades sociales y educativas y se vayan perfilando las claves para una nueva legislación que habrá de buscar cómo conjugar el derechos de las familias a decidir libremente el tipo de educación que quieren para sus hijos, con el deber de los poderes público de garantizan que cualquier modelo educativo que se elija respete íntegramente el derecho fundamental de los menores a acceder a una educación que tenga por objeto el pleno desarrollo de su personalidad u el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.”

6. Defensor del Pueblo. Informe anual de 2006 y debate en las Cortes Generales. (p. 375)

Esta Institución, examinados los términos del planteamiento que ha quedado expuesto, que en última instancia es revelador de la creciente pluralidad de la sociedad española, ha considerado oportuno iniciar un trámite informativo con la finalidad de conocer eventuales proyectos del Ministerio de Educación y Ciencia, dirigidos a establecer las modificaciones normativas necesarias para el reconocimiento en nuestro ordenamiento educativo de la validez de la fórmula educativa que propugnan los promoventes de la queja (06042663).

7. Resolución del Ararteko, de 15 de enero de 2008, dirigida al Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, por la que se concluye su actuación sobre la queja promovida en relación con la educación en casa o homeschooling.

Entendemos no obstante que, en el ejercicio de nuestras atribuciones, podemos y debemos demandar la apertura de una reflexión que, a la vista de los elementos que concurren en el caso que nos ocupa, explore las posibilidades de que la formación educativa no escolarizada impartida en el hogar familiar, lo que se conoce como homeschooling, encuentre acomodo en la legislación sobre educación. En definitiva, este es el objeto que perseguimos con las presentes conclusiones, esto es: poner de manifiesto la necesidad de abrir un debate con respecto al posible reconocimiento legal de esta opción educativa con la participación del conjunto de la comunidad educativa.

La libertad de enseñanza: El debate parlamentario constitucional

Varios artículos que tengo entre manos en este momento desarrolan con mayor o menor amplitud el derecho de los padres recogido en el art. 27 de la Constitución y formulado como la garantía que ofrecen los poderes públicos a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

El primero de ellos es el titulado El derecho de los padres a la formación religiosa y moral de sus hijos:sentido y alcance, de Ana isabel Ribes Suriol (Universitat de València).

Es interesante porque enfrenta las dos posibles interpretaciones del precepto constitucional. De un lado la interpretación restrictiva, que entiende que esta garantía se agota en el derecho a elegir enseñanza de la religión, y por otro lado, la interpretación amplia, entendida como el derecho a recibir una educación de acuerdo con las propias convicciones, incluyendo el concepto de la educación integral de una persona de acuerdo con una determinada creencia religiosa.

El segundo artículo es el titulado El derecho de los padres a elegir el tipo de educación que deseen para sus hijos, de Enrique Marcos Pascual de la Universidad de La Rioja. Este artículo tiene el mérito de recorrer los antecedentes de este derecho desde la Constitución de Cadiz de 1982 hasta los debates parlamentarios con ocasión de la redacción de la Constitución vigente, la de 1978. Realiza un repaso por la Ley Moyano, e insiste en los debates parlamentarios que reflejan las diferentes posiciones políticas que enfrentan a la libertad de enseñanza y el derecho a la educación.

El tercer artículo es el titulado con sencillez El derecho a la educación, firmado por Javier Díaz Revorio, de la Unversidad de Castilla-La Mancha. Este artículo también recoge los debates constituyentes reflejados como un enfrentamiento de las concepciones sobre la educación  y la libertad de enseñanza de la izquierda y derecha en aquel Parlamento Constituyente.

Otro artículo más reciente y específico es el titulado El derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias comnvicciones:patria potestad y autonomía del menor, de Silvia Gaspar Lera de la universidad de Zaragoza. El artículo ha sido recientemente reseñado en este blog, y recoge aspectos de la adjudicación de la guarda de los hijos en procesos de disolución del matrimonio y la  titularidad de la toma de la decisión de elegir el tipo de educación para los menores afectados.

Veamos un aspecto importante recogido de estos artículos, la visión del debate parlamentario que marcó y sigue marcando las posiciones enfrentadas de las posiciones de los diferentes partídos políticos en torno al derecho a la educación, que siguen manteniéndose en esencia aún hoy.

La aprobación y discusión en las Cortes del articulo 27 de la Constitución de 1978 no fue nada sencilla. Las intervenciones de los portavoces de los distintos partidos muestran el alto grado de controversia. Todas estas controversias fueron superadas por el denominado “consenso” hasta llegar a recoger el articulado tras su discusión, elaboración.

La posición de UCD  fue la de defender que  es a los padres a quienes corresponde elegir el tipo de enseñanza  para sus hijos e hijas-incluidas las convicciones religiosas, filosóficas y morales-. También defiende que ese derecho debe ser garantizado por el Estado. Para el PSOE, la educación es sólo responsabilidad del Estado, defiende una enseñanza laica, y un pluralismo de los centros escolares. No reconoce plenamente el derecho de los padres y pone limitaciones a la libertad de creación de centros docentes. El PCE propugna la enseñanza pública y única, sin negar la posibilidad de que los particulares abran escuelas privadas a sus expensas, la libertad de enseñanza se traduce en que haya unas clases de religición a las que puedan asistir los alumnos cuyos padres lo pidan expresamente. Para Alianza Popular los poderes públicos deben garantizar el derecho preferente de los padres a elegir el tipo de educación y el centro escolar al que deseen acudrir sus hijos y a determinar que reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. Para Ezquerra Republicada de Catalunya es imprudente constitucionalizar la ayuda a cenbros privados y defiende el pluralismo escolar de una forma un tanto peculiar, puesto que afirman que dicho pluralismo puede crearse y matenerse en el interior de las escuelas que dependen de los poderes públicos. El Parido Aragonés Regionalista reconoce el derecho que asiste a los padres y defiende que no se puede separar formación religiosa y formación educativa ya que ambas son fases de la formación escolar.

