Reversión de cambios en el CIDEAD

Desde que escribí este artículo en el que alertaba de los cambios sufridos por los requisitos para incorporarse al CIDEAD, he observado que han desaparecido, y se ha vuelto al sistema anterior a la modificación de 2012  y que para el curso 2014-2015 está en vigor una fórmula menos restrictiva.

Según la modificación de 2012, éste era el literal de los requisitos:

SI DESEA ESTUDIAR EN EL CIDEAD … debe saber: Alumnado: residentes en el extranjero de nacionalidad española o que hayan cursado estudios reglados españoles. Residentes en España en circunstancias excepcionales que les impidan acudir regularmente a un centro presencial, con la autorización de la Administración educativa y el visto bueno del Director del CIDEAD. No es posible atender a los alumnos con necesidades educativas especiales y no se podrán realizar adaptaciones que alteren el sistema de estudios del curso en vigor (currículo, sistema de evaluación, etc.).

Se partía de este enunciado, anterior a la modificación:

Dirigido a…Alumnos en edad escolar, de 6 a 12 años:

  • residentes en el extranjero, de nacionalidad española;
  • residentes en el extranjero que hayan iniciado, con anterioridad, estudios reglados españoles,
  • residentes en España que, por causas excepcionales, (pertenecer a familias de vida itinerante, o dedicarse a actividades especiales: danza, música, deporte…), no puedan asistir a un centro ordinario. En estos casos, el alumno deberá contar con la autorización de la Administración Educativa correspondiente.

Y como puede observarse, por un lado se evitaba la casuística sobre las diferentes razones que darían lugar el acceso al servicio, con un etc…, que permitía añadir supuestos, y por otro lado se excluía a los alumnos con necesidades especiales, además de añadir la autorización del director del CIDEAD a la de la Administracuión educativa que suele ser la Inspección de educación de la zona..

En la actualidad se ha vuelto a la casuística, incluyendo el tan socorrido “etc”, y no se menciona la negativa a las necesidades especiales, volviendo al enunciado anterior, aunque mantiene el visto bueno del director del CIDEAD.

Residir en España y tener alguna causa excepcional que justifique los estudios a distancia (pertenencia a familias de vida itinerante, dedicación a actividades especiales como música, danza, deporte, etc.). Estos casos deberán ser autorizados de manera expresa por la Administración educativa correspondiente (tendrán que aportar autorización y documentación justificativa de su solicitud) y deberán contar con el visto bueno del Director del CIDEAD.

Si no fuera porque he encontrado en la red este documento del CIDEAD para el curso 2013-2014, pensaría que había sido un sueño y que en realidad esta modificación nunca tuvo luygar. Han desaparecido todas las referencias legales al cambio que comenté en su momento. Sin duda, me alegro de que hayan revertido unos cambios que eran tan negativos para los niños y niñas con necesidades especiales que quedaban automáticamente excluídos de su servicio.

Entrevista con Ana María Redondo

La revista de la Asociación de Inspectores de Educación, publica en su número 18 del 8 de mayo de 2013, una entrevista muy interesante con Ana María Redondo.

Este es el texto íntegro de la publicación:

ENTREVISTA A ANA MARÍA REDONDO GARCÍA

Nacida en Valladolid, es licenciada en Derecho y Doctora en Derecho Constitucional,  además de profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid. Es miembro del equipo jurídico del Instituto de Estudios para América Latina, dependiente de la Universidad Complutense de Madrid y vocal del Foro XXI del FIIAP del Ministerio de Administraciones Públicas para sus relaciones con América Latina. Miembro del PSOE, fue secretaria de Formación. Fue elegida procuradora por la  provincia de Valladolid en las elecciones a las Cortes de CyL de 2007, desempeñando el cargo de viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Es nombrada portavoz del grupo socialista, cargo que desempeña hasta las elecciones autonómicas de 2011, cuando es reelegida procuradora autonómica y vuelve al puesto de viceportavoz. El  15 de abril de 2012 es nombrada Secretaria de Coordinación Parlamentaria del PSOE de Castilla y León, cargo que desempeña desde entonces.

Es autora del libro Defensa de la Constitución y enseñanza básica obligatoria, cuyos argumentos hace suyos la Asociación para la Libre Educación (ALE).

 

 

El artículo 27.4 de la Constitución Española establece la obligatoriedad y  gratuidad de la enseñanza básica ¿enseñanza básica es sinónimo de escolarización o ha sido el legislador el que ha interpretado este mandato constitucional en el sentido de asimilar la enseñanza obligatoria con la escolarización obligatoria?

En mi opinión, la Constitución no obliga a la escolarización sino a la enseñanza que  podría dispensarse, como sucede en otros países, en el ámbito del hogar siempre y cuando haya la posibilidad, por parte de la administración de establecer algún cauce que permita homologar las enseñanzas adquiridas por el menor, tanto en conocimientos como en sociabilidad democrática.

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La sentencia del Tribunal Supremo número 1669/1994, de 30 de octubre (ref.  Aranzadi RJ 1994\8334) señala: “…debemos mantener el derecho penal alejado de estos debates–en referencia a la escolarización de los menores-y evitarle la tentación de entrar de manera ligera, insegura y peligrosa en la perenne discusión sobre la idoneidad de los modelos educativos”¿Cree usted que deben ser los tribunales o deben ser otras instancias las que se ocupen y resuelvan este tipo de conflictos?

 El problema es que el Legislador ha interpretado de forma restrictiva el mandato  constitucional (desde la LOGSE se ha mantenido la misma interpretación restrictiva en las sucesivas leyes educativas), asimilando enseñanza básica obligatoria a escolarización obligatoria, lo que coherentemente lleva a tomar otra serie de medidas coercitivas tendentes a dar cumplimiento a dicha obligación legal. Pero los tribunales, al valorar el caso concreto y aplicar la norma general al supuesto particular valoran, con carácter general, la diligencia de los padres en la educación de sus hijos, se produzca esta donde se produzca.

 

Entonces ¿Sería preciso revisar en clave de constitucionalidad, la legislación educativa vigente?

 Sí. Bien a través de un recurso de inconstitucionalidad que se plantea en los 3 meses siguientes a la publicación de la ley (la LOMCE, cuando entre en vigor podrá ser recurrida en su caso a través de esta vía), o bien los tribunales de justicia, a la luz del caso concreto, pueden plantear la cuestión de inconstitucionalidad cuando tengan indicios de que la disposición legal es limitadora del derechos constitucionalmente reconocidos.

 

A su entender, el artículo 27 de la CE reconoce diferentes derechos y bienes jurídicos a las personas. En este sentido, la libertad de enseñanza (proyección de la libertad ideológica y de creencias) ¿incorporaría también la facultad de educar a los hijos siguiendo una metodología y pedagogía que incluso pueden apartarse de las establecidas por el legislador cuando fija el sistema educativo general?

 El Convenio Europeo de derechos del niño reconoce esa posibilidad y otros textos internacionales suscritos por España. Lo que exige tajantemente la Constitución Española es que la finalidad de la educación se garantice y esta finalidad tiene una doble perspectiva: individual y social: el desarrollo íntegro de la personalidad en el respeto de los principios y valores constitucionales. Para garantizar este mandato constitucional el legislador tiene varios caminos no uno solo, pero en todo caso ha de garantizarse el objetivo.

 

Si se tiene en cuenta la realidad comparada de países de nuestro entorno en los que se reconoce la práctica del homeschooling ¿Por qué en nuestro país resulta indispensable la imposición de una escolarización obligatoria?

 Es un problema sociológico e histórico complejo, vinculado al avance importantísimo y tardío que ha supuesto en nuestro proceso cultural el acceso a la educación para todos en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades. En cada país la evolución es diversa y no se pueden extrapolar sin más las soluciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde el fenómeno es muy frecuente, los materiales educativos aptos para homeschoolers son un auténtico negocio que mueve millones de dólares y que también ha promovido un asociacionismo importante en torno a la educación en el hogar.

