Manifiesto Libertad de Educación, Base de Calidad

Una de las reacciones inmediatas a la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional fue la presentación de un documento por parte de diversas organizaciones que representan intereses diversos cercanos a los partidos conservadores y a la Iglesia Católica. Entre ellos se encontraban dos organizaciones que representan los intereses de parte de la familias que integran el conjunto del Movimiento desescolarizador en el Estado Español: ALE y Epystreme.

El CEU, la institución universitaria organizadora del Congreso de Homeschooling de Valencia el pasado octubre, en su publicación Alpha y Omega nº 718,  define la presentación de la plataforma en estos términos:

Diversos colectivos cívicos han presentado en la sede de la plataforma HazteOir.org el manifiesto Libertad de educación, base de la calidad. Entre otras cosas, defienden el derecho de los padres -rechazado recientemente por el Tribunal Constitucional- a «educar a sus hijos en casa, de manera responsable». Piden también que los padres «puedan realmente elegir» el centro educativo en el que quieran escolarizar a sus hijos, así como apoyo a «toda iniciativa social» que «asuma de manera responsable la tarea educativa», y que se respete el derecho a la objeción de conciencia ante asignaturas como Educación para la ciudadanía o los programas que impone la ley del aborto. Entre los promotores del manifiesto, están Profesionales por la Ética, la Asociación por la Libre Educación, ChequeEscolar.org o Madrid Educa en Libertad.

El pasado 23 de diciembre diversas plataformas y organizaciones participaron en la presentación del Manifiesto Libertad de educación, base de calidad. En la rueda de prensa de presentación del manifiesto, que se ha celebrado en las oficinas de la plataforma cívica HazteOir.org, han intervenido Azucena Caballero -en la imagen- ( Asociación por la Libre Educación, ALE), Rafael Lara (Epysteme), Pablo Victoria (Paideia), María Menéndez (Madrid Educa en Libertad), Jaime Urcelay (Profesionales por la Ética), Jorge Sánchez-Tarazaga (FEDEL) y José Castro (ChequeEscolar.org). La declaración está suscrita también por la plataforma Objetores.orgFoto desde Valencia Educa en Libertad

Este es el texto completo del Manifiesto:

Los ciudadanos, en defensa de la libertad y calidad educativa Presentación del Manifiesto Libertad de Educación, Base de Calidad Representantes de diversas plataformas cívicas defensoras de la libertad educativa en España presentan en la sede de HO el Manifiesto Libertad de Educación, Base de Calidad, ocho puntos innegociables e imprescindibles en defensa de este derecho fundamental. * Manifiesto íntegro

El Manifiesto Libertad de Educación, Base de Calidad ha sido presentado este mediodía en la sede de HazteOir.org por representantes de las distintos colectivos cívicos promotores: Azucena Caballero ( Asociación por la Libre Educación, ALE), Rafael Lara (Epysteme), Pablo Victoria (Paideia), María Menéndez (Madrid Educa en Libertad), Jaime Urcelay (Profesionales por la Ética), Jorge Sánchez-Tarazaga (FEDEL) y José Castro (ChequeEscolar.org).

El Manifiesto, signado también por Objetores.org, resume en ocho puntos fundamentales las bases para garantizar la libertad educativa como premisa de una enseñanza de calidad.reproducimos a continuación el contenido íntegro del Manifiesto: LIBERTAD DE EDUCACIÓN, BASE DE LA CALIDAD Las entidades defensoras de la Libertad de Educación que hoy nos hemos reunido consideramos que:

1. La Educación en una tarea que corresponde de manera preferente a los padres.

2. Como establecen la Constitución Española y varios tratados internacionales, son los padres quienes tienen el derecho de elegir para sus hijos el tipo de Educación que consideren acorde con sus convicciones religiosas, morales, filosóficas y pedagógicas.

3. El Estado, como institución subsidiaria, tiene como misión fundamental garantizar el pleno ejercicio de la libertad de educación en todas sus facetas.

4. Debe haber más libertad para que los padres que libremente deciden educar a sus hijos en casa, de manera responsable, puedan hacerlo sin trabas administrativas ni presiones de ninguna clase.

5. Debe haber más libertad para que los padres que opten por escolarizar a sus hijos en algún centro docente puedan realmente elegir el que consideren más apropiado.

6. Deben establecerse formas de financiación de los centros públicos y de iniciativa social que faciliten el ejercicio de ese derecho.

7. Debe apoyarse toda iniciativa social que, mediante la creación de nuevos colegios, asuma de manera responsable la tarea educativa, en colaboración con las familias.

8. Deben respetarse las decisiones de los padres y alumnos que, por razones de conciencia, soliciten la exención de cursar materias o asistir a actividades que, como las asignaturas de Educación para la Ciudadanía o los programas de educación sexual que establece la ley del aborto, sean una forma de imposición ideológica o moral.

La sentencia del Constitucional (VI):las nuevas reglas del juego

En mi opinión la consecuencia más importante de la sentencia citada es que afecta sobre todo  y con vistas a a medio plazo al trabajo de las asociaciones y de los centros docentes creados para satisfacer los intereses y las necesidades de  las familias que educan en casa. Para las primeras  porque les afecta en cuanto a su su función de trabajar por conseguir   un reconocimiento del derecho a seguir haciéndolo sin sufrir la intervención de la Administración en sus vidas. Los límites al ejercicio del derecho están marcados y las posibilidades de negociar modelos distintos de un simple reconocimiento, sin entrar a una regulación, son cosa ya del pasado. El Tribunal Constitucional define sin dejar lugar a dudas el contenido de la libertad de enseñanza del modo más estricto posible, esto es, entendida como la libertad de elegir centro docente o su caso de crear centros  docentes, o, de otro lado,  la libertad para educar en casa fuera del horario lectivo, tal y como indicaban sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La libertad de enseñanza  se reduce a la posibilidad de elegir el centro docente, y en su caso a la libertad de crear centros docentes y por otro lado, la posibilidad de matricular a los menores en centros a distancia se reduce considerablemente al no aceptarse otra posibilidad de cumplimiento de esta obligación que la de la escolarización en centros homologados de carácter público o privado (sic STC, 2 de diciembre de 2010, II FFundamentos Jurídicos  5 b).

Con respecto al contenido del artículo 27, 3 de la Constitución, que especifica que los padres podrán elegir la educación moral o religiosa que mejor se adapte a sus convicciones, ese es precisamente el contenido del derecho, ni un ápice más allá, con lo que elimina de un plumazo la posibilidad de que los padres puedan ejercitar ese derecho fuera del estricto marco de la educación moral y religiosa.

Creo que la sentencia afecta sobre todo a las asociaciones que defienden los intereses de las familias que educan en casa, ya que ha dejado la pelota en su tejado. Han cambiado las reglas del juego, partiendo de una posición de indefinición con posibilidades abiertas de materialización de un reconocimiento, se ha pasado a un terreno de juego en el que la interpretación más estricta de la Constitución es la que ha prevalecido.Esta sentencia confirma los peores augurios interpretativos de la Constitución, y define sin dejar lugar a dudas las reglas del juego en el futuro inmediato.

Los sujetos de los diferentes derechos y libertades educativas que contiene el artículo 27 de la Constitución, se enmarcan con más restricción. Los sujetos del derecho a la educación son los hijos, y el contenido de ese derecho viene enmarcado por la legislación educativa vigente en cada momento.

 

La sentencia del constitucional (V): El voto particular de Gimeno Sendra de 1994

Me voy a permitir un pequeño ejercicio de ficción jurídica con ocasión de la sentencia del Tribunal Constitucional de este mes. Creo que esta sentencia, tal y como está ahora redactada podía haberse producido ya en 1994, con consecuencias imprevisibles en este momento para el movimiento desescolarizador. La realidad es que ha vuelto 16 años después para imponerse como la doctrina prevalente  en el Tribunal.

La sentencia descansa, de una parte, en el voto particular del magistrado Gimeno Sendra a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 1994, emitido con ocasión de la resolución que dio fin en vía constitucional al caso de los Niños de Dios y, de otra, en los casos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha emitido con ocasión de recursos dirigidos contra el Estado alemán,  con ocasión de su legislación de escolariación obligatoria, especialmente el caso Konrad.

Este es el sustrato ideológico de la sentencia, aunque en el momento en el que este voto particular fue emitido no se pudo prever por parte de la comunidad que defiende los intereses de las familias que educan en casa el impacto que iba a tener a medio plazo. Quizás era previsible, que habiéndose basado la sentencia en apelación de la AP de Málaga en el citado voto particular, la opinión mayoritaria que acabaría imponiéndose, iba a ser la de entrar en el fondo del asunto, como en su momento, hace casi dos décadas, solicitó Gimeno Sendra. De hecho, esta sentencia reproduce literalmente párrafos completos de aquel voto particular.

