El art. 27.3 de la CE en los Tratados Internacionales

El derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral adecuada a sus convicciones filosóficas y morales que recoge el art. 27, 3 de la Constitución española, está redactado conforme a los instrumentos internacionales, aunque con significativas diferencias. El tenor literal del artículo 27, 3 establece lo siguiente:  Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

La evolución desde su primera formulación en 1948 (La declaración Universal de derechos Humanos) hasta la más actual de  la  La Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea con su última incorporación al Tratado de Lisboa de 2009, parece ser la de la ampliación del contenido del derecho, lo que implicaría, de hecho, una reducción de la intervención del Estado en materia educativa. Las nuevas tecnologías, de un lado, y la atribución de competencias educativas a entes locales inferiores, ya sean municipales, regionales o autonómicos, parecen confirmar la descentralización de la educación, y la atribución de la capacidad de educar a sujetos más amplios, fuera del ámbito estrictamente estatal, hacia abajo y hacia arriba, tanto a ámbitos locales como supraestatales, como sucede en el  ámbito universitario como consecuencia de la creación del Espacio  Europeo de Educación Superior.

A la vista de estos cambios es razonable sugerir que el monopolio del Estado sobre la educación  está viviendo sus últimos estadios. Aun así los Estados individuales siguen reteniendo un aspecto importante de la educación como una competencia casi exclusiva, cual es la expedición de títulos, y el control sobre los procedimientos de homologación de éstos. Es por ello probable que es precisamente en ese aspecto en el que el Estado se va a guardar todas las cartas, y en el que mayor resistencia se produzca a la hora de seguir cediendo competencias a entes infra o supraestatales.

Hagamos un repaso por la cobertura de este derecho en los distintos  Tratados internacionales suscritos por el Reino de España a modo de recapitulación, incidiendo en la problemática de la traducción, que podría llevar a distintas interpretaciones del mismo derecho, dependiendo de la lengua de partida: :

1.     La declaración Universal de derechos Humanos (1948)

Art. 26.

1. Declaración Universal de derechos Humanos (DUDH), de 1948 que en su artículo 26.3 recoge así el contenido de este derecho “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. Derecho que la STC de 2010, entiende debe interpretarse sistemáticamente en relación con el art. 26.1 de la propia declaración, según el que “La instrucción elemental será obligatoria”. Debe destacarse que el mismo artículo distingue los conceptos educación, e instrucción., al establecer previamente que “La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental”.

En el texto original se distinguen los términos education, para referirse al primero, y enseignement para el segundo, que al castellano fue traducido como instrucción.

  1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.

Por el contrario, el texto en ingles no distingue ambos conceptos y la redacción daría lugar, por ello a diferente interpretación:

  1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

El idioma original de la declaración de las Naciones Unidas, fue en ingles, del que se tradujo al francés. La traducción española deriva posiblemente de la versión en francés del documento, en el que ya distinguen los conceptos educación e instrucción.

La diferenciación no es baladí, ya que se suele interpretar la distinción entre educación, como el aspecto más amplio de la función de los padres de procurar para sus hijos un desarrollo moral e intelectual que les capacite para ser miembros de la sociedad de un modo adecuado, de la instrucción que se identifica con los aspectos más académicos de esta preparación, habitualmente identificándolo con el concepto de escolarización.

2.     El Convenio Europeo de 1952, y el protocolo de Paris de 1952

Art. 2.

Protocolo Adicional al Convenio Europeo para la protección de los derechos Fundamentales y las Libertades públicas (CEDH) de 1952, recoge en su artículo 2 el contenido del derecho a la instrucción:
Artículo 2. Derecho a la instrucción.

A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción.

El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas.

¿Qué diferencia real existe entre instrucción y educación?. El texto ha sido traducido al castellano como derecho a la instrucción, pero en el original en inglés, sigue siendo derecho a la educación.

Del mismo modo, en este protocolo, la versión en inglés no distingue educación e instrucción al establecer en primera instancia el contenido del artículo, aunque añade teaching en segundo término, pero no como sustituto del término educación, sino añadido a él.