 

Si la escuela forma ciudadanos que aprenden desde la infancia a observar las normas ¿puede considerarse un riesgo la no transmisión de dichas actitudes?

 Toda sociedad democrática establece las vías y cauces necesarios para que los principios de pluralismo, respeto, libertad, justicia social, solidaridad se refuercen y permitan avanzar en democracia. De lo contrario el sectarismo podría acabar con el propio modelo democrático

 

Cuando la falta de escolarización no ha supuesto la falta de educación o formación de los menores ¿podría aceptarse la desescolarización de niños y jóvenes? Los poderes públicos, a través de la Inspección educativa ¿estarían facultados y obligados a inspeccionar estas enseñanzas extraoficiales?

Con la legislación actual los servicios sociales actúan, la fiscalía también y lo más probable es que el conflicto llegue a juicio con un resultado impredecible. El cambio de legislación es lo más adecuado para resolver, con carácter general este conflicto.

 

 

Muchas gracias

Milagros Muñoz

El modelo liberal de Laura Mascaró

Un modelo liberal recoge la propuesta de Laura Mascaró de cara a una nueva visión sobre la realidad educativa en el Estado Español. Obviamente implica un cambio de paradigma sobre el que descansa la concepción del derecho a la educación. Mascaró se inclina en su propuesta hacia la libertad de enseñanza como contrapeso al derecho del Estado a regular el sistema educativo, tal y como se ha hecho realidad  en la normativa de desarrollo del artículo 27 de la Constitución

Es esta una propuesta que trae una ráfaga de aire fresco al ambiente rancio del debate jurídico sobre el homeschool en el Estado español. El bucle en el que se ha sumido el debate gira en torno a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 y el concepto de socialización, en el que no coinciden las visiones de la Administración y del movimiento desescolarizador. Mascaró hace un ejercicio de ruptura del bucle y propone en seis puntos lo que puede ser un punto de partida para un debate más fresco y libre de prejuicios.

La propuesta se expresa en estos puntos:

1. Eliminar cualquier referencia a la escolaridad obligatoria en toda la normativa que regula la educación.

2. Modificar los protocolos de absentismo escolar para desvincularlos de la educación en casa.

3.  Permitir el acceso a las pruebas libres de Educación Secundaria y Bachillerato.

4. Ampliar los supuestos de admisión al CIDEAD

5. Exención fiscal o, en su defecto, autorización del uso de instalaciones escolares

6. Permitir la opción educativa conocida como flexischooling

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Una nueva iniciativa: la Plataforma por la Libertad Educativa de Laura Mascaró

Laura Mascaró, que creo que no necesita presentación entre los lectores y lectoras de este blog, ha constituído una asociación pro regulación del homeschool en el Estado Español, como expresa su manifiesto.

Nuestra profunda convicción de que el fin de la persecución administrativa y judicial contra las familias que educan sin escolarizar sólo será posible si se da un cambio en la embarullada normativa que regula la educación, que impone diez años de escolaridad obligatoria y que no distingue claramente entre educación en casa y absentismo escolar.

Y nuestra más firme intención de trabajar para que se produzca una profunda reforma estructural en el sistema educativo español, que comprenda la inclusión en la legislación vigente de fórmulas educativas al margen de la tradicional escolarización presencial, tales como la escolarización a distancia, la escolarización flexible y la educación sin escolarización, haciendo especial énfasis en esta última modalidad.
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La asociación se denomina Plataforma por la Libertad Educativa, y ha recibido muy buena acogida dentro del movimiento homeschooler. Como la propia Mascaró informa en FB, la asociación se encuentra en trámites de formalización dentro del Registro de Asociaciones. Una vez finalizado este trámite y formalmente constituída se abrirá para la afiliación de aquellas personas que quieran incorporarse a ella en calidad de socios

Estamos pendientes de que se formalice el registro de la asociación por eso, mientras tanto, nos presentamos como plataforma ciudadana. Así que de momento no hay socios ni cuotas, ni nada. Si entras al blog verás que el objetivo es encontrar una vía jurídica que permita acabar con la persecución del homeschooling. Eso es lo que vamos a hacer. Cuando el registro nos conteste ya publicaremos todo el resto de la información sobre cómo asociarse y demás.

La plataforma cuenta con una página web y una página en FB Plataforma por la Libertad Educativa

Le deseo mucha suerte en esta valiosa inciativa.

La falta de regulación como elemento disuasorio para educar en casa

El concepto de legalidad e ilegalidad del homeschool es una de las preocupaciones de las familias que han han optado por seguir la vía de la educación desescolarizada en el Estado Español.

A pesar de que la preocupación es evidente, no se plasma en toda su crudeza cuando se pregunta a las familias, que no están siendo objeto de un procedimiento de intervención, ya que se tiende a creer que no puede tener consecuencias muy negativas, o que en el peor de los casos dará lugar a la escolarización del menor cuya desescolarización había dado lugar a la intervención. Bien cierto es, pero el proceso es muy duro y puede llegar a tener impacto sobre el equilibrio de la familia y las relaciones entre sus miembros.

Así, en la única ocasión en la que he podido preguntar a algunas familias que educan en casa sobre este tema, la respuesta que se dió en la encuentas realizadas durante la primavera de 2008, era que no era un problema relevante, que justificara su inclusión entre las primeras cinco desventajas de esta opción educativa.

https://madalen.wordpress.com/2008/05/28/analisis-de-encuestas-2-las-desventajas-del-homeschool/

De siete motivos expresados, la falta de regulación legal figuraba en quinto lugar, por detrás del reconocimiento social. Lo cierto es que la muestra es muy pequeña, tan sólo 17 familias tomaron parte en ella, y por ello no es significativa, sin embargo da datos que apuntan en una dirección. Desconozco si la encuesta mucho más amplia llevada a cabo por Carlos Cabo recoge esta cuestión, y en consecuencia cuenta con datos relevantes sobre esta cuestión.

En mi opinión, la falta de regulación legal es la razón principal por la que el colectivo de hogares educadores no es mayor en el territorio español, en comparación con otros de su entorno socio-económico y es un elemento que distorsiona completamente el modo en el que la sociedad enfoca su mirada hacia un fenómneo con indudable atractivo para un gran número de familias, sin duda, muy superior al número sobre el que se especula hoy en día de 2000 a 3000 familias en todo el territorio del Estado español.

Podemos afirmar que este estado de cosas, lo que podríamos definir como una situación de indefinición jurídica al respecto, da plena libertad a la Administracion para actuar en contra de las familias que quiere cuando y como quiere, estando en control del grifo que dispensa el grado de presión que se imprime sobre las familias homeschoolers. El procedimiento va más  dirigido al conjunto de las familias con hijos e hijas en edad escolar que sobre el colectivo de homeschoolers. La Administración cuenta con un número de familias que ponen en cuestión la normativa sobre la obligatoriedad de la educación presencial, y sinceramente, creo que el numero no le parece preocupante. Pero la situación de inseguridad jurídica per se es suficiente para que sin provocar la ira de sectores sociales en ningún caso, actúe como elemento disuasorio y sirva para controlar la extensión del movimiento. En el propio origen del movimiento se encontraba un número significativo de familias de origen extranjero, sobre las que era mejor no intervenir para evitar conflictos con las embajadas de sus países de origen. No hay que olvidar que España es un país básicamente turístico, y la intervención podría dañar la buena reputación de España como país de excepcional acogida para turistas extranjeros. Podríamos afirmar que la indefinición jurídica ha sido utilizada como elemento al servicio discrecional de la administración para ser administrado en función de los intereses en cada momento, incluso en función de la familia sobre la que se decide o no intervenir.