Las bases de la defensa se plantearon en el primer procedimiento que tuvo lugar en el Juzgado de Primera Instancia de Coín, incoado por la Fiscalía solicitando la escolarización de los menores, con estos argumentos:

1. Los niños reciben en el hogar una educación completa (hablan cinco idiomas…).

2. La educación proporcionada en el hogar es más adecuada que la que reciben otros niños en aulas de 30 o 40 alumnos.

3. No se han detectado en los niños ningún daño que haya sido detectado por los Sevicios Sociales.

4. La defensa reprocha al Ministerio Fiscal que lo que plantea, no es el incumplimiento de las obligaciones de la patria potesta derivadas del art. 154 del Ccivil sino la escolarización obligatoria.

5. La Constitución no protege la obligatoriedad de la escolariación sino el derecho a la educación, no deben confundirse escolarización y educación.

6. Se invoca jurisprudencia con sendas sentencias del Tribunal Supremo y Constitucional que no excluyen modelos de enseñanza que se desarrollen en el hogar.

El Juzgado de PI de Coín rechaza estos argumentos y los interesados recurren ante la Audiencia Provincial de Málaga. En una entrada de este blog fechada el 15 de febrero de 2008,  comentaba yo la sentencia en vía civil de la Audiencia Provincial de Málaga y la influencia que en ella había ejercido el citado voto particular de Gimeno Sendra. No resulta llamativo que ahora el Constitucional, manteniendo en su integridad el fallo de la AP de Málaga siga precisamente el criterio que aquella seguió sin titubear: el voto particular de Gimeno Sendra.

La mayoría de los constitucionalistas se inclinaban a favorecer la opinión de Gimeno Sendra contra la opinión generalizada manifestada en 1994 por el Tribunal Constitucional, que en aquel momento no quiso entrar en el fondo del asunto. La tesis fundamental de Gimeno es que los titulares del derecho a la educación son los menores, y que el Ministerio Fiscal en representación del estado es el encargado de reforzar ese derecho cuando no coincide con el inetrés de los padres.

VOTO PARTICULAR que formula el Magistrado don Vicente Gimeno Sendra a la sentencia dictada en los recursos de amparo acumulados núms. 1561/1992 a 1567/1992. Discrepo de la presente sentencia, tanto de su fundamentación jurídica, como del fallo que debió haber estimado el presente recurso de amparo.

Así, pues, debimos haber entrado en el fondo del presente recurso de amparo, en cuyo caso hubiéramos debido declarar que la resolución impugnada infringe el derecho a la educación del art. 27.1 y ello por la sencilla razón de que «todos -y, por supuesto, los niños- tienen el derecho a la educación».

El presente recurso de amparo plantea el, ante este Tribunal, novedoso problema de determinar si el derecho a la educación consiste en la «total libertad de los padres para orientar (a los hijos) hacia las convicciones morales, religiosas o filosóficas que crean más adecuadas a su formación intelectual y somática» (F. 8, in fine, de la resolución recurrida) -en cuyo caso dicho derecho se confundiría con la «libertad ideológica y religiosa» del art. 16, reconduciéndose al derecho contemplado en el art. 27.3- o, si dicho derecho consiste esencialmente en el derecho del niño a ser escolarizado con la consiguiente obligación de los poderes públicos de procurar dicha escolarización, incluso obligatoriamente, si ello fuera del todo punto necesario.

A mi parecer el art. 27.1 contempla el segundo de los citados derechos, cuyo único titular originario son los niños, aun cuando, en circunstancias normales, los padres hayan de ejercitarlo a través de la representación.

El problema que plantea, sin embargo, el caso que nos ocupa es el de un conflicto de intereses entre la voluntad de los padres (que subsumen el derecho a la educación en un supuesto derecho a la no escolarización y consiguiente impartición de enseñanza religiosa en el seno de una secta) y los intereses de los hijos que son ejercidos en sustitución procesal por la Generalitat Catalana, quien en nombre propio [pues así lo autorizan los arts. 1, 2.c) y ss. de la Ley Catalana 11/1985), pero en el interés ajeno de los menores, exige esa escolarización obligatoria, previa declaración de abandono, y aun en contra de la voluntad de los padres.

Es cierto que la Constitución confiere a los padres el derecho, no sólo a impartir en el seno de la familia (o unión de hecho) la religión que estimen conveniente, sino también el de poder enviar a sus hijos al Colegio religioso que deseen e incluso el no menor derecho fundamental a exigir de los poderes públicos la formación religiosa que se adecue a sus convicciones (con la especial tutela a la religión católica proclamada por el art. 16.3 CE y Acuerdos con la Santa Sede); pero, en mi opinión, la libertad religiosa no ampara un supuesto derecho de los padres a la no escolarización de los hijos bajo el pretexto de que sólo ellos han de impartir la educación que estimen conveniente. Por esta razón, nuestra sentencia debió haber concluido en que la Generalitat Catalana actuó constitucionalmente cuando instó la declaración de abandono en orden a poder obtener la escolarización efectiva de los niños y, al contrario, debió haber anulado por inconstitucional la resolución de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Madrid, tres de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.-Vicente Gimeno Sendra.-Firmado y rubricado.

 

La Sentencia del Constitucional (IV): el testimonio de Brian Ray

Es la vieja batalla. Alguna institución resulta  investida de la autoridad máxima sobre la educación y la crianza de los hijos, sea ésta el estado o los titulares de la patria potestad. Aquellos que se posicionan a favor de los padres, proceden normalmente del paradigma del liberalismo clásico o parten de la base de las sagradas escrituras. Aquellos que favorecen el control estatal, del otro lado, ponen su fe en la opinión pública mayoritaria o en las opiniones minoritarias de algún filósofo destacado  sobre lo que es conveniente para los niños/la sociedad bajo la potestad de la administración (dígase el Estado). Ambas posiciones, al fin y al cabo, residen en última instancia en algún tipo de fe en la base que las sustenta.

Unos pocos académicos han argumentado que los intereses en juego son trinarios- padres, estado y el menor- y no duales. Sin embargo, este argumento cae por su peso desde el momento en el que, quienes favorecen esta posición, recurren en última instancia al estado para que decida si se respetan o no los intereses del menor. De manera que el inicial triángulo queda limitado a la clásica dicotomía, el estado y los padres.

Espero de todo corazón que la corriente global que promueve la libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad de religión, capacidad de elección educativa, diversidad en los modos de crianza, heterogeneidad en los métodos de enseñanza y aprendizaje, adaptación de los curriculums a las necesidades de su destinatario, la excelencia educativa, el desarrollo social, emocional y psicológico sólidos, y la importancia  de confiar en que los padres son capaces de educar a sus hijos e hijas prevalezca pronto en España.

Fuente: Un e-mail enviado a quien suscribe este post con ocasión de  la publicación de  la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la educación desescolarizada. El e-mail está fechado el 22 de diciembre de 2010, y autorizada su difusión pública por el Dr. Brian Ray. Brian D. Ray, Ph.D. es  presidente  del  National Home Education Research Institute,en Salem, Oregon, USA, www.nheri.org. (Publicado con autorización de su autor, Brian D. Ray.)

It is an age-old battle. Some entity has first and final authority over the education and upbringing of children. It boils down to either the parents or the state. Those who favor the parents typically come from either a classical liberalism paradigm or a sacred-scripture foundation. Those promoting state control, on the other hand, typically put their faith in the public’s majority opinion or some philosopher-king minority’s view of what is good for children/society within a governmental jurisdiction (i.e., a state). Either position is ultimately one of faith in presuppositions.

A few academics have argued that the interests or “stakeholders” are three-fold — parents, state, and child — rather than two-fold but this argument collapses since the advocates of this position look to the state to decide whether the minor child’s interests are being respected. Therefore, the three stakeholders are conflated back to two, the state and the parents.

I hope and pray that the worldview promoting freedom of conscience, freedom of expression, freedom of religion, educational choice, diversity in childrearing, heterogeneity in teaching and learning, customization of curriculum, above-average academic achievement, solid social, emotional, and psychological development, and the importance of trusting parents in the education and upbringing of their children soon holds sway in Spain.

Source: E-mail message regarding the Spanish court decision (dated December 2, 2010) regarding homeschooling in Spain; e-mail dated December 22, 2010 from Brian D. Ray to the public. Brian D. Ray, Ph.D. is president of the National Home Education Research Institute, in Salem, Oregon, USA, www.nheri.org. (Published by permission of the author, Brian D. Ray.)