En definitiva, como afirma Díaz Revorio, los partidos conservadores se preocuparon más por la libertad de enseñanza, la izquierda se concentraba en el derecho a la educación obligatoria y gratuita.

Con la libertad de enseñanza se trató de constitucionalizar el derecho de todos a crear y dirigir una enseñanza libre, y el derecho de los padres a escoger para sus hijos la educación que prefieran conforme a sus propias convicciones, y el deber del estado de subvencionar conforme al principio de igualdad, que recoge el propio texto constitucional, el derecho a la educación. Frente a este planteamiento se proponía otro con un modelo único de escuela pública, como instrumento para asegurar la educación de todos en igualdad de condiciones, que debía gestionarse por la Administración.

 

La dificultad práctica del art. 27,3 de la CE

El artículo titulado “El derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones: patria potestad y autonomía del menor” firmado por Silvia Gaspar Lera, de la Universidad de Zaragoza, fue publicado el pasado 2010  y en él se analiza la problemática que deriva de los casos de separación, legal divorcio o nulidad matrimonial en los se ha establecido un régimen de ejercicio de la guarda de los menores a cargo de los cónyuges en trámite de disolución del vínculo. En estos casos, ¿qué sucede cuando no coinciden las opciones de cada uno de los progenitores, con respecto a la educación que hayan de recibir aquellos?.

El caso me recuerda a la problemática que en su momento planteaba Paula Rothermel, derivada de su práctica como perito en los juzgados y sobre la que tan poco se ha escrito: ¿Que sucede cuando uno de los progenitores aduce que las decisiones que el otro cónyuge pueda tomar y que afecta a los menores de edad son susceptibles de producir un daño al menor? Si se toman medidas judiciales tendentes a que sea uno de ellos quien ejerza la custodia de los menores, reconociendo al otro derechos de visitas y con ello de influir en la educación del menor, ¿qué ocurre si quien tiene adjudicada esa custodia pretende restringir los derechos que pudieran corresponder al otro cónyuge en base a un hipotético daño que con su presencia pudiera causar al menor?. La autora une este aspecto con el del art. 27 de la constitución sobre el derecho de los padres a que la educación que reciben sus hijos se corresponda con sus convicciones filosóficas y morales.

A mi este artículo me hace que pensar que lo que parece desprenderse del mandato constitucional es que los padres o progenitores, ambos,  tienen las mismas convicciones morales y filosóficas, ya que, de lo contrario, si esas convicciones son diametralmente opuestas en ambos progenitores, ¿como puede cada uno de ellos lograr la garantía constitucional, cuando es materialmente imposible su ejecución en la práctica?.

Pudiera parecer que los padres son una especie de unidad de destino ideológico sin fisuras, pero esa no es la realidad, las razones por las que las personas deciden crear una unidad familiar, no se basan necesariamente en que sus valores, su religión o sus convicciones filosóficas coinciden. Puede ser que coincidan, obviamente, y no sé en qué porcentaje, así será, pero también es cierto que no siempre coinciden.  A más abundamiento, también es factible que aunque en un inicio esas convicciones de los progenitores fueran comunes, a lo largo de la convivencia, pueden comenzar a diferenciarse, bien porque alguno de ellos, por ejemplo haya hecho suya  algún otro tipo de filosofía, creencia o religión que no era la del momento de la constitución de la unidad familiar, sin que de  ello tenga que derivar necesariamente  una ruptura del vínculo.

La construcción de esta disposición es simplista, y no sólo en la Constitución Española, sino que se produce del mismo modo en varios instrumentos internacionales firmados por prácticamente todos los países del mundo.

Con el advenimiento de la aldea global y la mayor cercanía en la experiencia de personas de diverso origen cultural, religioso y geográfico, es de prever una mayor prevalencia en este tipo de circunstancias, en las que uno de los progenitores tiene que ceder en el ejercicio de que su derecho a que sus hijos reciban la educación conforme a a sus convicciones a favor del otro, dentro de la continuidad de la convivencia, o por el contrario, que quede en manos del juez cual es el derecho del progenitor que resulta en un mayor beneficio para el menor, con lo que ello conlleva de sometimiento del juez a la doctrina imperante en la sociedad en la que vive, en el mejor de los casos, y en la pura subjetividad de sus propias creencias filosóficas, éticas, morales y religiosas, en el peor.

En cuanto al criterio general, rige el de la participación de los progenitores en la toma de este tipo de decisiones, tanto quien ejerce la custodia del menor, como el derecho a la toma de este tipo de decisiones del progenitor no guardador. Determinados actos trascendentes seguirán requiriendo el concurso de ambos progenitores, aunque  uno de ellos haya sido excluído del ejercicio de la patria potestad. Esta es la solución que ha escogido el legislador catalán en el art. 139,4 del Codi de familia: “Salvo que la autoridad judicial lo disponga de otro modo, el padre o la madre que ejerce la potestad necesita el consentimiento expreso o tácito del otro para decidir el tipo de enseñanza, para variar el domicilio del hijo o hija menor de forma que lo aparte de su entorno habitual y para disponer de su patrimonio más allá de lo necesario para atender a sus necesidades ordinarias. Se entiende tácitamente conferido el consentimiento una vez transcurrido el plazo de trienta días desde la notificación que se realice con la finalidad  de obtenerlo sin que el padre o la madre que no ejerce la potestad no plantee el desacuerdo, de conforme a lo establecido en el art. 138”.