Palabras cables:

Elemento disuasorio= deterrent

Uso discrecional

La propuesta de regulación de Ana María Redondo

Hoy me he dado cuenta de que nunca he repasado en  este blog la propuesta de reconocimiento de la educación extraescolar que Ana María Redondo, incluye en su excelente tesis doctoral titulada DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN Y ENSEÑANZA BÁSICA OBLIGATORIA (integración educativa intercultural y homeschooling).

Antes de pasar a la propuesta Redondo analiza la obligación escolar recogida en la normativa española y su adecuación al texto constitucional. Esa adecuación se realiza en base a tres juicios, el juicio de adecuación, el de indispensabilidad y el de proporcionalidad.

La normativa de desarrollo constitucional supera el juicio de adecuación, ya que efectivamente da respuesta a la obligación de educación para toda la población de manera efectiva. Sin embargo no supera el juicio de indispensabilidad ya que la experiencia de otros países del entorno del reino de España, dentro de la unión europea han sabido legislativamente conjugar la normativa de escolarización con la aceptación de la educación en casa imponiendo distintos niveles de control de esta. Finalmente tampoco supera el juicio de proporcionalidad, ya que para aquellos que objetan la obligación escolar y de modo responsable y consciente están educanda en casa a sus hijos, las consecuencia superan con mucho lo que sería proporcional a esa actitud. la prueba es que los tribunales penales son reacios a aplicar la normativa que define la tipificación del delito de abandono.

Ante esta inadecuación de la legislación española actual al modelo de libertad de enseñanza fijado en la Constitución, Redondo propone una propuesta de regularización que literalmente expresa en estos términos:

a) El  reconocimiento expreso de la educación extraescolar, tanto si ésta se lleva a cabo siguiendo el sistema educativo como si se aparta en algún momento de él.

b) El establecimiento de controles censales sobre la población que opta por esta fórmula educativa.

c) El establecimiento de controles sobre los materiales y métodos pedagógicos que emplean los padres educadores.

d) El aseguramiento de que se persiguen los fines constitucionales y se forma al menor en el respeto de los valores y derechos fundamentales.

e) Las posibilidades de arbitrar mecanismos, exámenes o pruebas que permitan la obtención de títulos homologados correspondientes al nivel real de formación cuando éste se haya alcanzado al margen del sistema educativo oficial, así como el acceso al sistema oficial, cuando se cumplan los requisitos normalmente establecidos.

f) Por último, la ley habrá de fijar el nivel de colaboración, incluso económico, entre las autoridades competentes y las familias que optan por estas fórmulas educativas, a sabiendas de que no existe un deber constitucional de subvencionar cualquier educación, ni cualquier tipo de centros.

 

 

Claves para una flexibilización de la escolarización

Desde el punto de vista puramente normativo, la LOE equipara la obligatoriedad de la educación  que sanciona la Constitución Española en su artículo 27, 4 (“La enseñanza básica es obligatoria y gratuita”), con 10 años de escolaridad, de los 6 a los 16 años (LOE, art. 4,2). Con ello nos alejamos del sistema británico según el cual “Educación is compulsory, school is not”, (La educación es obligatoria, la escuela, no), para acercarnos a los sistemas continentales (en aquellos casos en los que se da el reconocimiento de la opción de educar en casa). Los modelos continentales de Derecho son en general más garantistas , dejando poco margen de maniobra a la aplicación de la administración y los tribunales de lo que no sea estrictamente la ley escrita.

La escolaridad sería en este contexto el concepto jurídico que puede ser modelado, ya que su exigencia expresa en la ley es inevitable a la vista de la regulación actual (Apartado 2 del artículo 4 de la LOE: 2. La enseñanza básica comprende diez años de escolaridad y se desarrolla, de forma regular, entre los seis y los dieciséis años de edad). Pero esa interpretación de la escolaridad del modo más flexible y abierto puede ser la piedra angular de una nueva concepción del propio sistema educativo. ¿Como se interpreta la exigencia de 10 años de escolaridad? ¿Qué comprende el término escolaridad? ¿Exige la ley que esa escolaridad sea presencial? ¿Exige la ley que esa escolaridad sea a tiempo completo? ¿Qué es una escuela? Hay muchas preguntas que el movimiento desescolarizador ha puesto sobre la mesa y que permiten respuestas diferentes, según la interpretación que se de a ese término.

Me atrevo a sugerir que la interpretación de la ley admite su adaptación a la realidad actual (Según el apartado 1 del artículo  3 del Código Civil “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas”),  y podemos entender por realidad actual, el reconocimiento que se da en la mayoría de los países de la Unión Europea del propio derecho de los padres a educar en casa sin recurrir al sistema escolar, y la aceptación que el Tratado de Lisboa  hace del artículo 14, 3 de la Carta de Niza según el cual se reconoce “el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas”. En este aspecto, el Tratado de Lisboa, de obligatorio cumplimiento para el Reino de España, añade expresamente las convicciones pedagógicas entre aquellas que el Estado habría de tener en cuenta a la hora de garantizar este derecho. La consecuencia es que las convicciones pedagógicas llevan precisamente a la flexibilización del sistema, ya que las opciones pedagógicas en las que se basan esas convicciones son por su propia naturaleza distintas a las que ofrece el sistema educativo convencional y por ello, no atendidas por el mismo.

Así como en el sistema de los USA, cada Estado de la Unión tiene competencias para crear, modificar y aplicar su propia normativa de homeschool, siendo ésta más o menos exigente en requisitos y por ello más o menos abierta a la aceptación del homeschool dependiendo de la normativa que regula la escolarización y el absentismo escolar en cada Estado, como digo, del mismo modo, trasladando esa situación a nuestro sistema autonómico, cuanto mayor sea la flexibilidad aplicada al concepto de escolarización obligatoria, la normativa destinada a la regulación del homeschool será más permisiva  y más estricta, si la normativa sobre escolarización obligatoria resulta más exigente.

Es por ello que, antes de pasar a proponer un modelo de reconocimiento de la opción sería importante afianzar en la práctica administrativa y judicial, y por ello, negociar, una interpretación más flexible del concepto “escolaridad”. De esa interpretación va a depender el modelo de reconocimiento en un futuro más o menos cercano.

Estoy reflexionando sobre los indicios de flexibilidad del contenido de la escolaridad obligatoria, y creo que existen campos diferentes en el que se puede trabajar el concepto, antes de ir a un reconocimiento expreso de la opción, aunque eso es lo que parece sugerir que debiera ser el camino, siguiendo al fallo del Tribunal Constitucional  del pasado diciembre. Aun así, y mientras no se de ese reconocimiento creo conveniente trabajar esa flexibilización previa en preparación de un reconocimiento que incorpore en su propia esencia esa adaptación a un modelo distinto.

Seguro que se os ocurre algún aspecto ya sea normativo o práctico en el que se ya se están dando indicios de flexibilización. Si queréis compartir ideas conmigo, yo encantada, me ayudaría a preparar la siguiente entrada, que va a tratar precisamente de esos elementos en los que aun en ciernes, se detectan espacios de cambio de un modelo rígido hacia un modelo más flexible.

Actualidad # 2: familias intervenidas y una nueva web.

Los casos de familias intervenidas por la Administración a distintos niveles son sin duda la actualidad que afecta al movimiento desescolarizador del Estado Español estos días, y que sin duda está causando preocupación en el colectivo. Me sumo a esa preocupación ante la angustia por la que tienen que pasar  las familias contra las que se dirigen estos procedimientos totalmente desmedidos y desfasados.  Las intervenciones superan la docena, pero no hay ningún caso, que yo sepa, en Catalunya. Parece que allí, el protocolo de absentismo escolar dentro del plan diseñado  por el Consorci formado por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat en 2008 está dando sus frutos.