 

–Brian

~
Brian D. Ray, Ph.D.
President
National Home Education Research Institute (NHERI)

Sentencia del constitucional (III)

Con ocasión de la publicación de la sentencia del TC, estoy seleccionando algunos de los artículos que he publicado en este blog comentando aspectos de la Constitución Española en relación al tema de la educación sin escuela. Creo que me van a servir de base para poder seguir con el análisis constitucional del artículo, ya que no se diferencian en gran media de lo que ahora dice el Constitucional.

El pasado junio, comentaba uno de los aspectos que recoge la sentencia y que en mi opinión es de gran calado, me refiero a la interpretación que el TC hace del apartado 3 del artículo 27, según el cual ” Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. De hecho, en una entrada de junio de este año comento el alcance de la expresión constitucional citada en la entrada titulada “El derecho de los padres a que la formación religiosa y moral de sus hijos sea acorde a sus principios”.

¿En qué consiste el derecho de los padres a elegir para sus hijos la formación religiosa y moral acorde a sus convicciones?. El derecho de los padres está íntimamente ligado a la concepción del deber escolar, de manera que la libertad que la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 26.3 de la DUDDHH) asegura  a los padres para decidir el tipo de formación que han de recibir sus hijos, ha sido entendida, de modo muy restrictivo, como el derecho a elegir libremente el centro al que han de asistir. La Constitución consagra este derecho de los padres con este enunciado:

Y es cierto que la Constitución no dice expresamente que exista un derecho a “elegir” el “tipo de educación” que se adecue a sus convicciones. Ni en este artículo, ni en ningún otro de la Constitución hay referencia alguna al “tipo” de educación, a pesar de que cuando se invoca este artículo de la CE, siempre se dice que “Los padres tienen derecho a elegir el tipo de educación que se adecua a sus convicciones”. Actualmente la LOE, ni siquiera sanciona  expresamente el precepto constitucional, en toda su extensión, sino que aún realiza una interpretación más restrictiva que las Leyes orgánicas que le han precedido. En lugar de confirmar el precepto constitucional que garantiza a  los padres  que la educación moral y religiosa de sus hijos sea conforme a sus convicciones,  simplemente se refiere a la elección de centro.  Según el artículo 108.6, «los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen derecho… a escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos”, “derechos” reiterados en la Disposición Final 1ª, 1 b).

2. Desde una interpretación estricta, se interpreta la Constitución de un modo literal, para entender que ha querido decir precisamente lo que aparentemente expresamente dice, que los padres pueden elegir el tipo de formación moral y religiosa que se adapta a sus convicciones, y no a otros tipos de enseñanzas que puedan incorporarse a la formación integral del menor, las cuales estarían fuera del control de los padres, sujetas a los respectivos curriculum oficiales.

La doctrina está dividida en cuanto al alcance de esa garantía del Estado con respecto al derecho que a asiste a los padres de que sus hijos reciban una formación religiosa y moral acorde a sus convicciones. Y se enfrentan las dos grandes corrientes doctrinales. De un lado la estatalista, que propugna la pluralidad en el centro y que condena el proselitismo y la indoctrinación en la aulas. De otro lado, el conservador que propugna la libertad de elección de centro de los padres, fuera del sistema estatal público.

Las interpretaciones que de la Constitución se hacían en algunos medios, y que se referían al derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos que más se adapta a sus convicciones,  así de modo genérico, ya no tienen posibilidad de ser argüidas de ningún modo. La interpretación del Tribunal se ciñe a una lectura literal del texto, “donde la ley quiere, dice, donde no quiere, calla”. Y aquí el tribunal ha interpretado que donde la ley decía “la formación religiosa y moral”, se refería precisamente a eso, a ese tipo de formación y no al resto de los contenidos curriculares, que por no quererlos incluir, no los menciona. El derecho de los padres consiste en exigir al Estado que la educación moral y religiosa proporcionada a los menores sea acorde a sus convicciones, de un lado, y, de otro, que si no encuentra modelo educativo apropiado a esas convicciones, se reconozca la posibilidad de optar por fundar un centro educativo, con lo que se abre el camino a todo tipo de centros privados que proporcionan una formación moral y religiosa de distinto signo, fuera del modelo laico estatal.

La interpretación que el TC hace de este apartado del artículo 27 dificulta la alegación de los motivos pedagógicos a la hora de argumentar la conveniencia de excluir la intervención del sistema escolar en la educación de los menores. Motivos, que según las encuestas realizadas en el Estado Español por el profesor Cabo, son los que constituyen la abrumadora mayoría.

 

 

 

La sentencia del Constitucional (II)

Madalen Goiriarekin home-schooling-ari buruz hizketan, ‘Faktoria’n – EiTB Radio Euskadi irratia

M.A. – 2010/12/17 |EuskadiIrratia |


Umeek eskolak etxean jasotzean aurkako sententzia kaleratu berri du Auzitegi Gorenak. Horren aurrean homeschoolingean aditua den Madalen Goiria EHUko irakaslearekin hitz egingo dute asteleheneko “Faktoria”n goizeko hamarretan.

La aprobación de la inscripción de la tesis  ha coincidido con las fechas en las que se está valorando la implicación de la Sentencia del Constitucional en la práctica educativa de las familias que han optado por educar sin escuela. Hoy por la mañana he acudido a una cita en Euskadi Irratia para comentar la sentencia y a continuación al Consejo de Departamento que ha aprobado la inscripción. Como no podría ser de otra manera mi director de tesis ha insistido en necesidad y actualidad de mi trabajo a la vista de la sentencia del Constitucional, al tiempo que me advierte  de que ahora es precisamente el momento de ser prudente y tomarme con calma el estudio que tengo por delante, sin caer en el precipicio que se asuma a mi lado.

Oscar Alzaga y la LODE

La intervención de Oscar Alzaga ante el Congreso de los Diputados con ocasión del debate de aprobación de la LODE, expone algunas de la ideas que me interesa destacar en cuanto al modo en el que se viene interpretando el artículo 27 de la Constitución, regulador del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza, en la normativa posterior que se ha ido desarrollando, a cargo de diferentes gobiernos, en forma de leyes orgánicas.
A lo largo de la historia del constitucionalismo español, la libertad de enseñanza y el derecho a la educación rara vez han sido reivindicados juntos; antes al contrario, se presentaban enfrentados como postulados excluyentes que reflejaban la polémica entre enseñanza pública y escuela libre.

El artículo 27 de la Constitución rompe, afortunadamente, esa trayectoria, y con gran acierto dice, en su primer apartado que sirve de título a todos los demás: “Todos tienen el derecho a la educación”, punto y seguido, “Se reconoce la libertad de enseñanza”. España coge en este importante tema el tren de la modernidad en el momento en que los constituyentes aprueban esta reconciliación de la libertad de enseñanza y del derecho a la educación que son absolutamente compatibles. pero el proyecto de Ley que ha sometido a la consideración de la Cámara este Gobierno se titula solamente “del derecho de educación”, porque, desde luego, piensa, no busca garantizar la libertad de enseñanza. Estamos ante un grave alejamiento de la Constitución, para la cual, la libertad de enseñanza, como dice ya unánimemente toda nuestra doctrina jurídico-política, es un principio estructural del sistema educativo.

El artículo 27, integrando dialécticamente la libertad pública, que es la libertad de enseñanza, y el derecho social, que es el derecho a la educación, establece que éste, como instrumento de igualdad y justicia ha de realizarse en un sistema educativo presidido por los principios de libertad y pluralismo, sistema muy diferente al que se establece en la LODE.

Esta es precisamente la tesis que yo mantengo. Los principios consittucionalizdos en el artículo 27 de la Constitución, han sido interpretados a través de sucesivas leyes de educación de un modo tendente a restringir la libertad de enseñanza, e identificándola con la libertad de apertura de centros de enseñanza, de una parte, y la libertad de cátedra para los docentes de otra. Eliminando así las distintas posibilidades constitucionales que podrían abrirse bajo el paragias del principio de la libertad de enseñanza, expresamente contemplado en ela rtículo 27 de la Constitución.