El artículo recoge un último apartado en el que se analiza el conflicto entre los padres sobre el tipo de educación y formación religiosa de sus hijos. En él la autora extrae de entre los criterios judiciales aquellos que priman en estas situaciones.

1. La solución vendría dada si hubiera pacto previo entre los padres

2. No habiendo pacto el crietrio sería siempre el del interés del menor. Y dentro de él, el que más se valora es el de “mantener” el tipo de enseñanza y formación religiosa que hubiera venido recibiendo hasta entonces (el criterio de continuidad está recogido en el Derecho francés, art. 372, 1 del Code civil, en Alemania, así lo establece la Ley de Educación, y de modo similar en Austria).

3. Más difícil es el caso cuando por la corta de la edad del menor no se pueda seguir el criterio de continuidad, en cuyo caso, en orden a la elección de un determinado centro y tipo de enseñanza, el criterio delinterés del menor, en opinión de la autora del artículo, toma la forma de la toma en consideración de su futuro a los efectos de seleccionar la opción que mejor facilite y garantice su desarrollo personal y social. (RIVERO F.,  El interés del menor, 2008).

A vueltas con el flexi schooling

Flexi-school en una escuela de Staffordshire.

La BBC ha publicado la semana pasada un reportaje sobre esta iniciativa. Las palabras de la directora del centro escolar que se ha decantado por una oferta de escuela a tiempo parcial, o flexi school, en el video lo expresan todo. Aun así, me permito traducir aspectos relevantes de la noticia:

En primer lugar, al ser una pequeña escuela rural de tan sólo 5 alumnos, con la iniciativa de incorporar sus servicios a tiempo parcial, ha aumentado el número de niños a 24 en tan sólo unos meses. La escuela, que en principio atendía a un aldea de 150 habitantes, atrae actualmente a alumnos del área  metropolitana de Manchester, y en general de toda la región de Yorkshire. Son alumnos a tiempo parcial, que complementan su educación con la que se les proporciona en casa. Además aquellos que se educan en casa pueden asistir con sus padres a jornadas educativas en la escuela con una frecuencia quincenal. La directora, Janette Mountford-Lees, afirma que “debemos movernos con los tiempos”. Ella reconoce que los padres eligen educar en casa por una serie de motivos, pero que la mayoría agradecen el apoyo de la institución escolar.

Una de las madres comenta que sus hijos van un día por semana. Y dice que les encanta, porque tienen el día entero para compartirlo con otros niños.  La directora explica que cada niño o niña tienes su propia planificación, ya que son de distintas edades.

En cuanto a si esta podría ser la tabla de salvación de las escuelas rurales en peligro, el alcalde del ayuntamiento de ideología conservadora no lo se ve tan claro, pero guarda esperanzas de que así sea. A nivel de política general, Ian Parry,  miembro del Departamento de Infancia y Familias, afirma que la iniciativa tiene mucho que ver con lo que las familias demandan.

BBC News – More pupils at school with ‘part tim…, posted with vodpod

Hasta aquí la iniciativa para salvar las escuelas rurales en Inglaterra. Pero el flexi-school es una inciativa algo a loa que dedico atención desde hace tiempo, y prueba de ello es que le he dedicado varias entradas en este blog, desde que la conocí de mano de los escritos de Ronald Meighan (Meighan, R., Flexi-schooling, education for tomorrow, starting yesterday, Education Now, 1988). Ayer mismo, en un programa de radio de Bilbao al que asistí como invitada el entrevistador empezó por preguntarme sobre el flexi-school, creo que el tema interesa potencialmente tanto a quienes escolarizan como a quienes educan en casa. Por ello, y por otra cuestión que algún otro día desarrollaré con más tiempo (el Drittwirkung alemán), me he dirigido esta mañana al despacho de un profesor de Derecho Constitucional y le he preguntado sobre la posible acomodación del flexi schooling en la normativa del Estado Español, y me contesta que, en su opinión, tendría un encaje constitutional más sencillo que la educación en casa, ya que solventa uno de los obstáculos que esta última plantea  para el pleno cumplimiento del art. 27 de la Constitución, cual es el del desarrollo de la formación del ciudadano como finalidad de la educación en el art. 27,2 de la Constitución.  De hecho, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional insiste en este aspecto al expresar que:  “Medidas que, sin descartar la opción educativa del “homeschooling”, o enseñanza en en propio hogar, “establecen controles periódicos sobre la evaluación formativa del niño, así como un seguimiento de los contenidos que se transmiten”. Sin embargo, continúa la sentencia, ésta no es la única finalidad que deben perseguir los poderes públicos a la hora de configurar el sistema educativo en general y la enseñanza básica en particular, que han de servir también a la garantía del libre desarrollo de la personalidad individual en el marco de una sociedad democrática y a la formación de ciudadanos respetuosos con los principios democráticos de convivencia y con los derechos y libertades fundamentales, una finalidad ésta que se ve satisfecha más eficazmente mediante un modelo de enseñanza básica en el que el contacto con la sociedad plural y con los diversos y heterogéneos elementos que la integran, lejos de tener lugar de manera puramente ocasional y fragmentaria, forma parte de la experiencia cotidiana que facilita la escolarización.