Me gustaría invitar a las  familias que educan en casa en Catalunya para que compartan con el resto sus impresiones con respecto a su experiencia de educar en casa en su pais, sobre todo en vista de lo que ocurre en las comunidades autónomas a las que pertenecen las familias objeto de intervención: Madrid, CAV, Castilla-La Mancha, Aragón, Isles Balears, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia…

De la mano de Xavier Alà nos llega la creación de un espacio para compartir informaciones y experiencias a través de un sitio web que desde el 8 de diciembre del pasado 2010 funciona bajo la denominación de Educación en familia.

Xabier Alà y  Carmen Ibarlucea presentan esta iniciativa, que desde Extremadura tiene vocación de aunar voluntades en todo el Estado Español con la finalidad de dar impulso a aquellas iniciativas que propicien escenarios y procesos de avance hacia el reconocimiento legal de esta opción.

Esta fue su presentación:

La educación en familia (también llamada educación en el hogar o aprendizaje en casa) se refiere a una toma de responsabilidad absoluta por parte de los padres de la educación integral de sus hijos, sin llegar a delegar en instituciones escolares, aunque pueden recibir apoyo de familiares, amigos, vecinos o contratar los servicios de profesores para temas específicos.

Los padres pueden tener múltiples razones para elegir esta opción educativa, algunos ejemplos:

  • Pedagógicos
  • Personales
  • Socio-relacionales
  • Ideológico-políticos
  • Ideológico-religiosos

Hay un abanico amplio de metodologías para Educar en Familia, que van desde el uso de libros de texto y una rutina de trabajo con horario, a lo que se ha llamado unschooling,   un término acuñado en 1977 por el educador y escritor estadounidense John Holt en su revista “Crecer sin escuela”.

A partir de ahí reflexionan sobre el nuevo escenario abierto desde la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado diciembre, que interpretan como una apelación al legislativo para que proceda a realizar los cambios necesarios para que la educación en familia tenga cabida en el ordenamiento jurídico español. Seguiremos con interés sus aportaciones  para la consecución  de lo que ya me atrevo a denominar la vía catalana.

Hogares con clase. Suplemento del Diario Vasco

Publico el contenido del suplemento de algunos periódicos locales del grupo Vocento, ya que no es accesible a través de las hemerotecas de los respectivos diarios. La publicación correspondió al lunes día 3 de este mes.

Hogares con clase

Los padres que han sacado a sus hijos de la escuela para educarlos en casa defienden que estimula su creatividad, pero la Administración llega a perseguir esta fórmula. MI COLE ES MI CASA Lunes 03.05.10

04 V EL DIARIO VASCO.

BORJA OLAIZOLA

En el hogar del matrimonio formado por Ketty Sánchez Y Michael Branson se escuchan muchos idiomas. Sus cuatro hijos, con edades comprendidas entre los 14 y los 8 años, se desenvuelven con soltura en castellano, inglés y euskera, y hacen sus pinitos con el francés y el alemán.Algunos de los mayores, además, son capaces de tocar el piano, el violín y experimentan por su cuenta con la flauta travesera. Los Branson son una de las más de dos mil familias que en España han optado por educar a sus hijos en su propia casa. Hace tres años les sacaron del colegio y se organizaron de tal forma que uno de los miembros de la pareja les daba clases por la mañana y el otro por la tarde.

Su dilatada experiencia laboral –los dos trabajan en la enseñanza– les permitió acometer la aventura con una sólida base pedagógica pero no les preparó para lo que se les vino encima: un acoso administrativo en toda regla que estuvo a punto de colocarles ante un juez acusados de un delito de abandono de familia. «Cuando nos llegó la notificación de que la Fiscalía se planteaba actuar contra nosotros por educar en casa a nuestros hijos –recuerda Ketty Sánchez– nos asustamos pero también nos indignamos. Nos parecía del todo injusto que nos tratasen como a delincuentes por tomar una decisión así».

Los Branson no han sido los únicos que han tenido problemas con la Administración por educar a sus hijos en el hogar, una práctica que en inglés se conoce como ‘homeschooling’. Azucena Caballero, vicepresidenta de la Asociación para la Libre Escolarización (ALE), contabiliza al menos una decena de casos similares en España en los dos últimos años. «Los poderes públicos –explica Caballero– recelan de las familias que no llevan a la escuela a sus hijos porque no hay ninguna norma que reconozca explícitamente ese derecho. Cuando a la Administración le llega la noticia de que una familia ha sacado a sus hijos de la escuela suele enviar al hogar a alguien de Bienestar Social para verificar si los niños están bien y comprobar que no se trata de un caso de abandono. Si el empleado ve que todo está en orden generalmente el caso se archiva. Algunas veces, sin embargo, hay funcionarios que siguen adelante y elevan el expediente a la Fiscalía, que realiza unas diligencias y elabora un informe con una imputación por delito de abandono».

Ante un juez

Con la familia Branson ocurrió lo que suele pasar con casi todos los escritos que redacta el Ministerio Público en casos parecidos: se archivó y la acusación no siguió adelante. Sin embargo, el año pasado una familia de Teruel que había decidido desescolarizar a dos de sus tres hijos para educarlos en casa tuvo que sentarse en el banquillo. Los padres fueron absueltos pero la fiscal del caso recurrió el fallo. Una nueva sentencia dictada hace unos meses dejó claro que «la falta de escolarización de los menores, cuando viene motivada por una libre decisión de los padres, no es susceptible de integrar el tipo penal del delito de abandono de familia». «Yo entiendo –razona Ketty Sánchez– que la Administración debe velar y cerciorarse de que los niños estén bien atendidos cuando dejan de ir a clase, pero de ahí a acusarte de un delito y ponerte delante de un juez hay una distancia demasiado grande. No queremos que se regule la enseñanza en casa pero sí que haya un reconocimiento del derecho que asiste a los padres a educar a sus hijos en su hogar». Tras el archivo de las diligencias contra su familia, la propia Sánchez compareció ante una comisión del Parlamento Vasco –las autoridades educativas de esa comunidad se han mostrado especialmente beligerantes con el         ‘homeschooling’– para reivindicar un cambio normativo. «Me dijeron que iban a estudiar posibles fórmulas pero han pasado ya tres años y no han vuelto a dar señales de vida».

La familia Branson, que hasta ahora había residido en Irún, se ha trasladado este curso por razones laborales a la localidad cordobesa de La Carlota. El matrimonio mantiene las rutinas pedagógicas que empezó a aplicar cuando en 2007 sacó a sus hijos de la escuela. «Por las mañanas se quedan con Michael, que se encarga de enseñarles asignaturas de ciencias. Durante dos o tres horas les explica matemáticas, física o biología. Lo hace en inglés porque es norteamericano y es su lengua materna, y porque queremos que lo dominen. Por las tardes me encargo yo, que les hablo de literatura, lengua española y arte, generalmente en castellano». Tres años de experiencia han multiplicado los recursos pedagógicos de los padres. «Al principio éramos muy rígidos y con el tiempo hemos ido flexibilizando nuestros esquemas de forma que se puede decir que aprenden casi jugando. Internet nos ha abierto un mundo de posibilidades porque ofrece infinidad de recursos, sobre todo en inglés». Los niños son matriculados en un colegio de California que hace un seguimiento a distancia de su evolución académica y obtienen un título que luego es homologado ante las autoridades educativas españolas.

