El homeschool en Argentina. La Sentencia de 3 de octubre de 2008

Recojo desde educando en familia el caso de una familia argentina que reclamó ante los tribunales el derecho a educar en casa a sus dos hijas.  Es un caso interesante para conocer la legislación argentina sobre el homeschool. La información ha sido recogida desde la prensa argentina en el diario Rio Negro on line y el diario digital de Mendoza, MDZ on line que recoge fielmente la información publicada en el anterior. De la lectura de la información de agencia  se deduce que no es éste el único supuesto en que ha producido una reclamación en este sentido,  ya que se menciona un caso producido con anterioridad que llegó ante el Consejo Provincial de Educación, por parte de una familia agnóstica «… que reclamaba lo mismo para el niño. Sostuvieron que el de las niñas podría ser otro caso similar, algo que este diario no pudo confirmar».

Puede deducirse que lo que hay detrás de la petición es el motivo ideológico que representa la petición de una familia agnóstica para educar a sus hijos de un modo distinto a la educación proporcionada por el Estado, ante la confesionalidad de éste. El estado argentino es confesional, la Constitución de la Nación Argentina de 22 de agosto de 1994 establece en su artículo 2 que  «El Gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico y romano». Es una confesionalidad matizada por la libertad de culto. En este contexto, precisamente el deseo de una educación de tipo agnóstico para sus hijas ha podido ser la razón esgrimida como base para proceder a la educación en casa.

La sentencia no autoriza directamente la educación en casa, sino que dice que no es competencia de los tribunales la decisión sobre su idoneidad, ya que esa decisión corresponde al Consejo Provincial de Educación.

Un reglamento que desarrolla la Ley 242, creadora de los Consejos Provinciales de Educación, el denominado Decreto reglamentario nº 572/62, prevé  tres medios para procurar la instrucción de los niños y niñas en edad de recibir enseñanza obligatoria, y que especifica en su artículo 26: escuela pública, privada y el el propio hogar. Los citados Consejos Provinciales de educación son los encargados de organizar y administrar la enseñanza en todos los niveles, excepto el universitario.

La Ley 242 creadora del Consejo Provincial de Educación, recoge en su CAPITULO VI  la obligación escolar en estos términos:

Artículo 22 La obligatoriedad de la enseñanza ……

Esta enseñanza será impartida en las escuelas oficiales o particulares de acuerdo con la elección de los padres.

Art. 24 La reglamentación de esta Ley establecerá las excepciones a la obligatoriedad escolar.

Por su parte, el reglamento que desarrolla la ley 242, el citado  Dec. Reg. nº 572/62, recoge en sus artículos 26 y 27 una regulación en detalle la obligatoriedad de la enseñanza:

«La enseñanza obligatoria….

Esta enseñanza podrá ser impartida en las escuelas públicas, privadas o en el hogar, de acuerdo a la elección de los padres.

En este último caso, los responsables probarán el hecho ante las autoridades escolares respectivas y el Consejo Provincial de educación determinará los medios de control de esa enseñanza y fijará el sistema para su reconocimiento y certificación.

La sentencia dictada en Neuquen, a 3 de octubre de 2008, y que resuelve provisionalmente la cuestión recoge esta regulación reglamentaria y advierte que no es cometido de la justicia determinar la aceptabilidad o no de la petición de educar en casa, ya que esa competencia le corresponde a los Consejos Provinciales de Educación a tenor de lo recogido en el citado decreto reglamentario:

Esta enseñanza podrá ser impartida…. o en el hogar, de acuerdo a la elección de los padres.

En este último caso, los responsables probará el hecho ante las autoridades escolares respectivas y el consejo provincial de educación determinará los medios de control de esta enseñanza y fijará el sistema para su reconocimiento y certificación».

