II Jornadas Educación Libre Hervás

JornadasHervás

El fin de semana pasado,  16, 17 y 18 de mayo, estuve en las II Jornadas de Educación Libre organizadas por el Ateneo Libertario de Hervás.  En el espectacular valle del Ambroz.

El programa era amplio,  y además de conferencias y mesas redondas, había talleres de tipo práctico, para que tanto madres/padres como educadores o adultos en relación con la infancia tuvieran herramientas prácticas con las que afrontar situaciones que tradicionalmente son conflictivas, tanto en lo personal como en lo administrativo.

Las jornadas las abrió la tarde del viernes con Antonio de ALE con una introducción a la asociación y su funcionamiento, y continuo con una mesa redonda donde Juan Carlos dio su testimonio como padre y Carmen hablo como representante de una escuela a distancia que tiene 100 alumn@s matriculados en su oficina de representación en España.

El sábado fue lo más emocionante, cuatro horas con Jason Preater, maestro en Summerhill (www.summerhillschool.co.uk) para poder sacarle todo el jugo.  Aunque debo confesar que yo abandone esa charla para acudir al taller de Inteligencia Emocional, donde nos explicaban que son y como evolucionan las emociones con Aurem y Edu de Adcorem (www.adcorem.com).

Y mientras Jason Preater contunuaba hablando, se produjo la presentación de nuevos proyectos educativos surgidos en los dos últimos años en el territorio nacional.

Y llegada la hora de comer, nos fuimos al parque y disfrutamos de una nutritiva comida vegetariana (con huevo opcional) al precio de 4 euro, que ayudaba a cubir los gastos de las jornadas y a apoyar el proyecto de educación libre que existe en Hervás: Avellana.

La tarde fue para la escuela libre Paideia, que lleva funcionando desde 1978 lo que la convierte en la más antigua en el territorio español.
Pero con ludoteca y con banco de trueque en paralelo.

Y la guinda llego el domingo, con la presentación (espectacular) que hicieron las familias de la escuela publica  CEIP VITAL ALSAR de Santander (Cantabria). Para mi fue lo mejor de las jornadas, por la honestidad de sus voces (madres, padres, hijos e hijas) que no omitieron en ningún momento de su recorrido, las debilidades, los miedos y los muros que han ido encontrado a lo largo de estos cinco años que llevan trabajando duro para tener la escuela de sus sueños, dentro de la escuela pública. Pueden seguir su andadura en facebook.

Estaba previsto tener una reunión de la Red de Apoyo Mutuo para alternativas educativas (RAMAE), pero finalmente no puedo ser debido a razones de salud de la persona que viajaba desde Madrid, de modo que quedo pospuesta al mes de agosto durante el encuentro de verano de ALE, pueden saber más en el blog ALE en red.

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Libertad de enseñanza en la LOMCE

La campaña denominada Mis padres deciden, que se puso en marcha en Andalucía, tras la negativa de la Consejería de Educación a renovar los conciertos educativos a los doce colegios diferenciados de la región, basando su decisión en sentencias del Supremo a su favor,  ha dado el fruto deseado y la LOMCE incide en la libertad de enseñanza de los padres.

En consecuencia un apartado q) ha sido añadido al texto de la anterior ley,  en su artículo 1, según el cual  “La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales”.

Las preguntas que nos hacemos al hilo de lo descrito son:

1. ¿Se va a aplicar sólo para solucionar el contexto de la educación diferenciada que no podía por ello acceder al concierto económico con la Administración?

2. ¿Añade algo al reconocimiento sobre la libertad de enseñanza y de los padres a que vean que la educación moral y religiosa que reciban sus hijos e hijas sea conforme a sus propias convicciones?

3. El derecho a “elegir el tipo de educación” y el de “elegir el centro para sus hijos”, es el mismo o son dos derechos con entidad propia que sean susceptibles de desarrollo reglamentario diferenciado?

En primer lugar, el citado apartado q) se refiere al marco de los principios constitucionales. Parece ser que se está refiriendo con ello a que se mantiene dentro de los límites del apartado 3 del artículo 27 de la Constitución, conjuntamente con el marco del ejercicio de los derechos derivados de la libertad ideológica, religiosa y de culto del artículo 15.