Tanto Ketty Sánchez como Azucena Caballero, que también educa en su propia casa de Badajoz a sus tres hijos, coinciden en que el ‘homeschooling’ brinda la oportunidad de estimular la creatividad y la curiosidad de los chavales. «Los centros escolares –dice la segunda– generan cierta apatía con respecto al conocimiento, se podría decir que matan la curiosidad. Tú tratas de enseñar a los alumnos de un instituto algo nuevo y en vez de agradecerlo ponen caras de cansados; lo que debería ser un estímulo para su curiosidad se termina convirtiendo en algo aburrido». La vicepresidenta de ALE no cree que educar en casa requiera unas aptitudes excepcionales. Reconoce, eso sí, que exige disciplina y ciertos sacrificios. «Es una cuestión de prioridades porque tienes que dedicar a tu hijo mucho más tiempo que cuando le mandas a la escuela», dice Azucena Caballero. «En nuestro caso vimos claro desde el principio que lo más importante para nosotros era sacarlos de la escuela y ocuparnos personalmente de su educación y nos organizamos con ese propósito». ¿Y qué razones llevan a unos padres a asumir el papel de la escuela? «Vimos que el colegio nos aportaba poco y nos quitaba mucho, que en definitiva no nos ayudaba al tipo de formación integral que queríamos para nuestros hijos».

¿Estudiar en casa es mejor que hacerlo en la escuela?

Familias, abogados y psicólogos no se ponen de acuerdo

YOLANDA VEIGA

Universidades como Harvard y Yale reservan algunos de sus cotizados pupitres a chavales que no han pisado nunca un colegio. Allí a los ‘homeschoolers’, niños que han sido educados en casa por sus padres, se les presupone tanto o más preparados que a aquellos que han completado el ciclo formativo convencional. En Estados Unidos e Inglaterra estudiar en el hogar es legal. En España no es ni legal ni ilegal. Simplemente no está regulado. Lo intentaron el año pasado en Cataluña, aprovechando que redactaban una nueva Ley de Educación. «Nos lo pidieron muchos colectivos, pero nos dimos cuenta de que ahí no teníamos competencia», explican desde CiU. El Ministerio de Educación se muestra parco en explicaciones. «La LOE habla claramente de la escolaridad obligatoria entre los 6 y los 16 años». «Pero ¿qué entendemos por escolarización? porque no señala exactamente que el niño se tiene que apuntar en la escuela». La reflexión la hacen desde CiU. El debate no es nuevo. «Hay una situación de confusión. La Constitución protege el derecho a la educación de los niños y nosotros siempre hemos entendido que eso se hace en la escuela pero es evidente que los jueces no lo entienden siempre así», advierten en el departamento vasco de Educación. Prueba de ello, dicen, es que «cada vez que hemos denunciado algún caso de éstos, se ha fallado a favor de la familia porque el juez ha interpretado que esa desescolarización no obedece a una circunstancia de abandono, sino a que el proyecto educativo se está garantizando en casa.  No conocemos ninguna sentencia que castigue a los padres», abundan.

Como en la legislación actual el ‘homeschooling’ no está regulado, hay que estudiar caso por caso. Normalmente ocurre que el colegio, el vecindario o los servicios sociales sospechan de un posible caso de absentismo escolar y lo denuncian ante la Fiscalía de Menores, que entonces debe juzgar a los padres. «Nuestra labor es comprobar si los progenitores están incumpliendo sus deberes. Si al niño le están educando y no hay abandono o desamparo no hay delito», explica un responsable de la Fiscalía de Menores.Atienden «muy pocos casos de ‘homeschooling’».Uno de éstos, el de la familia de Irún que desescolarizó a sus cuatro hijos hace tres años y quedó libre de culpa. En su argumentación jurídica el Ministerio Fiscal reconocía que educar en casa «no está regulado legalmente», pero advertía de que «tampoco existe una figura penal que sancione tal conducta».

El ‘homeschooling’ queda así en un limbo incómodo. Hay que regularlo, claman las familias. «Así dejarían de considerarnos poco menos que ‘pirados’ o hippies».No son ni una cosa ni otra. Lo que ocurre es que no están de acuerdo con la metodología de los colegios convencionales «donde todo son órdenes y presión. Se les obliga a todos a aprender lo mismo a la vez, a memorizar y vomitarlo en un examen para obtener un título», argumenta Marta Gómez, de 41 años y madre de tres niños de 6, 5 y 2 años que no van a al colegio. Es la vicepresidenta de la ‘Asociación para la libre educación’ (ALE), que aglutina a unas 250 familias ‘homeschoolers’ de España. Defiende que los chavales aprendan «guiados por su interés» y entiende que el actual sistema educativo «encorseta». «En Finlandia aprenden a leer y escribir a los 7 años y hasta entonces sólo van al colegio a jugar Y ese país es un ejemplo en resultados educativos».

«Alguna vez tendrán que relacionarse»

Razones para no llevarles a la escuela existen muchas. «Hay familias que creen que el sistema educativo es un reflejo de una sociedad de consumo y competitiva, que se pierde mucho tiempo en mandar callar a los niños, en hacer que se sienten…, que se prima el aprendizaje memorístico y poco creativo. Pero también hay padres que quieren alejarles de los peligros que perciben en el entorno escolar, como el sexo o las drogas, o personas que en la infancia sufrieron ‘bullying’ y no quieren que sus hijos pasen por ello…», enumera Madalen Goiri, que prepara una tesis doctoral sobre este tema.

En el otro extremo, quienes no conciben que los niños se eduquen fuera de las aulas aluden a un hipotético problema de socialización. «La escuela es más rica vivencialmente y es el entorno idóneo para aprender», resume María Antonia Álvarez, psicóloga con treinta años de experiencia en el campo educativo. No ve «grandes ventajas» a la educación en casa, aunque tampoco se atreve a diagnosticar que estos menores tendrán dificultades en sus relaciones futuras.

«Podría ser un hándicap», se limita a advertir. «En algún momento tendrán que relacionarse con la sociedad. En clase pasan seis horas al día durante nueve meses relacionándose con otros. Eso es importante», advierte. El ‘homeschooling’ goza de una gran tradición en los países anglosajones, que ofrecen todo tipo de facilidades a los padres que quieren educar a sus hijos en casa. Se estima que en torno al 2,5% de las familias estadounidenses prescinde de la escuela para la educación y en el Reino Unido hay incluso ayudas públicas a disposición de los progenitores con vocación de profesores. No es por ello extraño que un chaval británico de 14 años educado en su casa se haya convertido en el alumno más joven que admite la Universidad de Cambridge, una de las mejores del mundo en el campo de las ciencias.

A Cambridge con sólo 14 años.  EL UNIVERSITARIO MÁS JOVEN

El chaval se llama Arran Fernández y es hijo de un economista político y una traductora holandesa. A los dos años ya leía perfectamente y era también capaz de hacer sumas y restas. Su padre está convencido de que el sistema de aprendizaje ha sido el más correcto para su hijo. «Hemos procurado estimularle al máximo desde pequeño planteándole problemas matemáticos e intelectuales durante las comidas pero sin presionarle en absoluto y combinando el aprendizaje con actividades como el circo, el juego con sus amigos o la lectura de cuentos para niños», ha declarado a los periódicos ingleses.

ES LEGAL EN…

Hay muchos países que tienen legislada la educación en casa

_Reino Unido: 20.000 familias.

_Portugal: Los niños tienen evaluaciones a los 4, 6 y 9 años.

_Italia: Los padres han de demostrar capacidad económica y técnica para asumir la

enseñanza.

_Francia: Convocatorias libres para la obtención de títulos.

_Hungría: Dos exámenes al año.

_República Checa: Hasta los 12.

_Rusia: Reciben los libros gratis.

Ketty Sánchez, Madre

«No es justo que te traten como a un delincuente por educar en casa a tus hijos»

Azucena Caballero, Madre

«La escuela convencional no estimula la curiosidad de los niños; acaba con ella»

«No somos ‘hippies’ ni pirados»

Evaluación de niños y niñas que se educan en casa en el Reino Unido

El Departamento de Infancia, Familias y  Escuelas (DCFS) del Reino Unido va a comenzar una investigación sobre el desarrollo educativo de los niños y niñas que se educan en casa. Aparentemente la investigación va a ser longitudinal y analizará no sólo la obtención de conocimientos en un momento puntual, sino el desarrollo del menor a lo largo de un tiempo.