Como el propio Tribunal Constitucional expresa, la constitución no consagra directamente el deber de escolarización, ni mucho menos otros aspectos más concretos de su régimen jurídico como, por ejemplo, la duración del período sobre el que ha de proyectarse o las circunstancias excepcionales en que ese deber pueda ser dispensado o verse satisfecho mediante un régimen especial, pero sí cuales son los fines que cualquier tipo de educación debe garantizar, en su art. 27, 2 a cuyo tenor,  “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos y de convivencia  y a los derechos y libertades fundamentales”.

Debo admitir que a mi se me escapa la clarividencia con la que los constitucionalistas ven garantizados esos principios con la escolarización, pero se me antoja un serio problema a la hora de diseñar algún tipo de alternativa educativa que no pase por la garantía de los mismos. Y en consecuencia, el opinión de este profesor, insisto, el flexi schooling superaría esa dificultad incuestionable.

 

 

El art. 27.3 de la CE en los Tratados Internacionales

El derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral adecuada a sus convicciones filosóficas y morales que recoge el art. 27, 3 de la Constitución española, está redactado conforme a los instrumentos internacionales, aunque con significativas diferencias. El tenor literal del artículo 27, 3 establece lo siguiente:  Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

La evolución desde su primera formulación en 1948 (La declaración Universal de derechos Humanos) hasta la más actual de  la  La Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea con su última incorporación al Tratado de Lisboa de 2009, parece ser la de la ampliación del contenido del derecho, lo que implicaría, de hecho, una reducción de la intervención del Estado en materia educativa. Las nuevas tecnologías, de un lado, y la atribución de competencias educativas a entes locales inferiores, ya sean municipales, regionales o autonómicos, parecen confirmar la descentralización de la educación, y la atribución de la capacidad de educar a sujetos más amplios, fuera del ámbito estrictamente estatal, hacia abajo y hacia arriba, tanto a ámbitos locales como supraestatales, como sucede en el  ámbito universitario como consecuencia de la creación del Espacio  Europeo de Educación Superior.

A la vista de estos cambios es razonable sugerir que el monopolio del Estado sobre la educación  está viviendo sus últimos estadios. Aun así los Estados individuales siguen reteniendo un aspecto importante de la educación como una competencia casi exclusiva, cual es la expedición de títulos, y el control sobre los procedimientos de homologación de éstos. Es por ello probable que es precisamente en ese aspecto en el que el Estado se va a guardar todas las cartas, y en el que mayor resistencia se produzca a la hora de seguir cediendo competencias a entes infra o supraestatales.

Hagamos un repaso por la cobertura de este derecho en los distintos  Tratados internacionales suscritos por el Reino de España a modo de recapitulación, incidiendo en la problemática de la traducción, que podría llevar a distintas interpretaciones del mismo derecho, dependiendo de la lengua de partida: :

1.     La declaración Universal de derechos Humanos (1948)

Art. 26.

1. Declaración Universal de derechos Humanos (DUDH), de 1948 que en su artículo 26.3 recoge así el contenido de este derecho “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. Derecho que la STC de 2010, entiende debe interpretarse sistemáticamente en relación con el art. 26.1 de la propia declaración, según el que “La instrucción elemental será obligatoria”. Debe destacarse que el mismo artículo distingue los conceptos educación, e instrucción., al establecer previamente que “La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental”.

En el texto original se distinguen los términos education, para referirse al primero, y enseignement para el segundo, que al castellano fue traducido como instrucción.

  1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.

Por el contrario, el texto en ingles no distingue ambos conceptos y la redacción daría lugar, por ello a diferente interpretación:

  1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

El idioma original de la declaración de las Naciones Unidas, fue en ingles, del que se tradujo al francés. La traducción española deriva posiblemente de la versión en francés del documento, en el que ya distinguen los conceptos educación e instrucción.

La diferenciación no es baladí, ya que se suele interpretar la distinción entre educación, como el aspecto más amplio de la función de los padres de procurar para sus hijos un desarrollo moral e intelectual que les capacite para ser miembros de la sociedad de un modo adecuado, de la instrucción que se identifica con los aspectos más académicos de esta preparación, habitualmente identificándolo con el concepto de escolarización.

2.     El Convenio Europeo de 1952, y el protocolo de Paris de 1952

Art. 2.

Protocolo Adicional al Convenio Europeo para la protección de los derechos Fundamentales y las Libertades públicas (CEDH) de 1952, recoge en su artículo 2 el contenido del derecho a la instrucción:
Artículo 2. Derecho a la instrucción.

A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción.

El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas.

¿Qué diferencia real existe entre instrucción y educación?. El texto ha sido traducido al castellano como derecho a la instrucción, pero en el original en inglés, sigue siendo derecho a la educación.

Del mismo modo, en este protocolo, la versión en inglés no distingue educación e instrucción al establecer en primera instancia el contenido del artículo, aunque añade teaching en segundo término, pero no como sustituto del término educación, sino añadido a él.

Article 2 – Right to education

No person shall be denied the right to education. In the exercise of any functions which it assumes in relation to education and to teaching, the State shall respect the right of parents to ensure such education and teaching in conformity with their own religious and philosophical convictions.

Por el contrario en francés el texto se inicia con el derecho a la instrucción:

Article 2 – Droit à l’instruction

Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.

Y de nuevo, parece ser que la traducción al castellano proviene de la redacción en francés. ¿Cuál fue la original?