Sin embargo, es innegable que en la actual redacción de la LOMCE la libertad de enseñanza de los padres recibe un nuevo impulso La diferencia de interpretación se va a encontrar con el tratamiento que se dé a la expresión “tipo de educación y el centro”. Por ello será diferente si, de un lado, se refiere a un único criterio en relación a que sea el tipo de educación el que se derive de manera directa de la elección del centro, o si, por el contrario, el tipo de educación es un derecho de ejercicio distinto al del derecho a la elección de centro.

 ¿Nos encontramos ante dos derechos? Por un lado el derecho a elegir el tipo de educación como distinto del de elegir el centro, en cuyo caso la educación en casa sería una opción derivada del ejercicio del primer derecho, como emanación de una de sus posibilidades, o, por el contrario, nos encontramos ante un único derecho que consiste tan sólo en elegir el tipo de educación dentro de los centros disponibles.

El Estado, -o como la Constitución lo denomina “Los poderes públicos”-, tiene asignada la función de la “programación general de la enseñanza” (CE art. 27.5). Esta función le permite diseñar el sistema escolar dentro de los parámetros de facilitar “la participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes” (CE art. 27. 5 in fine). A pesar de lo cual, no parece que el ministro responsable de la elaboración de la LOMCE, Juan Ignacio Wert esté consiguiendo en la nueva ley la “participación efectiva de todos los sectores afectados”, como bien nos muestra tanto en prensa escrita como audiovisual, con la constante oposición que ha encontrado en todos los estamentos educativos, a lo largo de su elaboración y aprobación final.

Creo que se puede argumentar que la inclusión de ese apartado q) al artículo primero, significa una adición al grado libertad que aportaba la LOE en su interpretación del apartado 3 del artículo 27 de la Constitución, y que el único modo de darle significado, es dotarlo de virtualidad a la hora de ampliar esa libertad de enseñanza.

Las leyes orgánicas de educación han interpretado hasta este momento de modo restrictivo la libertad de enseñanza para los padres, convirtiéndola, de un lado, en la libertad del enseñante (equiparándolo a la libertad de cátedra) y, de otro, la libertad para la creación de centros de enseñanza privados (la libertad de creación de centros docentes que se especifica en el apartado 5 de ese mismo artículo) de modo que desaparece por completo subsumida en estas dos. La adición del apartado q), en coordinación con el apartado h bis), a cuyo tenor, “El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros responsables de la educación de sus hijos”, parece querer iniciar un camino distinto en la interpretación del artículo 27 de la Constitución, para proceder al restablecimiento de una libertad de enseñanza diferenciada de la que corresponde a los enseñantes o a los centros, cuya titularidad recaiga sobre los padres, como “primeros responsables de la educación de sus hijos”.

Una reflexión, de nuevo

Tras un largo período vacacional, vuelvo al blog. Intentaré seguir publicando reflexiones que surgen al hilo de la última y definitiva redacción de la tesis.

Esta es una de las reflexiones que quiero compartir. Finalmente sé dónde está el quid de la sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2010. El truco de la sentencia está en el enfoque que el Tribunal dio al caso. Muchas veces he mencionado que el homeschool plantea una triada de intereses, los del menor a ser educado, los de los padres a elegir la educación más acorde a sus propias convicciones y los del Estado a que los menores sean educados en los valores de la sociedad en la que han de integrarse.

Pues bien, el Tribunal Constitucional, en esta sentencia trasladó el conflicto de intereses más lógico, padres-Estado (que es lo que plateaba la defensa), a otro conflicto, padres-hijos, con lo que el resultado es diametralmente opuesto a los intereses tanto de los padres como de los hijos, de manera que en ese conflicto salen ambos perdiendo.