Article 2 – Right to education

No person shall be denied the right to education. In the exercise of any functions which it assumes in relation to education and to teaching, the State shall respect the right of parents to ensure such education and teaching in conformity with their own religious and philosophical convictions.

Por el contrario en francés el texto se inicia con el derecho a la instrucción:

Article 2 – Droit à l’instruction

Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.

Y de nuevo, parece ser que la traducción al castellano proviene de la redacción en francés. ¿Cuál fue la original?

3.     Los pactos de Nueva York de 1966

a)     El pacto Internacional de derechos civiles y políticos

Art. 18

b)     El pacto internacional de derecho Económicos, Sociales y Culturales

Art. 13,3

En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de 1966 se recoge este derecho con otra redacción en su artículo 18,4 y que corresponde casi en su integridad a la redacción del artículo 27 de la CE:
4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Por su pare el Pacto Internacional de derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) que entró en vigor en 1976 recoge este mismo derecho con este enunciado:

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4.     La Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea

Art.14, 3

Este texto es posterior a la Constitución Española, se aprobó por Acuerdo de 7 de diciembre de 2000, y ha entrado en vigor tras su incorporación al tratado de Lisboa firmado el 13 de diciembre de 2009.

Según el artículo citado en la Carta de Niza (14,3) “el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas”. En este aspecto, el Tratado de Lisboa, de obligatorio cumplimiento para el Reino de España, añade expresamente las convicciones pedagógicas entre aquellas que el estado habría de tener en cuenta a la hora de garantizar este derecho.

Anuncios

La sentencia del Constitucional (XI): La Carta de Niza (2007)

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión firmaron y proclamaron el 7 de diciembre de 2000 con ocasión del Consejo Europeo de Niza recoge en un único texto, por primera vez en la historia de la Unión Europea, el conjunto de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los ciudadanos europeos y de todas las personas que viven en el territorio de la Unión. Se basan esencialmente en los derechos y libertades fundamentales reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, las tradiciones constitucionales de los Estados miembros de la Unión Europea, la Carta Social Europea del Consejo de Europa y la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, así como en otros convenios internacionales a los que se han adherido la Unión Europea o sus Estados miembros.

La Carta fue finalmente incorporada al Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de enero de 2009, y figura entre los documentos que acompañan a la aprobación del Tratado.

La Carta, al incorporarse al Tratado, es constitutiva del derecho interno de los Estados miembros de la Unión, y no puede considerarse a estos efectos derecho internacional, sino derecho interno de aplicación directa en cada uno de los estados miembros.

La carta incluye, obviamente, ya que el derecho a la educación está en la tradición de los Estados miembors, en intrumentos internacionales firmados por estados de la Unión, y en los propios instrumentos de reconocimiento de derechos de la Unión Europea. Este es el texto que lo recoge:

Artículo 14. Derecho a la educación

1.         Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente.

2.         Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria.

3.         Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas.

Esta carta añade un elemento significativa al contenido del art. 27,3 de la Constitución Española, que entra en contradicción con la interpretación que de él ha realizado el Tribunal Constitucional en su sentencia del pasado diciembre, que niega la posibilidad de aducir motivos pedagógicos entre aquellos que llevan a los padres a elegir un tipo de educación y a excluir otra u otras. La sentencia resuelve la contradicción con esta aseveración:

Esta última precisión debe entenderse referida a aquellas opciones pedagógicas que resulten de convicciones de tipo religioso o filosófico, puesto que el art. 14 CDFUE “se inspira tanto en las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como en el artículo 2 del protocolo Adicional al CEDH”, sin que la referencia a las convicciones pedagógicas se encuentre entre las ampliaciones de este último precepto reconocidas en las explicaciones elaboradas bajo la autoridad del Praesidium de la convención que redactó la carta.