La LODE (Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación), que ue objeto de sentencia  tras el recurso de inconstitucionalidad palteado contra algunos de sus artículos, fue aprobada durante la primera legislatura de la presidencia de Felipe Gonzalez, con los votos en contra del Grupo Popular, UCD y de la Minoría Vasca, y establece estos razonamientos de conveniencia de su aprobación en el preámbulo a la propia ley:

Este trasfondo histórico explica la complejidad de elementos que configuran el marco educativo establecido por la Constitución española, un marco de compromiso y concordia que, al tiempo que reconoce implícitamente el sistema mixto heredado, proporciona el espacio normativo integrador en el que pueden convivir las diversas opciones educativas. Así, tras el derecho a la educación (artículo 27.1 a) se afirma la libertad de enseñanza (artículo 27.1 b); al lado del derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral que estimen mas oportuna para sus hijos (artículo 27.3), figuran el derecho a la libertad de cátedra (artículo 20.1) y la libertad de conciencia (artículos 14, 16, 20, 23). Y si garantiza la libertad de creación de centros docentes (artículo 27.6), también se responsabiliza a los poderes públicos de una programación general de la enseñanza (artículo 27.5) orientada a asegurar un puesto escolar a todos los ciudadanos. Finalmente, la ayuda a los centros docentes (artículo 27.9) tiene que compaginarse con la intervención de profesores, padres y alumnos en el control y gestión de estos centros sostenidos con fondos públicos (artículo 27.7). Corresponde al legislador el desarrollo de estos preceptos, de modo que resulten modelados equilibradamente en su ulterior desarrollo normativo.

Sin embargo, el desarrollo que del artículo 27 de la Constitución hizo la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares, ha supuesto un desarrollo parcial y escasamente fiel al espíritu constitucional, al soslayar, por un lado, aspectos capitales de la regulación constitucional de la enseñanza como son los relativos a la ayuda de los poderes públicos a los centros privados y a la programación general de la enseñanza y, por otro, al privilegiar desequilibradamente los derechos del titular del centro privado sobre los de la comunidad escolar, supeditando la libertad de cátedra al ideario e interpretando restrictivamente el derecho de padres, profesores y alumnos a la intervención en la gestión y control de los centros sostenidos con fondos públicos.

Se impone, pues, una nueva norma que desarrolle cabal y armónicamente los principios que, en materia de educación, contiene la Constitución española, respetando tanto su tenor literal como el espíritu que presidió su redacción, y que garantice al mismo tiempo el pluralismo educativo y la equidad. A satisfacer esta necesidad se orienta la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación.


El sonajero

En la obra de Fernandez Almagro y el duque de Maura titulada ¿Por qué cayó Alfonso XIII? se relata cómo Romanones resolvía sus crisis políticas más complejas: “La listeza proverbial del conde de Romanones halló un ruidoso e inofensivo sonajero muy capaz de distraer suficientemente la inconcebible puerilidad de la opinión pública española: Deslizándose en la prensa vaguedades oficiosas acerca del vitando propósito del Gobierno de alterar la enseñanza del catecismo en las escuelas primarias. No necesitaron más para partir en “cándida cruzada” los padres de familia, las madres cristianas, la defensa social, los obreros católicos, el alto y bajo clero, la buena prensa, etc. El conde de Romanones no cabía en sí de gozo, seguro de tener en su mano el pequeño baso de agua donde se desharía, cuando conviniese para sus fines, aquella tempestad fragorosa”.

La anécdota es relatada por  Oscar Alzaga durante su intervención en el Congreso de los Diputados el día 7 de julio de 1978, con ocasión del debate del artículo 27 de la Constitución que recoge el derecho a la educación. El debate fue intenso, ya que lo que había en juego era algo más que el reconocimiento de un derecho, era el diseño social que se estaba trazando para el próximo siglo. Como afirmó Miterrand, para hacer la revolución ya no hay que tomar el palacio de invierno, basta con tomar la escuela. Así como el art. 26 de la Constitución de la Segunda República ( La Constitución de 1931) prohibía taxativamente a los miembros de órdenes religiosas ejercitar la función docente (art. 26, 4 4. Con respecto a la situación legal de las órdenes religiosas:  “Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza”), la Constitución de 1978 estaba a años luz de esa concepción, en su redacción del complejo de derechos y libertades recogidos en su artículo 27.

No es por ello de extrañar que el fantasma de la Constitución de 1931, puso en guardia a sus señorías en cuanto a las intenciones de los  grupos Socialista y Comunista en el Congreso, con respecto a la regulación del derecho a la educación. La finalidad era recoger constitucionalmente el derecho de las órdenes religiosas a ejercer la docencia de modo reglado y sin cortapisas. Por ello el art. 27 que recoge la libertad de enseñanza, se equipara al apartado número 6 del mismo artículo que regula la creación de centros, y el apartado número 3, que recoge el derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con  sus creencias y convicciones. Este derecho se interpretada de modo coincidente a los anteriores como  la posibilidad de que las familias católicas puedan seguir educando a sus hijos en al fe religiosa, tal y como lo habían venido haciendo durante la época del régimen de Franco,  sin miedo a que la laicidad del sistema educativo obstaculice o imposibilite este tipo de educación.

Esta tradición interpretativa ha continuado hasta nuestros días, transcurridos ya más de treinta  años desde la aprobación de la Constitución y disipado completamente el fantasma de que la laicidad iba a impedir a los católicos recibir una educación acorde a sus convicciones. Todo el desarrollo legislativo posterior en forma de leyes orgánicas, ha venido, desde gobiernos de distinto signo, a reafirmar el edificio legislativo conformado en la etapa constitucional.

Por ello, desde mi trabajo de investigación abogo por una interpretación de la Constitución que se aleje de esta tesis historicista, supere los miedos del pasado y la encamine hacia una interpretación mas acorde con el contexto geo-político, de plena integración en la Unión Europea, de pleno reconocimiento de instrumentos y tratados internacionales que recogen con mayor amplitud de miras  las libertades educativas. Una interpretación acorde a las circunstancias sociales actuales que recoja en su seno la posibilidad de que esta educación sea asumida por padres o representantes legales de los menores en exclusiva, sin recurrir a la institución escolar y ejercer así la opción de educar en casa o en familia.

Ref:  Duque de Maura y Melchor Fernandez Almagro, Por qué cayó Alfonso XIII, (Evolución y disolución de los partidos políticos durante su reinado), Ed.  Ambos Mundos, 1948, 546 pp

Los límites a la educación en casa

Los derechos que configuran el complejo normativo constitucional del artículo 27 de la Constitución corresponden a distintos titulares y los intereses que corresponde a estos titulares son diferentes y no necesariamente  por ello, confluyentes en una única dirección. Por ello, el acento que corresponda en cada momento a la protección de uno de estos intereses hará inclinarse la balanza del legislador al desarrollar este precepto constitucional, y hará decantarse la interpretación que los tribunales hagan de este complejo normativo en cada caso en concreto, interpretando la normativa en favor de uno u otro de los intereses en juego.

En lo que respecta a los intereses en juego en el caso de los derechos a educativos en los supuestos de menores desescolarizados, la situación no es sustancialmente distinta a la de los intereses en juego con respecto a los derechos educativos de los menores escolarizados. Los titulares de estos derechos fundamentales son tres, el Estado, los padres y los propios menores desescolarizados.

1. El interés del Estado es educar para la ciudadanía, y conseguir que todas las personas se integren de modo adecuado en la sociedad, y eso, desde el punto de vista del propio Estado,  se consigue de manera eficaz a través de una educación controlada por el propio Estado, en un sistema escolar en el que concurren centros de titularidad pública o privada, supervisada por el Estado en este último supuesto.

2. Por su parte,  el interés del menor derivado de  su derecho a la educación es ser educado para la autonomía,  una autonomía que le permita poder desarrollar su vida en condiciones de igualdad con respecto al resto de sus conciudadanos, independientemente de su ideología, raza, sexo, orientación sexual o convicciones religiosas. Los menores son,  sin duda, titulares del derecho a ser educados, aunque se discute si pudiera defenderse la existencia del derecho a ser escolarizados[1]. Este aspecto jurídico que afecta a la existencia del derecho de los menores a ser escolarizados, aún no ha sido suficiente desarrollado en la doctrina jurídica, ni siquiera en la de origen anglosajón, y por ello no existe aún una base firme sobre la que sostener la existencia del tal derecho.

3. Ninguno de los dos coincide necesariamente con el interés de los padres. El interés de los padres es doble, existe un interés  propio, de una parte, a constituir la familia también a través de la educación en base a aquellos valores en los que creen y quieren que toda la familia comparta, y el interés en que sus hijos puedan adquirir una independencia a través de la educación, de otro. Según el art. 27.3 de la Constitución los padres tienen derecho a que sus hijos reciban una  educación moral y religiosa conforme a sus convicciones.