El problema que se plantea, en opinión del Tribunal Constitucional, no es un conflicto entre la libertad de enseñanza de los padres enfrentada a la prerrogativa del Estado de organizar un sistema de enseñanza único, en el que sólo se admite la escolarización obligatoria en un centro homologado y de tipo presencial, sino que formula el caso como un conflicto de intereses entre la libertad de los padres de decidir la instrucción de sus hijos, y el derecho de éstos a ser escolarizados.

Este planteamiento deja a salvo una posible ilegitimidad por parte del Estado, que a lo largo de los años ha ido construyendo un sistema escolar que potencialmente puede vulnerar la libertad de enseñanza de titularidad parental, y reduce el ámbito del conflicto a un enfrentamiento entre la libertad de enseñanza de los padres frente al derecho a la educación de los menores, que no puede llevar a otra conclusión que la prevalencia de éste último. La consecuencia es que ambas posiciones resultan debilitadas a resultas del conflicto, el derecho de los menores a ser educados de un diferente al oficial, y como resulta de las pruebas aportadas al procedimiento, más acorde a sus capacidades e intereses, y por supuesto la libertad de los padres de decidir la educación más adecuada para sus hijos desde un punto de vista pedagógico.

Espero que esta reflexión ayude a comprender lo que ha ocurrido.

Hasta pronto, espero.

La libertad de enseñanza: El debate parlamentario constitucional

Varios artículos que tengo entre manos en este momento desarrolan con mayor o menor amplitud el derecho de los padres recogido en el art. 27 de la Constitución y formulado como la garantía que ofrecen los poderes públicos a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

El primero de ellos es el titulado El derecho de los padres a la formación religiosa y moral de sus hijos:sentido y alcance, de Ana isabel Ribes Suriol (Universitat de València).

Es interesante porque enfrenta las dos posibles interpretaciones del precepto constitucional. De un lado la interpretación restrictiva, que entiende que esta garantía se agota en el derecho a elegir enseñanza de la religión, y por otro lado, la interpretación amplia, entendida como el derecho a recibir una educación de acuerdo con las propias convicciones, incluyendo el concepto de la educación integral de una persona de acuerdo con una determinada creencia religiosa.

El segundo artículo es el titulado El derecho de los padres a elegir el tipo de educación que deseen para sus hijos, de Enrique Marcos Pascual de la Universidad de La Rioja. Este artículo tiene el mérito de recorrer los antecedentes de este derecho desde la Constitución de Cadiz de 1982 hasta los debates parlamentarios con ocasión de la redacción de la Constitución vigente, la de 1978. Realiza un repaso por la Ley Moyano, e insiste en los debates parlamentarios que reflejan las diferentes posiciones políticas que enfrentan a la libertad de enseñanza y el derecho a la educación.

El tercer artículo es el titulado con sencillez El derecho a la educación, firmado por Javier Díaz Revorio, de la Unversidad de Castilla-La Mancha. Este artículo también recoge los debates constituyentes reflejados como un enfrentamiento de las concepciones sobre la educación  y la libertad de enseñanza de la izquierda y derecha en aquel Parlamento Constituyente.

Otro artículo más reciente y específico es el titulado El derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias comnvicciones:patria potestad y autonomía del menor, de Silvia Gaspar Lera de la universidad de Zaragoza. El artículo ha sido recientemente reseñado en este blog, y recoge aspectos de la adjudicación de la guarda de los hijos en procesos de disolución del matrimonio y la  titularidad de la toma de la decisión de elegir el tipo de educación para los menores afectados.

Veamos un aspecto importante recogido de estos artículos, la visión del debate parlamentario que marcó y sigue marcando las posiciones enfrentadas de las posiciones de los diferentes partídos políticos en torno al derecho a la educación, que siguen manteniéndose en esencia aún hoy.

La aprobación y discusión en las Cortes del articulo 27 de la Constitución de 1978 no fue nada sencilla. Las intervenciones de los portavoces de los distintos partidos muestran el alto grado de controversia. Todas estas controversias fueron superadas por el denominado “consenso” hasta llegar a recoger el articulado tras su discusión, elaboración.