La sentencia es el fallo que corresponde a un apelación ante la Sala II de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, que interpuso la Defensora de los Derechos del NIño, contra la sentencia anterior del Juzgado de Familia. El Juzgado de Familia, en primera instancia, rechaza su competencia para juzgar sobre una petición cuya resolución corresponde al C.P.E., en aplicación estricta del Dec. Reg. nº 572/62.  La sentencia del Juzgado de Familia queda confirmada por la Sala, en estos términos:

En acuerdo estos autos caratulados: “V M C Y OTRO S/MEDIDA DE PROTECCION DE PERSONA”, (Expte. Nº 36406/8), venidos en apelación del JUZGADO DE FAMILIA N° 3 a esta Sala II integrada por los Dres. Isolina OSTI DE ESQUIVEL y Fernando M. GHISINI (por ausencia por mas de cinco días del Dr. Federico Gigena Basombrío), con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Sandra ANDRADE y, de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. Isolina OSTI de ESQUIVEL dijo:

Manifiesta la apelante, (la defensora de los Derechos del Niño), luego de efectuar consideraciones fácticas respecto del tema, que se encuentran en cuestión tres derechos constitucionales: Que el Estado garantice su interés superior, el derecho a la enseñanza primaria y el Derecho a que los mismos sean efectivos, conforme lo previsto en el art.4 de la Convención de los Derechos del Niño, como así a contar con protección judicial previsto en el art.25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Entrando a la consideración de los agravios formulados por la apelante, considero que los mismos no pueden tener favorable acogida en esta Cámara.

Que tal rechazo, es consecuencia del análisis de las normas de aplicación, más allá de la retórica respecto del principio constitucional del interés superior del niño, que en este caso considero que no se encuentra de manera alguna violado

Ello es así, teniendo en cuenta lo establecido en la ley provincial 242 respecto de la obligatoriedad escolar, normas que han sido transcritas textualmente en el fallo apelado y mas concretamente, de lo dispuesto en los arts. 26 y 27 del Dec. Reg. n° 572/62.-

El art. 26 del Decreto citado establece:

“Esta enseñanza podrá ser impartida en las escuelas públicas, privadas o en el hogar, de acuerdo a la elección de los padres”.

“En este ultimo caso, los responsables probaran el hecho ante las autoridades escolares respectivas y el Consejo Provincial de Educación determinará los medios de control de esta enseñanza y fijará el sistema para su reconocimiento y certificación”.

“La Provincia contribuirá al mantenimiento de las escuelas privadas siempre que su funcionamiento se ajuste a las leyes que la reglamenten y la enseñanza sea gratuita”.

“El Consejo Provincial de Educación arbitrará los medios para que la obligatoriedad de la enseñanza pueda ser cumplida”.

La norma transcrita determina expresamente que tal enseñanza puede impartirse en escuelas públicas, privadas o en el hogar, de acuerdo con la elección de los padres, quienes probarán el hecho ante las autoridades escolares y que es el C.P.E., el que determinará los medios de control de dicha enseñanza y quien fijará el sistema para su reconocimiento y certificación.-

Conforme lo dicho, es facultad de los padres la elección del tipo de enseñanza que deben recibir sus hijos, y quien debe brindar los medios para que ello se haga efectivo, es la autoridad de aplicación, es decir, el C.P.E., no, la Justicia como pretende la accionante.-

Tengo en cuenta que en el petitorio de fs.5, lo requerido es que el Juzgado evalúe los mecanismos necesarios para persuadir a los progenitores respecto de la importancia de la educación convencional y con personal idóneo, para garantizar la escolaridad de las menores. Estimo que no corresponde a la justicia “persuadir” respecto de la importancia de la educación convencional, siendo que las normas de aplicación citadas incluyen la educación primaria en el hogar, de acuerdo con la elección de los padres, lo contrario importaría invadir esferas privadas garantizadas constitucionalmente, siendo además, como adelantara ut-supra, que las niñas no se encuentran en situación de peligro o riesgo respecto de su educación.-

Considero que la acción ha sido planteada apresuradamente teniendo en cuenta que la citación a los padres efectuada a fs.1 y vta. para comparecer a la entrevista fijada por la Defensoría, no fue cumplimentada y no obstante lo cual y sin que se mantuviera dicha entrevista se presentó la demanda, cuando hubiera resultado aconsejable el asesoramiento previo, a los fines de evitar la judicialización.-

Por ello, esta Sala II

RESUELVE:

I.- Confirmar la resolución dictada a fs. 6/7 vta. en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios.-

II.- Regístrese y vuelvan los autos al Juzgado de origen.