El programa de investigación se denomina  Home Education: A Feasibility Study of the Educational Experience and Attainment of Home-Educated Children. La investigación comienza  en abril de este año y ya cuenta con la oposición de parte de la comunidad que educa en familia en el Reino Unido.

Programa de investigación: El último programa de investigación comenzó en 2007, y fue realizado por Luise O’Neill, Gabriela Castro y Beth Hogson de la Consultoría York . El resultado de la investigación por parte de York Consultors fue la elaboración de un informe: The Prevalence of Home Education in England: A Feasibility Study , que fue la base para la redacción de las Líneas de Actuación para las autoridades locales en materia de educación en casa de 2007.

El Parlamento por su parte ha trabajado en Comisión el tema de la educación en casa en el contexto del desarrollo legislativo iniciado por el informe Badman, que aunque ha sido inicialmente rechazado puede ser objeto de estudio ulterior  en la legislatura que surja de las urnas el 6 de mayo. Los  trabajos realizados condujeron a un informe sobre las recomendaciones de esta comisión al Parlamento con la finalidad de que sirvan de base a nueva regulación.

No parece que la retirada inicial de las reformas propuestas esté conduciendo a la tranquilidad de las asociaciones que trabajan por la defensa de los intereses de las familias que educan en casa en el Reino Unido, antes al contrario, afirman que no es el momento de relajarse sino de mostrar firmeza ante cualquier propuesta gubernamental que no corresponda los intereses de la mayoría. Así lo  expresa Annette Taberner de Education Otherwise “as a community we are now much more politically active and aware and we won´t be sinking back into complacency” (Como colectivo ahora somos mucho más políticamente activos y conscientes y no vamos a retroceder en la complacencia).

¿Cual será la postura de los demócrata liberales frente a la cuestión de la educación en casa?  Las encuestas y el resultado de los debates televisados les adjudican una fuerza inusitada con vista a las próximas elecciones.

El reconocimiento y la regulación de la opción de educar en casa

Reconocimiento o regulación… ¿cuales son las diferencias?. ¿Qués es lo que más interesa a las familias que educan en casa? Son cuestiones legítimas que merecen por lo menos una reflexión. Existen estudios jurídicos publicados que estudian un aspecto importante del reconocimiento de derechos cual es la diferencia entre el derecho fundamental y la garantía institucional, pero no puedo entrar aquí en esa disquisición . (A quien interese profundizar sobre este tema puede leer estos artículos que cubren sobradamente ese tema, documento 1 y documento 2).

Sin embargo a nivel intuitivo podría responder a la cuestión de la diferencia entre reconocimiento y regulación. De hecho, no son situaciones opuestas o radicalmente diferentes sino estadios de desarrollo institucional de un derecho.

El reconocimiento de un derecho significa que el Estado lo incorpora al catálogo de intereses dignos de protección dentro de su ordenamiento interno, dándole carta de naturaleza, lo que implica que la Administración y  los tribunales no puedan ignorar la licitud de su ejercicio.

El reconocimiento, ha sido siempre objeto de discusión en cuanto a la existencia de los derechos fundamentales. ¿Es el Derecho subjetivo independiente del Derecho objetivo, o no es más que una creación o proyección suya? La respuesta a esta pregunta suele inscribirse en una de las dos tradiciones doctrinales extremas: la iusnaturalista y la iuspositivista.

Según una visión de corte iusnaturalista, los derechos subjetivos son propiedades inherentes a la subjetividad jurídica y preexisten a las leyes políticas que regulan su ejercicio, de tal modo que a éstas sólo les corresponde la misión de garantizar su protección.

Según el enfoque positivista, los derechos subjetivos sólo existen en tanto en cuanto han sido reconocidos (es decir, creados) por los ordenamientos jurídicos de las respectivas sociedades.

Sin embargo, no puede darse una solución uniforme y única a la cuestión de la relación de dependencia del derecho subjetivo respeto del derecho objetivo. Hay, en efecto, unos derechos subjetivos (los fundamentales) que preceden existencialmente al Derecho objetivo, en cuanto que se imponen como previos a los diversos ordenamientos jurídicos estatales, condicionando su propia orientación y configuración. Y hay otros derechos subjetivos (los ordinarios) que sólo existen como tales derechos en la medida en que hayan sido establecidos por los respectivos ordenamientos jurídicos.

¿Es la educación en casa un derecho que precede al propio ordenamiento jurídico o es un derecho ordinario en la sociedad actual?

Este reconocimiento puede darse en una ley positiva, sea ésta Constitución, ley orgánica o ley ordinaria, puede darse a través de sentencias firmes que avalan la licitud de un interés en la aplicación a un caso concreto, o a través de la firma de instrumentos de carácter internacional o supranacional (por ejemplo la incorporación a la Unión Europea). En cualquiera de los supuestos citados, el derecho, como hemos mencionado anteriormente,  queda incorporado al catálogo de posibilidades de ejercicio legítimo de un interés por parte de los ciudadanos (en este caso de los titulares de la patria potestad, por ejemplo) y merece, en consecuencia, una garantía institucional de modo que los Tribunales no podrán ignorar la licitud de este ejercicio frente a injerencia de terceros, o de la propia Administración.

Yo definiría al reconocimiento de un derecho como un embrión de regulación, si el reconocimiento se da en un instrumento legislativo positivo, ese reconocimiento ya es una regulación en sí misma, que además resulta ser susceptible de desarrollo o de regulación más pormenorizada. Puede ser  que el reconocimiento se encuentre en un  estado de latencia, que aún exento de  desarrollo legislativo expreso  no puede ser ignorado, pero siempre abierto a la posibilidad de ser desarrollado según la coyuntura política y social en cada momento.

A esto hay que añadir que una vez que el derecho está reconocido en una normativa expresa, se producen los siguientes efectos:

1. Puede ser objeto de aplicación ante los tribunales, y por tanto éstos pueden mediante su propia interpretación acotar los límites de ese ejercicio, por colisión frente  al ejercicio de otros derechos o por la aplicación de otras normas que resulten pertinentes  al caso concreto, en este último supuesto por interpretación analógica.

2. Le serían de aplicación  otras normas que regulan materias que tienen que ver con el propio derecho reconocido. Podrían acotar su ejercicio, por sólo dar un ejemplo concreto, tanto la  normativa existente  sobre educación como la normativa existente de protección al menor.

3. Podría ser objeto de regulación en cualquier momento, en atención al interés que el Estado considere oportuno, máxime si aquí nos encontramos con un aspecto de interés intrínseco al  Estado  cual es la protección de los menores.

4. Dependiendo del instrumento en el que se produjera el reconocimiento llegaríamos a distintas perspectivas de regulación en adelante. Supongamos que se produce en la propia LOE, este reconocimiento expreso en la ley conllevaría inmediatamente la reclamación de las distintas Comunidades Autónomas de la asunción de la competencia legislativa a través de alguna ley de bases para su transferencia, lo que implicaría la regulación del derecho, ya que la Administración central enmarcaría a cada Comunidad Autónoma según su propio nivel competencial en la materia, tal como viniera establecido éste en el propio Estatuto de Autonomía.

Si éste fuera le caso, en mi opinión, la situación de un reconocimiento genérico, exento de regulación, más que llevar una equiparación con Inglaterra y Gales por un lado o con Escocia  por otro, llevaría a una mayor similitud con el supuesto de los USA en los que cada Estado ha ido desarrollando su propia competencia en materia de educación dándole una extensión mayor o menor al ejercicio del derecho a educar en casa, y una aplicación más directa del Estado sobre el proceso educativo a través de controles o su ausencia. La consecuencia es un espectro que va desde  una mínima regulación en algunos estados a una regulación férrea en otros. Si aplicáramos la situación al Estado Español  ello se produciría  en función de la asunción competencial en cada Comunidad Autónoma.