La posición de UCD  fue la de defender que  es a los padres a quienes corresponde elegir el tipo de enseñanza  para sus hijos e hijas-incluidas las convicciones religiosas, filosóficas y morales-. También defiende que ese derecho debe ser garantizado por el Estado. Para el PSOE, la educación es sólo responsabilidad del Estado, defiende una enseñanza laica, y un pluralismo de los centros escolares. No reconoce plenamente el derecho de los padres y pone limitaciones a la libertad de creación de centros docentes. El PCE propugna la enseñanza pública y única, sin negar la posibilidad de que los particulares abran escuelas privadas a sus expensas, la libertad de enseñanza se traduce en que haya unas clases de religición a las que puedan asistir los alumnos cuyos padres lo pidan expresamente. Para Alianza Popular los poderes públicos deben garantizar el derecho preferente de los padres a elegir el tipo de educación y el centro escolar al que deseen acudrir sus hijos y a determinar que reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. Para Ezquerra Republicada de Catalunya es imprudente constitucionalizar la ayuda a cenbros privados y defiende el pluralismo escolar de una forma un tanto peculiar, puesto que afirman que dicho pluralismo puede crearse y matenerse en el interior de las escuelas que dependen de los poderes públicos. El Parido Aragonés Regionalista reconoce el derecho que asiste a los padres y defiende que no se puede separar formación religiosa y formación educativa ya que ambas son fases de la formación escolar.

En definitiva, como afirma Díaz Revorio, los partidos conservadores se preocuparon más por la libertad de enseñanza, la izquierda se concentraba en el derecho a la educación obligatoria y gratuita.

Con la libertad de enseñanza se trató de constitucionalizar el derecho de todos a crear y dirigir una enseñanza libre, y el derecho de los padres a escoger para sus hijos la educación que prefieran conforme a sus propias convicciones, y el deber del estado de subvencionar conforme al principio de igualdad, que recoge el propio texto constitucional, el derecho a la educación. Frente a este planteamiento se proponía otro con un modelo único de escuela pública, como instrumento para asegurar la educación de todos en igualdad de condiciones, que debía gestionarse por la Administración.

 

La Sentencia del Constitucional (IV): el testimonio de Brian Ray

Es la vieja batalla. Alguna institución resulta  investida de la autoridad máxima sobre la educación y la crianza de los hijos, sea ésta el estado o los titulares de la patria potestad. Aquellos que se posicionan a favor de los padres, proceden normalmente del paradigma del liberalismo clásico o parten de la base de las sagradas escrituras. Aquellos que favorecen el control estatal, del otro lado, ponen su fe en la opinión pública mayoritaria o en las opiniones minoritarias de algún filósofo destacado  sobre lo que es conveniente para los niños/la sociedad bajo la potestad de la administración (dígase el Estado). Ambas posiciones, al fin y al cabo, residen en última instancia en algún tipo de fe en la base que las sustenta.

Unos pocos académicos han argumentado que los intereses en juego son trinarios- padres, estado y el menor- y no duales. Sin embargo, este argumento cae por su peso desde el momento en el que, quienes favorecen esta posición, recurren en última instancia al estado para que decida si se respetan o no los intereses del menor. De manera que el inicial triángulo queda limitado a la clásica dicotomía, el estado y los padres.

Espero de todo corazón que la corriente global que promueve la libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad de religión, capacidad de elección educativa, diversidad en los modos de crianza, heterogeneidad en los métodos de enseñanza y aprendizaje, adaptación de los curriculums a las necesidades de su destinatario, la excelencia educativa, el desarrollo social, emocional y psicológico sólidos, y la importancia  de confiar en que los padres son capaces de educar a sus hijos e hijas prevalezca pronto en España.

Fuente: Un e-mail enviado a quien suscribe este post con ocasión de  la publicación de  la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la educación desescolarizada. El e-mail está fechado el 22 de diciembre de 2010, y autorizada su difusión pública por el Dr. Brian Ray. Brian D. Ray, Ph.D. es  presidente  del  National Home Education Research Institute,en Salem, Oregon, USA, www.nheri.org. (Publicado con autorización de su autor, Brian D. Ray.)