3.     Los pactos de Nueva York de 1966

a)     El pacto Internacional de derechos civiles y políticos

Art. 18

b)     El pacto internacional de derecho Económicos, Sociales y Culturales

Art. 13,3

En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de 1966 se recoge este derecho con otra redacción en su artículo 18,4 y que corresponde casi en su integridad a la redacción del artículo 27 de la CE:
4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Por su pare el Pacto Internacional de derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) que entró en vigor en 1976 recoge este mismo derecho con este enunciado:

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4.     La Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea

Art.14, 3

Este texto es posterior a la Constitución Española, se aprobó por Acuerdo de 7 de diciembre de 2000, y ha entrado en vigor tras su incorporación al tratado de Lisboa firmado el 13 de diciembre de 2009.

Según el artículo citado en la Carta de Niza (14,3) “el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas”. En este aspecto, el Tratado de Lisboa, de obligatorio cumplimiento para el Reino de España, añade expresamente las convicciones pedagógicas entre aquellas que el estado habría de tener en cuenta a la hora de garantizar este derecho.

La sentencia del Constitucional (XI): La Carta de Niza (2007)

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión firmaron y proclamaron el 7 de diciembre de 2000 con ocasión del Consejo Europeo de Niza recoge en un único texto, por primera vez en la historia de la Unión Europea, el conjunto de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los ciudadanos europeos y de todas las personas que viven en el territorio de la Unión. Se basan esencialmente en los derechos y libertades fundamentales reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, las tradiciones constitucionales de los Estados miembros de la Unión Europea, la Carta Social Europea del Consejo de Europa y la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, así como en otros convenios internacionales a los que se han adherido la Unión Europea o sus Estados miembros.

La Carta fue finalmente incorporada al Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de enero de 2009, y figura entre los documentos que acompañan a la aprobación del Tratado.

La Carta, al incorporarse al Tratado, es constitutiva del derecho interno de los Estados miembros de la Unión, y no puede considerarse a estos efectos derecho internacional, sino derecho interno de aplicación directa en cada uno de los estados miembros.

La carta incluye, obviamente, ya que el derecho a la educación está en la tradición de los Estados miembors, en intrumentos internacionales firmados por estados de la Unión, y en los propios instrumentos de reconocimiento de derechos de la Unión Europea. Este es el texto que lo recoge:

Artículo 14. Derecho a la educación

1.         Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente.

2.         Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria.

3.         Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas.

Esta carta añade un elemento significativa al contenido del art. 27,3 de la Constitución Española, que entra en contradicción con la interpretación que de él ha realizado el Tribunal Constitucional en su sentencia del pasado diciembre, que niega la posibilidad de aducir motivos pedagógicos entre aquellos que llevan a los padres a elegir un tipo de educación y a excluir otra u otras. La sentencia resuelve la contradicción con esta aseveración:

Esta última precisión debe entenderse referida a aquellas opciones pedagógicas que resulten de convicciones de tipo religioso o filosófico, puesto que el art. 14 CDFUE “se inspira tanto en las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como en el artículo 2 del protocolo Adicional al CEDH”, sin que la referencia a las convicciones pedagógicas se encuentre entre las ampliaciones de este último precepto reconocidas en las explicaciones elaboradas bajo la autoridad del Praesidium de la convención que redactó la carta.

¿Por qué una interpretación tan estrecha?, y ¿Por qué se han de identificar necesariamente las convicciones pedagógicas con las religiosas y filosóficas?, si el legislador quisiera recoger esa identificación, no tendría por qué añadir las motivaciones pedagógicas como un capítulo separado a las dos anteriores. Incluso aplicando una interpretación restrictiva, como lo es el argumento a contrario,  “Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tccuit”, (donde la ley quiere, dice, donde no quiere, calla) llegaríamos a una conclusión distinta.


La sentencia del Constitucional (IX): la sentencia apelada

Las claves para entender la sentencia del Constitucional del pasado diciembre están en la propia sentencia apelada, la que dictó la Audiencia provincial de Málaga el 6 de junio de 2005, a su vez en apelación a la dictada por el Juzgado de Primera instancia de Coín de 5 de mayo de 2003.

Según dicha sentencia, el objeto del recurso es determinar si las clases que los padres dan a sus hijos en el seno de la familia bastan para cumplir el mandato constitucional, sin necesidad ni obligación de hacer uso de centros autorizados y homologados, sean públicos o privados, o si la enseñanza de los progenitores ha de completar o ser completada por una enseñanza oficial, teniendo en cuenta que a la edad de los menores debe ser gratuita y debe ser obligatoria la llamada enseñanza básica.

En este punto entiende la Sala que niega la parte apelante que haya existido violación del derecho a la educación y que los padres tienen el derecho a impartirla como crean más conveniente, constando en autos opiniones de profesionales que ven suficiente y decorosa la enseñanza que imparten a sus hijos los apelantes. Y no comparte la Sala tales razonamientos al entender integrada en el concepto básico de educación la escolarización, no sólo por los beneficios que en los menores puede producir mientras se desarrolla, sino también por los beneficios futuros en orden al aprendizaje futuro en el marco de grados y titulaciones. Consta en las actuaciones que los niños no estaban escolarizados (a salvo, claro está, que por tal se entienda la formación dentro de la propia casa o comuna) y no es eso lo mínimo que la Sociedad actual permite dentro del progreso alcanzado en materia social.