La educación en casa, al  ser un complejo de intereses y derechos que no corresponden en exclusiva a los padres, no puede convertirse en el ejercicio de la autoridad absoluta  por parte de los titulares de la patria potestad sobre los menores a su cargo,  ya que éstos no son de su propiedad. El interés del menor es crecer y ser educado en valores, que no son necesariamente los de sus padres, y por ello, en ciertos casos puede ocurrir que la educación en familia sea poco adecuada para conseguir la realización de ese derecho de los menores. Y ahí debe situarse precisamente el límite que debe imponerse desde el Estado sobre la educación en casa, el límite está en aquellos supuestos en los que no se cumpla el contenido del derecho a la educación de los menores en valores que les doten de autonomía y capacidad para integrasen en una sociedad de la que van a ser ciudadanos.


[1] Daniel  MONK (2003) ‘Home Education: A Human Right?’ Evaluation and Research in Education, Vol. 17, No.2&3, pp. 157-166.

El futuro de mi investigación

La base de la investigación, que me planteo para los meses venideros, descansa sobre la teoría de que la Libertad de enseñanza que aparece recogida en el art. 27 de la CE ha sido, desde un primer momento, interpretada de modo estricto, por entender que se refiere a la libertad del enseñante, una vez que éste está ya integrado en el sistema escolar. En otras ocasiones se ha interpretado como un equivalente a la libertad de fundar centros educativos, cuando este derecho está expresamente recogido en el artículo 27. 4 de la Constitución Española, lo que nos debe llevar a concluir que no era esa la finalidad del legislador al recoger la libertad de enseñanza sin ningún tipo de cortapisas ni calificativos.

Por todo ello la pluralidad de enseñanza está garantiza en ese aspecto, y con ello la posibilidad de la iglesia católica de mantener su infraestructura escolar, sin modificación alguna con ocasión de la entrada en vigor de la Constitución.

La interpretación estricta de la libertad que establece el art, 27, es de tipo historicista y corresponde a la época de la transición y del debate sobre la laicidad o la admisión de la enseñanza desde la institución religiosa. Esa interpretación es anacrónica y contraria al art. del Código civil que exige que la interpretación de las normas, de todas las normas incluida la constitución se haga conforme a la realidad social de cada momento, con preferencia a la interpretación de tipo histórico.

Tampoco puede equipararse la libertad de enseñanza, y resumirse en la libertad del docente para transmitir sus conocimientos, o el resultado de su investigación sin cortapisas, ya que este derecho está recogido en el art. 20, 1 de la Constitución al recoger la libertad de cátedra, que debe interpretarse como libertad del docente en todos lo niveles, no sólo el universitario.

Por ello, defendemos que la libertad de enseñanza, si debe contener un auténtico precepto y constituirse como una libertad distinta a la de crear centros, o a la de impartir docencia debe ir más allá. Debe ser una libertad que se oponga a la vocación del Estado de establecer en monopolio la impartición del derecho a la educación que corresponde a todos los sujetos de Derecho.

La libertad de enseñarse debe entenderse como “una manifestación de de la libre creación intelectual y artística del espíritu humano sólo se la garantiza bien si en su expresión y en su encuadramiento sistemático aparece muy claro que se le entiende como un derecho fundamental de oposición frente a los poderes públicos, sin condicionamientos y sin necesidad de institucionalización alguna” (Puente Egido, p.55)[1].

Tampoco debe considerar un derecho prestacional que consistiera en poder exigir del Estado la prestación de una enseñanza en cumplimiento del derecho a la educación.


[1] J. PUENTE EGIDO, “Educación y Constitución” en Educación y sociedad pluralista, Fundación Oriol-Urquijo, 1980, pp- 45-62.

El entramado del art. 27 de la CE

Al tratar de profundizar en el alcance de lo que en la Constitución Española se entiende por el derecho a la Educación, debemos tener en cuenta dos premisas.

La primera es que  los preceptos constitucionales que se refieren al derecho a la educación no se circunscriben al artículo 27, sino que entran en acción otros preceptos constitucionales que recogen otros derechos y libertades, como son, el 16 (libertad ideológica y religiosa); 20 (libertad de expresión y cátedra); y el 10,2 relacionado con el 96 (interpretación de los derechos y libertades fundamentales y aplicación del Derecho internacional), por mencionar los más directamente implicados.

La segunda premisa es que el propio artículo 27 no recoge sólo el derecho a la educación, sino que es un combinado de distintos derechos y libertades como lo son el derecho a la educación (27.1 CE), la libertad de enseñanza (27.2 CE), el derecho de los padres a que la formación  religiosa y moral que reciban  sus hijos esté de acuerdo con sus convicciones (27.3 CE), la libertad de creación de centros docentes (27.6 CE) y el derecho de docentes, padres y alumnos de participación en los centros públicos ( 27.7 CE).

La libertad de enseñanza con cuya proclamación se inicia el largo artículo 27 de la Constitución, significa la imposibilidad de un monopolio educativo del Estado, la apertura de la enseñanza a la iniciativa de los particulares. La garantía de la libertad de la enseñanza sirve para reafirmar, también en el ámbito docente la libertad de expresión que contiene el artículo 20. Para insistir en que esa libertad de expresión puede tener por objeto la difusión sistemática de pensamientos y conocimientos de tal forma que lleguen a constituir enseñanza. En tal sentido la libertad de enseñanza puede ejercerse fuera y dentro de un centro docente, con la posesión de una titulación o sin ella. Cualquiera es libre de enseñar sus conocimientos, sus intuiciones, su filosofía ante los problemas de la vida o de la muerte. Para ello no es preciso crear formalmente un centro docente, aun cuando esta creación pueda facilitar la dispensación de la enseñanza. La creación del centro docente es, sin embargo, absolutamente necesaria cuando se pretenden impartir las enseñanzas “que comprende el sistema educativo” como indica el artículo 32, párrafo primero de la LOECE al referirse a la libertad de la fundación de centros.

Por tal motivo puede concluirse en que la libertad de creación de centros contenida en el artículo 27, párrafo sexto de la Constitución, es una libertad auxiliar de la de enseñanza y que, a la vez, encuentra su fundamento en ella

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de febrero de 1981 contiene una definición estricta de la libertad de enseñanza y, en cierta forma, coincidente con la que aquí se defiende aun cuando no haya una expresa afirmación del derecho de enseñar al margen del puesto docente concreto y de la fundación de centros.

Véanse las palabras del Tribunal Constitucional:

En cuanto que la enseñanza es una actividad encaminada de modo sistemático y con un mínimo de continuidad a la transmisión de un determinado cuerpo de conocimientos y valores, la libertad de enseñanza, reconocida en el artículo 27.1 de la Constitución, implica, de una parte, el derecho a crear instituciones educativas (art. 27.6) y, de otra, el derecho de quienes llevan a cabo personalmente la función de enseñar, a desarrollarla con libertad dentro de los límites propios del puesto docente que ocupan (art. 20.1.c). Del principio de libertad de enseñanza deriva también el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral que desean para sus hijos (art. 27.3) (Embid Irujo, A, Las libertades en la enseñanza, pp. 242 y 243)

El derecho de los padres a que la formación religiosa y moral de sus hijos sea acorde a sus principios.

¿En qué consiste el derecho de los padres a elegir para sus hijos la formación religiosa y moral acorde a sus convicciones?. El derecho de los padres está íntimamente ligado a la concepción del deber escolar, de manera que la libertad que la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 26.3 de la DUDDHH) asegura  a los padres para decidir el tipo de formación que han de recibir sus hijos, ha sido entendida, de modo muy restrictivo, como el derecho a elegir libremente el centro al que han de asistir.

La Constitución consagra este derecho de los padres con este enunciado:

Art. 27. 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Y es cierto que la Constitución no dice expresamente que exista un derecho a “elegir” el “tipo de educación” que se adecue a sus convicciones. Ni en este artículo, ni en ningún otro de la Constitución hay referencia alguna al “tipo” de educación, a pesar de que cuando se invoca este artículo de la CE, siempre se dice que “Los padres tienen derecho a elegir el tipo de educación que se adecua a sus convicciones”. Actualmente la LOE, ni siquiera sanciona  expresamente el precepto constitucional, en toda su extensión, sino que aún realiza una interpretación más restrictiva que las Leyes orgánicas que le han precedido. En lugar de confirmar el precepto constitucional que garantiza a  los padres  que la educación de sus hijos sea conforme a sus convicciones,  simplemente se refiere a la elección de centro.  Según el artículo 108.6, «los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen derecho… a escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos”, “derechos” reiterados en la Disposición Final 1ª, 1 b).