It is an age-old battle. Some entity has first and final authority over the education and upbringing of children. It boils down to either the parents or the state. Those who favor the parents typically come from either a classical liberalism paradigm or a sacred-scripture foundation. Those promoting state control, on the other hand, typically put their faith in the public’s majority opinion or some philosopher-king minority’s view of what is good for children/society within a governmental jurisdiction (i.e., a state). Either position is ultimately one of faith in presuppositions.

A few academics have argued that the interests or “stakeholders” are three-fold — parents, state, and child — rather than two-fold but this argument collapses since the advocates of this position look to the state to decide whether the minor child’s interests are being respected. Therefore, the three stakeholders are conflated back to two, the state and the parents.

I hope and pray that the worldview promoting freedom of conscience, freedom of expression, freedom of religion, educational choice, diversity in childrearing, heterogeneity in teaching and learning, customization of curriculum, above-average academic achievement, solid social, emotional, and psychological development, and the importance of trusting parents in the education and upbringing of their children soon holds sway in Spain.

Source: E-mail message regarding the Spanish court decision (dated December 2, 2010) regarding homeschooling in Spain; e-mail dated December 22, 2010 from Brian D. Ray to the public. Brian D. Ray, Ph.D. is president of the National Home Education Research Institute, in Salem, Oregon, USA, www.nheri.org. (Published by permission of the author, Brian D. Ray.)

 

–Brian

~
Brian D. Ray, Ph.D.
President
National Home Education Research Institute (NHERI)

El sonajero

En la obra de Fernandez Almagro y el duque de Maura titulada ¿Por qué cayó Alfonso XIII? se relata cómo Romanones resolvía sus crisis políticas más complejas: “La listeza proverbial del conde de Romanones halló un ruidoso e inofensivo sonajero muy capaz de distraer suficientemente la inconcebible puerilidad de la opinión pública española: Deslizándose en la prensa vaguedades oficiosas acerca del vitando propósito del Gobierno de alterar la enseñanza del catecismo en las escuelas primarias. No necesitaron más para partir en “cándida cruzada” los padres de familia, las madres cristianas, la defensa social, los obreros católicos, el alto y bajo clero, la buena prensa, etc. El conde de Romanones no cabía en sí de gozo, seguro de tener en su mano el pequeño baso de agua donde se desharía, cuando conviniese para sus fines, aquella tempestad fragorosa”.

La anécdota es relatada por  Oscar Alzaga durante su intervención en el Congreso de los Diputados el día 7 de julio de 1978, con ocasión del debate del artículo 27 de la Constitución que recoge el derecho a la educación. El debate fue intenso, ya que lo que había en juego era algo más que el reconocimiento de un derecho, era el diseño social que se estaba trazando para el próximo siglo. Como afirmó Miterrand, para hacer la revolución ya no hay que tomar el palacio de invierno, basta con tomar la escuela. Así como el art. 26 de la Constitución de la Segunda República ( La Constitución de 1931) prohibía taxativamente a los miembros de órdenes religiosas ejercitar la función docente (art. 26, 4 4. Con respecto a la situación legal de las órdenes religiosas:  “Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza”), la Constitución de 1978 estaba a años luz de esa concepción, en su redacción del complejo de derechos y libertades recogidos en su artículo 27.

No es por ello de extrañar que el fantasma de la Constitución de 1931, puso en guardia a sus señorías en cuanto a las intenciones de los  grupos Socialista y Comunista en el Congreso, con respecto a la regulación del derecho a la educación. La finalidad era recoger constitucionalmente el derecho de las órdenes religiosas a ejercer la docencia de modo reglado y sin cortapisas. Por ello el art. 27 que recoge la libertad de enseñanza, se equipara al apartado número 6 del mismo artículo que regula la creación de centros, y el apartado número 3, que recoge el derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con  sus creencias y convicciones. Este derecho se interpretada de modo coincidente a los anteriores como  la posibilidad de que las familias católicas puedan seguir educando a sus hijos en al fe religiosa, tal y como lo habían venido haciendo durante la época del régimen de Franco,  sin miedo a que la laicidad del sistema educativo obstaculice o imposibilite este tipo de educación.