En cuanto a mi opinión personal sobre lo que considero más oportuno, en el sentido de qué resultaría más conveniente: plantear un mero reconocimiento  o por el contrario un reconocimiento acompañado de un principio de regulación,  no quisiera  pecar de ingenua. Creo que plantear en abstracto el mero reconocimiento es dar un cheque el blanco a la Administración  para que una vez reconocido  el derecho a la opción, plantee el tipo de regulación que le parezca  más conveniente, a lo que  habría que añadir  la intervención de la Comunidades Autónomas. No  olvidemos que las CCAA pueden ver en este tema un modo de complementar e incrementar  su ámbito competencial actual. Si éste fuera el caso el mero reconocimiento a nivel de la Administración central conllevaría probablemente  la regulación diferenciada de cada Legislativo Autonómico, con la consecuencia de  una aplicación asimétrica del derecho tanto ante las distintas administraciones como ante los tribunales, en función de su propio desarrollo legislativo dentro del grado  de asunción de la competencia en materia de educación que tenga conferida cada Comunidad Autónoma en su propio Estatuto.

Por último,  no olvidemos la experiencias que recientemente han sacudido al colectivo de familias que educan en casa tanto  en  Estado Francés como en  Gran Bretaña más recientemente.  Basta que haya un malestar de la opinión pública que se refleje en la prensa ( por ejemplo lo sucedido en el Estado Francés en torno a los  NMR,  o sectas, según las diferentes terminologías)  que afecte a la situación de menores, o el desgraciado caso de la niña desescolarizada que murió de desatención en su hogar en Inglaterra que ya ha sido comentado en este blog, como digo, basta que un caso de estos aparezca en los medios de comunicación para que la Administración  se lance  a regular la materia en respuesta a esa preocupación de la opinión pública. Regulación que probablemente se produciría  no conforme a los intereses de las familias que educan en casa, sino de las demandas de los grupos de presión y de la opinión pública.

En mi opinión lo ideal sería que las propias organizaciones que defienden los intereses de las familias que educan en casa lleguen a un acuerdo sobre un mínimo común de regulación que limite la libertad del Estado a la hora de regular la materia y que le lleve a intentar por lo menos recoger los intereses de las familias que educan en casa desde un punto de vista mayoritario.

Ateniéndome al caso concreto de las reivindicaciones de ALE, si lo que se pide es que se vuelva a los exámenes libres al hilo de “Reclamar el reconocimiento legal de esta opción educativa de manera que se puedan obtener, sin penalización de edad, las certificaciones académicas oficiales “, eso implica en sí una regulación normativa. Por ello, lo ideal sería plantear con claridad ante la Administración los intereses y preocupaciones de las familias que educan en casa, que fuera de toda duda actúan en interés de los menores a su cargo, de modo que sirvan de guía a la Administración a la hora de plantear la regulación, por muy mínima que sea, que acompañe al reconocimiento.

Si, por el contrario, lo que se prefiere es evitar cualquier tipo de injerencia del Estado en el ejercicio de la opción, el mero reconocimiento ya supone la asunción de un riesgo, riesgo que quedaría fuera del control de los interesados.

Este es un principio de reflexión al hilo del debate de ayer, nada más.

Thomas Spiegler reflexiona por qué las sanciones no consiguen disuadir a los homeschooler alemanes.

Este es el segundo post en el que comento el contenido del artículo de Thomas Spiegler publicado en la revista de investigación,  Theory and Research in Education. El anterior trataba sobre la educación en casa como expresión de una actitud de insumisión civil. En este post incido sobre la parte del artículo en el que desarrolla el efecto que el régimen sancionador alemán sobre la educación en casa está teniendo sobre el movimiento escolarizador alemán. Debido a su semejanza normativa con la del Estado Español, creo que este investigador merece una atención especial.

Por qué las sanciones no tienen efecto disuasorio con respecto a aquellas personas que han decidido educar en casa: un análisis de la educación en casa en Alemania y sus implicaciones con respecto a las políticas de regulación de la educación en casa.Theory and Research in Education, 2009;7;297

Un interesante artículo de Thomas Spiegler que merece una traducción al castellano porque casi coincide con la situación del homeschool en el Estado Español. A falta de una traducción completa intentaré trasladar la consistencia de sus argumentos en un resumen del artículo, en lo que más tiene de aplicación a la situación legal del Estado Español en este tema.

La legislación alemana prevé el siguiente conjunto de sanciones:

1. La educación en casa se entiende como una infracción a las leyes de educación

2. Esto se considera en todos los estados como una infracción administrativa que está sancionada con multas de miles de euros

3. Las autoridades locales pueden obtener el apoyo de la policía para llevar a los menores absentistas a la escuela.

4. La puesta en práctica de la coercibilidad derivada de las leyes que sancionan la escolarización obligatoria puede dar lugar a que si los padres de modo consciente y reiterado se niegan a escolarizar a sus hijos e hijas, la autoridad judicial competente podría retirar parcial o totalmente la custodia de los padres.

5. Además, en seis de los estados se considera un ilícito penal que podría conllevar penas de hasta 6 meses de prisión o multas de 180 veces los ingresos salariales diarios.

DE POR QUÉ LAS SANCIONES NO CONSIGUEN DISUADIR A QUIENES DECIDEN EDUCAR EN CASA

Todas las sanciones mencionadas se han aplicado de un modo u otro en los últimos diez años para intentar disuadir a los padres que se inclinan por educar en casa o, en su caso, que se avengan a escolarizar a sus hijos e hijas. Así se ha conseguido evitar el crecimiento del movimiento desescolarizador en Alemania. Este movimiento es muy pequeño comparado con otros paises y la razón está en las sanciones.

Desde el punto de vista sociológico, se puede considerar a la desescolarización como un comportamiento de desviación de la norma, sin embargo la reacción de la Administración ante el ilícito no es homogénea.

1. El repertorio de sanciones es limitado

Esto es así en todos los supuestos dentro de un Estado de Derecho, y a esto se une que  la ley debe respetar el principio de la PROPORCIONALIDAD. Este es un criterio indeterminado, pero hay razones para creer que algunas de las sanciones que  la ley alemana prevé para los supuestos de educación en casa no respetan este principio con la extensión que cabría esperar. Sin embargo como resultan de aplicación sólo tras haber seguido un procedimiento complicado y llego de obstáculos, las sanciones resultan hasta certo punto predictibles y controlables.

2. Las sanciones sólo se aplican parcialmente

Las sanciones no han sido aplicadas en todos los casos, y las autoridades no hacen uso de todas las posibilidades sancionadores con las que cuentan. Algunos de los procesos duran años, algunas de las familias no son detectadas por las autoridades, otras consiguen un estatus de aceptación tácita por parte de las autoridades, y otras, sin embargo son multadas y amenazadas con la retirada de la patria potestad.

Hay condenas, pero las familias  apelan contra esas decisiones judiciales y siguen educando en casa hasta que llega a la sentencia final. No es fácil saber cómo podría desenvolverse un caso si llevara ante los tribunales, así que en gran medida la decisión de intervenir o no depende en gran media de las propias autoridades locales.

Esto lleva al problema de plantearnos por qué la ley no se aplica por igual en todos los supuestos. Es obvio en el caso de aquellas familias que consiguen escapar al control del Estado, o bien que consiguen evitar ser  denunciados por quien llega a conocer las circunstancias del menor. Pero en general es sencillo para el Estado conocer a aquellos menores que han llegado a la edad escolar. En estos supuestos algunas veces las familias que educan en casa son “toleradas” sin que se proceda a ningún modo de intervención, incluso después de haber sido multadas. Y en ambos casos las circunstancias difieren del modo en el que se tramitan otras infracciones administrativas.