Veamos aspectos de los Tratados Internacionales suscritos por el Reino de España y que constituyen, por ello,  parte de su ordenamiento interno:

Declaración Universal de derechos humanos. Art. 26

Artículo 26.3:  Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27

Art. 13, 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49 Lista de los Estados que han ratificado el pacto

Art. 18. 4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Protocolo adicional al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. París, 20 de marzo de 1952. Instrumento de Ratificación de 2 de noviembre de 1990 (BOE nº 11, de 12 de enero de 1991).

Art. 2. Derecho a la instrucción. A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas.

En los distintos instrumentos se puede observar que existen distintos niveles de garantía del derecho. Así en el Pacto Internacional de derechos económicos, Sociales y Culturales se garantiza la libertad de los padres de elegir “la educación religiosa y moral” que esté de acuerdo con sus convicciones, siendo esta la redacción por la que se decanta la Constitución. Con la diferencia de que la constitución, en lugar de utilizar el término “educación” utiliza el de “formación”. Por el contrario el protocolo utiliza la expresión enseñanza, pero sin calificar que tipo de enseñanza sea ésta, implicando que se refiere a toda instrucción que se proporcione a los menores.

Existen dos interpretaciones de este derecho.Según una interpretación amplia, se refiere al derecho a la educación de acuerdo con las propias convicciones, según la interpretación estricta se refiere al derecho a que los hijos e hijas reciban una educación religiosa conforme a sus convicciones.

Las consecuencia de una u otra interpretación son significativas.

1.La interpretación amplia: Se basa de una parte en la interpretación de la Carta Magna según los instrumentos internacionales ratificados por el Estado español. Así lo exige la propia constitución que en su art. 10,2 dispone que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la declaración Universal de los derechos Humano y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España”. Además , según el art. 96.1. de la constitución, los tratados internacionales válidamente celebrados una vez publicados oficialmente forman parte del ordenamiento jurídico interno.

Otra tesis avala esta interpretación amplia y es que el término que emplea, es formación, no enseñanza, siendo de una amplitud superior, para incorporar no solamente los contenidos curriculares de estas asignaturas, sino a un concepto más amplio que engloba toda la formación que va a recibir el menor durante esos años.

2. Desde una interpretación estricta, se interpreta la Constitución de un modo literal, para entender que ha querido decir precisamente lo que aparentemente expresamente dice, que los padres pueden elegir el tipo de formación religiosa que se adapta a sus convicciones, y no a otros tipos de enseñanzas que puedan incorporarse a la formación integral del menor, las cuales estarían fuera del control de los padres, sujetas a los respectivos curriculum oficiales.

La doctrina está dividida en cuanto al alcance de esa garantía del Estado con respecto al derecho que a asiste a los padres de que sus hijos reciban una formación religiosa y moral acorde a sus convicciones. Y se enfrentan las dos grandes corrientes doctrinales. De un lado la estatalista, que propugna la pluralidad en el centro y que condena el proselitismo y la indoctrinación en la aulas. De otro lado, el conservador que propugna la libertad de elección de centro de los padres, fuera del sistema estatal público.


Francisco Rubio Llorente, “Los deberes constitucionales”, Revista española de derecho constitucional, año 21, num. 62, Mayo-Agosto, 2001.




La libertad de enseñanza según Puente Egido

En 1980, la Fundación Oriol-Urquijo publicó un compendio de artículos doctrinales sobre el tema de la educación y la libertad de enseñanza bajo el título general de EDUCACION Y SOCIEDAD PLURALISTA, que es ineludible para quien quiera acercarse al análisis detallado del art. 27 de la Constitución Española que consagra una serie de derechos y libertades asociados al Derecho a la educación.

Son varios los artículos de interés, pero por comenzar por uno de ellos, comienzo por  el de J. Puente Egido. En su artículo centra el estudio del contenido de la Libertad de Enseñanza. Según una primera definición, la libertad de enseñanza es la aceptación por parte del Estado de que el poder político, en cuanto tal, renuncia a imponer en los diferentes niveles de educación una “doctrina oficial”.  Este derecho, por ello se convierte en libertad, por la abstención del poder público de interferir en esta esfera del espíritu humano, lo que Puente Egido describe como “la retracción del poder público en aras de la máxima libertad al espíritu creador del hombre”.

La abstención de los poderes públicos, en sí una definición negativa del contenido de esa libertad, encierra en sí misma un aspecto positivo, ya que conduce a la admisión de un pluralismo más o menos institucionalizado, que conlleva espacios de libertad ciudadana.

Las garantías que recoge el art. 27 de la Constitución no son escasas. Se reconoce la libertad de enseñanza  (art. 27,1), la libertad de cátedra (art. 20, 1, c), la de creación de centros docentes por las personas físicas y jurídicas (art. 27,6 y 27,3); se garantiza el derecho de los padres a determinar la educación religiosa y moral de sus hijos según sus propias convicciones (art. 17,3), sin embargo la Constitución silencia una perspectiva que sí fue recogida en la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, de la que la Constitución Española ha tomado tantas aportaciones. Nos referimos al art. 6, 2 de la Ley fundamental alemana que recoge expresamente  que “El cuidado y educación de los hijos son derecho natural de los padres, así como también obligación primordial. Los poderes públicos tutelan su cumplimiento”. Sin embargo en el caso de la imposición de la escolarización obligatoria y la ausencia de reconocimiento de la libertad de los padres para ejercitar ese derecho primordial, a través de la educación en casa, nos lleva a pensar que el original derecho ha sido reconvertido simple y llanamente en una obligación. Esa segunda parte del precepto constitucional alemán es el que legitima al Estado para intervenir sin cortapisas judiciales sobre las familias que educan en casa.

Un aspecto que me interesa de la definición de la libertad de enseñanza, es que como una manifestación de la libre creación intelectual y artística del espíritu humano, sólo se la garantiza bien si se define como derecho fundamental de oposición frente a los poderes públicos, sin condicionamientos y sin necesidad de institucionalización alguna.

Hay una clara unión entre la libertad de creación científica o artística con la libertad para la transmisión de los resultados y métodos de esa creación. La libertad de creación intelectual lleva aparejada la de transmisión de ese caudal a las generaciones jóvenes; ambas están tan íntimamente entrelazadas que la una no puede existir sin la otra. Y he aquí las conclusiones del autor:

La primera sería el reconocimiento paladino y simple de la libertad de enseñanza e investigación com0 una manifestación más de la radical libertad de la persona humana para construir su propio destino, tanto de modo individual como colectivo.

La idea social en el Estado de Derecho plantea dificultades y exigencias serias a las formas democráticas del poder. No hay democracia verdadera si la acción ordenadora del Estado no tiene, en el campo social y económico, la preocupación de introducir un efecto correctivo y nivelador de las desigualdades sociales; pero aun así, y siempre en el de la articulación del principio de la igualdad social con el de la libre iniciativa; nunca deberá el efecto nivelador de la política distributiva ahogar el impulso creador individual. Con tanta mayor razón hay que precaver este riesgo en la acción del Estado en el ámbito cultural y educativo. Por eso no se entiende bien por qué razones alguna corriente política que sin lugar a duda ha apostado por el ser humano y sus valores en la construcción del poder político, sigue aferrada a esquemas estatalistas en materia educativa. Hay aquí probablemente ecos del viejo anticlericalismo, todavía no superado, con componentes ideológicos que son arrastre de antiguas posiciones y luchas. Pero hay una segunda línea que tampoco conviene olvidar y en la que claramente se asientan las posiciones socialistas en su programa educativo. Es la acción de fomento y coordinación que corresponde de modo irrenunciable a todo poder público en el campo de la cultura y de la educación; es la función de control e inspección que será tanto más eficaz y respetada cuanto con mayor imparcialidad será ejercida.

PUENTE EGIDO,J.,  “Educación y Constitución” en Educación y sociedad pluralista, Fundación Oriol-Urquijo, 1980, pp- 45-62.

La libertad de enseñanza en la Constitución

La Constitución consagra en el primer párrafo de su artículo 27 la libertad de enseñanza. Tradicionalmente se ha interpretado el contenido de esta libertad como la posibilidad para las familias de elegir una educación pública o privada para sus hijos, incluyendo entre las posibilidades de ésta última la de elegir una educación privada religiosa de distinto signo. Con ocasión de la aprobación del art. 27 de la Constitución que consagra uno de los aspectos más problemáticos del consenso puesto en marcha con esa finalidad, dos interpretaciones de la realidad educativa opuestas trajeron como consecuencia que el artículo sea complejo y difícil en su aplicación e interpretación.