Esta tradición interpretativa ha continuado hasta nuestros días, transcurridos ya más de treinta  años desde la aprobación de la Constitución y disipado completamente el fantasma de que la laicidad iba a impedir a los católicos recibir una educación acorde a sus convicciones. Todo el desarrollo legislativo posterior en forma de leyes orgánicas, ha venido, desde gobiernos de distinto signo, a reafirmar el edificio legislativo conformado en la etapa constitucional.

Por ello, desde mi trabajo de investigación abogo por una interpretación de la Constitución que se aleje de esta tesis historicista, supere los miedos del pasado y la encamine hacia una interpretación mas acorde con el contexto geo-político, de plena integración en la Unión Europea, de pleno reconocimiento de instrumentos y tratados internacionales que recogen con mayor amplitud de miras  las libertades educativas. Una interpretación acorde a las circunstancias sociales actuales que recoja en su seno la posibilidad de que esta educación sea asumida por padres o representantes legales de los menores en exclusiva, sin recurrir a la institución escolar y ejercer así la opción de educar en casa o en familia.

Ref:  Duque de Maura y Melchor Fernandez Almagro, Por qué cayó Alfonso XIII, (Evolución y disolución de los partidos políticos durante su reinado), Ed.  Ambos Mundos, 1948, 546 pp

El futuro de mi investigación

La base de la investigación, que me planteo para los meses venideros, descansa sobre la teoría de que la Libertad de enseñanza que aparece recogida en el art. 27 de la CE ha sido, desde un primer momento, interpretada de modo estricto, por entender que se refiere a la libertad del enseñante, una vez que éste está ya integrado en el sistema escolar. En otras ocasiones se ha interpretado como un equivalente a la libertad de fundar centros educativos, cuando este derecho está expresamente recogido en el artículo 27. 4 de la Constitución Española, lo que nos debe llevar a concluir que no era esa la finalidad del legislador al recoger la libertad de enseñanza sin ningún tipo de cortapisas ni calificativos.

Por todo ello la pluralidad de enseñanza está garantiza en ese aspecto, y con ello la posibilidad de la iglesia católica de mantener su infraestructura escolar, sin modificación alguna con ocasión de la entrada en vigor de la Constitución.

La interpretación estricta de la libertad que establece el art, 27, es de tipo historicista y corresponde a la época de la transición y del debate sobre la laicidad o la admisión de la enseñanza desde la institución religiosa. Esa interpretación es anacrónica y contraria al art. del Código civil que exige que la interpretación de las normas, de todas las normas incluida la constitución se haga conforme a la realidad social de cada momento, con preferencia a la interpretación de tipo histórico.

Tampoco puede equipararse la libertad de enseñanza, y resumirse en la libertad del docente para transmitir sus conocimientos, o el resultado de su investigación sin cortapisas, ya que este derecho está recogido en el art. 20, 1 de la Constitución al recoger la libertad de cátedra, que debe interpretarse como libertad del docente en todos lo niveles, no sólo el universitario.

Por ello, defendemos que la libertad de enseñanza, si debe contener un auténtico precepto y constituirse como una libertad distinta a la de crear centros, o a la de impartir docencia debe ir más allá. Debe ser una libertad que se oponga a la vocación del Estado de establecer en monopolio la impartición del derecho a la educación que corresponde a todos los sujetos de Derecho.

La libertad de enseñarse debe entenderse como “una manifestación de de la libre creación intelectual y artística del espíritu humano sólo se la garantiza bien si en su expresión y en su encuadramiento sistemático aparece muy claro que se le entiende como un derecho fundamental de oposición frente a los poderes públicos, sin condicionamientos y sin necesidad de institucionalización alguna” (Puente Egido, p.55)[1].

Tampoco debe considerar un derecho prestacional que consistiera en poder exigir del Estado la prestación de una enseñanza en cumplimiento del derecho a la educación.


[1] J. PUENTE EGIDO, “Educación y Constitución” en Educación y sociedad pluralista, Fundación Oriol-Urquijo, 1980, pp- 45-62.