El hecho de que las autoridades administrativas que podrían actuar no lo hagan demuestra que no consideran a las multas y sanciones el modo correcto para hacer frente a la situación, o que hasta cierto punto comprenden la motivación de esos padres y se identifican con ellos. Existen ejemplos de este tipo dentro del movimiento desescolarizador alemán. Una madre declaró que tras varias derrotas judiciales, la autoridad administrativa del Lander le promedió de modo confidencial que no iba a imponer sanción alguna sobre su familia en el futuro. Incluso los supuestos más empecinados de familias que se niegan a escolarizar a pesar de las amenazas y las sanciones consiguen  aun así  la inhibición de las autoridades. Da la sensación de que la idea de imponer cuantiosas multas y sentencias de privación de libertad a los responsables de las familias que educan en casa no tienen una aceptación mayor que el homeschool en sí.

La situación legal de la educación en casa en distintos paises (I)

Australia:

La educación en casa es legal para todos los estados y territorios australianos. Sin embargo, la ley varía entre ellos en cuanto a las exigencias de registro y la potestad de las autoridades para comprobar cómo se está llevando a cabo la educación.

A modo de ejemplo, la educación en casa se regula desde “la Oficina del Departamento de Educación”  en Nueva Gales del Sur. Según la normativa de este estado, la Ley de Educación de 1990 obliga a los padres a garantizar que los menores a su cargo entre 5 y 16 años estén o bien matriculados en un centro escolar público o privado o inscritos como menores educándose en el hogar.

Para poder llevar adelante el requisito del registro, una “Persona Autorizada” entrará en contacto con el solicitante para acordar la planificación que se espera llevar a cabo en la educación del niño o niña, incluyendo el programa de aprendizaje y el entorno en el que éste se producirá. Si es aprobado, el período de registro dura de seis meses a dos años.

Austria:

No ha permitido la educación en casa en el pasado pero sí lo hace hoy en día.

Bélgica:

Permite en la actualidad  la educación en casa, y siempre lo ha hecho.

Dinamarca:

Permite en la actualidad  la educación en casa, y siempre lo ha hecho.

Existe la obligación de recibir una educación adecuada, pero no existen leyes de escolarización obligatoria. No existen ayudas económicas específicas para familias que educan en casa.

La educación en casa se rige según la normativa que recoge la regulación de los centros educativos  independientes y privados a nivel de primaria y secundaria.

Inglaterra:

Permite en la actualidad  la educación en casa, y siempre lo ha hecho.

Las líneas de actuación del DSCF (Departamento de Escuelas, Infancia y Familias) para las autoridades locales establecen el marco de regulación de esta opción:

La responsabilidad de la educación de los menores recae sobre sus padres. En Inglaterra la educación es obligatoria, pero no así la escuela. Los padres tienen el derecho a educar a sus hijos e hijas en casa. El art. 7 de la Ley de Educación de 1996 establece que:

Los padres de los menores en edad escolar deberán proporcionarles educación eficaz a tiempo completo y adecuada

a)  a su edad, aptitud y capacidad y

b)  a cualquier necesidad educacional especial que tengan, bien sea a través de la asistencia regular a un centro escolar o de otro modo.

La ley no define qué se entiende por educación “eficaz” ni “adecuada”. pero la jurisprudencia ha venido interpretando el término “eficaz” como aquella educación que consigue lo que se propone obtener, y “adecuada” como aquella educación “que equipa al menor para integrarse en la comunidad de la que es parte, más que como la integración entendido el país en su conjunto, siempre y cuando no  suponga un obstáculo para el desarrollo del menor, si deseara éste en un futuro adoptar otro tipo de vida”.

Las autoridades no tienen conferida por ley la potestad de identificar a los menores educados en casa, ni de monitorizar la educación que se está produciendo en el hogar de manera rutinaria. Sin embargo, las autoridades podrán actuar si detectan que no se está proporcionando esa educación “adecuada”.

Finlandia:

La educación es obligatoria pero no la asistencia a un centro escolar. La ley determina que las autoridades locales deberán monitorizar el progreso de la educación proporcionada en el hogar. Las familias que educan en casa no reciben ayuda económica especifica, y los menores educados de este modo deben realizar exámenes.

Francia:

Permite en la actualidad  la educación en casa, y siempre lo ha hecho.

Sin embargo se han producido recortes en la legislación de 1998. Con anterioridad, los menores podían ser educados en el hogar, y eran evaluados a los 8, 10 y 12 años.

La ley 98-1865 exige el registro previo y las visitas al hogar educador por parte de un Miembro del Departamento de educación, sociólogos y psicólogos. El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear una pena de multa o de 6 meses de prisión. Así mismo,  se especifica al detalle las áreas en las que se debe impartir dicha educación en el hogar.

Alemania:

Hoy en día no permite la educación en casa en la literalidad de la ley, sin embargo parece permitirse en casos individuales.

La escolarización es obligatoria en todos los estados alemanes. Los niños y niñas a partir de los 6 o 7 años deben acudir a un centro escolar público o privado autorizado y cursar por lo menos 9 años de escolaridad. La educación en casa no se admite como motivo de exención de la escolarización. El incumplimiento de esta obligación de escolarización se entiende como una infracción administrativa y está sancionada con una multa de miles de euros.

Las leyes alemanas sobre escolarización obligatoria son de las más restrictivas de Europa.

Grecia

Hoy en día no permite la educación en casa en la literalidad de la ley, sin embargo parece permitirse en casos individuales.


Homeschooling in the USA

Según el HSLDA existen  cuatro niveles de regulación del h0omeschool en los distintos Estados de USA: los Estados que no exigen notificación, aquellos con regulación baja, aquellos con  regulación moderada y aquellos con alta regulación. Veamos esta clasificación más detallada.

  • Nula, en este grupo se encuentran un total de 10 Estados. En Estados como Indiana, Texas, Illinois, e Idaho, los padres no tienen que notificar a la Administración que optan por educar en casa, aunque sí cuenten con normativa sobre cómo ha de educarse a los menores, sin embargo no es necesario que la familia informe a la Administración sobre cómo piensa educar a sus hijos e hijas.
  • Minima, con un total de 14 Estados, en estos Estados, como sería el caso de California, New Mexico, Alabama, y Kansas, simplemente hay que notificar a  la Administración de que se va a proceder a educar en casa. Tras esa notificación el Estado  presume que la familia está cumpliendo con la normativa prescrita  y no se preocupa por verificar que así lo sea en la práctica. Es una situación  de laissez-faire de hecho.
  • Moderada, en este casos e encuentran 15 Estados. Los Estados con regulación moderada, tales como Colorado, Iowa, Arkansas, y Florida, exigen la notificación fehaciente de tal decisión a la Administración, y además se debe presentar ante la propia Administración pruebas del progreso  académico del menor, tales como resultados de tests y  evaluación profesional del desarrollo académico del o la estudiante.
  • Alta, en este caso se encuentran 11 Estados. Estados entre los que se incluyen,  Washington, Minnesota, New York y  Maine, son los que plantean más obstáculos a las familias que deciden por educar en casa. Además de la notificación y las pruebas del progreso académico, se exige la utilización de un programa o curriculum oficial, además de que los padres deben contar con certificación  pedagógica  o en algunos casos someterse a la visita en el propio hogar de la inspección de  educación.

El informe Badman

Antecedentes

El Departamento de la Infancia, Familias y Escuelas (DCFS) comisionó a Graham Badman (el Director de este Departamento por la circunscripción del Condado de Kent) la redacción de un estudio independiente sobre la educación doméstica electiva en enero de 2009. El resultado del informe ha puesto en situación de alarma a las familias que educan en casa en Inglaterra ya que ven peligrar Sigue leyendo