¿Por qué una interpretación tan estrecha?, y ¿Por qué se han de identificar necesariamente las convicciones pedagógicas con las religiosas y filosóficas?, si el legislador quisiera recoger esa identificación, no tendría por qué añadir las motivaciones pedagógicas como un capítulo separado a las dos anteriores. Incluso aplicando una interpretación restrictiva, como lo es el argumento a contrario,  “Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tccuit”, (donde la ley quiere, dice, donde no quiere, calla) llegaríamos a una conclusión distinta.


“Libertad ideológica y educación para la ciudadanía”, un artículo de Manuel Martinez de Aguirre, Fiscal del Tribunal Supremo

Manuel Martinez de Aguirre, fiscal del Tribunal Supremo ha publicado en el Diario la Ley , Sección Tribuna con fecha 27 de octubre de 2008, un artículo sobre la doctrina del Tribunal Europeo de DD.HH en materia de asignaturas de contenido ideológico, denominado “Libertad ideológica y educación para la ciudadanía, otra aproximación jurídica”. En este caso adaptando la citada doctrina a la asignatura de la Educación para la Ciudadanía, ya que aún no ha recaído pronunciamiento de dicho Tribunal al respecto.

La doctrina del TEDH “precisa el límite en que comienza la vulneración del derecho de los padres a asegurar la educación de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas, que es el adoctrinamiento, y recuerda la obligación de las autoridades públicas a evitar esas vulneraciones”.

El autor parte de dos fundamentos jurídicos: de un lado, el art. 10 de la Constitución Española, que exige la interpretación de las normas relativas a los derechos fundamnetales según la Declaración Universal de Derechos Humanos y Tratados Internacionales ratificados, y de otro lado, la interpretación que el TEDH hace del Convenio Europeo para la Protección de los derechos Humanos Y Libertados fundamentales (CEDH).

Al tratar el tema de la objeción de conciencia, el autor afirma que el Estado no está obligado a garantizar el ejercicio de la objeción de conciencia para preservar la libertad ideológica o religiosa que garantiza el art. 16 de la Constitución, sin embargo… “Lo que sí tiene en todo caso es la obligación de respetar y garantizar, de una forma o de otra, la libertad ideológica y religiosa, y su proyección en la educación de los hijos respetando las convicciones de los padres”.

Al tratarse de la asignatura de la Educación para la ciudadanía, Martinez de Aguirre sitúa el debate en un derecho fundamental concernido cual es la libertad ideológica y religiosa, que se contempla en el art. 9 CEDH,

(Artículo 9. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad del pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observación de los ritos.
2. La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no pueden ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la Ley, constituyen medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de la saludo o de la moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los demás.)en la educación de los hijos, doctrina que se reflja en el art. 2 del Protocolo 1 del CEDH.

Y sin olvidarnos del art. 2 del Protocolo Adicional  1 del CEDH, a cuyo tenor “A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asume en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y folosóficas”.

La Sentencia Folgero,-ya tratada en este blog- sintetiza la doctrina del TEDH en materia del derecho que asiste a los padres al respeto de sus convicciones filosóficas y religiosas. (Sentencia que ha servido de base a la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 4 de marzo de 2008 en cuanto a la asignatura de Educación para la Ciudadanía).

En la sentencia del Tribunal Europeo de DDHH Hasan y Eylem Zengin c/ Turquía se establece la obligación de los Estados, de velar porque no suceda un adoctrinamiento en las escuelas que sea contrario a las convicciones filosóficas y religiosas de los padres, en estos términos:

“Ciertamente, pueden producirse abusos en la manera en que una escuela o maestro determinados aplican los textos en vigor, y corresponde a las autoridades competentes velar, con el mayor cuidado por que las convicciones religiosas y filosóficas de los padres no sean contrarias a este nivel por imprudencia, faltas de discernimiento o proselitismo intempestivo”.

Certainly, abuses can occur as to the manner in which the provisions in force are applied by a given school or teacher and the competent authorities have a duty to take the utmost care to see to it that parents’ religious and philosophical convictions are not disregarded at this level by carelessness, lack of judgment or misplaced proselytism (see Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen, cited above, § 54).