El presente recurso de apelación plantea en definitiva la otra vertiente de lo puesto de manifiesto en la demanda del fiscal, el problema de determinar si el derecho a la educación consiste en la total libertad de los padres para orientar (a los hijos) hacia las convicciones morales, religiosas o filosóficas que crean más adecuadas a su formación intelectual y somática), reconduciéndose al derecho contemplado en el artículo 27,3 o, si dicho derecho consiste esencialmente en el derecho del niño a ser escolarizado con la consiguiente obligación de los poderes públicos de proporcionar dicha escolarización, incluso obligatoriamente, si ello fuera del todo punto necesario. Siguiendo al magistrado del Tribunal Constitucional D. Vicente Gimeno Sendra, en su Voto particular formulado en la STC 260/1994, de fecha de 3 de octubre, la Sala cree que el repetido artículo 27,1 contempla el segundo de los citados derechos, cuyo único titular originario es el niño aun cuando, en circunstancias normales, los padres hayan de ejercitarlo a través de la representación. El problema que plantea, sin embargo, el caso que nos ocupa es el de un conflicto de intereses entre la voluntad de los padres (que subsumen el derecho a al educación en un supuesto derecho a la no escolarización y consiguiente impartición de enseñanza en el seno de una o varias familias) y los intereses de los hijos que son ejercidos en sustitución procesal por el Ministerio Fiscal, que, en el interés ajeno de los menores, exige esa escolarización obligatoria, aun en contra de la voluntad de los padres.

La Constitución confiere a los padres el derecho, no sólo de impartir en el seno de la familia la enseñanza que estimen conveniente, sino también el de poder enviar a sus hijos al colegio que deseen e incluso el no menor derecho fundamental a exigir de los poderes públicos la formación que mejor se adecue a sus convicciones, pero tal derecho no ampara otro supuesto derecho de los padres a la no escolarización de los hijos bajo el pretexto de que sólo ellos han de impartir la educación que estimen conveniente. por esta razón la sentencia debe ser confirmada, y en su caso ejecutada voluntariamente o en su defecto de forma coercitiva con los instrumentos legales que al Fiscal y a los organismos de la Comunidad Autónoma confiere la Ley, tales como la declaración de desamparo -no se olvide que se trata de la conculcación de un derecho fundamental del niño, no de un derecho de los padres- la asunción de la tutela, y en su caso el acogimiento, medida todas establecidas en el Código civil, después de promulgada la Constitución.

 

Hasta aquí el texto literal de la sentencia de la Sala de apelación de Málaga. La sentencia contiene afirmaciones que difícilmente pueden sostenerse en la práctica, como la de que “los padres tienen el derecho de poder enviar a sus hijos al colegio que deseen”, como si la libertad de elección de centro no dependiera, como depende de hecho en este momento, de la capacidad económica de la familia, y es una de la muchas formas de asegurar la situación de ventaja y privilegio de los menores desde el mismo inicio de su integración social.

Por otro lado, la sentencia asimila el derecho a la educación del menor del art. 27,1 con la escolarización obligatoria, de un plumazo sin especificar el modo en el que se ha producido este acto de prestidigitación jurídica, cuando afirma que “Y no comparte la Sala tales razonamientos al entender integrada en el concepto básico de educación la escolarización”.

La sentencia no incide en absoluto en las bondades de la socialización, que parece resumirse en esta expresión “no sólo por los beneficios que en los menores puede producir mientras se desarrolla”, aunque no queda expresamente formulada. La que sí queda expresamente formulada es la de “sino también por los beneficios futuros en orden al aprendizaje futuro en el marco de grados y titulaciones”, que parece que es hacia donde fluctúa la situación de desamparo, al considerar que se niega a los menores la posibilidad de acceso futuro a estudios superiores, al no poder garantizar con la educación en casa, por sí sola,  la homologación de los conocimientos adquiridos, al no haber recurrido a la asistencia de un centro oficial y homologado.

La sentencia del Constitucional (VIII): Rafael Navarro-Valls

Rafael Navarro-Valls que ha escrito anteriormente sobre homeschool (La escuela en casa, El Mundo, 1999), publicó el día 23 del pasado diciembre un artículo en el que comentaba la sentencia del Constitucional que había sido dada a conocer tan sólo una semana antes. Aquí el artículo.

Navarro-Valls: El Tribunal Constitucional (STC 133/2010) acaba de entender que la decisión adoptada por el legislador mediante el art. 9 LOCE, es decir, educación obligatoria hasta los 16 años, en cuya aplicación al caso concreto se adoptaron las resoluciones judiciales impugnadas en este proceso, resulta “constitucionalmente inobjetable”,  razón por la cual se desestima el recurso de amparo de los padres.

El Tribunal Constitucional tomó en cuenta la obligación de escolarización derivada de la LEY ORGÁNICA 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, y no de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), porque aquella era la Ley Orgánica de Educación aplicable al momento en el que se produjo la primera sentencia que afectaba a la situación de las familias de Málaga, la del Juzgado de Primera Instancia, nº 2 de Coín de  5 de mayo del 2003, anterior por tanto a la LOE.

Navarro-Valls: La sentencia, sin embargo, no es tan contundente como inicialmente podría entenderse.  Es decir, no considera inconstitucional un sistema razonable  de “educación en casa”, que respete la sociabilidad en los menores y su formación pedagógica, sino que, con la actual legislación en mano, subraya que no puede entenderse inconstitucional el sistema contrario, es decir, la escolarización obligatoria. De ahí que expresamente afirme que, a la vista del art 27 de la CEE, “no cabe excluir otras opciones legislativas que incorporen una cierta flexibilidad al sistema educativo y, en particular, a la enseñanza básica”. Naturalmente, el TC no puede erigirse en legislador, por eso se abstiene describir “cuáles deban ser los rasgos de esa regulación alternativa del régimen de la enseñanza básica obligatoria para resultar conforme a la Constitución”.