El artículo 27 CE es un complejo conjunto de pesos y medidas que pueden calibrarse en uno u otro sentido para favorecer uno de los dos conceptos de la pluralidad educativa en el Estado Español. De un parte, la visión conservadora de la educación, ligada a la iglesia católica y a su inmensa red de centros de enseñanza, que entiende la pluralidad como la posibilidad de mantener centros educativos fuera de la red pública escolar, mientras que, de otra, la visión de la izquierda que entendía la pluralidad, no en la variedad de oferta del sistema sino en la posibilidad de garantizar  la  pluralidad ideológica dentro del propio centro. En otras palabras, las dos posturas  enfrentadas son, de un lado la que defiende el pluralismo de centros en la sociedad, de signo católico y tradicional, y la que defiende el pluralismo ideológico dentro del centro, propia de los partidos de izquierda (Ribes Suriol).Los sectores de izquierda mantenían el viejo proyecto de una escuela pública universal y gratuita, mientras que el conservador defendía los centros privados y, en particular, la secular posición privilegiada de la Iglesia católica (Martinez de Pisón).

En cuanto a la libertad de enseñanza sancionada en el art. 27 1 de la Constitución, el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciando en cuanto a la extensión con la que se debe interpretar este precepto y el alcance de la libertad instaurada con la Constitución y por ello las interpretaciones varían con la realidad social y el contexto legislativo en cada momento.

Actualmente va en aumento el colectivo de personas y de familias que arguyen que esa libertad de enseñanza se ha interpretado de modo estricto, en beneficio de la pretensión del Estado de establecerse como el único garante del contenido de la enseñanza, bien sea a través de los centros instaurados por el Estado, bien se a través de los centros a los que el Estado concede autorización para impartir enseñanza no universitaria.

La libertad de creación de centros docentes consagrada en el artículo 27.6 de la Constitución Española y concretada en el artículo 21 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE), necesariamente, ha de coordinarse con el deber de la Administración de asegurar que los centros docentes reúnen los requisitos mínimos establecidos con carácter general, así como otras garantías que la citada Ley Orgánica establece en relación con los titulares de dichos centros.

A este respecto y en desarrollo del artículo 14 de la LODE, se dictó el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas de régimen general no universitarias. Ahora es necesario regular el procedimiento que debe seguirse para garantizar que los centros privados, cuya apertura se solicita, reúnen tales requisitos y, por tanto, pueden ser autorizados, a tenor de lo dispuesto en el artículo 23 de la LODE.

Por su parte, Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones de Centros docentes privados, para impartir enseñanzas de régimen general no universitarias, concreta los requisitos que han de cumplir los centros privados para obtener la autorización correspondiente para impartir enseñanzas no universitarias. Solicitad que irá acompañada de la siguiente documentación:

Documentación a presentar

En virtud de que la solicitud se refiera a la autorización o a la modificación de la autorización de un centro docente privado, y en este caso, en función de la naturaleza de dicha modificación, la documentación a adjuntar a cada modelo de solicitud será la siguiente:

Autorización

– Documento acreditativo de la existencia de la persona física o jurídica que ostenta la titularidad del centro (ejemplo: DNI, escrito de constitución de la sociedad, etc..).

– Documento acreditativo de que la titularidad del centro dispone del uso de los locales en los que se ubicará el mismo (ejemplo: contrato de arrendamiento, escrito de compraventa, etc..).

– 2 juegos de planos de planta, a escala 1:50 ó 1:100, de todas las instalaciones del centro, con indicación del uso, destino y dimensión de cada espacio.

– 2 juegos de planos, a escala 1:50 ó 1:100, de sección y alzado.

– 2 planos de situación del recinto escolar.

– Justificación de haber liquidado la tasa, según modelo 030.

– Declaración o manifestación de que los titulares o poseedores de, al menos, el 20% del capital social de la entidad titular no incurren en ninguna de las causas de incompatibilidad recogidas en el Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones de centros docentes privados para impartir enseñanzas de régimen general no universitarias.

Con la única de excepción de la regulación para centros extranjeros  Real Decreto 806/1993, de 28 de mayo, sobre el régimen de centros docentes extranjeros en España.

De este modo es la LODE la que estableció el sistema de autorización y Registro de los centros Docentes una vez que hubieran cumplido los requisitos para que recayera la citada autorización.

No se prevé pues ninguna otra posibilidad de activar la libertad de enseñanza recogida en la Constitución, y ese es precisamente el aspecto en el que no coinciden el legislador y los tribunales. Porque si bien el legislador ha identificado desde 1990 con ocasión de la publicación de la LOGSE, la educación y la escolarización, y de momento ninguna de las leyes orgánicas que desarrollan el derecho a la educación y la libertad de enseñanza del art. 27 de la Constitución han sido declaradas anti constitucionales por el tribunal Constitucional, la Administración se ve obligada a ejecutar lo que establecen las sucesivas leyes de educación aprobadas desde la entrada en vigor de la Constitución. Sin embargo, como decíamos, los tribunales no vienen interpretando necesariamente que la educación equivale a educación, ni que el derecho a la educación se deba cumplir exclusivamente a través del sistema escolar oficialmente establecido, sea éste público o privado, ya que el Tribunal Supremo, en la única oportunidad que ha tenido de enfrentarse directamente a esta oposición escolarización/educación, ha sancionado que la educación proporcionada por el Estado no puede ser exclusiva ni excluyente  y que existen otros medios para garantizar el acceso a la educación de los menores.

El único requisito que podría exigirse a ese cumplimiento   debiera ser lo que se identificara en cada momento como el contenido del derecho a la educación:

Art 2 LODE

  1. El pleno desarrollo de la personalidad del alumno.
  2. La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, de la igualdad entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.
  3. La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos.
  4. La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.
  5. La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España.
  6. La preparación para participar activamente en la vida social y cultural.
  7. La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos y para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos y no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

La Jurisprudencia ha venido marcando un camino distinto, mas fiel al texto de la Constitución que a las sucesivas leyes educativas que desde distintos posicionamientos ideológicos venían a interpretar el derecho a al educación. La LOGSE y la LOCE representaban dos modelos ideológicamente opuestos.

De un lado la LOGSE contó con un amplio consenso de los partidos de izquierda y los nacionalistas, mientras que la LOCE  fue apoyada casi en exclusiva por el Partido Popular.

Por último, en cuanto a la aprobación de la LOE, el Congreso de los Diputados dio su apoyo al proyecto de Ley Orgánica de Educación con 184 votos a favor (PSOE, CiU, ERC, PNV, ICV, CC y EA), 134 en contra (PP) y 7 abstenciones (IU, BNG, Chunta y Nafarroa Bai).

En este contexto se mueve la educación en casa en palabras de Ana María Redondo

“Puede afirmarse que el “homeschooling” es una práctica al margen de la ley, en algunos casos perseguida y en otros tolerada, sin que existan reglas generales para su aceptación o rechazo, ni requisitos, ni controles sobre su ejercicio”.

La LOE no procedió a recoger la regularización de esta objeción al sistema escolar y por ello la situación de indecisión y hasta cierto punto de indefensión continúa. La razón de la fata de regularización está en la dimensión de la comunidad que opta por este modo de educar a sus hijos e hijas, mientras se siga manteniendo en números reducidos, no se va a visualizar como un problema y por ello el Estado no va a acudir a regular lo que en principio no es un problema. El efecto disuasorio que puede tener para muchos la intervención de la Administración sobre unos pocos está manteniendo, de facto,  el número de familias en una dimensión poco alarmante. Otra cuestión sería si se extendiera el modelo a  un mayor número de familias al tiempo que se produjeran casos flagrantes  de inadecuación del modelo de la educación familiar a unos parámetros mínimamente aceptables o de familias que se encuentren con dificultades de proporcionar a los menores a su cargo  lo que se podría considerar un buen ejercicio de este derecho derivado de la patria potestad. Esta situación ya se previó hace tiempo en uno de los debates producidos en el seno de la red de apoyo Crecer sin escuela. El debate tuvo lugar antes de la constitución de Ale,  que precisamente  se promovió para hacer frente al problema que el vacío legal estaba provocando en muchas familias. En aquella ocasión Xavi Bosch, aconsejaba que no se diera conocer en exceso la opción ya que la garantía de su éxito residía precisamente en que estuviera  al alcance de un número reducido de familias.

Siempre hemos creído que las personas tienen lo que se merecen o necesitan, en este sentido si existen familias que necesitan conocer que existe la posibilidad de educar a sus hijos en casa les llegará esa información por los cauces que existen hoy. Podemos incrementarlos, pero sin dedicarle mucho esfuerzo porque puede llegar a personas que no merezcan tanto esa vía educando a sus hijos inconscientemente o por otros intereses distintos a los de mejorar la educación de sus hijos.