El Fiscal del Tribunal Supremo no recomienda seguir la vía de la objeción, sino que recomienda pulsar otros mecanismos en los que refugiarse ante la vulneración del Estado de su obligación  de velar por el respeto a las convicciones filosóficas y religiosas de los padres en lo que respecta a la educación de sus hijos.

En base a las citadas sentencias el Fiscal del Tribunal Supremo recomienda a los padres actuar en cuanto perciban en cualquier asignatura “un adoctrinamiento contrario a sus convicciones”. A lo que añade.. “Soy consciente de que la denuncia de los concretos adoctrinamientos contrarios a las propias convicciones filosóficas o morales es algo mucho más incómodo-y supone mayor esfuerzo- que la denuncia genérica de una asignatura, pero estoy convencido de que es en esos eventuales adoctrinamientos concretos donde se encuentran las reales vulneraciones del derecho fundamental, frente a las que se pueden exigir de las autoridades educativas- y, si no se es atendido ante los tribunales hasta llegar si es necesario al TEDH, la defensa y salvaguardia del del derecho fundamental.

En la reclamación que se haga, deberá exponerse el adoctrinamiento que se impugne, y justificarse que es contrario a las convicciones filosóficas o religiosas.

… En relación con las convicciones filosóficas, es sencillo, también en el caso de adoctrinamiento sobre doctrinas políticas, ya que podrá acreditarse la contradicción aportándose un dictamen de alguien que represente un partido reconocido por el Estado, indicando la doctrina del mismo con referencia al programa, y el menosprecio de la misma en el aspecto concreto que los padres estén denunciando. Otras convicciones que han sido apreciadas por el TEDH- aunque no en el ámbito del artículo 2 del protocolo 1- son, por ejemplo, las ideas pacifistas o las contrarias a la práctica de la caza”.

El autor reconoce que este procedimiento significa la necesidad de declarar las propias convicciones filosófico-religioso-políticas. Necesidad de manifestación que es contraria ala protección que la Constitución establece en su art. 16,2, según el cual “Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”. Sin embargo lo considera un mal menor en el camino hacia una “sociedad auténticamente pluralista”.

El derecho a la educación según el Protocolo Adicional 1º al Convenio Europeo de Derechos Humanos,

Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

París, 20 de marzo de 1952.

Artículo 2. Derecho a la instrucción.

“A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas”.

En la Constitución española el art. 27. 4 es el que recoge esta teoría de este tenor:

Los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Sigue leyendo

Naciones Unidas

Informe presentado por el relator espacial, Sr. Abdelfattah Amor, sobre la aplicación de la declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones. Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
En su número 46, referente a España, comunica que en fecha 11 de octubre de 1993, dirigió al gobierno de España una comunicación en relación a “La Familia” que analiza el caso de los “Niños de Dios” y la intervención de la Generalitat sobre 22 niños pertenecientes a este grupo, y que según el relator, “Fueron conducidos a centros de asistencia pública, donde permanecieron detenidos durante más de un año.”
El informe contiene estas informaciones expresadas por el gobierno de España, como alegaciones ante la formulación de la queja por parte del relator Especial:
“La Fiscal de Menores, de la Fiscalía del tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordena a la Policía Autonómica la práctica de las averiguaciones en torno a la situación de DESAMPARO en uqe puedirean encontrarse los niños integrados en dicho grupo.
Fue la autoridad judicial, apreciando las circunstancias en que vivían estos menores, la que ordenó su admisión en el Centro de Acogida dependiente de la dirección general de Atención a la Infancia de la Generalitat de Cataluña.
Y el Jefe del Servicio de Centros de dicha Dirección General firma la admisión de los menores “por orden judicial”.
Durante su estancia en el Centro de Acogida y Protección, los menores normalizaron la enseñanza homologada, y fueron objeto de un seguimiento social, psíquico y médico, del que antes carecían