Según Navarro-Valls, la sentencia no prohíbe la educación en casa en ningún caso, y en esto coincido con él, porque como he comentado más de una vez, nadie puede prohibir a los padres que eduquen en casa, cuando más bien al contrario, es su obligación legal impuesta por el propio Código civil. Lo que la sentencia expresa es que con la legislación vigente no se puede afirmar  que  el hecho de que la Administración aplique la normativa de desarrollo constitucional atente a los derechos fundamentales de los padres. De modo semejante al contenido del caso Konrad contra el Estado Alemán, en un caso en el que  esta familia pedía al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que declare contrarias al espíritu del Artículo 2 del Protocolo 1 las leyes de escolarización obligatoria de aquel pais. Esta petición fue denegada por la Corte internacional en base a motivos semejantes a los que se expresan en esta sentencia: la bondad de la socialización de los menores dentro del sistema escolar, y la posibilidad que los  padres tienen de educar a sus hijos fuera del horario lectivo según sus propias creencias.

(The Federal Constitutional Court considered that the interference was reasonable as the parents still had the possibility to educate their children themselves when they did not attend school, and the school system was obliged to be considerate of dissenting religious beliefs). El Tribunal Constitucional Federal Alemán consideró que la intervención era razonable ya que los padres aún tenían la posibilidad de educar a sus hijos por sí mismos cuando no estaban en la escuela, y que el sistema escolar estaba obligado a mostrar consideración hacia las diferencias creencia religiosas.

Navarro-Valls: Educación no es sinónimo de escolarización. Aunque ésta es la regla general, ya hemos visto que numerosos países tienen una tradición de permitir la ‘enseñanza en casa’ –home schooling, o home education, según la terminología británica- cuando ésa es la opción preferente de los padres. En la propia España, la Fiscalía de San Sebastián (julio de 2008) archivó las actuaciones de un proceso penal seguido contra una familia que se negaba a escolarizar a sus hijos.

Sin embargo no son comparables los supuestos. En el caso al que Navarro-Valls se refiere, el archivo de las actuaciones tiene lugar dentro de un proceso penal, en el que se aprecia que no existe por parte de los padres delito de abandono de los menores a su cargo. En este caso nos encontramos ante un procedimiento sustanciado desde su inicio en vía civil basado en el artículo 154 del Código civil.

Navarro-Valls: En todo caso, como precisa el Prof. Martínez-Torrón, de la UCM, no se trata de que el Estado, cuando permite la educación en el hogar, se desentienda de lo que ocurre con esos menores en su ámbito familiar. Al contrario, existe una regulación, que varía de un país a otro, con diversos modelos de control público sobre la enseñanza que se proporciona por las familias, de manera que se garanticen tanto los derechos de los padres sobre la educación de sus hijos como el cumplimiento de los deberes asumidos por el Estado sobre enseñanza de la juventud durante el periodo de educación obligatoria -deberes que, a su vez, constituyen una garantía del derecho de los menores a la educación, reconocido por el derecho internacional y normalmente también por las Constituciones nacionales. El hecho de que el home schooling se encuentre regulado responde a la preocupación razonable y legítima del Estado por asegurar un mínimo de eficacia en cuanto a los contenidos de la educación, y también -como se observa en el caso de Francia- de evitar que esa posibilidad sea aprovechada por grupos religiosos radicales para adoctrinar a los menores en un entorno aislado de la sociedad civil.

La reflexión de Navarro-Valls aquí es acorde a lo que viene estableciendo el tribunal Europeo de DDHH en la sentencia mencionada:

The right to education as enshrined in Article 2 of Protocol No. 1 by its very nature calls for regulation by the State, regulation which may vary in time and place according to the needs and resources of the community and of individuals (see Belgian Linguistic case, judgment of 23 July 1968, Series A no. 6, p. 32, § 5). Therefore, Article 2 of Protocol No. 1 implies the possibility for the State to establish compulsory schooling, be it in State schools or private tuition of a satisfactory standard (see Family H. v. the United Kingdom, no. 10233/83, decision of 6 March 1984). El derecho a la educación tal y como está recogido en el Art. 2 del Protocolo nº 1 por su propia naturaleza exige una regulación del Estado, regulación que podrá variar en el tiempo y el lugar según las necesidades y los recursos de la comunidad y de los individuos (Véase el caso  Lingüístico Belga, de 1968). Por ello el Artículo 2 del Protocolo 1 implica la posibilidad para el Estado de establecer la escolarización obligatoria, sea a través de centros estatales o privados de un estandar satisfactorio (Véase Family H. v. Reino Unido de 1984).

La interpretación que esta sentencia del Tribunal Constitucional hace del artículo 27 de la Constitución pone sobre la mesa la tensión que se produce entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, y entre esos extremos se mueven la posibilidades de desarrollo de los diversos sistemas educativos.