Como todo error en un comportamiento acarrea efectos secundarios negativos, divulgar “a lo grande” CSE puede perjudicar a los que están en esa línea de manera consciente y responsable. Si se detectara, con el paso de los años, una familia con hijos no escolarizados con deficiencias graves en su educación y formación causaría un daño irreparable al resto de familias. Como mínimo y sin ser nada grave el sistema impondría medidas de control o forzaría a matricular a los hijos en empresas educativas.(Crecer sin escuela, Diálogos en la web, p. 31. Boletín nº 10, primavera 2002).

La postura de los tribunales viene marcada por la propia vía por la que se accede a las consecuencia de la intervención. La consideración del delito de abandono está fuera de lugar para estos casos en los que más que abandono existe un exceso de celo por parte de los titulares de la patria potestad al asumir en exclusiva y sin mediación el proceso educativo de sus hijos, y esa visión ha sido ratificada por la sentencia del Tribunal Supremo, ya citada. La aplicación de la vía civil implica la retirada de la patria potestad que parece desmesurada también por la misma razón, ya que estas medidas están diseñadas y previstas para los supuestos de riesgo de los menores por desatención de los titulares de la patria potestad, tanto de sus necesidades físicas como emocionales. Por ello, la ausencia de definición de las vías que recojan la educación fuera de los cauces reconocidos por el Estado, no implica la posibilidad de aplicación de las medidas  previstas para los supuestos de incumplimeint0 de los deberes de la patria potestad.

Ante esta situación se hace necesario un procedimiento que ponga en marcha algún tipo de reconocimiento que regule que fuera de las vías previstas por el Estado también pueda haberse dado o estarse dando cumplimiento al derecho a la educación de los menores, conjugando con la libertad de enseñanza de los padres, y el derecho del Estado a exigir que esos menores están siendo educados dentro de los parámetros que  exigen las leyes de educación, para que puedan incorporarse a la sociedad como ciudadanos responsables y respetuosos con los principios que la sociedad se da en cada momento. Además de que se cumpla el derecho de los menores a recibir una educación que les prepare para su futuro profesional. Veamos cuales son las exigencias mínimas que establece la LOE:

El sistema educativo español se orientará a la consecución de los siguientes fines:

  1. El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.
  2. La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.
  3. La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.
  4. La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.
  5. La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.
  6. El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.
  7. La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad.
  8. La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte.
  9. La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.
  10. La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en una o más lenguas extranjeras.
  11. La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.

Estos principios ya formulados en la LODE encuentran una formulación más amplia en  la vigente LOE.

Una vez expresados los principios generales que deben inspirar el modelo educativo, la LOE pasa a analizar las áreas de conocimiento y capacidad que deberán ir adquiriendo los alumnos y alumnas en cada etapa, y parecería lógico suponer que si se reconociera en plenitud la libertad de enseñanza de los padres, estos deberán garantizar que se se están impartiendo los mínimos que exige la LOE y evaluar de algún modo la adquisición de las capacidades indicadas en cada una de las áreas previstas.

Bibliografía:

Alvaro Marchesi, “Ideología educativa y pacto escolar”, Cuadernos de pedagogía,338, 83.

Jose Luis Martínez Lopez-Muñiz, “La educación en la Constitución española. Derechos fundamentales y libertades públicas en materia de enseñanza”, Persona y Derecho, 6 (1979) p. 215.

Martinez de Pisón, “La libertad de conciencia en la Constitución española”, REDUR, nº 2, 2004.

Ana Isabel Ribes Suriol, “El derecho de los padres a la formación religiosa y moral de sus hijos: sentido y alcance”, Revista de Derecho Universitat de Valencia, nº1, 2002.

Raul Canosa Usera, “Sinopsis del artículo 27. Constitución Española”. Congreso de los Diputados.

Homeschool en Chile

Objetar la escolarización: La Educación sin escuela, es el título de un buen artículo de Andrea Precht,  que publica desde su web titulada La Máquina de educar. Clonlara reseña el artículo, y yo en este blog me decanto por examinar  algunos aspectos legales con la finalidad de complementar la información  sobre el homechool en Chile desde este lado del Atlántico. Andrea Precht es profesora de la Universidad de Talca en Chile y experta en temas relacionados con la educación.

Datos generales

Según la Wikipedia se estima que existen alrededor de sesenta familias que optan por la educación en casa o homeschooling en Chile. A pesar de que son muy pocas comparadas con las familias europeas, se piensa que las cifras seguirán creciendo considerablemente con el pasar de los años. Aunque este sistema de educación no esté acreditado, debido a que, el Ministerio de educación, acredita infraestructura, existe la opción de rendir exámenes de validación de estudios en cualquier momento del año. A este examen pueden presentarse los menores de edad en cualquier momento del año, si cumplen con uno o todos de los siguientes requisitos: no haber estado en ningún establecimiento escolar en el año que se hace la solicitud y/o haber estado matriculado en un establecimiento no reconocido por el estado. En chile los resultados son favorables, y la educación de las familias que estudian en casa está muy por encima de las que optan por el colegio. Esto también lo plantea “Think Academy” un colegio virtual, pionero en éste sistema de educación que ofrece apoyar a las familias que optan por el “Homeschooling” y busca resultados muy por encima de los colegios normales. Existen varias organizaciones que buscan cooperar con el desarrollo de esta modalidad de estudios, entre ellas Organización Familiar Organización Familiar, Colegio Virtual Yo Aprendo Colegio Virtualquien propone una plataforma educativa que contempla todos los contenidos propuestos por los planes y programas del Ministerio de Educación Chileno.

Normativa

En Chile no existen leyes específicas que regulen la educación en casa, pero la Constitución proporciona base suficiente para que los padres puedan optar por este modo de educar a sus hijos e hijas

La Constitución chilena establece el derecho de educación y la libertad de enseñanza en su artículo 19 numerales 10 y 11

10º.- El derecho a la educación.

La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida.

Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.

El Estado promoverá la educación parvularia.La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. En el caso de la educación media este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad. Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.

Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación ;

11º.- La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales.

La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional.

La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna.

Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos.

Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel;

Ya que los padres tienen reconocido el derecho  preferente y el deber de educar a sus hijos, y a su vez el Estado está obligado a prestar protección a ese derecho, los padres pueden educar en sus casa libremente a sus hijos e hijas. La única limitación es la que le impongan la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional.

No hay requisitos de registro ni supervisión por parte del Estado.

La Organización Familia Escolar (OFE)

La directora de OFE cuenta que hay varias familias más interesadas, pero los limita que no exista un reconocimiento legal. McCurdy reconoce que muchas críticas se enfocan sobre las habilidades sociales de los niños, pero asegura que las aprenden de sus padres y generan más confianza en sí mismos. “Tienen todo el día para socializar, lo que en el colegio hacen en el recreo o al irse”.
Alex Zúñiga señala que sus hijos aprenden más en profundidad y sin el estrés del colegio. “Si en algún momento queremos formalizar sus estudios, haremos el proceso normal”, regulación que el Ministerio de Educación realiza mediante el sistema de exámenes libres.
Para Zúñiga, el costo de llevar a su hijo al colegio, cancelar la matricula y el centro de padres, no es equivalente con el resultado final: “Con eso mismo en casa pago de internet, vamos al museo, al cine, y compramos los materiales que él necesita”.

El sistema de convalidación de estudios está garantizado en base a la posibilidad de hacerlo tanto de modo parcial al finalizar cada periodo escolar como de hacerlo de manera global al terminar toda la etapa escolar.

NOTAS:

Think Academy

Es un centro de estudios a distancia que prepara materiales para obtener convalidación de los estudios realizados.

Incorporamos alumnos de todo Hispanoamérica, lo que les entrega una base cultural y un conocimiento mayor de las diferentes culturas y costumbres de Hispanoamérica.

Para lo anterior, en el último año de enseñanza secundaria, los acreditamos oficialmente en Estados Unidos. (se mantienen en este colegio y en español) Lo que les permite postular a cualquier Universidad del mundo, incluyendo las principales de Latinoamérica.

Organización Familia Escolar (OFE)
Contact: Kathleen McCurdy
Es una web diseñada para familias hispanohablantes. Incluye un “manual” para la familia escolar. Ofrecen asesoramiento para mediar entre las familias y las autoridades educativas.

Homeschool en Chile (Red de Ning)

Blogs de familias chilenas que educan en casa

Educando en la casa

Desde mi cordillera de Los Andes

Chilean family in Nevada

Andrea Precht  La Máquina de educar

Educar en familia- Lo mejor