En el caso del Estado Español, la legislación vigente lleva a un sistema en el que,  como expresa la sentencia, se sitúa el derecho del menor en el centro del modelo de protección, trasladando el derecho de los padres a que la educación religiosa y moral que se transmita a sus hijos sea acorde a sus convicciones, a un segundo plano. Lo que la sentencia del TC nos dice es que el derecho a la educación que tiene como sujeto al menor, tiene preferencia sobre la libertad de enseñanza cuyos sujetos son otros, los padres, varios tipos de personas jurídicas y colectivos como sociedades titulares de centros educativos, cooperativas de padres y docentes, órdenes religiosas e incluso los propios docentes dentro del sistema escolar público o privado, incluso los propios alumnos, respecto de los cuales la protección de la libertad de conciencia constituye un principio irrenunciable que no puede supeditarse a ningún otro (Preámbulo de la LODE, de 1985). A todos ellos corresponde el ejercicio de esa libertad de enseñanza no de modo absoluto, sino bajo los parámetros que indica la propia Constitución, entendida ésta, bien como “libertad de cátedra” , “derecho a la creación de centros docentes” o como el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Lo que no impide, obviamente que quepan otras interpretaciones, y que, por supuesto, un cambio del marco jurídico modifique radicalmente las posibilidades de ejercicio de los disitintos derechos y libertades que incorpora la compleja trama de derechos y libertades del artículo 27 de la Constitución española. Como el autor nos decía al inicio del artículo, lo que la sentencia sanciona es la no inconstitucionalidad de las leyes que regulan la escolarización obligatoria.

 

Navarro-Valls: Por lo demás, también el Ministerio de Educación tiene alguna responsabilidad en la materia. No parece razonable que se conforme con que la STC no encuentre inconstitucional el sistema vigente, sino que debería prestar oídos a la sociedad civil, y tomarse la cuestión en serio. Es decir, iniciar un proceso interno de reflexión y un proceso paralelo de diálogo con las principales asociaciones implicadas para buscar puntos de equilibrio que satisfagan los legítimos intereses de esas familias y permitan al mismo tiempo garantizar algunos objetivos esenciales en la educación. De otra manera, podría generarse un conflicto semejante al de la Educación para la Ciudadanía. Lo cual sugeriría que el gobierno va por un lado y la sociedad por otro, y nada bueno auguraría para el futuro de una educación que, en España, necesita, en efecto, ser “revitalizada” de manera urgente y con políticas consensuadas a largo plazo.

Como corolario a su anterior reflexión, este catedrático aboga por un modelo muy concreto de regulación del homeschool centrado en el control público sobre la enseñanza que se proporciona en el hogar, una vez entendido éste como hogar escolarizador.

La sentencia del Constitucional (VII)

En el supuesto que nos ocupa, cual es la sentencia del Tribunal Constitucional, entre la cantidad de informaciones producidas durante los 15 días que siguieron al conocimiento del texto en los medios, he encontrado una publicación, que aunque cuenta con algún error, cual es afirmar que esta sentencia se produce tras  un recurso de amparo al Tribunal Supremo, (de ahí que en el punto (1) hable del TS), resume el contenido del fallo en tres puntos que quizás merezcan alguna reflexión:

(1)   El Alto Tribunal sostiene (Fundamento de Derecho V de la sentencia) que “la conducta de los padres ahora recurrentes en amparo consistente en no escolarizar a sus hijos supone el incumplimiento de un deber legal – integrado, además, en la patria potestad, –  que resulta, por tanto, en sí misma antijurídica.” , a pesar la ausencia de constatación de los deberes paterno – filiales impuestos por el artículo 154 del Código Civil. En definitiva, el TS, admite que aún en el caso en el que esa enseñanza en el hogar pueda ser incluso de mayor calidad y riqueza que la impartida por el sistema público de enseñanza, se estaría privando al menor de la  del aprendizaje de los principios democráticos de convivencia necesarios para el pleno desarrollo de la personalidad humana.

(2)   Se niega  la existencia de laguna legislativa respecto a la educación en el hogar, y que fue alegada por los recurrentes en su demanda de amparo,  basándose en que tanto la Ley Orgánica 10/2.002 de 23 de Diciembre de Calidad de la Educación vigente en el momento en el cual  el Juzgado de Primera Instancia de Coín dicta sentencia y la Ley Orgánica 2/2.006, de 03 de Mayo, de Educación se establece que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita y abarca 10 años (desde los 6 a los 16 años) de escolaridad.

(3)   Concreta el contenido del derecho a la libertad de enseñanza promulgado por el artículo 27.1. de la Constitución Española, en sus dos vertientes: 1ª libertad de los padres a elegir centro docente y que sus hijos reciban una formación religiosa y moral acorde a sus propias convicciones. 2ª. Derecho a la creación de un centro docente con ideario propio; sin perjuicio de la libertad de los padres a impartir, al margen del horario escolar, la educación que estimen conveniente.

Me parece un excelente resumen que viene completado con la reflexión final:

Vistos los motivos de denegación del recurso,  en un  último Fundamento de Derecho Noveno, la Ponente de la sentencia deja abierto el debate del sistema educativo mixto ya implantado en otros países en los cuales se coordina la enseñanza en el hogar y los controles periódicos por órganos administrativos que garanticen unos cánones básicos de la enseñanza, y señala:  “no cabe excluir otras opciones legislativas que incorporen una cierta flexibilidad al sistema educativo y, en particular, a la enseñanza básica, sin que ello permita dejar de dar satisfacción a la finalidad que ha de presidir su configuración normativa”.

Me llama la atención la expresión de un “Sistema educativo mixto”, ya que hasta ahora no lo había visto expresado de ese modo en ningún otro texto. Todos estos conceptos vertidos en el artículo pueden ser objeto de controversia,  y creo que incluso deben serlo, ya que no hay duda que toda esta ingente  masa de información y opinión vertidas en los medios con ocasión de la sentencia del Constitucional está creando una corriente de opinión en el público que parece decantarse por esta vía.

La fuente es Sur.es y el texto ha sido elaborado por Ferrary abogados de Málaga